Desde el punto de vista del impacto social, la posibilidad de acceder gratuitamente al fútbol televisado es particularmente beneficiosa para los segmentos poblacionales pobres (30 % a nivel nacional y 40% en menores de 15 años).
Se trata, además, de un beneficio de consumo muy bien auto focalizado, puescomo observamos en el cuadro, sobre 10.000 casos nacionales de preferencias futbolísticas, entre los sectores pobres las preferencias por Boca Juniors o River Plate son muy mayoritarias y, hay que recordarlo, en el marco de la privatización ambos equipos fueron eternos codificados.
De esta forma, si el fútbol fuera absolutamente gratuito (en el interior aún la televisión pública baja por cable), el acceso a los partidos de Boca y River beneficiaría al 80,8% de la población pobre a nivel nacional (ver cuadro de apertura), que no dispone de ingreso para pagar el abono al codificado.
En esta perspectiva y considerando además que el fútbol es el gran entretenimiento – aun asociado a la pasión- de los sectores populares, el acceso gratuito resulta una medida de democratización de consumos culturales de notable implicancia.
No es sin embargo posible suponer que el estado no asigne recursos para sostener la gratuidad en la televisación. En efecto, los 650 millones de pesos anuales que deberá asignar a sostener el fútbol gratuito ($600 millones a la AFA y $50 millones de gastos operativos) no podrán ser compensados con publicidad, que hoy, y para la toda televisión abierta, ronda en torno a los 3000 millones de pesos anuales. Se podrá agrandar en algo la torta y redireccionarla, probablemente, pero nunca hasta compensar el costo del fútbol gratis.
El estado entonces, seguramente, deberá financiar la gratuidad del fútbol con un monto anual inferior a los 650 millones de pesos, pero nunca igual a cero. Dicho esto, nos apresuramos a señalar que es correcto que lo haga. Por las implicancias sociales respecto a la población vulnerable beneficiada, y la proyección igualitaria del acceso a fenómenos culturales masivos que la medida conlleva.
En esta perspectiva, las críticas escuchadas sobre que “existen otras prioridades” antes que financiar el fútbol son poco sensatas, y carecen de escala financiera. Por ejemplo, para el financiamiento de la hoy muy en boga “asignación universal por hijo” se requieren según estudios de la CTA de 12.827,6 millones de pesos, unas 18 veces más dinero que el afectado a financiar la gratuidad del fútbol, aún suponiendo que el estado no recupere un solo peso en publicidad, cosa que no sucederá.
Pero sujetos a la lógica de “hay otras prioridades” y tan sólo por citar un ejemplo muy caro a los defensores de la “libertad de prensa”: ¿acaso destinar, como se hace, unos 1.000 millones de pesos anuales a sostener la pauta de publicidad oficial en medios privados es adecuado cuando existen “otras prioridades”?
