inflación o distribución: la diferencia no es menor...

Leemos hoy una buena caracterización de Alberto Fernández sobre la situación de pobreza actual:

Las dudas que se instalan sobre el sistema estadístico sirven de excusa para emplazar el debate. Entonces la Iglesia anuncia su preocupación por aquello que tilda de “escandaloso”. Los opositores rasgan sus vestiduras por la proporción que ha alcanzado el problema y encuentran fundamento en estudios cuya certeza técnica nadie se anima a confirmar. El Gobierno, finalmente, prefiere aferrarse a la versión oficial que fluye de los organismos pertinentes.

Todos hablan de la pobreza y poco se hace para diseñar e implementar una política eficaz para combatirla. Los pobres en la Argentina parecen ser un problema estadístico antes que una enorme deuda social. Algunos, aprovechando el rigor de la oficialidad de los datos, dirán que sólo un 15% de quienes viven en este país reconoce la condición de pobre. Otros, con menos fundamento, elevan ese número al 23%. También hay quienes, invocando al mismísimo Papa, sostienen que cuatro de cada diez argentinos son pobres. Así como muchos economistas hablan de mercados y no de gente que oferta y demanda, el problema de la pobreza se nos plantea ahora casi como un conflicto estadístico. Con poco cuidado se agitan cifras que alumbran la realidad de hombres y mujeres; ancianos y niños, trabajadores y desocupados; seres humanos que al promediar la primera década del siglo XXI encuentran muy serias dificultades para poder satisfacer sus más elementales necesidades.

Tal vez éste sea un buen momento para reflexionar sobre algunas cuestiones tratando de explicar mejor cómo se ha expandido la pobreza entre nosotros.

Al cumplirse el primer centenario de la Revolución de Mayo, Argentina se ubicaba entre las diez primeras naciones de más altos ingresos del mundo. En ese mismo rango estaban otros países que entre aquel tiempo y este presente debieron soportar las tensiones políticas, sociales y económicas derivadas de ambas guerras mundiales y que, pese a ello, lograron crecer y desarrollarse como no lo hizo nuestro país que no debió involucrarse en ninguna de esas contiendas bélicas.

No es fácil explicar ese fenómeno, pero sabemos que la desigualdad acompañó los proyectos políticos y económicos afianzados en nuestro país y en la región. Lo cierto es que en la segunda mitad del siglo XX Argentina disminuyó relativamente su ingreso per cápita en relación con los países industrializados convirtiéndose, poco a poco, en un país empobrecido. En ese mismo lapso la desigualdad fue creciendo paulatinamente de un modo sostenido y lo mismo ocurrió con la pobreza aun en períodos de expansión económica.

Al iniciarse la década de 1970 la pobreza comenzaba a asomar ante nuestros ojos como una cuestión casi marginal. Sólo el 8% de la población era incluida en esa categoría. Prácticamente todos los asalariados y toda la clase media estaban ajenos al problema y podían acceder a mecanismos de cierto ascenso social.

En 1975, Rodrigazo mediante, se inició un proceso de desmoronamiento que hizo que los salarios comenzaran a caer en forma sostenida y así, en 1980 la pobreza se incrementó hasta representar el 20% de la población, acompañando el esquema económico instaurado por la dictadura militar. El estancamiento económico, la inflación y la brusca caída de la capacidad adquisitiva de los salarios hicieron que la situación no dejara de empeorar.

Con el advenimiento de la democracia se mantuvieron las mismas condiciones, salvo en el período 1991/1994 en el que la contención inflacionaria y una mayor accesibilidad al crédito permitieron un mejor rendimiento de los ingresos. De allí en más el deterioro creciente se mantuvo aumentando la brecha de ingresos entre los que más y menos ganan, en este caso profundizada por una mayor precariedad del empleo, por el aumento del trabajo infantil y por la ausencia de un Estado que arbitrara en la imposición de semejantes desequilibrios.

Siendo así, uno podría afirmar que esa pobreza creciente estuvo ligada a una distribución desigual del ingreso y que semejante desigualdad existió por una pluralidad de razones, algunas de ellas propias de las políticas domésticas y otras devenidas del contexto internacional (el acceso cada vez más limitado a la educación superior; el aumento del desempleo; la integración global; etc.). Pero no podría dejar de atender las condiciones cíclicas de estancamiento económico que nuestro país ha vivido y que condenaron a la marginalidad a un número creciente de argentinos.

El colapso económico que representó la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad a través de la llamada “pesificación asimétrica” multiplicaron la pobreza como nunca antes. Así fue que al concluir 2002 la Argentina exhibía una vergonzosa estadística que daba cuenta de que uno de cada dos argentinos era pobre.

Entre 2003 y 2007 se observó un avance importante. En ese lapso la pobreza se redujo en más de veinte puntos porcentuales. Entonces, uno de cada cuatro argentinos cargaba con el lastre de la pobreza. Dos causas explican ese resultado. En primer lugar, en ese período la economía argentina creció a un ritmo promedio del 9% anual. En segundo orden, el extraordinario ingreso logrado se redistribuyó principalmente hacia las personas que menos ganaban (asalariados y jubilados). Así, vale la pena recordarlo, el ingreso promedio tuvo un crecimiento real superior al 25% pasando de 610 a 780 pesos mensuales.

¿Cuál es la situación actual? Consideremos no válidos los datos de pobreza suministrados por el INDEC. No existe informe alguno (salvo la singular encuesta de la UCA) que sostenga que en la Argentina la pobreza ha alcanzado al 40% de los habitantes. Sí podría decirse que existen informes que dan cuenta de que la pobreza se ubica actualmente en alrededor del 30% del total poblacional.

Ecolatina, por ejemplo, acaba de calcular que la pobreza ha trepado al 31,8% y la indigencia al 11,7%. Equis (Artemio López) en su último informe sobre pobreza señala que ésta asciende al 30,8% y la indigencia al 10,4%. Aunque ambos informes se aproximan a una misma conclusión, difieren en las causas que originan ese incremento de la pobreza y así, mientras Ecolatina la explica como una consecuencia de la aceleración de los precios, Equis lo hace a partir de cuestiones estructurales como el desequilibrio distributivo y la informalidad del mercado laboral.

La diferencia no es menor. Es cierto que la inflación limita el poder adquisitivo del asalariado y que combatirla ayudaría a eludir esa consecuencia. Pero, a la luz de lo que la historia demuestra, parece ser cierto que la pobreza aumenta a partir de insuficiencias estructurales que nuestra sociedad expresa. La merma de las inversiones productivas, la caída del empleo registrado y la persistencia de un mercado laboral informal de más del 40% en medio de una crisis de productividad como la que vivimos, no sólo precariza las condiciones de empleo sino que reduce peligrosamente el salario.

Exactamente es esto lo que muchos organismos internacionales están observando. CEPAL, por ejemplo, estima que la contracción de la economía mundial deparará una merma en la productividad de nuestras economías y que ello aparejará pérdidas de puestos de trabajo y aumento de la pobreza. En América Latina alrededor de 185 millones de personas (poco más del 30% del total de habitantes) quedarán atrapadas en la pobreza. De ellos, casi 70 millones serán indigentes.

Si finalmente aceptamos que es pobre uno de cada tres argentinos, es necesario que asumamos sin demoras políticas de Estado eficaces para afrontar el problema. La historia que aquí hemos reseñado da cuenta de que con desarrollo económico y decisiones políticas adecuadas en materia de distribución, la brecha entre ricos y pobres se reduce y se disminuye así el número de pobres. Se trata de atacar diversos frentes para romper eso que Artemio López podría denominar “la estructuración de la pobreza”.

En la crisis es imperioso devolver confianza a la inversión productiva preservando la calidad de los empleos y el nivel de los salarios. Políticas claras que minimicen la instalación del empleo en negro y que prohíban definitivamente el desarrollo del trabajo infantil facilitando la educación de los menores han de servir para recuperar la senda que transitamos hasta 2007.

Pero hay algo más sobre lo que deberíamos reflexionar. En los últimos 15 años se incrementó el gasto social en América Latina y ha sido la Argentina quien más ha invertido en ello. Es indudable que será necesario redireccionar esos recursos de otro modo buscando alcanzar un mejor rendimiento de esa inversión y buscar nuevas fuentes de recursos para enfrentar la pobreza.

Si de una vez por todas revisamos objetivamente nuestras experiencias, tal vez sea más fácil detectar el camino que saque de la pobreza a millones de argentinos. En esa tarea todos debemos involucrarnos dejando de lado cualquier oportunismo. Aun los sectores de mayores recursos deberían prestar atención real al tema, no sólo por un imperativo de justicia y deuda social, sino también recordando aquello que decía John F. Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.