La derecha, sea liberal o populista, se equivoca con el tema de la "libertad sindical". Por diversos caminos coinciden, para festejar o abjurar, que el fallo de la Corte Suprema sobre el unicato voluntario pero no legal, en particular sobre el cuerpo de delegados fabriles, resultará finalmente "un debilitamiento de la estructura de representacion de los trabajadores".
Los resultados actuales no parecen señalar eso. Un dato oficial del Ministerio de Trabajo basta para confirmar hasta dónde llegó el vaciamiento de representación de los trabajadores, inducido entre otros factores por el unicato gremial, en la etapa de acumulación finaciera. Sólo un 12,7% de las empresas tiene representación de delegados sindicales en sus plantas.
Esta ausencia de representación en la base es habitualmente sostenida por la actitud persecutoria de las patronales, con la complicidad a veces activa, otras silente pero igualmente atronadora, del sindicato madre, que encuentra en esa ausencia de representación de base, un espacio pleno para consolidar su estructura dirigencial vertical, impedir la renovación desde abajo y en particular, ejercer la práctica del "plumazo convencional", con acuerdo empresario y cúpula sindical, prebendas a cambio, y sin consulta a las instancias de representación menores y en particular las de plantas.
Si este mecanismo disciplinador del unicato se acotara a un acto voluntario y no legal, como señala la Corte, podría ocurrir efectivamente un debilitamiento en la ya debilitada representación si no hay participación abajo. Es una hipótesis posible, sobre todo en un contexto de carencia de empleo como el que se espera sobrevendrá.
Sin embargo, no debe descartarse que, motivados también por el poder efectivo que les daría una reforma a la ley del unicato, pudieran sucederse una proliferación de nuevas representaciónes de base, que redundarían en un debilitamiento de la interlocución sindical discrecional de la organización madre, potenciando las dificultades de negociación de cúpulas y un aumento exponencial de la conflictividad, práctica básica para obtener mejoras salariales, de condiciones de trabajo y, en definitiva, ciudadanía democrática más ampliada y plena. Final abierto.
