En 5 pasos, cómo disfrazar a un cártel de partido y gobierno
Con dinero. El general Otto Pérez Molina y la comunicadora Roxana Baldetti se dieron cuenta desde 2003 y 2007, que para llegar a gobernar necesitaban dinero. Mucho dinero. Tanto que construyeron todo un sistema criminal de recaudación de fondos entre 2008 y 2011, que sólo en los últimos cuatro meses de la campaña de 2011 llegó a gastar Q158 millones, más de tres veces el techo de campaña del TSE. Ésta es la forma en la que construyeron su red para cooptar al Estado.
La idea se convirtió en una red de sociedades anónimas de cartón y de lavado de dinero que funcionaban en complicidad con operarios, empresarios, funcionarios e incluso entidades bancarias. Los políticos, en la cárcel desde el año pasado, se enriquecieron utilizando todo el aparato estatal. Antes de convertirse en el noveno binomio presidencial desde el inicio de la era democrática moderna, ya eran los líderes de un cartel político que buscando financistas encontró la fórmula para vivir en su propio mundo de lujos y maravillas.
La legitimación era la antesala. ¿Quién iba a sospechar de una bancada de vociferantes diputados anti-corrupción? Pero mientras la diputada Roxana Baldetti decía fiscalizar al gobierno de la UNE entre 2008 y 2011, a escondidas ella y su jefe, Otto Pérez Molina, recibían pagos millonarios de Ángel González, dueño de los canales de televisión abierta y de la radio Sonora. Y ése es solo uno de los casos.
Otto y Roxana en 2011
Grandes empresarios vieron en ellos la oportunidad de hacer una inversión rentable. Un gobierno de derecha, cercano a los intereses de grandes corporaciones. Bajo la mesa y sin registros públicos le pagaban una cuota al partido. Ellos a su vez, estaban listos con una red de empresas de cartón o con poca actividad comercial para registrar los ingresos como pagos por servicios inexistentes. De esa forma, ni la población, ni la prensa y mucho menos el Tribunal Supremo Electoral, detectarían quienes eran los financistas reales. Ya con el Partido Patriota gobernando, el “favor” regresaba con contratos millonarios en cualquiera de las instituciones del Estado.
Convirtieron la administración pública en un negocio, dijo Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –que junto al Ministerio Público de Thelma Aldana y el Ministerio de Gobernación de Francisco Rivas–, este 2 de junio de 2016 revelaron cómo se capturo al Estado de Guatemala entre 2012 y 2015. Aquí, una síntesis.
Paso 1: Crear una red de empresas de cartón
Roxana Baldetti todavía era diputada cuando se convirtió en la administradora de empresas fantasma. Ángel González, dueño de los canales 3,7, 11 y 13, así como la radio de noticias Sonora y cuñado del diputado Luis Rabbé, estaba interesado en apoyar la campaña política del Partido Patriota. Los operadores de la funcionaria pusieron a su disposición cuatro sociedades anónimas que eran parte de su esquema financiero de apariencia lícita y que sin tener empleados ni oficina facturaron Q17.4 millones.
Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpúmer eran parte del conglomerado de empresas de Baldetti que durante tres años tuvieron como único cliente a los canales de televisión abierta. En las facturas indicaban que mes a mes imprimían manuales de funciones para el monopolio de González. Sin embargo, cuando los investigadores preguntaron por pruebas, no pudieron ver uno solo de esos supuestos documentos. Por este caso Alba Lorenza, esposa del magnate mexicano residente en Miami, Ángel González, tiene orden de captura internacional.
A partir de la toma de posesión del cártel del PP en 2012, los canales fueron beneficiados con contratos millonarios. En toda la gestión del Partido Patriota, Radiotelevisión Guatemala, Sociedad Anónima (Canal 3) y Televisiete, S.A. (canal 7) ganaron Q216 millones con el Estado, el 69 por ciento de todo lo que el gobierno gastó en publicidad televisiva. La inversión dio sus frutos. El dinero que Ángel González entregó al partido no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tal y como lo manda la ley. No obstante, con su dinero, se compró equipo para la campaña: 10 camiones, 1 microbús, 4 camionetas Toyota y 1 Chevrolet.
Claro, todo después de subir de nivel de vida. Bajo esa fórmula todo les fue posible: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, pago de las deudas de las tarjetas de crédito de toda la familia, compra de edificios, departamentos, casas, fincas, oficinas, villas, decoraciones, mantenimiento de los bienes, joyas, carros, motos, yates, helicópteros, avionetas, lanchas, viajes. Todo con dinero de sus financistas y del Estado.
Los tres valientes, en la conferencia de ayer.
Todo comprobado por el MP y la CICIG.
Paso 2: Seducir a empresarios (encontrar a los clientes)
Ocultar el origen de los fondos y triangular las aportaciones al Partido fue quizás la forma menos sofisticada que tuvo el PP para captar dinero. Cuando el Ministerio Público y la CICIG descubrieron la existencia de La Línea también encontraron una serie de documentos que cobraron sentido cuando Juan Carlos Monzón, el ex secretario privado de Roxana Baldetti y ahora colaborador eficaz, empezó a hilar la historia.
En decenas de allanamientos los investigadores han encontrado documentación y registros financieros sobre pagos por servicios intangibles a las empresas del grupo Estrella, como la CICIG denomina a las sociedades anónimas que Monzón administraba junto a Víctor Hugo Hernández, testaferro del ex binomio.
¿Cómo se puede comprobar la veracidad y legalidad de un contrato por alquiler de un camión por mil horas? Con situaciones así, el PP logró recaudar aproximadamente Q50 millones que, claro, no fueron reportados al TSE.
Esa modalidad utilizó la constructora Altracsa, que realizó pagos a las empresas de Raul Osoy Penados, representante legal de Topsa Construcciones. Osoy recibió el dinero y entregó facturas por servicios falsos. Luego, utilizó otra empresa y aportó Q11.5 millones a la campaña del PP. Según Guatecompras, Topsa ha recibido Q917 millones en contratos estatales.
El expresidente Pérez Molina, en una de sus visitas a la planta de Jaguar Energy, fue muy cercano al sector privado.
Blue Oil también fue parte de ese sistema a través del contador de Monzón, Víctor Hugo Hernández. Y para evitar problemas legales, el PP, a través de Julio César Godoy Anleu a cargo del órgano de fiscalización interno del partido, mes a mes entregó su informe de financistas al TSE. El techo autorizado de gastos para la campaña era de Q48.5 millones. Un informe de Acción Ciudadana reveló que Pérez y Baldetti gastaron al menos Q158 millones.
Paso 3. Usar terceros para operar desde el poder
Entre 2008 y 2011 la red político-económica del PP se dedicó a captar fondos de los financistas y triangularlos para evadir los controles legales en el año electoral. Una vez en el poder la prioridad fue delegar operadores en las instituciones para coordinar las actividades paralelas del gobierno por medio del cobro de comisiones en contratos o asignación de obras y servicios.
Los operadores eran clave para que la estructura lograra su cometido. Según explicó el Ministerio Público y la CICIG, el delegado del ex binomio presidencial podía ser un jefe de facto en las instituciones. Mandaba sin tener un cargo público. En otros casos eran los titulares de las entidades quienes controlaban los cobros. Rudy Gallardo en el Registro Nacional de las Personas (Renap); o los ministros de Cultura, Carlos Batzín y Dwigth Pezarozzi; están involucrados en la adjudicación anómala de servicios de seguridad.
La función de estos personajes era recaudar comisiones de por lo menos el 10% del valor de los proyectos. Pérez y Baldetti se quedaban con el 60 por ciento y el resto era repartido entre operadores y el resto de la estructura. Ese pago ilícito fue denominado Incentivo Comercial Monetario, y solo por ese concepto el PP obtuvo Q500 millones de ganancias. El equivalente a un año del presupuesto del hospital nacional San Juan de Dios. El MP tiene identificados 450 contratos de este tipo.
Paso 4: Lavar el dinero
Pérez Molina y Baldetti recaudaron decenas de millones de quetzales. El presidente y la vicepresidenta sofisticaron la forma en que mueven, gastan e incluso invierten el dinero que han obtenido desde lo más alto del gobierno. Las transacciones financieras internacionales inician y se acoplan al sistema bancario nacional. Para ocultar el origen del dinero, sus empresas, manejadas por testaferros, solicitan préstamos corrientes e hipotecarios (usando como garantía inmuebles de la misma red); Baldetti compra un centro comercial, ambos adquieren aeronaves, yates, joyas, ropa de diseñador, etcétera.
Para eso tienen tres grupos de la lavado de dinero a su disposición. Uno de ellos, según las investigaciones, es dirigido por el ex trabajador de Banrural, Julio Aldana Franco, que con empresas pantalla que sí tienen actividad económica le permitió a la red el acceso a créditos, hipotecas y más adquisición de bienes inmuebles.
En el segundo grupo de empresas están involucradas sociedades anónimas de cartón administradas por Salvador González alias Eco, Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. En ellas el PP tiene un medio para emitir facturas por servicios falsos, pedir préstamos e ingresar el dinero al sistema bancario. Por último, Jonathán Chévez ponía a su disposición entidades cambistas y de transporte de valores, especialmente para movilizar el dinero que la red obtenía por medio del cobro del “Incentivo Comercial Monetario (ICM)”.
Según la CICIG, no puede descartarse que funcionarios de entidades bancarias omitieran información o fueran cómplices de la estructura del PP. Esto porque las investigaciones evidenciaron una modalidad para adquirir préstamos millonarios y pagarlos en efectivo en cuestión de días.
Paso 5: Comprar, comprar y comprar
El conglomerado de empresas de los (ahora científicamente comprobado) jefes de la mafia del PP, emitieron facturas por servicios inexistentes. Los proveedores interesados en contratos con el Estado las cancelaban fingiendo una relación comercial para darle a las transacciones en la sociedades de cartón una apariencia de legalidad. Con ese dinero los ex gobenantes adquirieron bienes como la finca en Zaragoza de Pérez Molina y el hotel de Baldetti en Antigua Guatemala.
Fraccionar el monto de las transacciones fue uno de los métodos que usaron para evitar ser detectados por los controles de impuestos. El MP y la CICIG aseguran que contaron con la complicidad de funcionarios y empleados de entidades bancarias. Flavio Montenegro, presidente del Banco G&T Continental, y Fernando Peña, presidente de Banrural, tienen orden de captura
Así, este cártel sofisticado, que capturó al Estado con la complicidad de grandes empresas, fue el peor retroceso que pudo tener el funcionamiento del Estado de Guatemala. Dejó de cobrar impuestos por medio de leyes y gastó el dinero de lo poco recaudado en corrupción.
El Partido Patriota no sólo fue el peor proyecto político de la democracia. Fue un cártel.
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