Internamente la cuestión económica transita por dos ejes centrales: 1) el impacto que sobre los resultados de 2014 vienen ejerciendo las medidas tomadas a fines de enero pasado, particularmente cuando se decidió de modo conjunto y como políticas centrales un aumento del 23,4% en el precio
del dólar (con lo cual acumuló casi un 60% de incremento en doce meses) y elevar en diez puntos las tasa de interés que establece el BCRA; 2) los efectos de las decisiones judiciales tomadas por la justicia de los Estados Unidos en la cuestión de los fondos buitre, siempre afectando al interés argentino e ignorando absolutamente las razones por las cuales nuestro Gobierno considera de imposible cumplimiento a la extravagante sentencia del juez Griesa.
En el primer caso, oportunamente será preciso tomar nota de los costos que para la política económica ha tenido que se- diera marcha atrás con el objetivo de desdolarizar la economía, si bien cabe admitir la influencia que, a tales fines, tuvieron las presiones contra el peso ejercidas por la especulación cambiaria, provocando la fuga de divisas. Paralelamente, la caída en el superávit comercial debilitó la estrategia originariamente diseñada para atender los pagos externos. Por el lado de las importaciones se verificaron montos muy elevados en materia energética, para la actividad automotriz y por la demanda de las factorías fueguinas.
Y todo ello se combinó, por el lado de las exportaciones, con la actitud de la corporación sojera, que retuvo una parte anormalmente alta de su cosecha 2012/13, probablemente a la espera de nuevas devaluaciones. Paralelamente se derrumbaron las exportaciones de automóviles al Brasil. En consecuencia, ingresaron al stock de reservas menos dólares que lo proyectado. En materia de inversión externa, lo único destacable fue el acuerdo entre YPF y Chevron.
Ninguna de estas circunstancias ha sufrido mejoras sensibles durante los primeros siete meses de 2014. Apenas se verificó una ligera mejoría en los ingresos por exportaciones primarias y sus manufacturas. Indiferente a la devaluación, pero muy sensible a la retracción en la demanda del Brasil, la colocación de manufacturas de origen industrial, por el contrario, ha experimentado un retroceso del 13% durante el primer semestre respecto a igual período de 2013.
Pasemos al otro eje. Ya lo señalamos en anteriores oportunidades.
Mirado en perspectiva, se ratifica que las acciones más exitosas del Gobierno siempre son aquéllas que fueronasimétricas a las políticas de la convertibilidad (máximo paradigma de la dolarización integral). Y, por el contrario, sus mayores dificultades las sufrió cuando debió lidiar con las herencias de ese pasado que no ha podido desterrar.
El canje exitoso de la deuda con el 93% de los acreedores privados, sumado al desendeudamiento con los organismos multilaterales –algo que permitió la ruptura con la condicionalidad del FMI–, se encuentran entre los jalones más relevantes de esa estrategia alternativa a la ortodoxia. Por el contrario, el largo conflicto con los fondos buitre implica una desgastante batalla con una de las peores rémoras de la herencia neoliberal y no le viene resultando sencillo al Gobierno superarla.
Cuando advertimos sobre la necesidad de cuidar los vínculos entre la decisiones a corto plazo y su impacto en el mediano término, nos referimos a la obligada preservación de legados para el futuro, como por ejemplo el referido desendeudamiento con los organismos multilaterales de crédito y los acreedores privados. Ratificar este objetivo constituye, por ejemplo, la antítesis de las opiniones a favor de cumplir la sentencia Griesa. Se trata entonces de un activo estratégico que no se puede rifar frívolamente.
Preservar ese logro, aún a costa de soportar dificultades en el corto y mediano plazo, habla de la coherencia y la actitud responsable de un Gobierno que no resigna ni los frutos de sus decisiones tácticas del pasado ni su proyecto de largo plazo. Este último tiene como condición necesaria cuidar al desendeudamiento pero requiere, como condición suficiente, la generación de activos en los sectores básicos de la economía para sustituir importaciones e incrementar la productividad del sistema. Todo ello sin desdeñar la eventual participación del capital extranjero en inversiones de riesgo.
La economía real
Efectivamente, la señales actuales de la economía argentina son mediocres, con estancamiento en el nivel del PIB, donde la industria ya arrastra doce meses con tasas negativas de crecimiento; el excedente comercial a julio apenas se acerca a los 4.500 millones de dólares (si bien los resultados de los dos últimos meses han sido mejores, en la comparación interanual) y se contabilizan saldos negativos en los superávits de pagos y fiscal, cuya magnitud, sin embargo, no es relevante. Las reservas internacionales, por su parte, se encuentran en torno a los 29.000 millones de dólares.
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Finalmente, nuestra proyección de inflación para todo el año, suponiendo sencillamente que se mantenga la tasa promedio de los últimos meses, ahora es del 25%, con una desaceleración importante en el rubro alimentos, donde la política comercial del Gobierno es más activa.
Este ha sido el común denominador en los siete primeros meses del año, vale decir que, por un lado, la esperada recuperación del tercer trimestre no está aún a la vista, pero las presiones inflacionarias se juzgan –lejos de ser ideales– manejables y se atendieron puntualmente los pagos por la deuda soberana. Ello ocurre en un escenario internacional donde persiste la crisis europea, que, lejos de atenuarse, ya se ha extendido y profundizado. Por ejemplo, el “nulo crecimiento del PIB” ya afecta a Alemania, la locomotora de Europa.
Regionalmente ello también corre con el Brasil de los últimos cuatro años, donde recientemente se ha bajado al 0,6% la hipótesis de crecimiento para 2014.
Un dato central de la coyuntura argentina es el aplastamiento en la actividad industrial y de la construcción. Por ahora, todo ello sólo viene afectando levemente al mercado laboral. Al respecto, la última información del INDEC, que llega hasta el primer trimestre, permite advertir una ligera caída interanual en los puestos de trabajo, ya que la tasa de empleo alcanza al 41,8%, lo que supuso que los puestos de trabajo en los aglomerados urbanos crecieron a una tasa inferior a la vegetativa de la población. Evolución similar mostró la tasa de actividad. En consecuencia, para entonces la tasa del desempleo abierto llegaba al 7,1% de la PEA.
Cabe señalar que tampoco las señales de las cuentas externas difieren sensiblemente de las registradas por otras importantes economías de la región. No se puede ignorar el vínculo de este fenómeno con la continuidad y el amesetamiento de los mercados internacionales, ámbito donde, en los últimos meses, además viene despuntado una tendencia bajista en los precios de las materias primas.
En el primer trimestre de 2014 el déficit de cuenta corriente de nuestro país fue equivalente a 0,7% del PIB, pero ese coeficiente negativo alcanzó al 3,8% en el Brasil, el 3,3% en Chile y un 1,9% en México. En todos los casos se verifican tasas negativas, tanto para exportaciones como importaciones del primer semestre, siendo los casos más notables los verificados en la Argentina, Brasil y México, junto al estancamiento contabilizado en el caso de Chile.
Otra señal de los primeros siete meses se origina en el comportamiento de los bienes primarios, donde la liquidación de dólares originados en la venta de soja no ha respondido sino parcialmente a las expectativas existentes cuando se decidió la devaluación de enero pasado. Además, se verificó
una sensible retracción en las exportaciones de maíz debido al mediocre resultado de la cosecha originado en perturbaciones climáticas.
Si bien las importaciones (con la excepción de los bienes de capital) también cayeron un 8% por el efecto combinado de laretracción industrial interna y las normas vigentes que acotan la compras en el exterior, ello no impidió la caída abrupta contabilizada en el comercio exterior que, como dijimos, hasta julio pasado acumulaba 4.487 millones de dólares, contra los 5.523 millones en igual período de 2013. En ese contexto, el “Informe Macroeconómico y de Política Monetaria” del Banco Central correspondiente al mes de agosto 2014 informó que el desequilibrio en el balance de pagos acumuló en los últimos 4 trimestres un monto equivalentea un punto del PIB, unos 4.800 millones de dólares.
Hay pocos indicios que permitan alentar la esperanza de que este escenario se modifique en la segunda parte del año.
Asimismo, cabe tomar nota de ciertas tensiones puestas de manifiesto recientemente. Es el caso el fuerte lobby que viene ejerciendo la UIA, entre cuyos reclamos explícitos predominan el habitual pedido de menores controles, tanto de precios como sobre las importaciones, declarar inconstitucional a las reformas que el Gobierno alienta para la Ley de Defensa de la Competencia, así como una reiterada presión por una nueva y violenta devaluación del peso. Esa movida se suma a las usuales letanías de la ortodoxia, diariamente reproducida en los grandes medios de comunicación, pidiendo que se baje el gasto público (pese a ser la casi exclusiva fuente de dinamismo que actualmente tiene la economía nacional) y se eliminen las retenciones.
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Las presiones contra el peso siempre están latentes. Y la persistencia de este marco de tensiones hace que no deba desecharse para el segundo semestre del año la posibilidad de que, quienes cuestionan o tienen intereses afectados por la actual política, pugnen por provocar condiciones similares a las de fines de 2013; de hecho, su aparato comunicacional, cada vez más claramente comprometido con los buitres, no deja de sembrar malas noticias, mayoritariamente inventadas.
Responden al objetivo de provocar el inicio de una nueva cadena de circunstancias desestabilizadoras, donde se sucedan la devaluación del peso, nuevos picos de inflación y mayor retroceso en los niveles de actividad y empleo que, a poco andar, permitan reclamar una nueva devaluación, para volver a girar en rondas cada vez más cortas. Cabe dar por descontado que el Gobierno no permanecerá inmóvil frente a tal escenario de riesgo potencial, como ya viene demostrando su activismo en el complicado escenario del conflicto con los fondos buitre.
Hemos descartado que en lo inmediato las consecuencias más directas generadas por el nuevo escenario en torno a ese litigio nos arrastren a un escenario de crisis. Pero ello no supone ignorar el peligro vigente de la virtualidad de condiciones más adversas para que el sector público y privado accedan al financiamiento externo. Estas incertidumbres impactan, sin duda, en el mercado ilegal de divisas, cuya magnitud es marginal, pero lo que ocurre en esa materia siempre tiene en la Argentina importantes efectos desestabilizadores.
Y ello, a su turno, agudizará la restricción externa que ya está condicionando los niveles de actividad interna. La prioridad del Gobierno pasa entonces por minimizar el impacto de las tendencias recesivas y, en la última parte del año, sentar las bases de recuperación del crecimiento. Esto se encuentra muy condicionado por el acceso al ahorro externo, donde gana relevancia la búsqueda de nuevas fuentes y el éxito en las normas para garantizar el pago soberano de la deuda que estudia el Congreso.
No se trata sólo del bajo peso que actualmente tienen los servicios de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados respecto al PIB, sino también de la desaparición del riesgo originado en el descalce de monedas, uno de los principales focos de vulnerabilidad para los sistemas financieros
de los países en desarrollo que han venido tomando recursos en divisas y/o facilitando los movimientos de los fondos especulativos para atender sus compromisos en moneda extranjera, principalmente apelando a tomar nueva deuda en la plaza financiera internacional.
En la Argentina, por el contrario, aproximadamente el 90% de los depósitos y créditos están nominados en pesos. Cabe recordar que, inversamente, a inicios de la década pasada la porción mayoritaria de los préstamos y los depósitos en el sistema bancario, casi el 70%, estaba en dólares.
La pesificación del sistema bancario virtualmente ha eliminado uno de los principales mecanismos que provocaron dramáticos costos durante el estallido de la convertibilidad.
Por lo tanto, el sistema financiero nacional presenta actualmente una elevada solvencia, se encuentra fuertemente capitalizado y exhibe un muy bajo nivel de mora. Ninguna de estas circunstancias –que merecen ser tenidas en cuentacuando con tanta ligereza en medios locales se habla del default– surgió de la nada, sino que fueron todas fruto de acciones deliberadas de la política económica.
Así, en ese marco se dispone de la capacidad necesaria para que –habida cuenta de la reforma de su carta orgánica– el BCRA se encuentre habilitado para orientar y determinar las condiciones crediticias internas. De ese modo, evitando el riesgo de jugar un rol pro-cíclico como en los viejos tiempos cuando la autoridad monetaria debía limitarse, en teoría, exclusivamente a preservar el valor de la moneda, ahora el Banco Central está habilitado para ser un activo gestor de la reactivación económica. Dicha reforma, otra más, consiguió una victoria contra las condiciones del pasado y el BCRA debe potenciar su aplicación. Sin duda. la continuidad en las altas tasas de interés perturba ese objetivo.
Vale decir que, aún si este año el PIB permanece estancado, estamos lejos de mostrar una economía que no genera recursos por estar “barranca abajo” o avanzando hacia la hiperinflación. Por el contrario, se encuentra plenamente capacitada para atender los compromisos externos que ha pactado, su sector financiero está calzado adecuadamente y dispone de capacidades ociosas en materia productiva como para responder de modo inmediato a un cambio favorable en las condiciones del ciclo.
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