Leemos a Julio Burdman en Analytica:
CFK ya había anunciado su intención de reformar la justicia en su mensaje de apertura de las sesiones legislativas, el 1º de marzo. Pero los tiempos se aceleraron. ¿Por qué? Todo gobierno que se precie de tal, organiza su agenda alrededor de temas-eje. La justicia es el nuevo tema-eje de la administración K.
CFK ya había anunciado su intención de reformar la justicia en su mensaje de apertura de las sesiones legislativas, el 1º de marzo. Pero los tiempos se aceleraron. ¿Por qué? Todo gobierno que se precie de tal, organiza su agenda alrededor de temas-eje. La justicia es el nuevo tema-eje de la administración K.
Las razones de la elección de los
temas, y el timing de los lanzamientos, suelen ser misteriosas. En
principio, sabemos que el gobierno busca retomar la iniciativa política
tras la dilución del 7D, día clave de la ley de medios, y que está
reaccionando de antemano frente a un posible fallo adverso sobre esa
ley.
Por otra parte, hay una demanda social muy fuerte sobre la
inseguridad, y el gobierno propone una reforma judicial también como una
respuesta política. La hipótesis del juicio por jurados y todo lo
relativo a la "agilización del proceso" son un mensaje a la opinión
pública. Recordemos que en el discurso del 1º de marzo, la Presidenta
responsabilizó a los jueces por la gran cantidad de delincuentes que
recuperan su libertad y luego reinciden en el delito.
Es un hecho, también, que el kirchnerismo busca aumentar el peso
específico de la política (de los gobiernos electivos, y del voto) en
el proceso de selección y evaluación de los jueces. Esto no es nuevo: es
algo que viene planteando desde hace tiempo. El kirchnerismo cree en
eso. Luego, la real modificación de la composición actual de los
tribunales federales a partir de la elección popular de los miembros del
Consejo de la Magistratura, está algo sobrevaluada.
No es ése el tema principal. Lo más importante, y polémico, del
proyecto oficialista, es la intención de regular la Casación y el uso de
las medidas cautelares contra el Estado.
No está aún del todo claro en
qué consistiría esa regulación, ya que el proyecto en el Congreso
contempla tanto el vencimiento de las medidas a los 6 meses, como la
posibilidad de que el Estado las rechace. Las cautelares pusieron
obstáculos a políticas centrales para el kirchnerismo, como la ley de
medios o la estatización del sistema previsional. En ese mecanismo
reside la clave política de una reforma que tiene un fuerte impulso
gubernamental, y que probablemente aún no vio su formato final.
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