la seguridad o el fin de las utopías

• -No disculpame, no hay dvd, los vendí todos, no me quedó nada...
• -Pero soy el que compro la play el jueves..
• -Si pero no tengo dvd
• -Y este nos ponía, viste la jeta, no soy racista pero a estos chabones la jeta los vende, este mes ya me pusieron dos veces, la última fue fea, con ametralladoras... la cosa esta peor ...

Este diálodo de un servidor con el encargado del negocio de computación que está frente al Parque Chacabuco, podría haber millones así, muestra que como señalamos en Ramble el de la (in) seguridad será el tema que domine de manera creciente la futura agenda de gestión del gobierno nacional, provincial y municipal en general y en particular en los grandes aglomerados urbanos y su periferia.

Al respecto y en referencia al Conurbano bonaerense , leemos:

El de la seguridad es un debate que necesita vacunarse contra la impostura intelectual: “la fórmula mágica” que venden progresismos y derechas que ya tuvieron el manejo ejecutivo de la política de seguridad por la vía gobernante del Partido Justicialista en distintas etapas de los últimos veinticinco años en la PBA deberían servir como un invaluable material empírico a tomar seriamente a la hora de elaborar hoy una propuesta viable y realista para mejorar el servicio de seguridad pública.

Si el manodurismo mostró su fracaso, lo que no se dice tan claramente es que muchos aspectos de la reforma Arslanian también fracasaron, con lo cual la lectura de los “avances y retrocesos” que hacen ciertos sectores políticos provinciales con eje en esa reforma carece de todo sustento y no aporta nada al real problema de la seguridad. Lo que se niega aviesamente es que las bases estructurales de la reforma Duhalde-Arslanian iniciada en 1997 están vigentes en el sistema policial bonaerense.

Las DDI que reemplazaron a las brigadas de investigaciones, el control civil de asuntos internos, la disminución de la intervención policial en la instrucción penal, el fraccionamiento operativo y la descentralización de los cuerpos policiales, los mecanismos de participación popular previstos en la ley, el protocolo de limitación en el uso del arma y en la detención policial: todo esto está vigente en la PBA, y si hoy no existe eficacia policial para la prevención del delito, no es tanto porque no se completó la reforma, sino porque hubo temas no atendidos por ella.

Una propuesta de seguridad para la provincia se hace desde los errores conceptuales del manodurismo, pero también considerando que la reforma Duhalde-Solá-Arslanian-Cafiero-Saín no es una revolución interrumpida, sino una medida árida que promovió avances, y que fue inocua en varios aspectos. Punto.

Estas dos tendencias que anclan su postura ideológica en la conciliación o en la disputa con la institución policial olvidaron por años el problema del financiamiento y la inversión: pasaron desde el cavernario Casanovas hasta el moderno Saín, pero el policía sigue cobrando una poronga.

Después del 2001, las decisiones políticas se reflejan en la inversión; no hay mayor y mejor control político de la policía que aquel que se legitima en una inversión estatal ya realizada, que le permite luego al gobernante una facturación política impiadosa, si no disminuye la corrupción policial y no se labura según las previsiones de la autoridad política (en este caso, tanto el gobernador como los intendentes).

Dicho de modo académico: si vos pusiste guita y logística adecuada, podés tener a la cana cagando; en estos casos, la legitimidad no brota de la baba discursiva, sino del cuerpo a cuerpo territorial que cincelan día a día las autoridades políticas y la policía. La decisión política de imponer condiciones a la fuerza policial a partir de la inversión realizada es lo que muchos intendentes (con una muñeca política que hay que admirar) hacen para dar respuestas a las demandas sociales que Daniel Scioli todavía no puede colmar.

Dos casos concretos son Tigre y Almte. Brown, donde Massa y Giustozzi lograron amplificar la capacidad instalada de la trama municipal para mejorar la prevención barrial. Esta tarea supone acordar laburo con la policía departamental y el control político del accionar policial para que la tarea se lleve a cabo, y que no sea el intendente el que garpe el costo político. Esta tendencia que marcan Massa y Giustozzi (y que otros intendentes que no se quieren quemar políticamente, ya están aplicando) tira abajo la estigmatización progre-gorila de “la connivencia entre barones y comisarios” como aparente raíz analítica del “drama de la inseguridad en la PBA”.

En todo caso, lo que deja en claro el comportamiento político de estos dos intendentes es que el eje manodurista-garantista que se funda en la conciliación o la confrontación con la institución policial como principal y único concepto para enhebrar una política de seguridad, ha caducado y que se hace necesario introducir una mirada más realista que se centre en un financiamiento integral. Si la clave es la inversión y la responsabilidad política, y Massa y Giustozzi tienen 70% de intención de voto en sus distritos, la ecuación política cierra sola. La otra opción es no subir la capacidad instalada municipal en seguridad, y tener miedo de que Sabbatella te coja por colectora...

Completo acá.