necesitamos un cambio de enfoque: por un plan social de contingencia frente a la crisis

Recibimos por mail, este análisis sobre la orientación de la estrategia anti crisis del oficialismo, elaborado por Guillermo Cruces, investigador CONICET -Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, Universidad Nacional de La Plata-, que queremos compartir:

Las medidas económicas anunciadas en las últimas semanas intentan apuntalar el nivel de actividad ante los efectos internos de la crisis internacional. Un factor común en los anuncios y en su cobertura fue la referencia a la "clase media" como principal destinataria.

Aunque no existe una definición precisa de ese concepto, los beneficiarios del financiamiento de automóviles y de la eliminación de la progresividad del impuesto a las ganancias están un escalón por encima del grupo al que se hace referencia: un hogar con 4300 pesos de ingreso total familiar mensual estaba, en el primer trimestre de 2007, en el 10% de los hogares con mayores ingresos en los grandes centros urbanos relevados por la EPH.

Beneficiar a este sector de la población es una medida puntual regresiva, y no progresiva. No sorprenden entonces los elogios de Roque Fernández a la modificación de ganancias, y a la probadamente inútil y cara reducción de los aportes patronales, que implementó sostenidamente en su gestión. ¿Por qué apuntar a este grupo entonces? La apuesta parece ser apuntalar el nivel de actividad mediante el impulso al consumo de estos sectores. Este impacto, probablemente no menor, puede debatirse:diversos analistas, y sindicalistas como Hugo Yaski, advierten que el ingreso adicional de quienes más ganan puede volcarse al ahorro más que al consumo. ¿No existe otra opción para apuntalar la economía sin caer en la definición de manual de regresividad?

Los argumentos anteriores no consideraron el plan de obras públicas, que generará empleo o por lo menos ayudará a mantener fuentes de trabajo. Pero ¿en qué medida se beneficiarán directamente los grupos más pobres de la población? La presencia de más de un millón de beneficiarios de programas sociales nacionales (que no incorporan nuevos inscriptos desde el 2002) después de cinco años de alto crecimiento marca claramente los límites del derrame y de la generación de empleo para atacar la pobreza crónica.

La movilización de la CTA por un ingreso universal por niño y la expansión de las asignaciones familiares anunciadas por la Provincia de Buenos Aires, dan pautas de alternativas progresivas, progresistas,y factibles de los recursos asignados a los asalariados de altos ingresos. Los 1. 340 millones que el Estado resignará por año por la eliminación de la "tablita" alcanzan para otorgar un subsidio de 49 pesos por mes durante un año a los 2 millones 280 mil niños pobres e indigentes de 0 a 13 años según el último dato del INDEC, del segundo semestre de 2006.

Estos ingresos serían consumidos en su totalidad. La instauración de políticas masivas de protección social anivel nacional está hoy más justificada que en ningún momento de losúltimos cinco años. Además de su contenido de progresividad y justicia social, pueden incluso ser más funcionales para sostener el nivel de actividad que los subsidios y beneficios impositivos para la poblaciónde mayores ingresos salariales. El Estado nacional tiene además la capacidad y la experiencia para administrar subsidios monetarios directos como los propuestos. Parece tratarse, entonces, de una cuestión de prioridades.