columna crítica completa

Como para dar razón al viejo apotegma peronista de que en una reunión de banqueros es fácil darse cuenta del que tiene un ojo de vidrio, porque su mirada es más humana, en medio de la mega crisis, parte del sector financiero ha emprendido una módica campaña mediática, intentando instalar “dudas” sobre el nivel de reservas reales y la capacidad de pago del país. Dudas absurdas porque hasta un niño sabe que en este incierto contexto internacional, Argentina, como cualquier país que no quiera suicidarse, no dispone de capacidad de pago que suponga compromiso de reservas. Esto implica que en este contexto internacional debiera descartarse el pago de antiguas deudas con parte de las reservas soberanas, que en caso de producirse dispararían rápidamente a la suba el tipo de cambio de equilibrio. Este marco brinda una coincidencia inesperada entre segmentos vinculados a la perinola financiera y parte de la tradicional patria devaluacionista criolla, ligada a sectores fundamentalistas de la UIA. Ambos, por motivos diversos impulsan una devaluación rápida y suculenta. Sin embargo la realidad indica otra cosa: El nivel de reservas disponibles es hoy el suficiente para administrar una corrección prudente del tipo de cambio a fin de no perder competitividad y empleos, cuyo valor a futuro dejará igualmente insatisfechos a nuestros devaluadores. Sin embargo una suba moderada y gradual del dólar resulta adecuada a la realidad socioeconómica existente. En efecto, el mercado de trabajo muestra una tasa del 40% de informalidad y el 50% de los asalariados obtiene ingresos inferiores a $1.500 mensuales. Con esta estrechez de ingresos sumados al 30% de pobreza en la población general y 40% sobre menores de 15 años, en un contexto donde, descendiendo en el último trimestre, aún se registra 30% de inflación de alimentos cuyos precios están directamente relacionado al valor del tipo de cambio, cualquier aventura devaluacionista resultaría socialmente desastrosa e desataría niveles de demanda y conflicto social, cuya administración por parte de los gobiernos nacional y provinciales, no está en absoluto asegurada.