kritz krist kritz, la música del grillo...

Recibimos el siempre interesante newsletter de SEL Consultores que podrán descargar completo a la brevedad, acá. Partidarios también de la morfcard en el capítulo de uno de los temas bajo análisis sobre el eventual efecto redistributivo de las retenciones, justifican la existencia de la simpática tarjeta y otras compensaciones ya no sólo a los hogares indigentes y pobres , también a los de sectores medios (!) , ante la escomúnica alimentaria que se vino y vendrá con el aumento exponencial de los precios internacionales. El resúmen del capítulo en cuestión es este que pegamos a continuación, pero atenti que en el newletter hay otros y muy buenos desarrollos.

¿Cuál es el efecto redistributivo de las retenciones y las intervenciones en el mercado de alimentos?

Las retenciones a las exportaciones tienen dos propósitos principales: por una parte, gravar las rentas extraordinarias derivadas de la explotación de recursos naturales; por la otra, desvincular los precios domésticos de los externos para neutralizar el impacto del aumento de estos últimos –especialmente de los alimentos- sobre el consumo. Si los precios del mercado mundial de alimentos se trasladaran plenamente al mercado interno, el impacto sobre el nivel de vida de los hogares de ingresos bajo o medio bajo sería muy negativo.

El mismo propósito de contener las alzas de precios de los alimentos tienen las intervenciones de mercado, como las restricciones a las exportaciones de carne y de trigo, los precios de referencia, el control de la comercialización, el pago de compensaciones a industrias procesadoras como la láctea, etc. Parece claro que en el contexto de aumento de los precios de los alimentos en el mercado mundial, las retenciones e intervenciones en el mercado desempeñan en el corto plazo un papel relevante en el sostenimiento del consumo de los hogares (Por supuesto, la soja queda al margen de este objetivo, pues casi no tiene peso en el consumo doméstico; las retenciones que gravan su exportación tienen únicamente un propósito fiscal).

Más allá de si es la mejor política en el largo plazo, la pregunta es si estos son los instrumentos más apropiados para proteger a los necesitados y mejorar la equidad distributiva. Un examen del gasto en alimentos de la población ordenada según ingreso per capita, muestra que los sectores necesitados (definidos aquí por los tres deciles más bajos) aglomeran no más de una sexta parte del total de ese gasto. En cambio, los sectores más pudientes (en este caso los tres deciles más altos) concentran casi la mitad del gasto total en alimentos. Como la política de regulación del mercado de alimentos se dirige a la oferta, no discrimina entre consumidores pobres y consumidores ricos.

Por lo tanto, la distribución social de la brecha entre los precios domésticos y los externos, es proporcional a la distribución social del gasto total en alimentos de los hogares. Siendo cierto que en términos relativos a su presupuesto los más favorecidos son los pobres, en términos absolutos (y con relación al total del subsidio implícito) los que más se benefician son los sectores de mayores ingresos. Claro está que la composición del gasto en alimentos no es igual en los tramos bajos de la distribución, que en los más altos.

No obstante, aún si se ajusta por esas diferencias en la composición de la canasta, parece claro que una parte sustancial de los beneficios en el ingreso real resultantes de alimentos más baratos que los que habría que pagar en ausencia de retenciones e intervenciones en el mercado, es captada por los estratos sociales altos.

El subsidio implícito en el gasto en alimentos por persona que reciben los más ricos, seguramente es no menor al doble (y posiblemente 2,5 veces mayor) que el que, en promedio, logran los más pobres. Una pregunta relevante es cuánto costaría una política de compensación por el lado de la demanda, es decir focalizada en los sectores más necesitados.

Un ejercicio de simulación del impacto que produciría una reducción de las retenciones y las intervenciones a la oferta –y por ende un encarecimiento de los alimentos en el mercado doméstico- con diferentes hipótesis de aumento del costo de la canasta básica, sugiere que la compensación que se requeriría para proveer seguridad alimentaria a los más necesitados, difícilmente superaría el 0.5% del PIB a precios corrientes de este año (unos $6.000M en la hipótesis de máxima) Este monto es perfectamente manejable desde el punto de vista fiscal y fácilmente administrable a través de tarjetas de débito para compra de alimentos (ver cuadro que abre el post).

Una política de compensaciones por el lado de la demanda, con subsidios explícitos a los más necesitados, mejoraría la equidad distributiva (se eliminarían fuertes subsidios implícitos a los consumidores ricos) y al mismo tiempo permitiría proveer incentivos a los productores. Esto no significa que haya que -o aún que sea posible- suprimir totalmente la brecha entre precios domésticos y externos.

De algún modo hay que extender la protección a los sectores medios, que se verían afectados por un encarecimiento de los alimentos.

Una posibilidad en este sentido, es otorgar una compensación salarial hasta un tope de remuneraciones (que podría relacionarse con la canasta básica de alimentos), variable según el número de cargas, que el empleador podría deducir de las contribuciones a la seguridad social. La Tesorería, a su vez, restituiría esos montos a esta última, con recursos provenientes de las retenciones. A título ilustrativo, una compensación promedio de $100 (que equivale a un aumento de 50% del costo de la canasta básica de alimentos a precios de febrero) para quienes en 2007 ganaban hasta $2.500, que se agregaría a la mejora salarial obtenida este año, tendría un costo anualizado de $5.500M.

Sumado a la compensación para los sectores más pobres (también con la hipótesis de 50% de aumento de la canasta básica), el subsidio explícito para el gasto en alimentos equivaldría a alrededor de 1% del PIB a precios corrientes de este año.

Como puede apreciarse, quedaría todavía un margen significativo para mejorar un subsidio explícito a los hogares de ingresos bajos y medios (quizás hasta el doble) compatible con una reducción de las retenciones y la supresión de las intervenciones en el mercado de alimentos. Una política de subsidios a la alimentación bien focalizada socialmente, permitiría cumplir mejor el objetivo redistributivo de las retenciones, y aprovechar más plenamente las excelentes oportunidades de comercio internacional para el sector quizás más competitivo de la economía argentina."