El salario básico universal, la herramienta para combatir la indigencia
Es la única medida que se ha mostrado eficaz a nivel internacional y se puede financiar con una modificación del sistema tributario.
Artemio LópezLa última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con Juan Domingo Perón como Presidente señaló que había 2 puntos de indigencia, mientras que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada con 26,7. Esa fuerte subida fue el resultado de 27 años de gestión de los liberales.
Si bien ahora el número se ubica alrededor del 8%, la suba de alimentos hará que ese número no baje. Por eso, hay que buscar una política universal para combatirla, a pesar de que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a medidas más focalizadas.
Pero la indigencia es un problema urgente, con el cuál debemos terminar: no puede ser que no se le puede dar combate en un país que promueve, a través de las exportaciones, el alimento para más de 400 millones de personas.
Pero, ¿cómo financiar el salario básico universal? Con la suba de retenciones y modificando el sistema tributario: el mismo, en la actualidad, descansa en el consumo de los sectores populares, a través del IVA, y eso hay que cambiarlo.
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Bru Laín
Este texto es una adaptación del artículo “Between Epistemic Necessity and Political Utility: The Role of Basic Income Experiments” publicado en la Journal of Policy Analysis and Management que el autor presentó en las Jornadas de trabajo para diseñar el Plan Piloto de Renta Básica Universal en Cataluña celebradas en el Palau Macaya de Barcelona el pasado 31 de marzo y 1 de abril.
Introducción
El interés por la Renta Básica Universal (RBU) ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lo que hasta hace poco era demonizado como una “utopía radical” se está convirtiendo en una propuesta con muchas posibilidades de ser implantada a medio plazo. La crisis de 2008 puso la propuesta encima de la mesa, pero sólo recientemente ha ganado en popularidad. A raíz de la pandemia muchos gobiernos han adoptado medidas económicas inimaginables hace unos pocos años que, de manera directa o indirecta, se han relacionado con la RBU. Según el Banco Mundial, en mayo de 2020 un total de 88 países implantaron nuevas prestaciones de carácter más o menos incondicional. Países como Argentina, Colombia, México o Brasil reforzaron sus programas de garantías de renta o crearon otros nuevos. En EEUU, el paquete de estímulos de emergencia implementado por el gobierno de Trump movilizó cerca de 3.000 millones de dólares que, en parte, se convirtieron en una especie de RBU de facto. Fíjense: incluso el Financial Times (cabecera poco sospechosa de izquierdista o radical) defendió en abril de 2020 que “políticas recientemente consideradas excéntricas como la Renta Básica... tenían que ser consideradas seriamente”.
Hagamos un salto: en Cataluña disponemos de la Renta Garantizada de Ciudadanía desde septiembre de 2017, mientras que en el Estado la pandemia urgió a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020. Estos dos programas, como la mayoría de prestaciones mínimas o políticas de renta condicionada, arrastran una infinidad de problemas técnicos y dilemas éticos que ni la experiencia catalana ni la española han sido capaces de superar. El panorama es desolador. Sólo tres cifras para ilustrarlo:
1) La tasa de no solicitudes del conjunto de prestaciones mínimas de la Unión Europea es de entre el 40 y el 60%. Es decir, a pesar de cumplir los requisitos, cerca de la mitad de las personas no solicitan estas prestaciones. Dudo que eso se deba a que los potenciales beneficiarios decidan de “manera racional” no solicitarlas y creo más bien que existen graves problemas de funcionamiento administrativo y de falta de información por parte de las autoridades competentes.
2) En el conjunto del Estado solamente un 9,15% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza reciben algún tipo de renta mínima, el 12,3% en Cataluña.
3) La probabilidad de que una persona desempleada esté recibiendo una renta mínima del Estado es de un 1,15%, mientras que en 2011 era del 2,2% (¡una reducción del 50% durante los peores años de crisis económica!) Hagamos otro salto y hablemos propiamente de los experimentos o pruebas piloto de Renta Básica (hablaré de experimentos o piloto indistintamente).
Ya sea por el impacto de la crisis de 2008, por los estragos de la COVID-19, o por ambas crisis, cada vez más gobiernos se dan cuenta de que sus tradicionales programas de rentas mínimas o de prestaciones condicionadas presentan déficits de funcionamiento muy preocupantes y resultados muy escasos que, en conjunto, hacen que sus mecanismos de protección social no puedan responder de manera adecuada a las nuevas formas de pobreza y de exclusión que el siglo XXI plantea. Por este motivo, muchos de estos gobiernos, así como muchas instituciones regionales e internacionales, están priorizando la lógica de la “política basada en la evidencia” con el objetivo de poner a prueba la viabilidad de soluciones innovadoras que sean más eficientes y eficaces. Es aquí donde entra el creciente interés por la RBU en general y por experimentar con esta política en particular. Sólo algunos ejemplos de programas piloto de RBU o cuasi-RBU: Namibia, Kenia, Uganda, Irán, India, Macau, Corea del Sur, Brasil, Barcelona, los Países Bajos, Canadá, EEUU, Alemania, Francia, Gales, Escocia y ahora Cataluña. Debido justamente a la popularidad de estos programas experimentales, desde hace algún tiempo crece un cierto escepticismo dentro del ámbito académico y político, donde está surgiendo el debate sobre la conveniencia de seguir realizando este tipo de pruebas.
La pregunta del millón aquí es: ¿No hemos acumulado ya suficiente evidencia empírica como para demostrar que la RBU comporta resultados positivos? O más aún: si nuestro objetivo es implementar la RBU, ¿es realmente necesario seguir haciendo pruebas con ella? Intentaré responder a estas preguntas. Y lo haré esbozando los tres motivos por los cuales creo que no es necesario seguir experimentando con la RBU. Por paradójico que pueda parecer, lo que busco con ello es llamar la atención sobre el hecho de que, quizá, aquí el error radica en la pregunta. La cuestión que creo que tendríamos que plantearnos no es si los pilotos o los experimentos son necesarios, sino, más bien, si son útiles, y, si lo son, en qué medida. Si la pregunta es si los experimentos son necesarios, la respuesta es: no, no lo son.
1. No, los experimentos no son en realidad necesarios
A continuación, me centraré en tres de las posibles razones que pueden justificar esta respuesta negativa. La primera es de tipo ético, la segunda, empírico, y la tercera, epistemológico
1.1. La ética primero, la empiria después
Antes de cualquier consideración de cualquier otro tipo, fíjense que la principal justificación para implantar la RBU es de tipo ético o moral. Dicho de otro modo, la justificación de la RBU depende de razones éticas que no hace falta que sean (ni pueden serlo) comprobadas empíricamente. Podemos estar de acuerdo con que la pobreza, igual que la esclavitud, es un fenómeno que atenta directamente contra la dignidad humana. En este caso utilizaríamos un argumento del estilo: “En una sociedad afluente, es moralmente inadmisible que algunas personas no dispongan del mínimo para satisfacer sus necesidades básicas”. Lo mismo con la esclavitud: “En una sociedad diversa, no es moralmente admisible que ciertas personas, por el color de su piel, vean negados sus derechos más elementales”. ¿Se imaginan ustedes que hubiésemos reclamado a Toussaint Louverture o a Martin Luther King que realizasen una prueba piloto para comprobar si el impacto de abolir la esclavitud o la segregación racional era el esperado o “el adecuado”? De ello se desprende que la justificación de la RBU, así como de la abolición de la esclavitud, no depende de que aportemos más o menos evidencia empírica, sino del hecho de que es una medida éticamente deseable, ya que podría acabar con facilidad con un problema (la pobreza) que socialmente identificamos como algo degradante para la dignidad humana. Pueden existir otras medidas capaces de responder al desafío moral que la pobreza nos plantea, pero eso no niega la deseabilidad ética de la RBU. En resumen, como dice Guy Standing, “las justificaciones fundamentales de la RBU son siempre de tipo ético”.
Pasemos ahora a ver la segunda razón por la cual los experimentos pueden no ser necesarios para avanzar hacia la RBU. Esta segunda razón hace referencia a los efectos contraproducentes o perjudiciales.
1.2. Efectos contraproducentes o perjudiciales de los experimentos.
Fíjense en la paradoja: no es que los experimentos de RBU puedan no ser necesarios, sino que como dice Malcolm Torry, incluso pueden ser contraproducentes. Pueden serlo en tres sentidos diferentes (aunque relacionados):
1) En primer lugar, pueden representar una distracción para los activistas de la RBU por el hecho de restarles tiempo o esfuerzos de sus campañas de sensibilización y de movilización de la opinión pública y de presión de sus respectivos gobiernos.
2) En segundo lugar, los experimentos pueden obstaculizar los procesos o las dinámicas políticas que, eventualmente, pueden llevar a una RBU. Teniendo en cuenta que los pilotos priorizan la lógica de la obtención de evidencia y la evaluación científica, los parámetros a través de los cuales suelen operar los procesos políticos podrían verse alterados, o incluso reemplazados, por dinámicas en las cuales los actores políticos tradicionales (partidos, sindicatos, movimientos sociales, grupos de presión...) correrían el riesgo de perder su capacidad de incidencia a favor de procesos “científicos” aparentemente neutros, adversos al conflicto y, por tanto, limitados a unos cuantos –pocos– expertos “no-políticos”.
3) En tercer y último lugar, los experimentos pueden ser incluso perjudiciales. Cuando los resultados de un piloto no son debidamente interpretados o comunicados por sus responsables o los medios de comunicación, las posibilidades de implantar una RBU pueden verse drásticamente reducidas. Éste podría haber sido el caso de los pilotos de Impuesto Negativo a la Renta en EEUU en la década de los sesenta y setenta o del plan piloto de RBU en Finlandia, donde unos resultados insignificantes en la activación laboral eclipsaron el resto de resultados más positivos y, en consecuencia, frenaron en seco la creciente popularidad de la RBU en aquel país.
Pasamos ahora a la tercera razón por la cual decimos que los experimentos no son estrictamente necesarios.
1.3. Una escasa validez epistémica
El debate sobre el estatus epistémico del conocimiento científico es tan antiguo como la ciencia misma, y los pilotos o experimentos de RBU no escapan a ello. Tal y como ha comentado el reciente premio Nobel de Economía Abhijit Banerjee y otros científicos y filósofos de la ciencia, como Nancy Carwright, la metodología de “la aleatorización controlada” en que se basa buena parte de los experimentos de RBU (es decir, aquellos pilotos que seleccionan aleatoriamente un subgrupo de población entre un universo más grande para aplicarle un tratamiento y comparar después los resultados) pueden ver debilitada su validez externa por el hecho de que sus resultados son difícilmente “generalizables” o “escalables” a otros contextos. Como alternativa, se defiende la superioridad epistémica de los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio o micro-simulaciones. El problema, aquí, radica en el hecho de que esta supuesta mayor validez interna depende de un “entorno artificial” (como ha escrito Jurgen De Wispelaere) construido por los científicos a partir de sus asunciones sobre los parámetros socioinstitucionales y las respuestas que hipotéticamente adoptasen los individuos dentro de este entorno artificial. Y eso es siempre un ejercicio complejo con fuertes limitaciones y controversias epistémicas. El problema es que la validez epistémica de los resultados experimentales (sean experimentos sociales o de laboratorio) no será nunca suficientemente robusta como para justificar por sí misma la adopción de la RBU desde un punto de vista basado estrictamente en la evidencia.
Recapitulemos: hemos visto hasta aquí que 1) la RBU no depende tanto de justificaciones empíricas como de principios normativos o morales compartidos, 2) que los experimentos pueden ser incluso contraproducentes para el avance de la RBU, y que 3) la robustez de los resultados experimentales siempre es cuestionable desde el punto de vista epistémico.
Ahora podría parecerles que básicamente estoy criticando los experimentos o pilotos de RBU. Nada más lejos de la realidad. Diferentes investigaciones sugieren que existe una cierta correlación entre aquellos países donde se ha realizado alguno de estos pilotos y el grado de conocimiento y aceptación de la población respecto a la idea de la RBU. Por lo tanto, podríamos esperar que serían estos lugares donde podría haber una mayor probabilidad de que se implantase la RBU o, al menos, donde esta propuesta estuviese más avanzada. Esta hipótesis me lleva a defender que la pregunta más adecuada que nos tendríamos que estar haciendo no es si los experimentos o pilotos son necesarios para implantar la RBU, sino si son útiles, y, en caso de serlo, en qué medida lo son.
2. Sí, los experimentos son (o pueden ser) muy útiles
Creo que existen al menos dos factores por los que podríamos creer que los experimentos son útiles a la hora de implantar o avanzar hacia una RBU. Por una parte, haría falta destacar la utilidad científica, y, por la otra, la utilidad política.
2.1. La utilidad científica de la evidencia empírica.
Desde un punto de vista estrictamente científico, los experimentos pueden ser útiles en la medida en que sus resultados sean positivos y lo suficientemente significativos como para convencer a quien no tenga una opinión formada sobre la RBU o a quien honestamente esté dispuesto a cambiar de opinión si se le muestran argumentos de peso. No obstante, a pesar de que los resultados de tipo cualitativo de la mayoría de experimentos han sido generalmente muy superiores y mucho más significativos que los efectos sobre el mercado laboral, estos últimos efectos siguen captando casi toda la atención social y mediática de los experimentos.
Esta asimetría en la percepción social de los resultados experimentales sugiere la limitada utilidad de la evidencia empírica y del razonamiento “estrictamente científico” como mecanismo principal para justificar la implantación de una RBU. Tal y como defiende Karl Widerquist, el mayor desacuerdo sobre los efectos de la RBU siempre tiene que ver más con las propias implicaciones éticas que con la naturaleza empírica o la existencia de estos mismos efectos. Digámoslo de otra manera: la evidencia que un experimento puede aportar nunca será suficiente como para convencer a alguien que se opone a la RBU por motivos éticos o normativos. Digámoslo aún de otra manera si así se prefiere: la controversia no gira tanto en torno a la existencia, la validez o la significancia estadística de los efectos de la RBU, sino en torno a la deseabilidad ética o normativa de estos mismos efectos.
Por poner un ejemplo: la cuestión no radica en si la gente que recibe la RBU trabajará 6 horas menos que la que no lo recibe, sino más bien, si nos parece correcto como sociedad que la gente trabaje menos horas. Por lo tanto, podemos concluir que: 1) los experimentos son útiles para avanzar hacia una RBU en la medida en que obtienen una cantidad significativa de evidencia, y 2) que, a pesar de ello, esta utilidad queda restringida a aquellos que razonan de manera lógica y que, por lo tanto, están dispuestos a cambiar de opinión si los argumentos que se les muestran son lo suficientemente convincentes.
El problema es que el debate social raramente se caracteriza por la argumentación pausada y sosegada. Tampoco el debate sobre los experimentos de RBU. Admitámoslo: fuera de contadas y loables excepciones, la gente no nos caracterizamos por argumentar de acuerdo con la lógica científica, sino por probar las opiniones que refuerzan nuestras intuiciones y a rechazar y menospreciar aquellas que cuestionan nuestros principios o nuestra ética. Al fin y al cabo (como defensa Sarath Davala, responsable de uno de los experimentos en la India): “Las políticas, como los experimentos sociales, siempre son juzgadas por principios éticos”.
Fíjense, en última instancia, en el hecho de la que evidencia empírica no pueda separarse de sus implicaciones éticas y políticas, lo que nos lleva a cuestionarnos la naturaleza y funcionamiento mismos de nuestras políticas sociales y de nuestros estados del bienestar. ¿Hasta qué punto el trabajo remunerado ha de ser la única vía para asegurar la existencia? ¿Hemos de estar obligados a cumplir determinados requisitos o determinadas condiciones para poder recibir asistencia social? ¿Hasta qué punto la existencia material tendría que ser un derecho incondicionalmente garantizado? ¿La incondicionalidad atenta contra el supuesto contrato de la reciprocidad social? A la luz de éstas y otras posibles preguntas, es ilusorio seguir viendo los experimentos de RBU como iniciativas puramente científicas vacías de consideraciones o implicaciones éticas. Los experimentos son proyectos científicos, de acuerdo, pero también son iniciativas de naturaleza y con utilidad política, con implicaciones que exceden, de largo, los estrictos límites de la academia y de la inmaculada y aséptica ciencia experimental.
Con esto llegamos al último punto: la utilidad política de la experimentación.
2.2. La utilidad política de la experimentación
Los experimentos, tienen que ser vistos como un componente de la estrategia política o como un instrumento de incidencia e intervención más que como una fuente de observación políticamente neutra para informar al debate académico, sin más. Descubrir y explicitar esta naturaleza política de los experimentos nos permite descubrir el segundo rol que éstos pueden jugar en la implantación o el avance de la RBU. Si el objetivo que se persigue con un piloto no es simplemente obtener evidencia empírica de manera “políticamentre neutra”, sino que éste sea útil para avanzar hacia la implementación plena de la RBU, el piloto puede ayudar a encontrar la forma para conseguirlo de manera eficiente, minimizando los riesgos y los efectos negativos que podrían aparecer a la hora de adaptar una política como ésta a un entorno institucional, económico, político y cultural determinado. Tenemos algunos ejemplos de ello:
1) El caso de la cancelación del piloto de Finlandia muestra hasta qué punto los pilotos son iniciativas políticas sujetas, por lo tanto, a problemas y amenazas “políticas”.
2) El caso de Stockton, California, ilustra cómo una RBU municipal podría convivir con otros programas condicionados de ámbito estatal o federal.
3) El caso del B-MINCOME de Barcelona sugiere como una prestación incondicional puede absorber y adaptarse dinámicamente a otras prestaciones de carácter municipal, como la ayuda para niños y menores de 0 a 16 años que existe en la ciudad.
4) Namibia muestra cómo la RBU podría funcionar como un incentivo para fomentar el objetivo político de repoblar determinadas zonas que sufran despoblación o para mitigar las tensiones político-económicas que surgen a raíz del desmedido endeudamiento de las personas sin recursos.
5) Irán muestra como el diseño de una prestación económica incondicional es altamente sensible en términos políticos, puesto que puede reforzar los roles de género y las asimetrías de poder intra-domésticas si esta prestación no es individual (sino familiar) y además se asigna al cabeza de familia (hombre).
6) Por último, Maricà, en Brasil, muestra hasta qué punto un programa experimental de renta como el de mambuca puede generar que la incondicionalidad fomente dinámicas de empoderamiento socio-político de las comunidades pobres, al punto que Bolsonaro fue incapaz de erradicar este programa por su temor a sus constituyentes-beneficiarios.
3. Conclusiones
Para finalizar, ahora sí, ya hemos visto que la superioridad ética, que los efectos contraproducentes de los experimentos, o que la poca robustez epistémica de sus resultados, cuestionan la necesidad de seguir poniendo a prueba la RBU para conseguir su implantación.
Ahora bien, también hemos visto que eso no implica que los experimentos no sean útiles, ya que, de hecho, lo son. Y mucho. Recapitulo: la evidencia empírica que un piloto puede obtener siempre será útil en términos científicos, por más que esta utilidad esté restringida a unos pocos convencidos o dispuestos a estarlo. Ahora bien, aunque esta “utilidad científica” es práctica nula para hacer frente a la oposición ética a la RBU, reconocer esta limitación nos permite, a pesar de la paradoja, descubrir la “utilidad política” de la experimentación.
Por una parte, eso nos ayuda a prevenir las amenazas o complicaciones que una eventual implantación de una RBU puede comportar en cada entorno institucional, político o económico. Y por otra, nos empuja a debatir sobre la naturaleza y el funcionamiento de nuestros estados del bienestar y de las políticas sociales.
Y eso, viendo cómo está el mundo, creo sinceramente que no es poca cosa. Muchas gracias por su atención.
¿Son realmente necesarios los planes piloto para avanzar hacia una Renta Básica?
Bru Laín
Este texto es una adaptación del artículo “Between Epistemic Necessity and Political Utility: The Role of Basic Income Experiments” publicado en la Journal of Policy Analysis and Management que el autor presentó en las Jornadas de trabajo para diseñar el Plan Piloto de Renta Básica Universal en Cataluña celebradas en el Palau Macaya de Barcelona el pasado 31 de marzo y 1 de abril.
Introducción
El interés por la Renta Básica Universal (RBU) ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lo que hasta hace poco era demonizado como una “utopía radical” se está convirtiendo en una propuesta con muchas posibilidades de ser implantada a medio plazo. La crisis de 2008 puso la propuesta encima de la mesa, pero sólo recientemente ha ganado en popularidad. A raíz de la pandemia muchos gobiernos han adoptado medidas económicas inimaginables hace unos pocos años que, de manera directa o indirecta, se han relacionado con la RBU. Según el Banco Mundial, en mayo de 2020 un total de 88 países implantaron nuevas prestaciones de carácter más o menos incondicional. Países como Argentina, Colombia, México o Brasil reforzaron sus programas de garantías de renta o crearon otros nuevos. En EEUU, el paquete de estímulos de emergencia implementado por el gobierno de Trump movilizó cerca de 3.000 millones de dólares que, en parte, se convirtieron en una especie de RBU de facto. Fíjense: incluso el Financial Times (cabecera poco sospechosa de izquierdista o radical) defendió en abril de 2020 que “políticas recientemente consideradas excéntricas como la Renta Básica... tenían que ser consideradas seriamente”.
Hagamos un salto: en Cataluña disponemos de la Renta Garantizada de Ciudadanía desde septiembre de 2017, mientras que en el Estado la pandemia urgió a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020. Estos dos programas, como la mayoría de prestaciones mínimas o políticas de renta condicionada, arrastran una infinidad de problemas técnicos y dilemas éticos que ni la experiencia catalana ni la española han sido capaces de superar. El panorama es desolador. Sólo tres cifras para ilustrarlo:
1) La tasa de no solicitudes del conjunto de prestaciones mínimas de la Unión Europea es de entre el 40 y el 60%. Es decir, a pesar de cumplir los requisitos, cerca de la mitad de las personas no solicitan estas prestaciones. Dudo que eso se deba a que los potenciales beneficiarios decidan de “manera racional” no solicitarlas y creo más bien que existen graves problemas de funcionamiento administrativo y de falta de información por parte de las autoridades competentes.
2) En el conjunto del Estado solamente un 9,15% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza reciben algún tipo de renta mínima, el 12,3% en Cataluña.
3) La probabilidad de que una persona desempleada esté recibiendo una renta mínima del Estado es de un 1,15%, mientras que en 2011 era del 2,2% (¡una reducción del 50% durante los peores años de crisis económica!) Hagamos otro salto y hablemos propiamente de los experimentos o pruebas piloto de Renta Básica (hablaré de experimentos o piloto indistintamente).
Ya sea por el impacto de la crisis de 2008, por los estragos de la COVID-19, o por ambas crisis, cada vez más gobiernos se dan cuenta de que sus tradicionales programas de rentas mínimas o de prestaciones condicionadas presentan déficits de funcionamiento muy preocupantes y resultados muy escasos que, en conjunto, hacen que sus mecanismos de protección social no puedan responder de manera adecuada a las nuevas formas de pobreza y de exclusión que el siglo XXI plantea. Por este motivo, muchos de estos gobiernos, así como muchas instituciones regionales e internacionales, están priorizando la lógica de la “política basada en la evidencia” con el objetivo de poner a prueba la viabilidad de soluciones innovadoras que sean más eficientes y eficaces. Es aquí donde entra el creciente interés por la RBU en general y por experimentar con esta política en particular. Sólo algunos ejemplos de programas piloto de RBU o cuasi-RBU: Namibia, Kenia, Uganda, Irán, India, Macau, Corea del Sur, Brasil, Barcelona, los Países Bajos, Canadá, EEUU, Alemania, Francia, Gales, Escocia y ahora Cataluña. Debido justamente a la popularidad de estos programas experimentales, desde hace algún tiempo crece un cierto escepticismo dentro del ámbito académico y político, donde está surgiendo el debate sobre la conveniencia de seguir realizando este tipo de pruebas.
La pregunta del millón aquí es: ¿No hemos acumulado ya suficiente evidencia empírica como para demostrar que la RBU comporta resultados positivos? O más aún: si nuestro objetivo es implementar la RBU, ¿es realmente necesario seguir haciendo pruebas con ella? Intentaré responder a estas preguntas. Y lo haré esbozando los tres motivos por los cuales creo que no es necesario seguir experimentando con la RBU. Por paradójico que pueda parecer, lo que busco con ello es llamar la atención sobre el hecho de que, quizá, aquí el error radica en la pregunta. La cuestión que creo que tendríamos que plantearnos no es si los pilotos o los experimentos son necesarios, sino, más bien, si son útiles, y, si lo son, en qué medida. Si la pregunta es si los experimentos son necesarios, la respuesta es: no, no lo son.
1. No, los experimentos no son en realidad necesarios
A continuación, me centraré en tres de las posibles razones que pueden justificar esta respuesta negativa. La primera es de tipo ético, la segunda, empírico, y la tercera, epistemológico
1.1. La ética primero, la empiria después
Antes de cualquier consideración de cualquier otro tipo, fíjense que la principal justificación para implantar la RBU es de tipo ético o moral. Dicho de otro modo, la justificación de la RBU depende de razones éticas que no hace falta que sean (ni pueden serlo) comprobadas empíricamente. Podemos estar de acuerdo con que la pobreza, igual que la esclavitud, es un fenómeno que atenta directamente contra la dignidad humana. En este caso utilizaríamos un argumento del estilo: “En una sociedad afluente, es moralmente inadmisible que algunas personas no dispongan del mínimo para satisfacer sus necesidades básicas”. Lo mismo con la esclavitud: “En una sociedad diversa, no es moralmente admisible que ciertas personas, por el color de su piel, vean negados sus derechos más elementales”. ¿Se imaginan ustedes que hubiésemos reclamado a Toussaint Louverture o a Martin Luther King que realizasen una prueba piloto para comprobar si el impacto de abolir la esclavitud o la segregación racional era el esperado o “el adecuado”? De ello se desprende que la justificación de la RBU, así como de la abolición de la esclavitud, no depende de que aportemos más o menos evidencia empírica, sino del hecho de que es una medida éticamente deseable, ya que podría acabar con facilidad con un problema (la pobreza) que socialmente identificamos como algo degradante para la dignidad humana. Pueden existir otras medidas capaces de responder al desafío moral que la pobreza nos plantea, pero eso no niega la deseabilidad ética de la RBU. En resumen, como dice Guy Standing, “las justificaciones fundamentales de la RBU son siempre de tipo ético”.
Pasemos ahora a ver la segunda razón por la cual los experimentos pueden no ser necesarios para avanzar hacia la RBU. Esta segunda razón hace referencia a los efectos contraproducentes o perjudiciales.
1.2. Efectos contraproducentes o perjudiciales de los experimentos.
Fíjense en la paradoja: no es que los experimentos de RBU puedan no ser necesarios, sino que como dice Malcolm Torry, incluso pueden ser contraproducentes. Pueden serlo en tres sentidos diferentes (aunque relacionados):
1) En primer lugar, pueden representar una distracción para los activistas de la RBU por el hecho de restarles tiempo o esfuerzos de sus campañas de sensibilización y de movilización de la opinión pública y de presión de sus respectivos gobiernos.
2) En segundo lugar, los experimentos pueden obstaculizar los procesos o las dinámicas políticas que, eventualmente, pueden llevar a una RBU. Teniendo en cuenta que los pilotos priorizan la lógica de la obtención de evidencia y la evaluación científica, los parámetros a través de los cuales suelen operar los procesos políticos podrían verse alterados, o incluso reemplazados, por dinámicas en las cuales los actores políticos tradicionales (partidos, sindicatos, movimientos sociales, grupos de presión...) correrían el riesgo de perder su capacidad de incidencia a favor de procesos “científicos” aparentemente neutros, adversos al conflicto y, por tanto, limitados a unos cuantos –pocos– expertos “no-políticos”.
3) En tercer y último lugar, los experimentos pueden ser incluso perjudiciales. Cuando los resultados de un piloto no son debidamente interpretados o comunicados por sus responsables o los medios de comunicación, las posibilidades de implantar una RBU pueden verse drásticamente reducidas. Éste podría haber sido el caso de los pilotos de Impuesto Negativo a la Renta en EEUU en la década de los sesenta y setenta o del plan piloto de RBU en Finlandia, donde unos resultados insignificantes en la activación laboral eclipsaron el resto de resultados más positivos y, en consecuencia, frenaron en seco la creciente popularidad de la RBU en aquel país.
Pasamos ahora a la tercera razón por la cual decimos que los experimentos no son estrictamente necesarios.
1.3. Una escasa validez epistémica
El debate sobre el estatus epistémico del conocimiento científico es tan antiguo como la ciencia misma, y los pilotos o experimentos de RBU no escapan a ello. Tal y como ha comentado el reciente premio Nobel de Economía Abhijit Banerjee y otros científicos y filósofos de la ciencia, como Nancy Carwright, la metodología de “la aleatorización controlada” en que se basa buena parte de los experimentos de RBU (es decir, aquellos pilotos que seleccionan aleatoriamente un subgrupo de población entre un universo más grande para aplicarle un tratamiento y comparar después los resultados) pueden ver debilitada su validez externa por el hecho de que sus resultados son difícilmente “generalizables” o “escalables” a otros contextos. Como alternativa, se defiende la superioridad epistémica de los resultados obtenidos en experimentos de laboratorio o micro-simulaciones. El problema, aquí, radica en el hecho de que esta supuesta mayor validez interna depende de un “entorno artificial” (como ha escrito Jurgen De Wispelaere) construido por los científicos a partir de sus asunciones sobre los parámetros socioinstitucionales y las respuestas que hipotéticamente adoptasen los individuos dentro de este entorno artificial. Y eso es siempre un ejercicio complejo con fuertes limitaciones y controversias epistémicas. El problema es que la validez epistémica de los resultados experimentales (sean experimentos sociales o de laboratorio) no será nunca suficientemente robusta como para justificar por sí misma la adopción de la RBU desde un punto de vista basado estrictamente en la evidencia.
Recapitulemos: hemos visto hasta aquí que 1) la RBU no depende tanto de justificaciones empíricas como de principios normativos o morales compartidos, 2) que los experimentos pueden ser incluso contraproducentes para el avance de la RBU, y que 3) la robustez de los resultados experimentales siempre es cuestionable desde el punto de vista epistémico.
Ahora podría parecerles que básicamente estoy criticando los experimentos o pilotos de RBU. Nada más lejos de la realidad. Diferentes investigaciones sugieren que existe una cierta correlación entre aquellos países donde se ha realizado alguno de estos pilotos y el grado de conocimiento y aceptación de la población respecto a la idea de la RBU. Por lo tanto, podríamos esperar que serían estos lugares donde podría haber una mayor probabilidad de que se implantase la RBU o, al menos, donde esta propuesta estuviese más avanzada. Esta hipótesis me lleva a defender que la pregunta más adecuada que nos tendríamos que estar haciendo no es si los experimentos o pilotos son necesarios para implantar la RBU, sino si son útiles, y, en caso de serlo, en qué medida lo son.
2. Sí, los experimentos son (o pueden ser) muy útiles
Creo que existen al menos dos factores por los que podríamos creer que los experimentos son útiles a la hora de implantar o avanzar hacia una RBU. Por una parte, haría falta destacar la utilidad científica, y, por la otra, la utilidad política.
2.1. La utilidad científica de la evidencia empírica.
Desde un punto de vista estrictamente científico, los experimentos pueden ser útiles en la medida en que sus resultados sean positivos y lo suficientemente significativos como para convencer a quien no tenga una opinión formada sobre la RBU o a quien honestamente esté dispuesto a cambiar de opinión si se le muestran argumentos de peso. No obstante, a pesar de que los resultados de tipo cualitativo de la mayoría de experimentos han sido generalmente muy superiores y mucho más significativos que los efectos sobre el mercado laboral, estos últimos efectos siguen captando casi toda la atención social y mediática de los experimentos.
Esta asimetría en la percepción social de los resultados experimentales sugiere la limitada utilidad de la evidencia empírica y del razonamiento “estrictamente científico” como mecanismo principal para justificar la implantación de una RBU. Tal y como defiende Karl Widerquist, el mayor desacuerdo sobre los efectos de la RBU siempre tiene que ver más con las propias implicaciones éticas que con la naturaleza empírica o la existencia de estos mismos efectos. Digámoslo de otra manera: la evidencia que un experimento puede aportar nunca será suficiente como para convencer a alguien que se opone a la RBU por motivos éticos o normativos. Digámoslo aún de otra manera si así se prefiere: la controversia no gira tanto en torno a la existencia, la validez o la significancia estadística de los efectos de la RBU, sino en torno a la deseabilidad ética o normativa de estos mismos efectos.
Por poner un ejemplo: la cuestión no radica en si la gente que recibe la RBU trabajará 6 horas menos que la que no lo recibe, sino más bien, si nos parece correcto como sociedad que la gente trabaje menos horas. Por lo tanto, podemos concluir que: 1) los experimentos son útiles para avanzar hacia una RBU en la medida en que obtienen una cantidad significativa de evidencia, y 2) que, a pesar de ello, esta utilidad queda restringida a aquellos que razonan de manera lógica y que, por lo tanto, están dispuestos a cambiar de opinión si los argumentos que se les muestran son lo suficientemente convincentes.
El problema es que el debate social raramente se caracteriza por la argumentación pausada y sosegada. Tampoco el debate sobre los experimentos de RBU. Admitámoslo: fuera de contadas y loables excepciones, la gente no nos caracterizamos por argumentar de acuerdo con la lógica científica, sino por probar las opiniones que refuerzan nuestras intuiciones y a rechazar y menospreciar aquellas que cuestionan nuestros principios o nuestra ética. Al fin y al cabo (como defensa Sarath Davala, responsable de uno de los experimentos en la India): “Las políticas, como los experimentos sociales, siempre son juzgadas por principios éticos”.
Fíjense, en última instancia, en el hecho de la que evidencia empírica no pueda separarse de sus implicaciones éticas y políticas, lo que nos lleva a cuestionarnos la naturaleza y funcionamiento mismos de nuestras políticas sociales y de nuestros estados del bienestar. ¿Hasta qué punto el trabajo remunerado ha de ser la única vía para asegurar la existencia? ¿Hemos de estar obligados a cumplir determinados requisitos o determinadas condiciones para poder recibir asistencia social? ¿Hasta qué punto la existencia material tendría que ser un derecho incondicionalmente garantizado? ¿La incondicionalidad atenta contra el supuesto contrato de la reciprocidad social? A la luz de éstas y otras posibles preguntas, es ilusorio seguir viendo los experimentos de RBU como iniciativas puramente científicas vacías de consideraciones o implicaciones éticas. Los experimentos son proyectos científicos, de acuerdo, pero también son iniciativas de naturaleza y con utilidad política, con implicaciones que exceden, de largo, los estrictos límites de la academia y de la inmaculada y aséptica ciencia experimental.
Con esto llegamos al último punto: la utilidad política de la experimentación.
2.2. La utilidad política de la experimentación
Los experimentos, tienen que ser vistos como un componente de la estrategia política o como un instrumento de incidencia e intervención más que como una fuente de observación políticamente neutra para informar al debate académico, sin más. Descubrir y explicitar esta naturaleza política de los experimentos nos permite descubrir el segundo rol que éstos pueden jugar en la implantación o el avance de la RBU. Si el objetivo que se persigue con un piloto no es simplemente obtener evidencia empírica de manera “políticamentre neutra”, sino que éste sea útil para avanzar hacia la implementación plena de la RBU, el piloto puede ayudar a encontrar la forma para conseguirlo de manera eficiente, minimizando los riesgos y los efectos negativos que podrían aparecer a la hora de adaptar una política como ésta a un entorno institucional, económico, político y cultural determinado. Tenemos algunos ejemplos de ello:
1) El caso de la cancelación del piloto de Finlandia muestra hasta qué punto los pilotos son iniciativas políticas sujetas, por lo tanto, a problemas y amenazas “políticas”.
2) El caso de Stockton, California, ilustra cómo una RBU municipal podría convivir con otros programas condicionados de ámbito estatal o federal.
3) El caso del B-MINCOME de Barcelona sugiere como una prestación incondicional puede absorber y adaptarse dinámicamente a otras prestaciones de carácter municipal, como la ayuda para niños y menores de 0 a 16 años que existe en la ciudad.
4) Namibia muestra cómo la RBU podría funcionar como un incentivo para fomentar el objetivo político de repoblar determinadas zonas que sufran despoblación o para mitigar las tensiones político-económicas que surgen a raíz del desmedido endeudamiento de las personas sin recursos.
5) Irán muestra como el diseño de una prestación económica incondicional es altamente sensible en términos políticos, puesto que puede reforzar los roles de género y las asimetrías de poder intra-domésticas si esta prestación no es individual (sino familiar) y además se asigna al cabeza de familia (hombre).
6) Por último, Maricà, en Brasil, muestra hasta qué punto un programa experimental de renta como el de mambuca puede generar que la incondicionalidad fomente dinámicas de empoderamiento socio-político de las comunidades pobres, al punto que Bolsonaro fue incapaz de erradicar este programa por su temor a sus constituyentes-beneficiarios.
3. Conclusiones
Para finalizar, ahora sí, ya hemos visto que la superioridad ética, que los efectos contraproducentes de los experimentos, o que la poca robustez epistémica de sus resultados, cuestionan la necesidad de seguir poniendo a prueba la RBU para conseguir su implantación.
Ahora bien, también hemos visto que eso no implica que los experimentos no sean útiles, ya que, de hecho, lo son. Y mucho. Recapitulo: la evidencia empírica que un piloto puede obtener siempre será útil en términos científicos, por más que esta utilidad esté restringida a unos pocos convencidos o dispuestos a estarlo. Ahora bien, aunque esta “utilidad científica” es práctica nula para hacer frente a la oposición ética a la RBU, reconocer esta limitación nos permite, a pesar de la paradoja, descubrir la “utilidad política” de la experimentación.
Por una parte, eso nos ayuda a prevenir las amenazas o complicaciones que una eventual implantación de una RBU puede comportar en cada entorno institucional, político o económico. Y por otra, nos empuja a debatir sobre la naturaleza y el funcionamiento de nuestros estados del bienestar y de las políticas sociales.
Y eso, viendo cómo está el mundo, creo sinceramente que no es poca cosa. Muchas gracias por su atención.
Profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona, miembro de la Red Renta Básica, del comité de redacción de la revista Sin Permiso y asesor de la Oficina del Plan Piloto de Renta Básica Universal de Cataluña.
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