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Argentina: El reflejo electoral de una crisis política. Dossier

Lara Goyburu

Rolando Astarita

Favián Kovacic 

Crónica de una derrota no anunciada

Lara Goyburu

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota electoral en las elecciones primarias, que funcionaron en la práctica como un simulacro de las elecciones de mitad de término que se llevarán adelante el próximo 14 de noviembre, a manos de la centroderecha aglutinada en Juntos por el Cambio.

Las elecciones argentinas del 12 de septiembre fueron Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que toda la ciudadanía es convocada a elegir la conformación de las listas de las fuerzas políticas que aspiren a presentar candidaturas para competir en las elecciones generales, en este caso las elecciones legislativas intermedias del 14 de noviembre. Estas, como ya ha mostrado suficientemente la ciencia política local, contribuyen a ordenar y concentrar la oferta electoral habilitando la competencia interna en aquellos espacios que la tengan, así como obligar a todas las fuerzas aspirantes a presentar candidaturas en las elecciones generales a superar el 1,5% del padrón electoral para poder hacerlo. Pero para quienes votan, y para quienes se postulan, es una especie de primera vuelta, por lo que los resultados se leen como los de una elección común y silvestre. Y, en este caso, lo que se puede leer es una tan imprevista como contundente derrota del peronismo en el poder a manos de la centroderecha que tiene al ex-presidente Mauricio Macri como referente y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como presidenciable para 2023.

Si estas hubieran sido las elecciones generales, el bloque opositor de Juntos por el Cambio alcanzaría la primera minoría en la Cámara de Diputados, y el oficialista Frente de Todos (peronismo) perdería la mayoría propia en la Cámara de Senadores. De cara a la próxima presentación del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer frente al Congreso en los próximos días, y a las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos resultados si serían una catástrofe.

Pero son las PASO, y de acá a noviembre -cuando se desarrollará la elección en la que efectivamente quedará conformado el Congreso Nacional que acompañará a la gestión presidencial de los próximos dos años- el gobierno nacional tiene la oportunidad de, si no revertir el resultado, lo cual parece muy difícil, mejorar su performance de modo de aminorar el fuerte golpe recibido. Por lo pronto, los resultados del domingo fueron un baño de agua fría que el oficialismo no esperaba. La oposición de centro derecha ganó la estratégica Provincia de Buenos Aires, territorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que todo el peronismo fue unido, y en la mayoría de las provincias, incluso las de hegemonía peronista.

El voto económico

La situación económica en la Argentina no mejora. No obstante, el oficialismo se esforzó en mostrar datos que mostraban una recuperación de la economía, que a sus graves problemas de arrastre sumó los efectos de la pandemia.

Con un gobierno nacional que puso su mayor esfuerzo en el avance de la campaña de vacunación en los últimos meses, llegando a vacunar al 40% de la población con las dos dosis, el gobierno fue flexibilizando las medidas de restricción que caracterizaron los primeros 15 meses de pandemia y así la actividad económica en junio demostró un repunte de 2,5% mensual. Sin embargo, hace tiempo que, desde varios sectores, propios y ajenos, se le advertía al oficialismo nacional la necesidad de tomar nota (y actuar en consecuencia) de la no recuperación o incluso empeoramiento de variables económicas que hacen al día a día de la vida de las personas, de la no traducción de esta recuperación de las variables macro en la vida cotidiana de, especialmente, los sectores más bajos de la población. Todo lo cual puede verse en la caída del salario real.

Las tasas de pobreza e indigencia, aun con las políticas de transferencias monetarias de 2020, se mantienen actualmente en torno de 42% y 10,5% respectivamente. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%. En este contexto, el trabajo registrado no logra recuperarse al ritmo de la recuperación de los niveles de actividad, y la presión sobre el salario que ejerce la inflación es cada vez más alta. A su vez, el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad alcanzable no ya para los sectores bajos de la población, sino para la clase media trabajadora. Justo ese, el voto que inclina balanzas para cualquier lado de la «grieta» que divide a la sociedad argentina. Con un mercado inmobiliario valuado en dólares en la Argentina, la falta de acceso al crédito y políticas publicas oficiales insuficientes para satisfacer la demanda habitacional esto se manifiesta hoy con toda crudeza.

Por supuesto, estos no son problemas nuevos; la pandemia puso de relieve problemas estructurales que las recetas coyunturales de ninguno de los últimos gobiernos, ni progresistas ni conservadores, han podido resolver. La demanda por trabajo registrado, salarios suficientes, acceso a la vivienda, y las propuestas claras del cómo, cuánto y para quién, con recursos extraídos de dónde fueron temas que sobrevolaron la campaña con señalamientos desde la oposición y sin que el oficialismo diera respuestas concretas más allá de propuestas de futuro que no satisficieron, a decir de las urnas, las demandas del presente. El avance en las agendas del siglo XXI, vinculadas al acceso a derechos y diseños de políticas para la promoción de industrias que atraen divisas, pero no generan trabajo en el corto plazo ni para grandes porciones de la población, se topó con una Argentina heterogénea que aun arrastra problemas del siglo XX.

Mientras la política de vacunación avanza, la oposición capturó más rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico, aprovechando además electoralmente los errores autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.

Participación, coaliciones y terceras fuerzas

Según datos de la Cámara Nacional Electoral la participación electoral rondaría el 68%, y si bien es cierto que es la participación más baja desde la implementación de las PASO, no es un porcentaje menor en un escenario de pandemia y descontento social. Acá no hay crisis de representación.

A este dato que puede ser leído como positivo, se suma que alrededor del 70% del voto a nivel nacional se concentró en las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario político nacional: Juntos por el Cambio (que incluye, entre otras fuerzas, al macrismo y a la Unión Cívica Radical) y el Frente de Todos (una coalición panperonista). El bicoalicionismo es ya una realidad presente en la Argentina para el votante promedio, las PASO incentivan su supervivencia y esto implica mayores incentivos para los actores políticos para no romper con sus aliados.

Sin embargo, esta lectura seria miope si no se da cuenta de dos fenómenos que, si bien territorializados, llaman la atención en el escenario local. El experimento de la alt-right criolla, personificado en la candidatura de Javier Milei por la fuerza La Libertad Avanza recogió 14% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso libertario de derecha, este excéntrico economista atrajo el voto joven y capturó el descontento de porciones de la población metropolitana vinculado a la presión del Estado sobre la actividad privada, e incluso canalizó las frustraciones de posiciones de los sectores más bajos de la población que interpretan que la ayuda del Estado no compensa la realidad que viven, y logró construir un ethos local que se tradujo en votos. Fue, no obstante, un fenómeno limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, trotskista), prácticamente la única izquierda fuera del Frente de Todos, mejoró sus guarismos electorales. En los dos grandes distritos, Ciudad y provincia de Buenos Aires obtuvo el 6,23% y 5,1% de los votos respectivamente, así como alcanzó a convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Jujuy (en el norte argentino fronterizo con Bolivia) con 23% de los votos.

Para evitar una merma de votos por derecha como en 2019, Juntos por el Cambio abrazó a gran parte de la derecha metropolitana en la candidatura de López Murphy, y otros candidatos con discursos más radicales, que hoy juegan por dentro de la coalición.

Finalmente, el gran ganador del que pocos hablan es el centenario partido al que se ha dado por muerto varias veces, pero sigue ahí resucitando. Los resultados en el nivel local de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio- dan cuenta de que el partido que lideró la transición democrática con Raúl Alfonsín y en estos años giró a lacentroderecha fue, es y seguirá siendo un socio necesario para cualquier coalición que busque disputar poder al pan peronismo nacional. La candidatura del neurólogo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo resultados, especialmente en el interior provincial, que muestran a las claras que, aunque el partido no logre hace ya décadas impulsar un liderazgo nacional aglutinante, si tienen estructuras locales vitales que se muestran útiles a la hora de las elecciones.

Lo que se viene

Restan exactamente dos meses de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El oficialismo nacional no tiene demasiado tiempo ni márgenes para recuperarse de esta derrota. En un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la estabilización de las variables macro se vuelven un imperativo, la posibilidad de mejora de las variables micro vía trasferencias monetarias tiene límites muy estrechos.

Los desafíos son muchos para el gobierno, y con la derrota vuelven a emerger las pujas internas entre «albertistas» y «cristinistas», que se tradujeron en frases públicas de la vicepresidenta sobre los «funcionarios que no funcionan», pujas dentro del espacio oficialista sobre las políticas de seguridad, y sectores del kirchnerismo desanimados con un gobierno al que consideran demasiado «centrista».

Hoy cambiar a las autoridades económicas -que son parte del «albertismo»- se complica ya que se encuentra en proceso la negociación con organismos internacionales de crédito que son claves para la recuperación económica.

Qué puede pasar en los próximos días es tarea de adivinadores, y no de politólogos ni politólogas, que, a las postres, tampoco avizoramos semejante derrota del oficialismo.

Para Juntos por el Cambio, por su parte, el desafío está en retener los votos obtenidos, evitar el crecimiento de una derecha externa que no avizora intenciones de dialogar futuro, y lograr capturar el mayor porcentaje de ese alrededor del 30% del padrón que no se presentó a votar en estas PASO.

Finalmente, para la Argentina, y más allá de los resultados del último domingo y de los del 14 de noviembre, resta poner sobre la mesa una discusión que es esquiva pero necesaria: la estabilización de las variables macro y micro de la economía sin costos sociales mayores a los que actualmente existen llevan mucho más tiempo que los dos años que las reglas actuales imponen entre elección y elección, sometiendo al sistema político nacional a un estrés que se presenta como impedimento para los acuerdos sectoriales de largo plazo necesarios para dar respuesta a los problemas estructurales que la pandemia desnudo con toda su crudeza.

Una reflexión sobre la crisis política

Rolando Astarita

A pocas horas de la derrota electoral del oficialismo se ha desatado una profunda crisis política. La vicepresidente presiona al Gobierno mediante la renuncia de los ministros y altos funcionarios alineados con ella. Y Alberto Fernández busca apoyo en gobernadores, intendentes, la CGT y los movimientos sociales oficialistas. Al momento de escribir estas líneas la crisis sigue abierta, y es imposible prever su evolución. Pero sí es necesario bucear en las raíces últimas del conflicto.

En este respecto, desde la izquierda se ha adelantado un análisis que, sintéticamente, dice: a) el trasfondo de la crisis política es la derrota electoral; b) todas las partes en conflicto defienden, en esencia, la misma política económica, caracterizada por la subordinación al FMI; c) por lo tanto, aquí está en juego una discusión por cuotas de poder. No habría otro contenido. En particular, se subraya que el sector pro – K no representa ninguna propuesta progresista o nacionalista.

Se trata de la misma caracterización que sostenía la mayoría de la izquierda en la elección de 2019: “todos [Juntos por el Cambio, Frente de Todos] son agentes del FMI” (para una crítica, véase aquí). Pasados dos años se sigue con lo mismo: “son todos iguales”. Por lo tanto la crisis se debe solo a una lucha por el poder.

Simplista y reductiva

Pues bien, considero que la anterior caracterización de la situación de la clase dominante es simplista y reductiva. En la nota de 2019 decía: “… las fuerzas burguesas, o pequeñoburguesas, expresan intereses distintos, y tienen orientaciones distintas. No se pueden pasar por alto estas diferencias”. Por ejemplo, en la coalición oficialista están desde maoístas y PC, hasta burócratas y funcionarios de la tradicional derecha peronista. Es imposible que semejante sopa heterogénea tenga coincidencias de fondo en políticas y programa económico. Entre otras, existen diferencias en torno a cuánta intervención estatal (controles de precios, estatizaciones) en la economía; sobre si proteccionismo o apertura de la economía; sobre la relación entre exportaciones y mercado interno; sobre si financiar el déficit fiscal con más emisión monetaria o tomando más deuda; y sobre la cuantía de subsidios y planes. Los alineados con el pensamiento K pugnan por imponer una orientación más estatista y nacionalista, y los que se agrupan en torno a Alberto Fernández resisten esa presión. Y para el capital estas posiciones no dan igual. De ahí la euforia con las acciones y bonos argentinos cuando llegan noticias del retroceso del kirchnerismo; y la reacción opuesta cuando ven que avanza. Esto no se puede explicar diciendo “son todos iguales” y al capital (o al FMI) le da lo mismo quién gane.

Por lo tanto, es infantil negar que existen diferencias. Y estas se profundizaron a partir del resultado electoral. Por eso, algunos dirigentes dicen que la pérdida de votos del Frente de Todos se debe a que el gobierno no fue lo suficientemente “nacional y popular” (el argumento es contrafáctico; pero algunos también muestran el crecimiento de la izquierda). Y otros sostienen que la pérdida se debió a que la economía está muy mal, y es necesario avanzar hacia “los equilibrios macroeconómicos” (y muestran el crecimiento electoral de la “derecha pro-mercado ortodoxa”). Y entre estas posturas polares encontramos una variedad de posiciones. Es cierto entonces que todos dicen querer arreglar con el FMI, pero eso no agota las cuestiones en disputa. Con el agregado de que, por fuera de las negociaciones con el Fondo subyace la presión del capital que, de conjunto, exige lo mismo que el FMI –la “flexibilización” laboral en primer lugar- para volver a invertir.

La fractura es real

Por lo tanto, la fractura es real porque las diferencias son reales. Repetimos, no existe una clase dominante homogénea. En su seno hay tensiones y diferencias que se corresponden a posiciones de clase distintas, y tienen sus correspondientes expresiones políticas. Incluidas, cómo no, las expresiones “radicales” del estatismo y nacionalismo pequeñoburgués –aunque a veces se auto consideren “marxistas”. Las brutales peleas por el poder, como ocurre hoy en Argentina, enraízan en intereses, orientaciones y programas de clases y fracciones de clases distintas y hasta opuestas.

Por último, ¿significa lo anterior que los marxistas debemos considerar más progresista a la fracción nacional-estatista? No, en absoluto. El programa nacional-estatista burgués, o pequeñoburgués, no tiene nada de progresivo para la clase obrera. El progresismo nacionalista burgués no tiene manera de responder a la huelga de inversiones, al movimiento globalizado de los capitales y a la presión que ponen sobre las políticas de los gobiernos. Por eso también en la actual coyuntura –entre otros elementos, quietud y desorientación de la clase obrera ocupada- no existe posibilidad alguna de que haya una salida progresiva, para los explotados y oprimidos, de la crisis en curso. Reconocer que existen diferencias en la clase dominante no es sinónimo de apoyar a alguna corriente burguesa contra la otra.

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La crisis en el gobierno argentino tras las PASO

Fabián Kovacic

Mientras la vicepresidenta se distancia de la conducción económica presidencial, el macrismo de Horacio Rodríguez Larreta celebra un resonante triunfo y la ultraderecha se prepara para entrar al Congreso en noviembre.

La decisión del ministro del Interior de Argentina, Eduardo de Pedro, de poner a disposición su cargo ante el presidente, Alberto Fernández, por la derrota electoral del domingo desató la crisis en la coalición oficialista. Lo siguieron los ministros de Ambiente, Juan Cabandié; Cultura, Tristán Bauer, y Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, los tres más cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández. A ellos se sumó media docena de funcionarios de segunda y tercera línea también del ala dura que responde a Cristina Fernández. «Esto es una masacre insólita y ridícula, porque todos tenemos buenos números de gestión para mostrar en plena pandemia», confió a Brecha un ministro cercano a Alberto Fernández.

El miércoles estalló la crisis e inmediatamente quedaron expuestos los protagonistas de la puja. El sector liderado por Cristina Fernández protesta por la estrategia electoral que le hizo perder votos en provincias donde la imagen pública de la vicepresidenta es mayor que la del propio gobernador. Este jueves, Cristina publicó una explosiva carta donde acusa al presidente y su entorno de no escuchar sus propuestas y críticas a «una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, iba a tener consecuencias electorales». «No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación», remata. La tremenda derrota del domingo, de repetirse con los mismos números en las elecciones legislativas de noviembre, dejaría al peronismo, por primera vez desde 1983, sin mayoría propia en el Senado –la cámara presidida por la vice–, un espacio clave no solo para el tratamiento de leyes, sino también para el vínculo con los gobernadores peronistas.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, líder del Frente Renovador y potencial presidenciable en 2023, reunió esta semana a su sector para analizar la situación y dar un tibio apoyo al presidente. Mientras tanto, los ministros fieles a Alberto Fernández analizaron la situación en la Casa Rosada, ratificaron su permanencia en el gabinete y sumaron el apoyo de la Confederación General del Trabajo, los gobernadores peronistas y algunos movimientos sociales, como el Movimiento Evita, de arraigada inserción territorial en el Gran Buenos Aires y media docena de provincias donde el gobierno sufrió la derrota el domingo.

Cristina Fernández tiene su principal apoyo en su partido, Unidad Ciudadana, y en la organización La Cámpora, liderada por su hijo Máximo Kirchner, cabeza del bloque de Diputados del frente oficialista y con influencia directa en la gobernación de Buenos Aires, gestionada por el exministro de Cristina Fernández, Axel Kicillof. El reclamo de este sector apunta directamente a lo que entiende como una gestión deficiente del presidente y dos de sus colaboradores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La propia vicepresidenta llamó a Guzmán en la tarde del miércoles para aclararle que ella jamás pidió su renuncia. Para Guzmán fue un día D: no solo estuvo a punto de salir del elenco oficial, sino que ese mismo día presentó el proyecto de la ley de presupuesto 2022 con las proyecciones económicas y los ajustes planteados para saldar la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los voceros de Guzmán y Kulfas confirmaron a Brecha que los ministros siguen, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Para contrarrestar la derrota del domingo, el presidente estudia tres medidas concretas: un aumento del 10 por ciento para todos los salarios, un incremento del 11 por ciento para los bonos de los jubilados y los pensionados, y modificaciones impositivas a favor de la clase media, golpeada por la inflación en medio de la pandemia. Lo cierto, al cierre de esta edición, es que la interna oficial así expuesta quiebra, quizá de forma definitiva, una alianza de 19 partidos que llegaron para frenar la debacle liberal causada por cuatro años de macrismo.

Los políticos antipolíticos

Antes de las elecciones, Javier Milei reconoció que fue asesor del exgobernador de Tucumán impuesto por la dictadura, el exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad Antonio Bussi, cuando este fue diputado, en los años noventa. Además, llevó como segunda en su lista a la abogada Victoria Villaruel, defensora de militares con prontuarios similares al de Bussi. No en vano, en su plataforma electoral apuntan a terminar con los juicios por delitos de lesa humanidad en el país. Por otra parte, a pesar de su prédica antiestatista, el carismático economista trabaja actualmente para el grupo empresarial de Eduardo Eurnekian, el cuarto mayor contratista del Estado argentino, beneficiado por diversos subsidios y concesiones públicas.

Nada de eso impidió que el ícono mediático, hasta hace poco outsider del mundillo político, cosechara algo más del 13 por ciento en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo en la capital argentina, donde fue la tercera fuerza, mientras que su socio en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se quedó con algo más de 4 puntos porcentuales y mejoró su performance como precandidato presidencial en 2019. «Milei representa la reacción de los votantes que vieron en el primer Macri el ideario de la antipolítica. Para 2015, cuando llegó a la presidencia, Macri había perdido ese discurso y negoció con el mundo político para poder gestionar», señala a Brecha el consultor Raúl Aragón. «Son experiencias que generalmente no duran mucho en el firmamento político, pero pueden producir cimbronazos en el sistema» y torcer el rumbo de la discusión pública, remata. Lo cierto es que, de repetir los números del domingo en las parlamentarias de noviembre, tanto Milei como Espert se asegurarían una banca en Diputados.

Con su típico discurso antipolítico y verborrágicamente desaforado, tras conocerse los resultados el líder de Avanza Libertad señaló en LN+ al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como «el gran perdedor en la ciudad», por el crecimiento, a sus expensas, de la nueva fuerza derechista. Lo cierto es que Rodríguez Larreta fue el ideólogo del victorioso enroque de la campaña macrista entre María Eugenia Vidal y Diego Santilli. La exgobernadora pasó de ser candidata en la provincia de Buenos Aires a postularse por la capital, donde finalmente se quedó con el 48 por ciento de los votos. Santilli, que fue de la capital a la provincia, logró triunfar en la interna partidaria sobre el neurólogo Facundo Manes y, sumando los votos de ambos, superó al peronismo. A nivel nacional, Juntos por el Cambio (J×C) logró el 40 por ciento de los votos, frente al 31 por ciento del Frente de Todos, mientras que la tercera fuerza fue la izquierda trotskista, que consiguió el 6 por ciento y en la provincia de Buenos Aires superó a Espert.

Deuda oficial

«Con la macroeconomía ordenada no se ganan elecciones» fue la frase repetida en la Casa Rosada el lunes, tras la derrota. El gobierno busca entender por qué su renegociación de la deuda externa con los privados y el FMI, su estabilización de las cuentas generales y sus anunciados proyectos de obras públicas no alcanzaron a la hora de seducir al votante. Por eso el gobierno piensa anunciar con cierta urgencia el paquete de medidas económicas en alivio de las clases medias de cara a noviembre.

Si la derrota del Frente de Todos en seis de las ocho provincias que elegirán senadores en noviembre se repitiera con números similares a los del domingo, el peronismo perdería dos senadores y pasaría a tener 35 bancas. El nuevo Senado podría albergar 31 asientos para J×C y seis para los partidos provinciales, poniendo en aprietos el cuórum peronista. Algo similar ocurriría en Diputados, donde el peronismo pasaría de 120 a 116 legisladores, mientras que J×C crecería de 114 a 116. Las dos bancas de diferencia se las llevarían la buena elección de Espert en Buenos Aires y la de Milei en la capital.

Pero en noviembre habrá que ver hacia dónde se vuelca el 6 por ciento de los votos que suman los partidos que en las PASO no alcanzaron el piso requerido del 1,5 por ciento, si se modificará el 6 por ciento de los votos en blanco y anulados, y si el 33 por ciento de los empadronados que no concurrieron al cuarto oscuro esta vez lo hará. «Escuchamos el mensaje de la sociedad y mañana nos pondremos a trabajar para revertir este resultado», dijo Alberto Fernández sobre la medianoche del domingo, en un escenario originalmente montado para festejar un triunfo.

https://brecha.com.uy/

Lara Goyburu 

 

licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesora en ambas casas de estudio. Es integrante de la Red de Politólogas.

Rolando Astarita 

 

Profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires.

Favián Kovacic 

 

Corresponsal de Brecha en Buenos Aires. Estudió periodismo en TEA donde dicta clases desde 2009. Es docente en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA desde 1999 y Editor en la agencia de noticias de esa carrera.