La justicia y el gobierno reconocen como propietarios de la tierra ocupada a una sociedad que no puede demostrar la titularidad de los terrenos. El desalojo sigue firme, atrapado en la reivindicación de la defensa de la propiedad privada que nadie puede demostrar.
“Que es malo moralmente y ruin; en especial, que comete delitos”, es la definición que proporciona el diccionario para la palabra Bellaco.
Bellaco S.A. es la empresa que reclama como propios los terrenos de Guernica, en el municipio de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires. No pudo aportar en el proceso judicial el título de propiedad que alega tener sobre dicha porción de tierra bonaerense.
Poco importó eso al Juez, poco le importa a la intendenta municipal, poco le importa al gobierno provincial. El desalojo que se ordenó, desnuda la hipocresía sobre la que se asienta la tan defendida y alegada “propiedad privada”.
Los Bellacos
El Bellaco S.A. fue constituida el 10 de mayo de 1983. A lo largo de su historia, ha tenido una gran cantidad de socios y accionistas, aunque en la actualidad, su representación legal se encuentra compuesta por Gervasio Pérez Pesado, como presidente de la compañía y por José Alfredo Pizone como vice.
Directores de la firma resultan ser Diego Guillermo Aidenbaum, Tomas Francisco Pizone y Jorge Daniel Szuster.
De hecho, fue Gervasio Pérez Pesado, en representación de El Bellaco S.A., una de los cuatro denunciantes de la ocupación del terrreno lindero al country San Cirano, allí donde la empresa alegó estar realizando un negocio inmobiliario.
Llamativamente, El Bellaco S.A. no pudo acreditar su titularidad del terreno por carecer de una escritura traslativa de dominio. Quien suplantó su incapacidad jurídica fue el municipio de Presidente Perón.
“En informe del ingeniero agrimensor de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Presidente Perón (fs. 1095/1190), adjunta constancias de estado parcelario, planos catastrales e informe municipal de titularidad de “EL BELLACO S.A.” señala la resolución dictada por la Cámara Penal de La Plata a través de los jueces Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu.
En efecto, el pedido al municipio se produjo porque los titulares de la “propiedad privada”, apenas contaban con un boleto de compraventa pasado ante escribano por el cual en el año 1983 el Sr. Ricardo Alberto Calderwood había adquirido el citado inmueble, en comisión para la por aquel entonces recientemente creada empresa “El Bellaco S.A.”
Ricardo Calderwood, empresario ganadero y director de la Sociedad Rural Argentina, en definitiva, es quien tiene un boleto de compraventa con el que intenta demostrar la propiedad de un inmueble que no llegó a registrar legalmente en los últimos 37 años, que adquirió “en comisión” para una empresas que ya no dirige, a la sazón, el Bellaco S.A.
El Bellaco S.A., empresa que registra deudas ante ARBA (agencia recaudadora de impuestos de Buenos Aires) que lo llevaron a ser judicializada y que carece de movimientos en su única cuenta bancaria en el Banco Superville en los últimos 24 meses, es presentada hoy por su presidente, Gervasio Pérez Pesado, como una empresa modelo para el desarrollo de emprendimientos vinculados a countris y clubes de campo.
Ya en el 2015, don Gervasio Pérez Pesado le señalaba al medio de Francisco De Narvaez, el Cronista, que las tierras que hoy sigue reclamando como propias estaban destinadas a realizar una asociación con el Country y club San Cirano para avanzar en la urbanización de las tierras lindantes.
A pesar de carecer de título de propiedad de la tierra, instrumento pedido –por ejemplo- para acceder al ProCreAr, Pérez Pesado señalaba “Country & Club San Cirano es un megaproyecto único en su tipo por contar desde su fundación con toda la infraestructura deportiva y social de un club tradicional, al que los nuevos propietarios podrán acceder con amplias facilidades. Está pensado para gente joven y familias con la aspiración de tener una vida social y deportiva activa. Si bien el club y el barrio funcionarán de manera independiente, ambos se complementarán".
Según informaba El Cronista en aquella nota de publicidad encubierta del 27 de agosto de 2015, que la primer etapa del proyecto debería estar terminada en el 2016. La entrega de los terrenos y títulos de propiedad, argumentaban, estarían concluidas para el 2017.
También, el diseño –según argumentaban- incluían lagunas artificiales. “Las lagunas están diseñadas por la reconocida firma Fish & Lakes, y estarán provistas de un ecosistema autosustentable”, señalaba el vocero del Club San Cirano.
Nada de eso ocurrió. En febrero de 2020, con apenas unos cuantos negocios económicos cerrados con las autoridades municipales, los terrenos seguían ociosos, acumulando años de desidia, sin ser escriturados por la empresa “El Bellaco S.A.”, y en los territorios lindantes, acumulándose postales de un déficit habitacional crónico que atraviesan los sectores populares de nuestro país.
La propiedad privada
En la provincia de Buenos Aires la ocupación de terrenos ociosos comenzó a expandirse en plena cuarentena. Sin embargo, la toma de Guernica tuvo un protagonismo mediático exagerado. La postura inflexible de la intendenta municipal, Blanca Cantero, quien colaboró con los presuntos propietarios para acreditar lo que ellos no podían, motivó la vocación de las corporaciones mediáticas para poner la lente sobre sus definiciones.
El relato mediático construido comenzó a provocar tanto al gobierno provincial como al nacional, definiciones claras y concretas sobre la ocupación de tierras en la provincia de Buenos Aires.
El más desaforado vocero fue el Ministro Sergio Berni, quien ubicó la vida, la libertad y la propiedad, como los derechos fundamentales por cuya protección juró como autoridad provincial.
La necesidad del show mediático provocó un agolpamiento de funcionarios para opinar sobre la necesidad de vertebrar una fuerte defensa de la propiedad privada. El argumento culposo que señala el déficit habitacional, pero argumenta que violentar la propiedad privada no puede ser el camino para resolverla, se transformó en lenguaje asiduo de funcionarios nacionales y provinciales.
Nadie, siquiera el juez Rizzo y los integrantes de la Cámara de Apelaciones de La Plata, ni la intendenta, ni el Ministro de Seguridad de la provincia, ni el gobernador Axel Kicillof, pudieron dar cuenta de la identidad del titular registral del inmueble, lo que acreditaría la propiedad privada a defender.
“No hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo”, dijo Blanca Cantero hace apenas 48 horas a la agencia pública de noticias Télam. Además dijo que, en el marco de las usurpaciones, "hay organizaciones que se montan arriba de la necesidad de la gente".
“No hay que quedarse en la película de la lástima; el que vino a tomar sabía que estaba tomando un lugar privado, acá no hay inocentes”, concluyó la jefa comunal, quien ejerce su mandato en nombre del Frente de Todos, aunque su sinuoso trayecto político la ubicó en uno y otro lado de la supuesta grieta.
Lo único cierto es que la semana próxima se vence el plazo acordado por la Justicia para ordenar el desalojo del terreno hoy ocupado por miles de familias sin hogar. El objetivo es “restituir” los mismos a María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enriquez, Andres Ríos y a Pérez Pesado, en representación de Bellaco S.A..
Ninguno pudo acreditar la titularidad efectiva de los terrenos. Si lo hiciera, además, tendrían que lograr acreditar cómo lo adquirieron, con qué fondos, y por la falta de pago de impuestos, procesos judiciales iniciados en su contra. Nada de eso parece importar a los defensores de la propiedad privada.
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2 comentarios:
los que se rien de de rosa melano no conocen la historia
La Justicia Argentina está funcionando :
Macri todavía no está preso.
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