Un New Deal Para El S. XXI
Por Arturo Laguado Duca
Investigador Área Estado y Políticas Públicas de FLACSO Argentina
De crisis e intervenciones
La reciente intervención de la cerealera Vicentín se ha constituido en un nuevo casus belli para la oposición más recalcitrante, representada en los líderes sin tierra de Cambiemos. La desaforada reacción de esa oposición, la desvirtuación mediática de la medida y los exabruptos que la acompañaron -que se podrían sintetizar como el camino hacia Venezuela– obliteraron un tema más importante: el lugar de la intervención estatal y la producción de alimentos en un proyecto de desarrollo sostenible.
Tanta indignación olvida que la intervención estatal como impulsor del desarrollo no fue producto de un avance en el conocimiento económico, sino una decisión de líderes ante una crisis de magnitud inesperada. El crack del 1929 y la recesión mundial que trajo aparejada, es un buen ejemplo. En 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó un programa (el llamado Primer New Deal) para retomar el camino del crecimiento proponiendo, entre otras medidas: 1) la asistencia estatal masiva a desocupados e indigentes; 2) grandes inversiones en obra pública para generar empleo; 3) garantía estatal a depósitos bancarios para recuperar la confianza de los ahorristas: 4) regulación de precios e influencia del Estado sobre el mercado para incidir en el costo de los productos de consumo masivo, especialmente el de los alimentos y 5) un incentivo estatal para pymes con créditos a largo plazo y bajo interés.
Poco después, en 1936, John Maynard Keynes publicará la Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Con esta obra, las medidas que varios Estados habían tomado para superar la gran depresión producida por la crisis del 29, fueron teorizadas y articuladas en un cuerpo teórico coherente que produjo una revolución en el pensamiento económico. Revolución que legitimará la intervención del Estado en la economía para dinamizar el consumo interno a través de la creación del empleo. Hasta la consolidación de la hegemonía neoliberal en los años 80 del siglo pasado, el Estado se constituirá en el garante del desarrollo económico y social, dos procesos que, a partir de las ideas keynesianas, se verán como fuertemente interrelacionados.
En América Latina, los gobiernos nacional populares y desarrollistas, aunque con principios diferentes de justicia social, también impulsaron una gran intervención estatal, procurando un desarrollo industrial y una mejora de la calidad de vida de la población[1]. El papel que entonces se le dio a la soberanía alimentaria estuvo representado en el IAPI durante la presidencia de Perón o en el apoyo a la agroindustria de capital nacional durante el gobierno de Frondizi de la cual fue un ejemplo SASETRU, cuyo accionista principal fue Salimei, futuro ministro de economía de Onganía. El de Perón y el de Frondizi fueron dos modelos diferentes que coincidieron en el lugar destacado que debía jugar el Estado y la soberanía alimentaria en un proyecto de desarrollo viable. Exceptuando algunas lecturas ortodoxas, en la actualidad hay consenso que fue la época de oro de la industria argentina, truncada en el punto de su maduración por el golpe de Estado de 1976.
El auge del neoliberalismo instaurado durante los años 80, produjo la crisis global conocida como de las hipotecas subprime. Sin embargo, de ella no surgió un replanteamiento de las formas de valorización financiera -excepto en los gobiernos progresistas de América Latina que, por diversas razones, no pudieron construir proyectos de largo plazo- sino una camada de agresivos líderes neoliberales que pusieron en cuestión la globalización.
La crisis del Covid-19
Tuvo que sobrevenir la recesión planetaria ocasionada por pandemia del Covid-19 para que los supuestos de no intervención estatal fueran puestos en cuestión. Sorprendentemente fueron los líderes más identificados con la economía de mercado quienes primero tomaron o prometieron medidas de regulación. En esa lógica Alemania se comprometió a salvar Lufthansa a cambio de varias condiciones que incluyen el control de un porcentaje de sus acciones[2]; Italia anunció la estatización de su línea aérea de bandera; Francia prometió los mismo con varias empresas estatales[3] y, en el Reino Unido del ultra liberal Johnson, se abre paso un impuesto a las grandes fortunas[4].
Paralelamente, en toda la Unión Europea se ha relajado la disciplina fiscal -tan cara al neoliberalismo- y los Estados gastan grandes cantidades de dinero para dinamizar la economía. Otros países, como España, Italia, Suiza, Rusia, Brasil, Perú, Chile y Ecuador, también prometen un impuesto a la riqueza[5].
Es en este nuevo rol que va asumiendo el Estado en todo el mundo que se debe calibrar la importancia de la estatización de Vicentín. Es decir, para entender su significado estratégico hay que contextualizarlo en una serie de medidas que viene tomando, o promete tomar, el gobierno de Alberto Fernández con el fin de posicionar nuevamente al Estado como motor del desarrollo.
Como el New Deal en 1933, el giro copernicano que implicó la exacerbación de la crisis económica mundial ocasionado por la pandemia -muchos analistas suponen una reducción del PBI mundial superior al originado por el crack de 1929- impuso que el Estado, nuevamente, se haga cargo de la asistencia a la población desocupada o con ingresos insuficientes, proteja a las pequeñas y medianas empresas, genere empleo a través de la obra pública y controle el precio de los alimentos básicos.
A pesar de algunas similitudes entre lo ocurrido antaño y la situación actual, no se trata de repetir el modelo de hace 90 años, sino de destacar que, ante la crisis, nuevamente es el Estado quien se pone al frente de la agenda del desarrollo. En Argentina algunas de las políticas públicas tomadas en esta nueva lógica son la IFE, el ATP, el control de precios, junto a otras medidas de apoyo al ingreso ciudadano y a las empresas, ya comentados en estas columnas[6].
La intervención de Vicentín
En esta lógica de renovada centralidad del Estado en la política pública, se puede interpretar la intervención a Vicentín que, junto con el Plan San Martin[7] de urbanización de villas por 3.200 millones de dólares, en caso de concretarse, iría delineando un plan de desarrollo basado en la recuperación del empleo, la obra pública y la seguridad alimentaria, al cual habría que sumarle el apoyo a las empresas nacionales y el lugar privilegiado otorgado a la investigación científica.
En ese marco la intervención -y posterior estatización- de Vicentín, tendría múltiples connotaciones. Como punto de partida, intervenir el holding que atraviesa un concurso de acreedores por unos 1.650 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 20% le corresponden al Banco Nación en gracia a préstamos concedidos de manera irregular por el gobierno de Cambiemos -y de los que se sospecha fueron fugados-, implicaría un sano intento de castigar a los empresarios tramposos. Un paso indispensable si se quiere disciplinar al capital en aras del desarrollo nacional.
Se trata, además, de rescatar no sólo a los acreedores -siendo el Banco Nación el más importante de ellos-, sino también a los cerca de 2.600 productores que operan con la firma y los 1.500 trabajadores que operan con ella. Estos números de por sí solos ameritarían la expropiación de la empresa.
Sin embargo, es en conjunción con su papel para el desarrollo que se debe valorar la medida, dada la gran cantidad de negocios en que la empresa tiene participación[8]. La intervención de la compañía bajo el control de YPF Agro no sería una política aislada, sino que, según varios analistas, se enmarcaría en una iniciativa que incluye leyes tendientes al incremento de la producción agraria y del riego con maquinaria; incentivo a la exportación de carnes; y el fomento de la biotecnología[9].
Por otra parte, para Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, la expropiación le permitirá al Estado participar del mercado agroindustrial y contar con una “empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”[10]. Es decir, el Estado podría insertarse en toda la cadena de producción de commodities, lo que le permitiría conocer el opaco mercado de granos. Además,
“ayudaría a fortalecer la liquidación de divisas de las ventas al exterior y claridad en los precios exportables. Asimismo, brindaría la pauta para establecer valores de referencia en los órganos de control y recaudación los efectos del cobro de Derechos de Exportación, e impuestos y aseguraría la base imponible de ganancias por renta global de las Multinacionales que operan en el mercado.
[…] señala que deberán ser expropiados los puertos y demás activos de la operatoria logística que conforman la integración de la operación agropecuaria y la totalidad de las operaciones financieras, y sus empresas subsidiarias ubicadas fuera del territorio. Para el proceso de expropiación, actuará como expropiante el organismo que designe el Poder Ejecutivo Nacional.”[11]
Estas ventajas adicionales -como la apertura de la caja negra del comercio de granos- son motivos más que suficientes para garantizar una oposición cerril del sector agroexportador y sus aliados.
Last but not least, la participación de cooperativas del sector, de trabajadores e, incluso de algunos empresarios privados bajo la dirección de una empresa estatal como accionista mayoritario, podría dar un contenido inicial al Pacto Social para el Desarrollo que están en la base del proyecto de Alberto Fernández. No se trataría de generalizar este modelo -lo que no sería ni deseable ni posible- pero sí podría actuar como punto de partida para una conversación creativa con el sector empresarial, siempre tan reacio a la intervención estatal.
Independientemente de todo lo anterior, la intervención de Vicentín sería paradigmática en el intento del Estado de regular una actividad estratégica para la economía nacional e inscribirla dentro de un proyecto de desarrollo. Por eso mismo, también, es de esperar una oposición cerrada de las elites económicas y políticas.
La oposición previsible
Es previsible que, con una oposición política centrada en el oposicionismo, el caso Vicentín trate de ser enarbolado como una bandera contra un supuesto comunismo, redivivo en la mente de Cambiemos y sus aliados. Es posible también que sectores empresariales y agrarios que imbricaron sus intereses con el gobierno de Macri, acostumbrados a la colusión con un Estado bobo, traten de tensar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. El argumento de la grieta volverá a esgrimirse sonoramente.
Es de suponer que el gobierno anticipó estas reacciones y está dispuesto a resistirlas, pues sería grave para Alberto Fernández ceder a ellas. Abdicar ante la primera ofensiva de las patronales agrarias y sus aliados sería resignar a su proyecto transformador y a toda posibilidad de disciplinar al mercado. Significaría también empoderar a Cambiemos, cediéndole todo el protagonismo político hacia el futuro.
Por último, renunciar a las posibilidades que abre la expropiación de Vicentín implicaría, también, declinar un discurso convocante para la tropa propia. Como señala Fidanza[12], la irrupción del Estado en los momentos de crisis -exceptuando los gobiernos menemistas- está en el ADN del peronismo.
[1] Laguado Duca, A. La construcción de la cuestión social en el desarrollismo argentino. Espacio ed, 2011
[2] https://www.eleconomista.
[3] https://www.dw.com/es/
[4] https://www.baenegocios.
[5] https://www.ambito.com/
[6] Laguado Duca, Arturo. https://
[7] https://www.
[8] “La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción”. https://www.
[9] https://www.
[10] https://www.nodal.am/
1 comentario:
Hola Artemio. Mirá tu post del 16/2/2014, donde citas un comentario mio.
"El problema es que no se puede reformar el sistema monetario y financiero si no se crea una empresa estatal en el comercio exterior."
"Hay ingenuos que creen que los U$S que liquidan las exportadoras pasan a ser públicos una vez que están en el BCRA. Y la única forma que hay para que esos U$S sean realmente públicos es que sean percibidos por una empresa del Estado."
"El objetivo de esto es que el excedente que obtiene la Argentina por la renta internacional de cereales y oleaginosas pueda hacerse circular, internamente, de tal forma que priorice su canalización a la infraestructura e industria, que son los renglones que más cantidad de trabajo demandan."
"Entonces, se producirían 2 efectos que se potencian entre sí:
1) la fuga de capitales se reduciría al mínimo y
2) los excedentes provenientes de esa renta del comercio exterior se canalizarían con gran eficacia a los renglones de la economía que más empleo produzcan."
Tuvieron que pasar 6 años y una crisis brutal (mundial y local) para que se haga lo que se necesita. Parece que solo reaccionamos ante peligros muy grandes, sino dejamos que las cosas sigan como están, aunque estén mal.
Fijate, Artemio, que de todo lo que se dice sobre Vicentín, no se menciona lo esencial: que el Estado argentino va a ser dueño de los U$S que provengan de las futuras exportaciones de Vicentín y esos U$S y/o su contrapartida en $ emitidos contra ellos, no van a estar sujeto a las reglas del sistema monetario y financiero que rigieron por décadas y tanto daño hicieron.
No va a ser necesaria esterilización alguna de $ emitiendo letras (lebacs, lelics, etc., etc) del BCRA, ni pagar intereses por esas letras al sector privado concentrado del comercio exterior.
Esto va a permitir al Estado un control mayor del excedente (rentas del comercio internacional), que puede ser direccionado internamente conforme al plan económico del gobierno y su proyecto.
Saludos.
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