Chile: ¿Qué proceso constituyente? Dossier
Acuerdo por la paz y nueva constitución en Chile: ¿Convención o asamblea?
Carolina Bruna
Es indispensable salir de la lógica de la representación que conocemos y abrir espacio incluso a que un porcentaje sea por sorteo, como se ha dicho en una columna, que toda realidad chilena sea representada. Sería importante la participación comunal y de las diferentes regiones de este angosto y largo país, ya que en cada una de ellas la realidad es diferente. Por ahora quiero insistir que tanto el uso de las palabras como el detalle de la propuesta es sumamente relevante para poder entender de qué estamos hablando.
El pasado viernes 15 de noviembre, a casi un mes del comienzo de la revuelta en Chile, las personas que habitamos este país despertamos con una aparente gran noticia. Parlamentarios de izquierda y derecha habían logrado un gran acuerdo que llamaron “Acuerdo por la paz social y una nueva constitución”. Este acuerdo propone la redacción de una nueva constitución que habrá nacido en democracia y con la posibilidad de ser escrita por una “asamblea constituyente” que, en los acuerdos establecidos entre derecha e izquierda terminó por llamarse “convención constituyente”. Dejar atrás una constitución nacida en dictadura y producto de una elite, escrita a puertas cerradas a espaldas del pueblo, parece una noticia esperanzadora. A casi una semana de este acuerdo, lo que parecía un cambio de aire no fue tal, la calle sigue movilizada y diferentes actores sociales se han manifestado presentando apoyo -parcial o completo- o con desconfianza ante el documento en general o algunos de sus puntos. Personalmente, aunque me parece un buen pie tengo varias dudas, además de una objeción al nombre que se le dio. Trataré de detallar en este lugar solo una de ellas ¿a quién representa este acuerdo por la paz social y nueva constitución? Considerando que los parlamentarios hablan por el pueblo ¿se pensó lo relevante que es para la gente del lenguaje común que la expresión asamblea fuera cambiada por convención? Estas preguntas además están en la base de lo que en Chile se está llamando la necesidad de un nuevo pacto social en el que las y los chilenos participemos todos ¿cómo lo haremos?
Parecería tonto si insisto en preguntar quienes han hablado cuando el “acuerdo de paz” se logra, se me podría decir el pueblo de Chile a través de sus representantes. Insistiría con un tema ya avanzado, el modo en que entendemos la representación política está en crisis y eso no es novedad. Está en crisis porque la lógica procedimental desde la que responde, es una lógica que nos ha polarizado centrándonos en la vida individual y en la delegación de participación. Así quienes han logrado el acuerdo de paz hablan por el pueblo sin dar cuenta de su diversidad y su desigualdad económica y cultural. Me explico, Chile es un país muy desigual, lo que es tan importante y quizá más significativo como sello de identidad que la diversidad. De hecho, en la lucha de este último mes por un país más justo, poco menos de 300 personas han perdido por lo menos un ojo y está confirmado que al menos uno de ellos ambos. Como se ha podido ver en la prensa nacional e internacional, al vivir en condiciones tan precarias, quienes han quedado tuertos o ciegos piensan que dicha pérdida es un precio menor si se logran ciertas demandas que anteceden la nueva constitución, estas son renta básica, pensiones y salud dignos. Además de esas demandas no parece coherente embarcarse en respaldar este acuerdo incondicionalmente sin una comisión de verdad y justicia por todas las violaciones de derechos humanos entre las cuales se cuenta la que he mencionado antes. Por eso el nombre jamás podría haber sido acuerdo por la paz. En el horizonte de la gente que está en la calle ronda la necesidad de respuestas a esas demandas y rondan las siguientes preguntas ¿El nombre “convención constituyente” qué tipo de representación expresa? ¿podemos seguir con el mismo sistema de representación política que está en crisis local y global?
El cambio de nombre “asamblea constituyente” por “convención constituyente” no es un asunto menor para las personas que no manejan tecnicismos. Abogadas y abogados constitucionalistas y profesionales de la ciencia política han tratado de ilustrar y explicar que la expresión convención representa o expresa la misma estructura que la asamblea. Parece esta actitud un gesto muy noble pero, me pregunto si se habrán dado cuenta, tanto ellos como los parlamentarios, que el uso de las palabras es muy relevante, que por algo la derecha no ha querido aceptar la expresión asamblea. El gesto de educar al pueblo desde arriba explicando lo que es una palabra en uso hace sentir a una parte de Chile como si se le impusiese desde arriba el modo en que se deben entender las expresiones que usamos cotidianamente según estas autoridades erradamente. Por la misma razón, las personas que siguen protestando y también personas de otras áreas de conocimiento distinto al jurídico no aceptan la expresión “convención constituyente”. La palabra convención no vehiculiza, ni simboliza ningún significado socialmente relevante, es más, convención para cualquier persona chilena y según los diccionarios refiere a convencional, significa, popularmente, acuerdo a una norma aceptada entre un grupo de personas e incluso para muchos suena a reunión empresarial. En caso alguno la gente común entiende con ello que se está invitando a la deliberación colectiva que hoy necesitamos. Es verdad que mirando al pasado luego podremos disputar el término al igual que ha sucedido en Chile respecto de la expresión poder constituyente. Pero para que el cambio de constitución penetre en la sociedad que somos y sea representativa de ella debemos ocupar los conceptos que circulan en la calle y no imponerlos. Si la expresión convención tiene solo sentido para quienes participan de la política de partidos entonces se está excluyendo a la gente que ha estado estos 31 días en la calle protestando. La expresión asamblea suena para el pueblo chileno como un llamado a la discusión no solo a personas de partidos políticos si no que, también a aquellas personas que han sido agentes menores y que no son figuras públicas. Quizá el asunto estaría resuelto y se entendería la analogía entre dos conceptos si gobierno y parlamentarios aclararan la siguiente pregunta ¿cómo estará compuesta esta “convención” constituyente? ¿Se llamará a elecciones publicas en la misma lógica de partidos? Si la respuesta a esta ultima cuestión es afirmativa, la constitución seguirá siendo de una elite, porque en el marco de la representación política partidista, quienes más oportunidades tienen de representar son aquellos políticos de profesión que son quienes han decepcionado gravemente al pueblo chileno.
¿Tendrán oportunidad de participar los movimientos sociales, los barrios, estudiantes secundarios y personas que realmente frecuentan el servicio público de salud? ¿podrá haber elecciones barriales, comunales no partidistas? En Chile casi todos los políticos (no puedo decir todos) cuentan con servicio privado de salud, porque en chile el servicio publico de salud es equivalente a aumentar las posibilidades de morir, especialmente cuando se tiene una enfermedad extraña o crónica. No porque nuestros médicos sean malos, de hecho son buenos, ni porque tengan mala voluntad, de hecho hacen una labor publica, sino que porque simplemente no dan abasto y los hospitales públicos no tienen las condiciones, así la gente puede morir esperando. Pasa algo igualmente terrible si pensamos en educación. Quienes llegan a los estudios universitarios vienen de los mejores colegios y muchas veces de los más caros de Chile.
Como se sabe los políticos mundialmente han defraudado. Entonces ¿cómo vamos a sostener o proponer una convención que se levante en la misma lógica que nos ha decepcionado? En Chile aún no sabemos cómo se organizará, esperemos que a las elecciones de representación política que ya conocemos, se sumen otras formas que produzcan una asamblea que de cuenta lo más cercanamente al país que somos. Es indispensable salir de la lógica de la representación que conocemos y abrir espacio incluso a que un porcentaje sea por sorteo, como se ha dicho en una columna, que toda realidad chilena sea representada. Sería importante la participación comunal y de las diferentes regiones de este angosto y largo país, ya que en cada una de ellas la realidad es diferente. Por ahora quiero insistir que tanto el uso de las palabras como el detalle de la propuesta es sumamente relevante para poder entender de qué estamos hablando. En un país de elite cultural y económica se requiere hacer bajar la información y la cultura cívica para asegurar la mayor participación, pero al mismo tiempo no solo esperar que el pueblo responda con términos que le parecen equívocos, el tipo de constituyente quiere, sino que también pueda cuestionar y deliberar en el proceso que comenzaremos. Se debe asegurar que participe toda la comunidad de otro modo nuestra constitución seguirá siendo de algunas personas privilegiadas y no podremos dar cuenta de la colectividad.
Hasta que la vida valga la pena
Andrea Sato Jabre
El estallido social en Chile es la manifestación de la crisis profunda, que se ha agravado durante las últimas décadas y que ataca directamente los procesos vitales de los hogares. La protesta popular, es contra un sistema devastador para las vidas y los territorios, que en nombre del libre mercado y la competencia ha dejado a poblaciones enteras sin acceso a los bienes más fundamentales para un buen vivir.
Las calles de Chile se han convertido en el gran lienzo donde se han escrito las demandas de nuestro pueblo. En cada esquina podemos ver como la protesta social se vuelve patrimonio y repositorio de memoria para la revuelta. En muchas de las calles hemos leído “hasta que la vida valga la pena”, la necesidad de dignidad para que la vida sea vivible es lo que ha movilizado a millones a las calles. Pero, para entender qué es una “vida que valga la pena” hay que retomar algunas nociones de los feminismos, como el buen vivir, y la sostenibilidad de la vida, ambas propuestas políticas y éticas, son centrales para comprender el estallido social en Chile y las garantías “mínimas” para que exista la anhelada vida que merece ser vivida.
Poner la sostenibilidad de la vida en el centro, como lo plantea Amaía Pérez Orozco, es entender que el sistema socioeconómico es una amalgama de diversas dimensiones de actividad (algunas están monetarizadas y otras no), en el sistema actual, la valorización de las distintas actividades se hace en función del capital, poniendo las vidas al servicio de este, lo que amenaza los procesos vitales de forma permanente. Que en un hogar no se logren las expectativas de bien estar material y emocional, es lo que se ha denominado “Crisis de la Reproducción”. Cuando la vida no es central en los sistemas económicos, y se convierte sólo en un medio de valorización para el capital, se vuelve urgente denunciar que tal valorización se hace a través de la explotación de las personas y los hogares, en este sentido Antonella Picchio declara que este modelo es una “Economía de Muerte” que se sostiene a través de la depredación de la tierra y las personas.
El estallido social en Chile es la manifestación de la crisis profunda, que se ha agravado durante las últimas décadas y que ataca directamente los procesos vitales de los hogares. La protesta popular, es contra un sistema devastador para las vidas y los territorios, que en nombre del libre mercado y la competencia ha dejado a poblaciones enteras sin acceso a los bienes más fundamentales para un buen vivir.
¿Cómo es la vida que merece ser vivida o que vale pena?
Establecer bajo nuestros propios criterios éticos y políticos, que es lo que necesitamos para nuestro bienestar es central. Esto no puede ni debe ser respondido por paneles de expertos, ya que no es una discusión técnica, es una discusión política y ética. La construcción de nuevas estructuras socioeconómicas para articular de forma colectiva la reproducción de las condiciones de una vida que valga la pena ser vivida. Apostar por la distribución efectiva de la riqueza y el aumento del gasto público para financiar y garantizar derechos básicos de las personas es central; en este sentido hay preguntas que hay que hacernos.
¿Cómo distribuimos equitativamente los recursos y aseguramos derechos fundamentales? Un paso prioritario, es la recuperación de la noción de universalidad de los derechos, construyendo mecanismos que permitan colectivizar los riesgos del vivir, en este sentido se vuelve urgente el reemplazo del sistema de AFP, por un modelo de seguridad social de reparto, solidario y tripartito, que en primera instancia libere recursos para la efectiva distribución de la riqueza para poder poner en marcha políticas públicas universales y no queden en manos de grandes grupos económicos, financiados con las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y, en segundo lugar, que garantice un sistema que pague pensiones dignas a jubilados y jubiladas enmarcado en un sistema de seguridad social genuino. De forma paralela avanzar en un modelo tributario que persiga al gran capital, y no a los hogares con impuestos regresivos como el IVA, y asegurar un monto de salario mínimo que permita el acceso a bienes y servicios en los hogares.
El valor de la revuelta social es que nos permite pensar y repensar como queremos vivir nuestras vidas. ¿Cómo son las vidas que merecen ser vividas? ¿Cómo hacemos circular los recursos recuperados al capital? ¿Qué organización del trabajo nos acomoda y cómo convive con las necesidades vitales?
El debate está abierto y hoy es posible darlo. Sabemos que para este debate debemos salir de la ortodoxia del mercado liberal y su interés de acumulación. En este debate, lo principal son los hogares y la sostenibilidad de estos, la distribución de trabajos y recursos que se articulan en la economía del país y logren se redistribuirse justamente. Esta discusión es central para poder incorporar en una mirada sistémica el trabajo que sostiene los demás, valorando lo monetarizado y lo que no, asegurando pisos mínimos para los derechos que mantienen un buen vivir, como la salud, educación y los recursos naturales.
Esta crisis, que es multicausal y multidimensional, nos obliga a devolver la economía a manos de la política, entendiendo lo común no sólo en lo discursivo sino como una práctica cotidiana, reconstruir el vínculo entre lo público y lo privado, lo personal y lo político; logrando ampliar los márgenes que hoy son centrales para visibilizar los elementos que sustentan los ciclos vitales en los hogares. El estallido social nos obliga a encarar profundos debates políticos; los diagnósticos ya se han hecho y los pueblos construyeron su pliego de demandas, escapar de las lógicas de acumulación del capital es urgente y desmercantilizar la vida necesario para ese objetivo; como gritan las calles de Chile “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Contra el acuerdo constitucional de los patrones: desde las bases, asamblea popular consituyente
Gustavo Burgos
Desde la suscripción del Acuerdo Constitucional, los medios de comunicación patronales han tratado de transformar este simple acuerdo entre el piñerismo con la oposición parlamentaria, en el acta de defunción del levantamiento popular. Insisten majaderamente que la crisis terminó y que todo debe canalizarse por las vías institucionales. La Tercera, El Mercurio, El Mostrador, los canales de TV, los periodistas emblemáticos como Daniel Matamala y Mirna Schindler, al unísono repiten -como un mantra- la misma especie: ahora serán las instituciones y no la violencia las que permitirán recomponer la convivencia nacional. Lo repiten al unísono no porque lo crean, sino porque el terror que atraviesa a la burguesía los obliga a declamar cualquier cosa con tal de sacar a la gente de las calles. Por eso institucionalizar es ahogar el movimiento y abrir paso a la represión para preservar el orden social capitalista cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción.
El único que puede celebrar este acuerdo es Piñera, gracias a él ganó legitimidad como árbitro en el conflicto -porque ya no lidera ni a su sector- y logró arrastrar a la oposición y a una parte importante del Frente Amplio (RD, Comunes, Liberales) a su política de «pacificación». En realidad, este acuerdo y su supuesta paz son el entramado político para legitimar la represión sobre el movimiento. El mismo día viernes 15, en la Plaza de la Dignidad (ex Italia), la muerte del compañero Abel Acuña demostró la disposición al diálogo del Gobierno con el movimiento. La prensa hoy día, junto con agitar el pretendido el encauzamiento institucional, hizo explícita la determinación de Piñera de pasar al ataque con acciones ejemplificadoras para castigar a los protagonistas del levantamiento. Un equipo de abogados ha sido creado para accionar judicialmente contra el activismo invocando inclusive la ley de Seguridad Interior del Estado, calificando como delitos conductas de opinión e inclusive a «el que baila pasa», que califican como atentado a los DDHH.
Es un hecho, hace unos momentos se viralizó la funa de que fue objeto Beatriz Sánchez y algunos dirigentes del Frente Amplio que apoyaron el Acuerdo Constitucional, que esta maniobra fracasó como vehículo para ahogar el movimiento. Si bien inicialmente fue presentado como celebración, a estas alturas se ha revelado como una pretendida carta blanca de legitimidad democrática, extendida a favor del Gobierno por sus dóciles opositores parlamentarios. Este acuerdo suscrito carece de legitimidad popular y lo que está planteado entonces es la necesaria respuesta desde el campo del movimiento, los trabajadores y explotados en general. La pacificación con Piñera en el Gobierno, sólo sirve al gran empresariado.
Es un hecho que el movimiento reclama una Asamblea Constituyente y que aquella sólo puede realizarse como expresión de la voluntad de las organizaciones y espacios que han protagonizado este movimiento. Una verdadera Asamblea Constituyente, ha de ser una Asamblea Popular Constituyente, apoyada en las organizaciones de base y expresando la real y soberana voluntad popular. Cuando los paniaguados del gran capital hablan de «institucionalizar» están significando en realidad, que la voluntad popular debe someterse a la de la burguesía y a su Estado patronal. Es imprescindible subrayar esta cuestión porque en ella se dirimirá esta crisis, vale decir, no alcanza con sacar al asesino de La Moneda: es necesario dotar a los trabajadores de la fuerza necesaria para gobernar y construir una nueva república bajo el gobierno de la mayoría trabajadora. Esta fuerza es la que expresa el movimiento, la que ha paralizado exitosamente el país el 23 y 24 de octubre y el martes pasado. Esta fuerza, la de la clase trabajadora organizada, es la que ha marcado el inicio del segundo tiempo de esta crisis y pone en evidencia la necesidad de que los trabajadores se organicen, unifiquen regional y nacionalmente sus asambleas y tomen en sus manos el país.
Dicho de manera telegráfica: la Huelga General del 12 de noviembre, protagonizada por los trabajadores organizados de un lado, y del otro, el Acuerdo Constitucional como iniciativa política de la burguesía, señalan el inicio de un segundo tiempo en la crisis de proyección revolucionaria que vive Chile.
Debemos trabajar en un programa de Gobierno que le de materialidad a las aspiraciones democráticas y de revolución social que levantan los movilizados en todo el país. Debemos decir no sólo que son los trabajadores la única clase que puede dar respuesta a las reivindicaciones que plantea el movimiento, sino que tenemos la fuerza para plantearnos tal gobierno y que ello debe cimentarse en las conquistas que el propio movimiento plantea.
A diferencia de lo que dice Sharp y el Partido Comunista, el Acuerdo Constitucional no sólo debe ser rechazado por cuestiones de forma. No sólo porque en él no han participado los trabajadores, es un problema de contenido, de cuál es la clase social que llevará adelante tales medidas planteadas. Sabemos, compañero Sharp y camaradas del PC, que la burguesía suscribió este acuerdo para desmovilizar, que fijó un quórum de 2/3 para garantizar que el pinochetismo salga indemne de este trance y el régimen siga blindado. Aunque este acuerdo hubiese sido suscrito por Luis Mesina de No+AFP y por Bárbara Figueroa de la CUT, este acuerdo habría que haberlo rechazado porque su contenido es patronal y contrarrevolucionario.
En estos días convulsionados se hace necesario, por las razones ya expuestas, la unificación de los organismos de lucha y la construcción de una dirección política de trabajadores, una dirección que reivindique las valiosas enseñanzas que nos ha dejado este movimiento desde el 18 de octubre, estas semanas feroces que han aterrorizado a la oligarquía y en las que se ha empezado a dibujar una inédita revolución de los trabajadores y explotados. ¿Nos desafían a proponer un proyecto de nueva Constitución?, pues bien esa Constitución ya ha comenzado a redactarse en las calles del país, en las movilizaciones y huelgas políticas que han sacudido al régimen.
Esta es la tarea en este segundo tiempo: mantenerse movilizados hacia una Huelga General indefinida , unificados en los organismos que ha creado este levantamiento y manteniendo firme la bandera de un nuevo orden: un nuevo régimen de trabajadores que se inicie con la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente.
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