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Emilio Garrastazu Medici, a la izquierda, después de ser proclamado nuevo presidente de Brasil por orden militar en 1969.
Los brasileños no tendrían la oportunidad de elegir directamente a su presidente hasta 1989. Credit Associated Press
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BRASILIA — El presidente Jair Bolsonaro exhortó esta semana a las fuerzas armadas a “conmemorar” el 55 aniversario de un golpe que instauró una dictadura militar brutal en Brasil, lo cual generó un acalorado debate sobre el legado de esa era de represión.
Bolsonaro, un capitán retirado del ejército que compitió por la presidencia con una plataforma de ultraderecha, ha sido desde hace tiempo un apologista del gobierno militar de Brasil, y ha calificado al golpe que derrocó a "un presidente de izquierda" el 31 de marzo de 1964 como una victoria contra el comunismo.
Hasta hace poco, su opinión era poco convencional. El régimen militar que siguió al golpe apeló a la censura y el aparato de seguridad represivo para mantener el control durante veintiún años, en los que torturó y asesinó a cientos de sospechosos de ser disidentes. Tres de los presidentes de Brasil desde que el país regresó a la democracia a mitad de la década de los ochenta se han opuesto a los militares, y ellos mismos fueron exiliados, encarcelados o torturados por eso.
No obstante, la presidencia ha dado a Bolsonaro una poderosa plataforma para impulsar una versión revisionista de esa era en la cultura dominante.
Algunos miembros de su gobierno dijeron que la postura del presidente era una ruptura refrescante para una perspectiva dogmática sobre el pasado. “Veo esto como un debate saludable”, dijo Ernesto Araújo, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, en una entrevista el 29 de marzo. “Es saludable para una sociedad que discuta su pasado y su futuro de una manera franca”.
Sin embargo, para muchos otros brasileños, esto reabrió un capítulo doloroso y sin resolver en la historia del país. Políticos, activistas de derechos humanos e historiadores pronunciaron duras críticas. La Procuraduría General emitió un reproche extraño, y mordaz, por escrito.
“El golpe de 1964, sin ninguna posibilidad de duda o revisionismo de la historia, fue una ruptura violenta y antidemocrática del orden constitucional”, dijo el comunicado del procurador general.
El anuncio de Bolsonaro y el momento que eligió para hacerlo ha tensado aún más su ya tirante relación con el Congreso, y varios legisladores se manifestaron en su contra esta semana.
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, abraza al vicepresidente y general retirado, Hamilton Mourão, que ha sido desde hace tiempo un admirador orgulloso de la antigua dictadura militar del país. Credit Sergio Lima/Agence France-Presse — Getty Images
Otros legisladores se mostraron confundidos de que un presidente cuyo índice de popularidad se ha desplomado en sus primeros tres meses —y que todavía tiene que cumplir con promesas claves de campaña, como disminuir la inseguridad y echar a andar la economía— gaste su capital político en esto en vez de impulsar iniciativas de ley para reformar el código penal y el sistema de pensiones.
Brasil ha hecho mucho menos que sus países vecinos, incluidos Argentina y Chile, para investigar los abusos cometidos por los militares durante la dictadura.
Aunque una Comisión Nacional de la Verdad reportó que alrededor de 8000 indígenas y por lo menos 434 disidentes políticos fueron asesinados durante la dictadura militar, nadie ha sido llamado a rendir cuentas. Una ley de amnistía aprobada en 1979, mientras el país todavía era gobernado por los militares, ha protegido a los abusadores de rendir cuentas judicialmente hasta la actualidad. El Supremo Tribunal Federal defendió la ley en abril de 2010.
La postura de que el golpe fue necesario es compartido por muchos miembros de las fuerzas armadas, quienes a lo largo de los años han celebrado el aniversario con ceremonias silenciosas.
Hace cuatro años, cuando era un legislador conocido más por su discurso ofensivo que por su capacidad para lograr la aprobación de iniciativas, Bolsonaro destacó el cincuenta aniversario del golpe al instalar un gran letrero amarillo frente al Ministerio de Defensa que decía: “Gracias a ti Brasil no es Cuba”. También detonó fuegos artificiales y dijo que los brasileños deben “su libertad y democracia” a los militares.
Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente que es legislador federal, dijo en una entrevista este semana que la izquierda ha intentado desde hace tiempo “reescribir la historia para presentar a terroristas como víctimas o personas que han luchado por la democracia”.
Esa visión ha ganado tracción en la era Bolsonaro. Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro, dijo en el congreso esta semana que él no consideraba que la intervención militar de 1964 fuera un “movimiento necesario para evitar que Brasil se convirtiera en una dictadura”.
Augusto Heleno Ribeiro Pereira, un general retirado que forma parte del gabinete de Bolsonaro como el funcionario de seguridad de más alto rango, dijo que el presidente considera ampliamente que el “registro histórico debe ser corregido” para desmentir lo que él calificó como “la versión no verdadera de la izquierda”.
Sérgio Moro, el ministro de Justicia de Bolsonaro, llamó en 2017 a la “dictadura militar” como un “gran error”. Sin embargo, esta semana, el exjuez federal se rehusó a decir si los términos “golpe” y “dictadura” eran históricamente precisos.
Aunque los líderes militares gobernaron de una forma “autoritaria”, dijo, “lo que realmente importa es que hemos recuperado la democracia”.
Líderes militares sénior parecían ansiosos por restarle importancia a la controversia, y el Ministerio de Defensa no dijo cómo las unidades militares de todo el país conmemorarían la fecha.
Fernando Azevedo e Silva, el ministro de Defensa, dijo que “conmemoración” tal vez no era la palabra adecuada, pero argumentó que marcar el evento de manera oficial era importante porque “más jóvenes necesitan conocer qué ocurrió en esa fecha, en esa era”.
Con escasa o nula rendición de cuentas para los que cometieron abusos a los derechos humanos en Brasil, algunas víctimas buscaron justicia en el extranjero.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en noviembre de 2010 sobre la detención, tortura y desaparición de setenta personas vinculadas al movimiento rural guerrilla de Araguaia entre 1972 y 1975 y reprochó a Brasil por fracasar en el procesamiento de violaciones brutales a los derechos humanos.
Hace un año, la corte, que es parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, culpó a Brasil por su fracaso para procesar a los agentes de inteligencia que torturaron y asesinaron al periodista Vladimir Herzog en 1975, y después escenificaron un ahorcamiento y declararon que Herzog se había suicidado.
Los familiares de Herzog pudieron corregir el registro oficial en Brasil —una victoria poco común después de años de lucha en las cortes—. En 2013, un juez ordenó que le fuera emitido a la familia un certificado de defunción oficial que reflejara que Herzog murió debido al abuso sufrido mientras era interrogado.
Además de llamar a las fuerzas armadas a conmemorar el aniversario del golpe militar el 31 de marzo, Bolsonaro también anunció que su gobierno ha comenzado a auditar un fondo creado para compensar a las víctimas de la dictadura. Credit Andre Penner/Associated Press
En ambos fallos, la Corte Interamericana reconoció los crímenes cometidos por la dictadura brasileña como crímenes contra la humanidad.
Eduardo Reina, un periodista brasileño, pasó años investigando las acusaciones de que funcionarios en Brasil secuestraron bebés de supuestos disidentes durante la dictadura. Reina presenta diecinueve de esos casos en Endless Imprisonment, un libro que será publicado la próxima semana.
Brasil tiene una tradición de no confrontar el pasado —particularmente sus aspectos más sombríos—, dijo el periodista.
“Existe esta cultura, esta consciencia colectiva de que no era una dictadura rígida, que era una dictadura ligera, que los niños no fueron secuestrados, solo los criminales fueron capturados y torturados”, dijo Reina. “Eso simplemente no es verdad”.
El debate reciente ha causado molestia entre las víctimas de la dictadura.
Ivan Valente, un legislador federal de izquierda que fue detenido y torturado por el gobierno militar en 1968, calificó la decisión de Bolsonaro como “un gran retroceso para Brasil”.
Revisar la historia sería más difícil si Brasil hubiera seguido el ejemplo de Argentina, Chile y Uruguay, que llevaron a juicio a los peores abusadores de las dictaduras.
“Los generales allí fueron llevados a prisión, los torturadores fueron detenidos y sentenciados”, dijo Valente en una entrevista. “Aquí en Brasil, los torturadores fueron ascendidos”.
Iracema de Carvalho Araújo tenía 11 años cuando la policía de Recife la detuvo junto a su madre, una activista política. Ellas fueron torturadas en la misma habitación, dijo; sufrió choques eléctricos mientras su madre gritaba cerca de ahí.
Posteriormente, un comandante se dio cuenta de que ella era solo una niña y ordenó a la policía que la llevara al centro de la ciudad y la dejara ahí. Su madre fue asesinada.
“Exijo respeto por todo lo que hemos atravesado”, dijo en respuesta a la decisión de Bolsonaro de celebrar el comienzo del gobierno militar. “Hemos logrado tanto desde ese entonces, no podemos regresar a esos días”.
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