nunca a los nuestros

¿A qué intereses sirve el FMI?

GUIDO FORCIERI

El 15 de diciembre de 2005, Néstor Kirchner anunciaba que cancelaría por única vez y anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos días antes, el Presidente Lula había hecho pública su decisión de pagar el total de lo que debía Brasil. Ambos líderes manifestaron una idea común para fundamentar su política: la medida devolvía autonomía para la implementación de políticas domésticas. Kirchner, en particular, señaló que permanecer como deudor del FMI significaba mantener al país en una posición de debilidad dentro escenario internacional.

Como parte de sus programas condicionados acordados exministro Cavallo -durante el menemismo y la Alianza- el Fondo seguía muy de cerca la política económica nacional a través de sus misiones. Los enviados supervisaban cada medida fiscal y de subsidios, y emitían constantes reproches sobre el bajo nivel de las tarifas de los servicios públicos. Con ello, las tensiones con el gobierno argentino no tardaron en hacerse visibles. En un momento dado, desde Washington, por presión de los acreedores, bajó la orden a los técnicos del Fondo que intervinieran dentro de la dinámica de la reestructuración de deuda argentina. El Presidente había remarcado, en su discurso inaugural, que el repago de la deuda pública se realizaría de la mano del crecimiento del país y de su desarrollo económico. La injerencia del Fondo dentro del canje hizo que Argentina suspendiera de inmediato las misiones hasta que finalmente, se anunció la cancelación de los acuerdos.

El diario La Nación tituló que se trató de un “día histórico”.

Tanto las expresiones de Lula como de Kirchner (que después tomó Rafael Correa al ordenar la misma iniciativa en Ecuador, sobre la que colaboraron técnicos del Ministerio de Economía de Argentina que viajaron especialmente a Quito) reflejaron un hecho trascendental: el reconocimiento por parte de las dos economías más grandes de Sudamérica de la verdadera ratio que guía la existencia del FMI y de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y que sostiene a la globalización de nuestro tiempo.

Ravi Ramamurti, académico de Nueva Delhi basado en Boston, publicó en el año 2001 un interesante trabajo científico que bien puede tomarse para comprender la base teórica de la decisión de política que tomaron Brasil, Argentina o Ecuador respecto al FMI y en general respecto a las IFIs. Ramamurti describe un cambio en las relaciones económicas internacionales que se manifiesta a partir de la aparición de grandes empresas multinacionales como actores relevantes en el movimiento internacional de capitales, cuyo apogeo se da durante la década de 1990. Sostiene el investigador, que durante ese periodo se ha hecho evidente un nuevo nivel en las relaciones entre las naciones cuya bandera es base de las grandes corporaciones y aquellas donde éstas últimas buscan invertir su capital, bajo dos formas: bilateral, a través de acuerdos de inversiones, y multilateral, dentro de las IFIs, sobre todo el FMI y el Banco Mundial. De esta manera, se ha buscado menoscabar sistemáticamente el poder de negociación de las naciones en desarrollo para colocarlas en un plano de debilidad previo a la llegada del capital privado.

Es decir que el boom de apertura financiera que registró la década del 90´ no puede ser interpretado solamente como una estrategia voluntaria unilateral de desarrollo, sino que no puede obviarse su estrecha vinculación con la acción coordinada de los elementos señalados. De los más de 1500 tratados bilaterales de inversión que existían en el mundo a fines de los 90´, la inmensa mayoría fueron firmados dentro de esa década. Por ejemplo, de los 41 tratados que firmó EEUU hasta 1998, 34 se ubican luego de 1990. Por otro lado, el brusco cambio en la composición de los desembolsos efectuados por el Banco Mundial antes y después de 1990 también evidencia el alineamiento del rol de las IFIs con los intereses del capital privado. Cuando antes destinaba el 95% de sus préstamos a proyectos de inversión en la economía real y el resto para financiar ajustes fiscales, apenas comenzada última década del siglo esos porcentajes se modificaron a 25% y 75% respectivamente, estando el último atado a “condicionalidades” sujetas a revisión permanente.

Entre las condicionalidades fijadas por las IFIs y los tratados bilaterales pueden hallarse un sinnúmero de ellas de acuerdo a la época. Desde la desregulación financiera, las privatizaciones, la fijación de metas fiscales y de reglas sobre la política monetaria y de tipo de cambio, hasta el impulso de leyes como la flexibilización laboral o del ajuste previsional. Una de las condiciones de carácter transversal tiene que ver con la renuncia de los estados a la justicia nacional para someterse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Observando la dinámica histórica de este brazo del Banco Mundial, también logran comprenderse los procesos que venimos describiendo. Aunque el CIADI se creó en 1965, más del 40% de sus estados miembros firmaron su adhesión luego de 1990. Si quitamos a los países industrializados y a sus colonias, la porción se vuelve casi el total.

En rarísimas ocasiones los estados salen victoriosos frente a las demandas de las corporaciones ante el CIADI. Muchas veces, hasta los costos del litigio son utilizados por las grandes empresas para forzar a las naciones a un arreglo privado, antes de recurrir al arbitraje. Un caso que abarcó mucha exposición pública, sobretodo porque el estado terminó ganador, resultó la demanda entablada por la tabacalera Philip Morris contra la República Oriental del Uruguay, debido a que el estado había resuelto aumentar el tamaño de la advertencia de salud pública que debían exhibir los envoltorios de los cigarrillos.

La facturación de la tabacalera al año en el que entabló el reclamo, 2010, doblaba el PBI de Uruguay. Solamente a partir de que la demanda se conociera, otros países pequeños como Costa Rica, Paraguay y Nueva Zelanda, suspendieron la aplicación de medidas similares. Disuadido por los costos del litigio y los antecedentes negativos de otros países emergentes en el resultado de los laudos, el Presidente Mujica avanzó en conversaciones con la empresa para alcanzar un acuerdo. Finalmente, la opinión pública en Uruguay y el decisivo dictamen de la Organización Mundial de la Salud, hicieron que el estado uruguayo discutiera el reclamo en el tribunal arbitral y que éste le de la razón.

Como Uruguay, 11 de los 18 estados miembros de América Latina adhirieron al CIADI luego de 1990. Todos los firmantes de América del Sur, excepto Paraguay (1982), también. Sin embargo, la historia reciente de nuestra región es muy interesante. Coincidente con la creación de la UNASUR en Brasilia, Bolivia (2007), Ecuador (2009) y Venezuela (2012) fueron los primeros países en el mundo en retirarse del CIADI a la vez que de la mayoría de sus tratados bilaterales de inversión. Brasil, por su parte, nunca fue miembro de ese brazo del Banco Mundial.

Argentina ha probado al extremo la teorización de Ramamurti. Entre 1990 y 2001, nuestro país firmó 58 tratados bilaterales de inversión que estipulan la prórroga de jurisdicción al CIADI. El número 59 lo firmaría Mauricio Macri en 2016, con el Estado de Qatar.

Muchas veces señalada como la “niña mimada del FMI” o su “mejor alumna”, la debilidad que la fue consumiendo a medida que se posicionaba dentro de los 10 países que más capitales privados receptaron durante los 90´, con las privatizaciones y las emisiones de deuda pública a la cabeza, la llevó a tomar cada vez más dinero condicionado de las IFIs. De hecho, para 2001 era el deudor número uno del FMI y años después, la nación que más demandas acumularía ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, al que había adherido en 1991.

El gobierno argentino que diseñó y ejecutó la terminación de los programas con el FMI en 2005, comandó un proceso de desarrollo con sentido nacional. Comprendió que acciones como los canjes de deuda de 2005 y 2010 no hubieran sido posibles si se le reconocía a las IFIs sus objeciones. De la misma forma, tampoco políticas estructurales de ampliación de derechos sociales y de igualdad de género como la moratoria previsional o la recuperación de la administración para el Estado de los recursos previsionales, ni la estatización de empresas de servicios públicos, la fabricación de los satélites de ARSAT o la inversión pública en ciencia y tecnología o en industrias culturales, entre otras cientos de políticas públicas, tampoco habrían sido parte del rumbo que las IFIs hubieran elegido para nosotros.

El contraste de nuestra historia reciente con la Argentina de nuestros días es brutal. El gobierno de Macri, veloz en congraciarse con Washington, eliminó todo control para el ingreso y egreso de capitales, empachó al mundo con títulos de deuda y terminó sumiendo nuevamente a nuestro país en un programa de rescate con el FMI, esta vez por una cifra récord. Por ello, la relación con las IFIs para el gobierno que asume en 2019 presenta un desafío muy importante, que no podrá encararse sin retomar y profundizar una posición que asuma con comprensión acabada la verdadera finalidad de la estructura de negociación económica internacional de nuestro tiempo. Sólo así emergerá el sentido que priorice el bienestar de nuestro pueblo por sobre los intereses del capital extranjero.