el divorcio entre economía y política no es sostenible

Las dos caras del mismo golpe / por: Hugo Castro Pueyrredón

La ofensiva conservadora no solo avanzaba en el golpe de mercado para forzar una maxidevaluación, avanza a la par en el intento de proscribir a la principal líder política del país.

Van por la reducción del salario real, devaluación mediante, y así el fracaso económico del peronismo, mientras que por el otro van por el liderazgo político capaz de ofrecer resistencia a los embates del poder económico, mediante una maniobra clara de lawfare.

Las ofensivas devaluadoras y proscriptoras son facetas del mismo avance del poder económico. Las respuestas aún no están coordinadas: mientras crece la movilización contra la judicialización amañada a la ex presidenta, en la defensa de la vigencia del estado derecho, el gobierno cede ante FMI.




En el área económica el nuevo timonel, tras haber contenido el golpe de mercado y obtenido cierta calma en “los mercados”, donde el dólar ilegal cotiza un poco más bajo, y la inflación ceder unos puntos después del astronómico 7.4% de julio, avanza con el ajuste según el libreto del FMI.

El golpe de mercado está en un impasse; las reservas del BCRA, al igual que el tipo de cambio no oficial (el ilegal y los que surgen de los distintos mecanismos de fuga) continúa estable; ni se recomponen las reservas ni disminuyen, la brecha cambiaria, lo que genera expectativas devaluatorias, igual ya no se amplía, pero tampoco disminuye.







El timonel desistió de convencer a las cerealeras, porque estas presionan a fondo por un dólar de $ 200, coincidiendo en el pedido de una devaluación del 40%. Ahora pretende convencer a los dueños de la tierra de vender la cosecha acopiada en silobolsas

Para los grandes productores -los chicos ya liquidaron-, ya hubo una reducción de retenciones mediante el artilugio de poder liquidar un 30% de su soja en el mercado financiero, con lo que aumentó sus ingresos en un 58%. La medida convenció a muy pocos, y la soja sigue guardada en las silobolsas, y el BCRA sigue sin reservas. La respuesta fue ceder aún más, un 40% de las liquidaciones pueden ir al mercado no oficial. Veremos los resultados.

La inflación en estas primeras semanas de agosto está retrocediendo muy lentamente, proyectando un 6% para el mes según mediciones privadas. Aunque continúa siendo muy alta, muestra un camino de disminución respecto de julio. Al igual que con las variables cambiarias se avanza en el restablecimiento de la estabilidad económica, aunque muy lentamente.

Las medidas de nuestra suerte de primer ministro respecto del gasto público coinciden plenamente con el programa acordado con el FMI por el ex ministro de economía Martín Guzmán: disminución del Estado, aumento del costo del dinero.

Tanto la reducción del gasto público, como el encarecimiento del dinero, tendrán como consecuencia “enfriar” la economía, disminuir la demanda, el consumo interno. Esto afectará básicamente a los que vivimos del mercado interno: trabajadores formales e informales, jubilados, monotributistas y pymes en general.

Cecilia Todesca, una de las principales economistas del riñón de Alberto dijo: “todos somos conscientes de la inflación y de los problemas de distribución del ingreso, pero la economía argentina está creciendo”, el problema que la política que implementan está pisando el freno.

El 16 de junio y por decreto se aumentó el presupuesto 2022 a $ 16,3 billones, un aumento de sólo el 52 % respecto de los $ 10,8 billones gastados en 2021. A ese día la inflación interanual ya se podía estimar en el orden del 63.4%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado de mayo que elabora el BCRA, evidenciando así una fuerte reducción del gasto.

Más allá del fin de la pandemia, y de la consiguiente reducción del gasto pública en salud, para este año ya estaba previsto el ajuste, particularmente en la reducción de los subsidios al consumo energético.

Sergio Massa puso el acelerador en la reducción de los subsidios a la energía, Según propias estimaciones del Ministerio de Economía, el aumento en las tarifas permitirá un ahorro fiscal de unos $49.500 millones en lo que resta de este año, más del triple de lo estimado por el exministro Guzmán, y de unos $500 mil millones para 2023.

A la mencionada fecha del aumento del presupuesto, la inversión pública era del 31% del presupuesto viejo, donde debiera estar cerca del 50%, evidenciando que el ajuste en la obra pública lo empezó Guzmán.

El 22 de agosto pasado, por Decisión Administrativa 826/22, se formalizó el ajuste de $ 230.000 millones:$ 70.mil millones en créditos y obras desarrollo productivo.
$ 50.mil millones al programa de viviendas Procrear
$ 50.mil millones del Conectar Igualdad (internet y notebooks)
$ 20.mil millones en apoyo educativo a las provincias
$ 20.mil millones en obras en provincias y municipios
$ 10.mil millones para vacunas.

Los recortes afectan a programas insignia del gobierno de Cristina, como los PROCREAR de vivienda, el Conectar Igualdad que distribuye notebooks para la inclusión educativa, y los del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep): también al Fondo de Garantías Argentino (Fogar), dos asignaciones de respaldo al crédito productivo principalmente orientados a la pequeña y mediana empresa.

Los decretos de ajuste vienen en seguidilla este agosto:Por DA 827/22, refuerza el congelamiento de planta de personal por DA 836/22, los viajes al exterior de funcionarios requieren autorización.

En resumen: reducción de salud pública por el fin de la pandemia, fuerte reducción de subsidios a la energía (o sea tarifazo), recorte en programas de alta incidencia social (Conectar Igualdad) o dinamizadores de la actividad economica (PROCREAR, crédito blando para pymes) y además subejecución de la obra pública.

El objetivo es cumplir con el acuerdo con el FMI de un déficit de 2,5 % del PIB, y como siempre, los programas sensibles son los más afectados.

No todos son perdedores del ajuste, los exportadores son claramente los beneficiarios del modelo, y la descripción de las medidas a su favor de exportadores sojeros, petroleros y mineros amerita un artículo en particular.

Cumplir el plan del FMI, con el ajuste descrito hace innecesario el show mediático del lawfare. La profundización de las políticas de ajuste aumentará el desencanto con el frente de todos.



El divorcio entre economía y política no es sostenible. La defensa de un frente político cuya política económica no es de inclusión del conjunto de los argentinos, va al fracaso político.

Las elecciones del 2021 así lo demostraron: la eliminación temprana del ingreso familiar de emergencia (IFE), que supo beneficiar a siete millones y medio de argentinos en medio de la pandemia, generó un profundo desaliento. En consecuencia, muchos no participaron en las elecciones, por lo que triunfó la propuesta conservadora.

El resultado es claro que de poco servirá para evitar la proscripción judicial, si la política económica no acompaña.

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Hugo Castro Pueyrredón

Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1993. Trabaja en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación desde 2004 como asesor en temas económicos del Frente de Todos. Especializado en el rol del Estado en la economía, finanzas públicas y análisis presupuestario. Participa en la evaluación de diversos proyectos de inversión. Además, ejerce la docencia universitaria en la UBA desde los años ’90.