1/31/2022

arrinconados

LA TRAGEDIA WICHI. Tiene 14 años, es mamá y su cuerpo está marcado por las huellas de la nafta, con la que se drogan los jóvenes de la comunidad originaria asentada en el Chaco Salteño.

Los referentes o caciques de cinco comunidades wichis asentadas en la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo), en el corazón del Chaco salteño, denunciaron la gravísima situación que atraviesa esa etnia de originarios en los últimos meses de la pandemia, cuando la juventud (niños y adolescentes superados por la pobreza extrema y las adicciones al alcohol y las drogas) comenzó a incinerarse en las esquinas del pueblo, en las calles y en los montes de las fincas privadas.

Viven arrinconados en pequeñas comunidades donde -según uno de los referentes- "nos están exterminando con las drogas, el hambre y la pobreza", sin precedentes en los últimos años.

Reynaldo "Oso" Ferreyra, en nombre de todos los caciques, alzó la voz para intentar dialogar de alguna forma transversal con los gobiernos provincial y nacional, dada la emergencia sanitaria por la que atraviesan, la desnutrición, el hambre y las drogas, que en ese lugar del Chaco salteño la consumen niños desde los siete u ocho años y preadolescentes, adictos ya a la inhalación de nafta, alcohol y pasta base.

Ferreyra y sus hermanos wichis mostraron la cruda tragedia de su pueblo, mostró las viviendas que sucesivos gobiernos les entregaron como "casa", una pieza cuatro por cuatro sin piso ni columnas, todas colapsadas y en ruinas; también mostró una obra de cloacas que se encuentra taponada de arena hace años, ya que las comunidades viven prácticamente en chozas de plástico y "cabra yuyo", sin baños.

Las mujeres wichi -casi siempre huyendo de las cámaras- esta vez enfrentaron el desafío de quejarse, de alzar su voz sumisa por las decenas de quemados por el alcohol y las drogas, por los hijos fallecidos, incinerados en las calles de Morillo, o muriéndose por quemaduras en los hospitales de la capital salteña o de Orán.

Las principales comunidades tienen vergonzosas construcciones realizadas por distintos gobiernos. Casas de una habitación sin columnas, sin pisos ni baños les fueron entregadas para que allí habiten hasta cinco familias. Las mujeres wichis trabajan para el municipio por solo 800 pesos semanales. Para los hombres el jornal diario municipal es de $300.

Muchas de estas mamás, de apenas 20 o 25 años, clamaron por salud, por atención humanitaria, por leche que sus hijos no conocen, por alimentos que puedan guardar, porque en esas comunidades las heladeras huelgan.

El dolor de estas madres -siempre silencioso y paciente- el domingo se hizo grito silente de un pueblo que no tiene lágrimas ya. Sus hijos no tienen adónde ir, no entienden la vida rodeada de alambrados.

Sin internet, sin conectividad, sin luz, sin vivienda, hacinados y hambrientos buscan huir de su destino con los vahos de los combustibles y las drogas. No funciona la escuela y no hay comedores; las mujeres cocinan en pequeñas ollas, que parecen jarros, para familias de veinte o más personas, sin monte para cazar, sin ríos para pescar.

Los originarios dijeron que ya no pueden escuchar promesas, que necesitan ingresar al siglo XXI con educación, con colegios y soñar con universidades. Dijeron que la única forma con la que resistieron su extermio era procreando, conservando su lengua y su cultura, pero que hoy, los mayores ven que lo que antes se hacía con balas, hoy lo hacen con el hambre y las drogas.

El clamor y el dolor irreparable de las madres wichi de Morillo necesita ser escuchado.

Reynaldo Oso Ferreyra, acompañado por otros caciques de comunidades colindantes al pueblo de Coronel Juan Solá (Morillo), dijo que lo que está sucediendo se puede definir como la fase final del exterminio de su pueblo. /El Tribuno Salta

brasil: "hasta que duela"

Brasil: el ultimátum de Lula

Valerio Arcary 26/01/2022

La táctica del Frente Amplio "hasta que duela" ha abierto una crisis en la izquierda. Una crisis peligrosa y desintegradora que Lula, al parecer, está subestimando. Alckmin nunca podrá ser un vicepresidente decorativo. El nombramiento de Alckmin no sólo fue un movimiento especulativo, sino que parece un hecho consumado, una realidad, algo concluido, irrevocable o irremediable. En otras palabras, un ultimátum para la izquierda.

Un ultimátum es una maniobra política extrema. El extremo es algo muy serio. Los ultimátums pueden ser explícitos o implícitos. De ello se deduce que la presentación de un ultimátum es una decisión definitiva, o una última advertencia, tras la cual no habrá negociaciones. La idea de que Lula es tan poderoso que puede presentar ultimátums es un cálculo apresurado. El afán de llegar al poder a cualquier precio es fatal. Las acciones producen reacciones. El liderazgo no debe ser caudillismo.

El reto político de 2022 es inmenso. El bolsonarismo no es sólo una corriente electoral de extrema derecha. Bolsonaro no sólo es un espantapájaros demagógico y autoritario. El bolsonarismo es neofascista, y Bolsonaro aspira a la subversión bonapartista del régimen.

Quienes entienden este desafío, y reconocen la legitimidad de Lula, se enfrentan a la necesidad de luchar por un Frente de Izquierda, hasta el último minuto, en las elecciones desde la primera vuelta. Pero esto no significa que la izquierda pueda aceptar ultimátums de que las alianzas y el programa serán decisiones unilaterales de Lula. Lula puede hacer mucho, pero no puede hacerlo todo.

El caudillismo crea una ilusión óptica. El caudillismo es una perversión autoritaria de la relación de autoridad del liderazgo carismático de las organizaciones populares con las amplias masas. El culto a la personalidad es un recurso demagógico que fomenta la "conexión directa" del candidato que representa a los sindicatos y movimientos sociales. Nadie debe sustituir el lugar de las organizaciones colectivas construidas por decenas de miles de militantes. Esto es un abuso de poder.

Las reuniones de Lula con Aloysio Nunes, dirigente del PSDB asociado a Fernando Henrique Cardoso, indican una discreta negociación de un gobierno de "concertación nacional" con participación de ese partido. La divulgación por parte de la prensa, en noviembre pasado, de reuniones sobre una posible candidatura de Alckmin a la vicepresidencia junto a Lula se lanzó como una maniobra exploratoria para comprobar posibles reacciones. Una maniobra "exploratoria" es una iniciativa preventiva para anticiparse a los escenarios, o un movimiento que busca evaluar las ventajas e inconvenientes de un reposicionamiento.

Fue una iniciativa sorprendente, porque una alianza del PT con un ala disidente del PSDB, el partido que expresaba, en las últimas décadas, más que ningún otro los intereses de la poderosa fracción paulista de la burguesía, era desconcertante, inusual y sorprendente. También se podría añadir inquietante, algo entre desproporcionado y grotesco.

Desconcertante, no sólo por las diferencias históricas, sino porque el PSDB apoyó, sin disidencias, el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. Insólito, porque nada menos que Geraldo Alckmin fue el candidato del PSDB cuando Lula estaba en la cárcel en 2018. Asombroso, porque nadie sabe si Alckmin ha cambiado de opinión sobre algo. Torpe, porque no tuvo en cuenta la opinión incluso del PT. Grotesco, porque es algo entre burlesco y ofensivo empezar a negociar con Alckmin antes incluso de siquiera sentarse, por ejemplo, con el PSol.

Esto es, en primer lugar, un ultimátum al propio PT, que descubrió la articulación a través de los periódicos. Pero también a todas las organizaciones sociales y políticas que construyeron lealmente la campaña Fuera Bolsonaro en torno a un programa común en 2021. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que este programa de reivindicaciones sea un punto de apoyo para la campaña de Lula/Alckmin. Por último, es un ultimátum al PSol, que, previsiblemente, se opondría.

Un ultimátum obedece a un cálculo de ganancias y pérdidas, de beneficios y daños. Se basa en una evaluación de la relación política de fuerzas. La apreciación que inspira la invitación a Alckmin es que, electoral y políticamente, la candidatura de Lula tiene tal fuerza de arrastre que, aunque se oponga, las fuerzas de la izquierda indignadas por la presencia de Alckmin serán neutralizadas.

Esta estimación es errónea. Sobreestima los votos potenciales en la clase media que Geraldo Alckmin puede agregar para derrotar a Jair Bolsonaro; sobreestima el compromiso de la parte del PSDB atraída por la gobernabilidad de un gobierno liderado por el PT; y, lo que es peor, señala innecesariamente a la burguesía y al imperialismo norteamericano los límites de un gobierno de Lula.

Pero también subestima la fuerza de los movimientos sociales como el feminista, el negro, el juvenil y el popular, el ecologista y el LGBTQIA+ que han acumulado una larga experiencia con los gobiernos de Alckmin, en São Paulo, y del PSDB, a nivel nacional. Además de despreciar la audiencia del PSol y de la izquierda más combativa, lo que ya ha demostrado ser un grave error en las últimas elecciones, como la de alcalde de São Paulo, en la que Guilherme Boulos llegó a la segunda vuelta.

Evidentemente, las elecciones de 2022 serán cualitativamente diferentes a todas las demás elecciones desde 1989, y debemos tener la máxima responsabilidad. El hecho fundamental es que será una lucha contra un gobierno de extrema derecha dirigido por una facción neofascista encabezada por un candidato a Bonaparte. Durante los últimos tres años la amenaza de la retórica golpista ha sido clara. No se ha abierto un momento de peligro "real e inmediato" de golpe militar, pero hemos estado cerca.

Estamos en enero de 2022, a diez meses de la primera vuelta, y en la coyuntura de este inicio de año, los sondeos de opinión sugieren que Jair Bolsonaro perdería las elecciones frente a Lula, si fueran ahora, quizás incluso en la primera vuelta. Pero ahora no lo son.

Décadas de procesos electorales ininterrumpidos, así como la circunstancia de que se ha producido una fractura en la burguesía y una parte de la clase dirigente, con influencia en la parte más influyente de los medios de comunicación comerciales, se ha pasado a la oposición, pero no han sido capaces de plantear un nombre unificado de "tercera vía", han generado una mentalidad "facilista". La facilitación es una trampa mental. La más grave es la subestimación de los enemigos.

Bolsonaro aún no ha sido derrotado. Y no hay que despreciar el peligro de su reelección: el proyecto de la extrema derecha es imponer una derrota histórica a los trabajadores y a la juventud. Sin la desmoralización de una generación en las clases populares no será posible abrir el camino para llevar la recolonización de Brasil hasta el final, y esta inversión de la relación social de fuerzas requiere la destrucción de las libertades democráticas.

Es un grave error restar importancia a las diferencias que existen entre los distintos regímenes burgueses. No es lo mismo una democracia liberal-presidencialista que un régimen bonapartista-presidencialista. Los dos son burgueses, pero diferentes. Una democracia burguesa es superior al bonapartismo.

La fuerza electoral de Lula, mucho mayor que el peso político de la izquierda, pero expresión de la potencia social de la lucha de los trabajadores y explotados, es clave en la lucha contra el bolsonarismo. Pero la explicación del prestigio de Lula descansa, en primer lugar, en la construcción del PT. No al revés. No se puede explicar la inmensa expectativa casi mesiánica de su autoridad política al margen de la historia del PT. Sin el PT, el lulismo no existiría. Sin el PT, Lula no habría podido superar a Leonel Brizola en las elecciones de 1989, y la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello fue decisiva para su posterior proyección nacional.

En la actualidad, la dinámica de la relación se ha invertido cualitativamente. El PT depende de Lula. No hay razón para no recordar que la formación en 1979/80 de un PT sin patrones, que evolucionó rápidamente para influir en las masas de las grandes ciudades del estado de São Paulo, dirigido por un líder de la huelga metalúrgica, sin relaciones internacionales sólidas, fue un fenómeno político admirable pero imprevisible. El PT no fue un accidente histórico, pero sí una sorpresa. En la tradición marxista un accidente histórico es un fenómeno accidental o transitorio, por lo tanto efímero.

A finales de los años 70, la mayor parte de la burguesía brasileña y los dirigentes políticos de la dictadura aún temían seriamente el espacio político que el PCB, por un lado, y Brizola y Miguel Arraes, por otro, podrían ocupar cuando llegara la amnistía. Era la etapa histórica de la Guerra Fría. Era una época de anticomunismo primitivo.

Había algo formidable y emocionante, pero también algo terrible en la historia del PT. Por utilizar el vocabulario acuñado por los clásicos griegos, tuvimos el momento épico, el trágico e incluso un poco de comedia en la trayectoria en la que el petismo se transformó en lulismo.

El PT fue el mayor partido de la historia de la clase trabajadora brasileña en el siglo XX. En los años 80, Lula y la dirección del PT (que organizó la corriente de la Articulación) fueron capaces de entusiasmar a un partido que en diez años pasó de ser una organización de unos pocos miles a cientos de miles de militantes. Y se pasó del 10% de los votos en 1982 para gobernador en São Paulo (y menos del 3% de media en los demás estados), a una segunda vuelta muy ajustada en las elecciones presidenciales de 1989, contando sólo con las aportaciones voluntarias.

El PT de 2022 es, por supuesto, otro partido, aunque la fracción dirigente es, esencialmente, la misma. En cuatro décadas, el PT eligió a muchos miles de concejales, algunos cientos de diputados estaduales y federales, gobernó más de mil municipios, muchos estados y cuatro mandatos en la Presidencia Presidente de la República.

El PT de 2022 es la máquina electoral más profesional de Brasil, por tanto, integrada en las instituciones del régimen. Paradójicamente, la autoridad de Lula no ha disminuido. Por el contrario, nunca ha sido mayor. Tan grande que su liderazgo amenaza al propio partido, al sustituirlo.

Valerio Arcary

Historiador, militante de la corriente Resistencia/PSOL, columnista de Esquerda Online.

portugal: voto hacia los principales partidos tradicionales de izquierda y derecha

Portugal: Socialistas por su cuenta

Michael Roberts

Los socialistas gobernantes de Portugal bajo el primer ministro, António Costa, lograron una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias del domingo. Los socialistas obtuvieron una mayoría absoluta en el nuevo parlamento sobre todos los demás partidos y podrán gobernar sin coalición. La coalición anterior llamada gerigonca (artilugio) se rompió en octubre pasado cuando los partidos de izquierda (Comunistas y Bloque de Izquierda) abandonaron la coalición por lo que vieron como un presupuesto de austeridad propuesto por los socialistas.

Costa convocó elecciones anticipadas esperando tener que formar una nueva coalición. Sin embargo, los socialistas se llevaron el 41,7% de los portugueses que votaron, un 5,4% pts más que en las elecciones de 2019, mientras que los partidos de izquierda perdieron un 6,9% pts. Entonces, la participación total de votos de izquierda en realidad cayó del 52,3% al 50,6%. El principal partido de derecha, PSD, también lo hizo mejor, pasando de una participación del 27,8% al 29,3%. Pero los pequeños partidos de "centro-derecha" perdieron terreno, por lo que la victoria socialista estaba asegurada.

En efecto, hubo una consolidación hacia los principales partidos tradicionales de izquierda y derecha. Excepto por una cosa: hubo un fuerte aumento en el partido de extrema derecha Chega (¡Basta!), que obtuvo el 7,2% de los votos para convertirse en el tercer partido más grande en el parlamento. Esa es una señal de lo que vendrá si los socialistas no logran mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de los portugueses, los más pobres de Europa occidental.

La participación electoral ha disminuido constantemente desde la primera elección democrática en 1975 después de la revolución para derrocar a la dictadura militar de Salazar. Entonces la participación fue del 91,7%. En las elecciones de 2019 había caído a solo el 48,6%. La participación del domingo saltó al 58,0%, la mejor desde 2009. Aun así, el 42% de los que no votaron superó fácilmente a los que votaron por los socialistas (uno de cada cinco) de alguna manera. Persiste la desilusión en la democracia parlamentaria.

El gobierno de coalición anterior supuestamente lo había hecho mejor que la mayoría en respuesta a la pandemia, con una de las tasas de vacunación más altas; pero la tasa de mortalidad aún era alta y solo se mantuvo dentro de los límites porque el pueblo portugués mostró una gran solidaridad al seguir las restricciones para proteger la salud.

La pandemia fue un desastre para una economía portuguesa ya débil. Portugal ha sido llamado 'capitalismo de la sardina' por su famosa conexión con la producción de ese pescado. Pero esto es engañoso: la agricultura y la pesca aportan menos del 2% del PIB anual y solo miles en empleo. Mucho más importante en una economía donde la producción y la inversión manufacturera son relativamente bajas es el turismo. Al igual que Grecia, el turismo contribuye con un enorme 20% al PIB anual y eso ha sido diezmado por la crisis de la pandemia. La economía de Portugal todavía está muy por debajo del nivel de tendencia antes de la pandemia.

https://www.oecd.org/economy/weekly-tracker-of-gdp-growth/

El gobierno de Costa llegó al poder con el compromiso de revertir las políticas de austeridad impuestas por la eurozona posteriores a la crisis de 2008. Al igual que otros gobiernos del sur de Europa en la última década, avanzó poco en crecimiento, productividad e inversión, incluso si evitó medidas de austeridad aún peores. La productividad se ha mantenido plana durante los últimos ocho años.

Nivel de productividad (índice = 100)

La economía de Portugal se ha quedado atrás del resto de la UE desde el año 2000, cuando su PIB real anual per cápita era de 16.230 euros (18.300 dólares estadounidenses) en comparación con un promedio de la UE de 22.460 (25.330 dólares estadounidenses). Para 2020, Portugal había subido a 17.070 euros (19.250 dólares estadounidenses), mientras que el promedio del bloque subió a 26.380 euros (29.750 dólares estadounidenses).

Base de datos WEO del FMI

La Unión Europea supuestamente pretendía 'nivelar' las economías capitalistas más débiles con el núcleo más rico. La apertura del comercio y la inversión después de que Portugal se convirtió en miembro en 1986 pareció funcionar, como lo hizo para otros países más débiles de la UE. Pero la introducción del euro cambió todo eso. Mientras que antes, los países más débiles de la UE podían dejar que sus monedas se depreciaran frente al marco alemán para tratar de seguir siendo competitivos. Esa ya no era una opción en la Eurozona. Sin mayor inversión y productividad, los miembros capitalistas más débiles no podrían competir. La convergencia se convirtió en divergencia. Portugal, como otros miembros más débiles, dependía de la IED de Alemania y Francia. La deuda externa aumentó considerablemente y la crisis de la deuda del euro en 2012 a raíz de la crisis financiera mundial empujó al país a la penuria y la austeridad.

Mientras tanto, los bajos salarios y el alto desempleo estimularon la emigración, una característica realmente desde la década de 1960. En los últimos diez años, un período que incluye gobiernos dirigidos tanto por los socialistas como por los socialdemócratas de "centro-derecha", unas 20.000 enfermeras portuguesas se han ido a trabajar al extranjero, en una fuga sin precedentes de talento médico. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo del 25%.

Tasa de desempleo juvenil (%)

El salario promedio es de solo 1.300 euros (1.466 dólares estadounidenses) al mes. Entre todos los países de la OCDE, Portugal tiene el sexto salario promedio más bajo pero el aumento más alto en los precios de la vivienda. Portugal vio la inversión pública más baja en toda la Unión Europea en 2020 y 2021. Esa fue parte de la razón por la que los partidos de izquierda se retiraron de la coalición.

El gobierno socialista asume ahora toda la responsabilidad de mejorar las condiciones del 99% en Portugal. Está poniendo todas sus esperanzas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE, que reúne fondos de los miembros más ricos para ayudar a las economías más débiles, la primera vez que se emplea un paquete fiscal de este tipo en toda la UE. El gobierno calcula que el plan europeo de recuperación ante la pandemia tendrá un impacto económico de 22.000 millones de euros (25.000 millones de dólares) hasta 2025 y, como resultado, el PIB de Portugal en 2025 será un 3 % más alto de lo que sería sin ese plan.

Impacto del plan de la UE

Esa es la esperanza. Pero el dinero todavía viene con condiciones: a saber, se supone que el gobierno debe mantener una política fiscal estricta y mantener bajos los déficits presupuestarios y, sobre todo, comenzar a reducir su enorme índice de deuda pública.

Deuda pública sobre PIB (%)

Aunque el gobierno socialista obtendrá fondos de la UE para gastar en infraestructura y servicios, es probable que haga poco para lograr que un sector capitalista muy débil invierta y amplíe el empleo y aumente los salarios. Eso es porque la rentabilidad del capital en Portugal es miserable. Ha sido plano y bajo durante 40 años. La UE no ha hecho nada por el capital portugués hasta ahora.

Serie Penn World Table 10.0 IRR

Portugal es un país pequeño con solo 10 millones de habitantes y una economía de $ 200 mil millones. Bajo el capitalismo, está sujeto a la 'amabilidad' o no de los 'extraños' (es decir, capital alemán y francés). Y el nuevo gobierno socialista no tiene intención de cambiar eso.

1/30/2022

avaricia corporativa

Combatir la inflación significa enfrentarse a las grandes empresas

Meg Jacobs

Combatir la inflación significa enfrentarse a las grandes empresas

Desde los tiempos de la administración Carter, la política monetaria ha sido la principal herramienta de los presidentes para frenar la inflación, que ha ido en aumento: El índice de precios al consumo aumentó un 6,8% hasta noviembre, el ritmo más rápido desde 1982. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha girado hacia una política monetaria más restrictiva, anunciando planes para reducir las compras de bonos del banco central y subir los tipos de interés el próximo año.

Sin embargo, la inflación no sube y baja solo por la política monetaria. Es en gran medida el resultado de las decisiones que toman las empresas. Y la historia demuestra que los presidentes tienen el poder de frenar la inflación enfrentándose al poder empresarial, si así lo deciden.

Aunque Franklin Roosevelt es más conocido por la expansión de la red de seguridad social del New Deal, también protegió a los estadounidenses contra la inflación en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, su Oficina de Administración de Precios impuso topes de precios a tres millones de empresas y a más de ocho millones de productos. La oficina también puso topes a los alquileres de 14 millones de viviendas ocupadas por 45 millones de residentes y emitió sellos de racionamiento para productos como la carne con el fin de gestionar el suministro. Según las encuestas de Gallup, más de tres cuartas partes del público estaban a favor de ampliar los controles después de la guerra.

Cuando Harry Truman perdió una amarga lucha en el Congreso para hacer precisamente eso, hubo consecuencias. Cuando llegó la paz, los estadounidenses, deseosos de gastar sus ahorros acumulados, se encontraron con una escasez de suministros: Los fabricantes aún no habían recuperado la producción de los tiempos de guerra.

En el verano de 1946, sin controles, el coste de la vida se disparó. En julio, los precios de la carne se duplicaron hasta los 70 centavos de dólar la libra. En las elecciones intermedias de 1946, los demócratas perdieron el control del Congreso por primera vez desde 1932.

En 1948, con una inflación del 7,7%, Truman condenó a los republicanos "inmovilistas" que achacaban el aumento de los precios al nuevo poder sindical. En su campaña de reelección de ese año, prometió ampliar el New Deal y se mostró muy contrario al poder empresarial. "Los republicanos no quieren ningún control de precios por una sencilla razón: cuanto más suben los precios, más beneficios obtienen las empresas", dijo ese año.

En una parada de campaña en Kentucky en octubre de 1948, arremetió contra la Asociación Nacional de Fabricantes, un grupo de presión empresarial que se oponía al control de precios, por participar en una "conspiración contra el consumidor estadounidense". Convocó al Congreso a una sesión especial de verano para restablecer los controles de precios, pero ese esfuerzo fracasó.

Los demócratas volvieron a las urnas; los trabajadores del automóvil dieron a Truman el 89% de sus votos, ayudándole a asegurar la reelección en una contienda muy reñida. Una de las claves de su éxito fue redoblar el discurso de dureza contra la inflación y el apoyo a los programas sociales para elevar el nivel de vida de los estadounidenses de a pie.

Desde la presidencia de Truman hasta la de Lyndon Johnson, los demócratas se ciñeron al programa. Al igual que Truman, que llegó a ordenar una toma de posesión de las fábricas de acero del país cuando anunciaron una subida de precios, John F. Kennedy y Johnson también reprendieron públicamente a los ejecutivos de la siderurgia por las subidas de precios.

Todos ellos se pronunciaron en contra de los esfuerzos de William McChesney Martin, el presidente de la Reserva Federal, por subir los tipos de interés. Martin hizo valer su independencia y subió los tipos de todos modos; según él, el trabajo de la Reserva Federal era "quitar la ponchera justo cuando la fiesta se está poniendo buena". Truman le llamó "traidor".

Cuando la inflación golpeó en la década de 1970, Richard Nixon comprendió las expectativas creadas por la Oficina de Administración de Precios de Roosevelt. Como inspector de la agencia en la época de la Segunda Guerra Mundial, Nixon se horrorizó ante la idea de que los burócratas controlaran las decisiones de precios de las empresas privadas, y renunció. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, no dudó en imponer controles de precios en respuesta al aumento de los costes de la carne de vacuno y la gasolina.

Milton Friedman, el economista del mercado libre, y otros conservadores denunciaron la respuesta de Nixon por considerarla demasiado dura, un mensaje al que su sucesor, Gerald Ford, se acomodó. En lugar de controlar los precios, Ford distribuyó botones "Whipation Inflation Now" y pidió austeridad presupuestaria.

A medida que el pensamiento económico estadounidense caía bajo la influencia de Friedman, las herramientas de Roosevelt-Truman perdían favor. Cuando la inflación alcanzó los dos dígitos en 1979, el presidente Jimmy Carter nombró a Paul Volcker para la Reserva Federal con el fin de utilizar la política monetaria para luchar contra la inflación. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia, apoyó el movimiento muscular del Sr. Volcker para subir los tipos de interés y llevar la economía a la recesión con el fin de luchar contra la inflación. Los presidentes posteriores se han ceñido en gran medida a este enfoque de control de la inflación.

En medio de una pandemia, el presidente Biden ha mostrado su disposición a apoyar a las empresas estadounidenses y a adoptar herramientas al estilo del New Deal para aligerar las presiones inflacionistas. A través de su grupo de trabajo sobre la cadena de suministro, está trabajando para revertir la deslocalización y la subcontratación, ampliar la producción nacional y ayudar a que los puertos de Los Ángeles permanezcan abiertos las veinticuatro horas del día para aliviar la acumulación de carga. Su proyecto de ley de infraestructuras destinará miles de millones a la construcción y explotación de puertos costeros y vías navegables interiores, lo que aliviará aún más los precios.

Biden también ha advertido a los cuatro grandes procesadores de carne de las prácticas anticompetitivas que probablemente han contribuido a la subida de los precios, incluyendo la expulsión de los competidores. Su administración se ha comprometido a tomar medidas más agresivas contra la fijación ilegal de precios y el antimonopolio, al tiempo que trabaja para dar más transparencia a los mercados de ganado. El aumento de los precios de la carne "no es sólo la consecuencia natural de la oferta y la demanda en un mercado libre, sino también el resultado de las decisiones de las empresas para aprovechar su poder de mercado en un mercado no competitivo, en detrimento de los consumidores, los agricultores y ganaderos y nuestra economía", escribieron recientemente sus asesores económicos Brian Deese, Sameera Fazili y Bharat Ramamurti.

A través de la Comisión Federal de Comercio, Biden ha pedido que se investiguen los precios fijados por las grandes compañías de petróleo y gas y ha autorizado la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo para frenar la capacidad de la OPEP de subir los precios. También se reunió con los directores ejecutivos de Walmart, Mattel, Food Lion, Kroger y otras empresas para discutir sus planes para superar los problemas de la cadena de suministro y mantener los precios bajo control para las vacaciones.

En las próximas semanas, Biden debería utilizar su púlpito para dejar claro a los estadounidenses que las empresas están aumentando sus beneficios mientras las familias trabajadoras están luchando contra la pandemia. Casi dos tercios de las empresas que cotizan en bolsa tuvieron márgenes de beneficio sustancialmente mayores este año en comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. En 2021, cerca de 100 de ellas vieron cómo sus márgenes de beneficio subían al menos un 50 por ciento con respecto a 2019, según informó The Wall Street Journal.

Mostrar a los estadounidenses trabajadores que entiende esto ayudará al Sr. Biden a demostrar que se preocupa, como me dijo el analista demócrata Joel Benenson. "No tenemos un problema de inflación", dijo. "Tenemos un problema de avaricia corporativa. Y el presidente debería poner la culpa donde corresponde".

Mientras el Sr. Biden se apoya en las grandes empresas para moderar el aumento de los precios, también necesita impulsar con fuerza políticas que tengan un impacto mucho mayor que las fluctuaciones de los precios de la gasolina o la carne: su estancada legislación Build Back Better contribuiría en gran medida a aliviar la carga de los grandes gastos. El Sr. Biden prometió que el proyecto de ley reduciría los gastos directos para el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, la vivienda, la universidad, la atención médica y los medicamentos recetados, algunos de los mayores desembolsos a los que se enfrentan la mayoría de las familias.

Al igual que sus predecesores demócratas, el Sr. Biden tiene que ponerse firme.

Meg Jacobs

enseña historia y asuntos públicos en Princeton y es autora de "Pocketbook Politics: Economic Citizenship in Twentieth-Century America" y "Panic at the Pump: The Energy Crisis and the Transformation of American Politics in the 1970s". Está escribiendo un libro sobre el New Deal y la Segunda Guerra Mundial.

Fuente:

https://www.nytimes.com/2021/12/24/opinion/inflation-truman-biden-corporate-power.html

sobre la institucionalidad venezolana: una visión socialdemócrata

¿Qué nos dice la derrota del chavismo en Barinas?

Ricardo Sucre Heredia

Las elecciones en el estado de Barinas de Venezuela demostraron que con el voto fue posible una alternancia en un estado fuertemente simbólico para el chavismo. Pero es apenas un pequeño paso para pasar de un conflicto político sin reglas a uno en el que impere una convivencia institucional entre gobierno y oposición.

El 9 de diciembre de este año, el estado de Barinas repitió las elecciones para elegir gobernador. Que la ciudadanía debiera concurrir por segunda vez a las urnas es un hecho extraño, derivado de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los comicios que habían tenido lugar en noviembre. En esa elección, el candidato de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Freddy Superlano, le había ganado por estrecho margen al gobernador y candidato oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP), Argenis Chávez Frías, uno de los hermanos del ex-presidente Hugo Chávez. De hecho, el estado ha estado gobernado todos estos años por la familia Chávez.

En las elecciones de noviembre, Superlano había obtenido 37,6% de los votos, mientras que Chávez Frías había sumado 37,2%. La razón formal del TSJ para convocar nuevamente a elecciones estribó en que Superlano se encontraba inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR) al momento de ser candidato, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no sabía de esa decisión. Claramente, se trató de un intento del oficialismo de evitar una derrota en un estado considerado la «cuna de la revolución».

En la elección repetida, sin embargo, los candidatos ya no eran los mismos. Ni Superlano (inhabilitado) ni Chávez Frías (que decidió no volver a competir, en una admisión de su derrota) participaron de la elección. Por la MUD se presentó Sergio Garrido (miembro de Acción Democrática), mientras que por el GPP se postuló Jorge Arreaza, ex-marido de Rosa Virginia Chávez, una de las hijas del ex-presidente y fogueado dirigente del chavismo. De manera inesperada para muchos, Garrido obtuvo la victoria con 55,3% de los votos frente a Arreaza, que se quedó con 41,2%. Otros candidatos totalizaron 3,36%, mientras que la abstención alcanzó el 48%.

Un estado particular

El estado de Barinas, ubicado en el suroccidente de Venezuela, es mayormente agrícola –aunque también tiene minerales y petróleo–. Poseedor de una topografía que combina llanos y montañas, es el octavo en extensión territorial y tiene una población de poco más de un millón de habitantes. Desde el punto de vista electoral, no es un estado de una importancia significativa: ocupa el puesto 15 de 24 en cuanto a número de electores.

Desde el comienzo de las elecciones directas de gobernadores y alcaldes en 1989, Barinas fue gobernado dos veces por el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), entre los años 1990-1993 y 1996-1999, y una vez por el partido socialcristiano Copei, entre los años 1993-1996. Pero a partir de las elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998 Barinas es gobernado por la familia Chávez. Hugo de los Reyes Chávez, conocido en el estado como «el maestro Chávez» y padre del ex-presidente, fue gobernador entre 1998 y 2008. Luego lo sucedió su hijo mayor, Adán Chávez, quien dirigió el estado entre 2008 y 2017, cuando Nicolás Maduro lo designó ministro de la Cultura, antes de darle su actual puesto de embajador en Cuba. En las elecciones de octubre de 2017, ganó uno de los hijos menores del «maestro Chávez» y uno de los seis hermanos del ex-presidente: Argenis Chávez Frías.

La importancia de Barinas es evidente: se trata del territorio histórico de la familia Chávez. El peso simbólico del estado para el chavismo no ha pasado nunca desapercibido y, por ello, esta elección atrapó la atención de los venezolanos y de no pocos medios de comunicación internacionales. Y la derrota del chavismo en ese estado es, ahora, motivo de debates.

Movilización del electorado y liderazgos regionales

La baja en la abstención y la distribución del voto en 2021 favorecieron más a la MUD que al GPP. Si en noviembre de 2021 la mayoría del voto se repartió en cinco organizaciones –de las cuales cuatro eran de la oposición–, en enero de 2022 no fue así. Garrido y Arreaza sumaron 96,5% de los sufragios. En 2021, la suma fue de 74,8%. En 10 de los 12 municipios del estado, la abstención en enero fue menor que en noviembre, salvo en Ezequiel Zamora y Pedraza, donde la subida fue discreta.

Garrido ganó porque los electores se movilizaron más y los votos fueron en mayor proporción a la MUD que al GPP, sea de los nuevos votantes –en 2022 se sumaron 36.527 personas– o de quienes habían votado por tarjetas distintas a la MUD en 2021. El GPP redujo su votación con respecto a noviembre de 2021 en un municipio (Antonio José de Sucre), se mantuvo igual en uno (Barinas), y subió en los 10 restantes. Pero los aumentos no fueron suficientes para restarle votos a la oposición, que atrapó la mayor cantidad de sufragios. En el municipio de Barinas, la capital del estado, el voto del GPP se mantuvo relativamente igual en ambas elecciones, pero en esta oportunidad el voto se polarizó y quienes habían votado por otras opciones anteriormente, ahora lo hicieron por el MUD, lo que explica su subida de 31,5% en noviembre a 55,2% en enero. Además, en el municipio Barinas la abstención bajó 9 puntos entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Este comportamiento se observó en los restantes municipios. El chavismo solo le quitó votos a la oposición en Arismendi y Pedraza. La MUD tuvo aumentos significativos en los municipios que concentran 70,4% de la población electoral del estado. En cambio, los mayores índices de crecimiento del GPP se produjeron en municipios con más baja población de votantes.

El desempeño electoral de la MUD fue casi tres veces mejor que el desempeño del oficialismo. La diferencia entre Garrido y Arreaza fue de 44.267 votos. El crecimiento de la tarjeta de la MUD fue robusto y no solo le permitió ganar, sino tener un colchón para que la victoria de Garrido fuera más sólida. Para haberle ganado, el GPP tendría que haber duplicado su diferencia entre noviembre y enero.

El chavismo mejoró, pero no lo suficiente.

El éxito de la MUD se explica, por un lado, por el papel del liderazgo regional. Este se rebeló contra las direcciones nacionales de los partidos del G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular) y decidió participar en las elecciones de noviembre de 2021. De ahí, por ejemplo, la ambigüedad de Voluntad Popular con los integrantes del partido que decidieron ir a noviembre, que según sus cifras pasaron de 1.000 candidatos. La dirección no los apoyó, pero tampoco los desautorizó. En esa ambigüedad entró el comportamiento de los dirigentes regionales. Uno muy importante es el propio Freddy Superlano, quien forma parte de Voluntad Popular. No solo tuvo un buen resultado en las regionales de 2017 –aunque no ganó y en 2021 su triunfo fue desconocido–, sino que su campaña y comportamiento en noviembre tuvieron mucho sentido político. No fue estridente ni amenazante. Ni él ni Sergio Garrido cedieron a la estrategia de plebiscitar la elección como pedían voces cercanas al «interinato» que preside Juan Guaidó. Mantuvieron, por el contrario, un equilibrio entre las demandas del liderazgo nacional y las realidades del estado. Lograron así tejer apoyos para Garrido. La tarjeta de la MUD para la gobernación de Barinas fue respaldada por tres fuerzas en noviembre de 2021, pero para las elecciones de enero Garrido tuvo el apoyo de seis movimientos.

Los electores barineses observaron una campaña para el estado que no buscaba hacer de Barinas un «bastión para el quiebre» –que es la tesis del entorno de Guaidó–, sino que pretendía salir de la hegemonía de los Chávez con un candidato que ha vivido y hecho su carrera política siempre en el territorio. Esto lo contraponía al caraqueño Jorge Arreaza (quien ejerció distintos cargos ministeriales durante los gobiernos de Chávez y Maduro), y era percibido como un candidato «traído de afuera».

El segundo factor que explica el triunfo de la MUD es el cansancio de la población con los gobiernos de la familia Chávez. Ese deseo de cambio está lejos de ser nuevo. En las elecciones de 2008, Adán Chávez obtuvo 51% de los votos, pero el candidato opositor Julio César Reyes -hoy secretario de gobierno de la Gobernación de Barinas- logró un nada despreciable 44%. Incluso en 2012, cuando Adán Chávez fue reelegido con 58% –el segundo porcentaje más alto luego del 76,3% que sacó el «maestro» Chávez en 2004–, Julio César Reyes sumó 42%. El éxito de 2022 se debió a que liderazgos regionales trabajaron y no abandonaron su estado.

Vida dura y pobreza

¿Por qué perdió el chavismo? ¿Y por qué dos veces? ¿Cuáles son las razones que explican que en el «territorio de los Chávez», la fuerza política oficialista haya perdido parte de su caudal electoral?

El primer factor estriba en las condiciones de vida de la población. La ciudadanía vive mal y lo ha hecho notar en los comicios. Si bien la dolarización de facto de la economía ha traído un respiro y su efecto es transversal –alcanza en diferentes proporciones tanto a sectores acomodados como a sectores populares–, la calidad de vida está lejos de haber mejorado. Solo las elites y sus círculos pueden decir que viven bien. Y nadie más, aunque posea dólares. No se trata solo de las «condiciones objetivas», sino de la añoranza de una cierta estabilidad y tranquilidad de la Venezuela del pasado. Esa añoranza está en el «inconsciente» de la población.

Los problemas de gestión del gobierno de Maduro son evidentes. En una de sus actividades al final del año pasado, el presidente mostró con mucho orgullo un video de una rotura de un caño de agua en Caracas y afirmó que debería haber algo como una app para denunciar ese tipo de situaciones y generar un «gobierno directo» donde el pueblo pueda generar «alertas» y «soluciones». El gobierno considera que todo se remite a una denuncia en redes sociales o a través de una app, sin considerar la competencia de los equipos de gobierno. Y esto, en un contexto que está muy lejos de la alucinante cantidad de recursos que tuvieron los gobiernos de Chávez.

El segundo factor que explica la derrota del chavismo es la pobreza en que vive la población de Barinas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, Barinas era en 2021 el tercer estado de Venezuela con más personas en situación de pobreza, luego de Yaracuy y Sucre. En las elecciones regionales de noviembre de 2021, se observó que, agrupados los estados de Venezuela y la capital del país en regiones, las que muestran mejores índices económicos y sociales tendieron a votar en mayor medida por el chavismo, mientras que las más afectadas por la pobreza tendieron a hacerlo por la oposición. Este es el caso de Barinas en 2021 y 2022.

¿Un caso de estudio para una futura alternancia en el poder nacional?

Poco a poco, de manera planificada o no, se construye un camino para una posible alternancia en el poder «a la venezolana». Y ese camino tendrá su prueba en las elecciones presidenciales de 2024. Hay límites que el gobierno no puede sobrepasar. Hacerlo crearía una situación de ingobernabilidad y conflicto que el propio Ejecutivo no desea. El gobierno internalizó que necesita estabilidad y gestión y no puede ni quiere volver a las etapas de 2015 a 2019. Si es así, la alternancia en el poder es una posibilidad. La eventualidad de que el chavismo pierda las presidenciales de 2024 existen y son reales. Pero construir el eventual camino a la alternancia para 2024 no depende solo de Maduro. También depende de lo que haga la oposición con su victoria en Barinas. Es un «baile a dos». Si Garrido cree que su victoria es para hacer de Barinas un «bastión del quiebre» del chavismo, seguramente fracasará. Si el gobierno de Maduro y la gobernación de Garrido logran regular el conflicto y construir reglas para la competencia, pero que permitan al segundo armar una gestión y al primero no sentirse amenazado, se dará un paso importante para la construcción de las reglas para 2024 y el pueblo venezolano podrá decidir qué gobierno desea tener.

El pasado 13 de enero, el presidente Maduro y el gobernador Garrido se encontraron en el Palacio de Miraflores. Si bien no hubo una declaración oficial, el video muestra que fue una reunión larga y respetuosa. Esto puede significar que tanto Maduro como Garrido son conscientes de que, pese a las diferencias, deben comunicarse y establecer planes de trabajo. No se sabe cómo terminará esta relación –ni tampoco la relación con los otros tres gobernadores de la oposición elegidos en 2021–, pero puede percibirse que el conflicto político venezolano toma vías institucionales, que no estarán exentas de tensión. Desde una perspectiva optimista, la elección en Barinas podría ser la muestra de que el conflicto entre gobierno y oposición puede dejar de ser tramitado en un escenario anárquico y dirimirse en uno en el que imperan nuevas reglas.

bailar sobre la cuerda floja

El “entendimiento” con el FMI
Un ajuste controlado por expertos

Escribe Gabriel Bencivengo |

La deuda que contrajo Macri en cinco minutos llevará una década pagarla. Un vistazo al nuevo crédito para refinanciar el viejo, los senderos fiscal y monetario anunciados, el tema de los subsidios a las tarifas y las promesas de Guzmán; además de las dudas sobre el futuro y la letra chica del memorándum que se conocerá a fines de febrero.

Trago amargo. El acuerdo “razonable” -del que habló Alberto Fernández- y que “sana el presente sin comprometer el futuro” -según Martín Guzmán- sabe a poco, a muy poco, pero es lo que hay. En la práctica implica un nuevo programa de dos años y medio durante el cual el FMI hará revisiones trimestrales de las metas acordadas y, en la medida en que se cumplan, hará desembolsos que la Argentina utilizará para cancelar cada uno de los vencimiento del stand by contraído por Macri. Luego se deberá volver a considerar la deuda de 44 mil 500 millones de dólares.

Puesto de otra forma: se pidió un nuevo préstamo por el equivalente al anterior para refinanciar el pasivo heredado del macrismo en el marco de un plan de facilidades extendidas de diez años. Algunos dirán que ganó el pragmatismo. Otros lo calificarán como una claudicación. Lo concreto es que el gobierno saltó el abismo que significaban los impagables vencimientos de este año y el próximo. Lo hizo montado en un Caballo de Troya. Los objetivos inmediatos son contener la inflación y reforzar las reservas del BCRA. No mucho más.

A juicio de este cronista se impusieron las condiciones objetivas. Sí, el mentado mal menor. Hasta China forma parte del FMI. Dudas sobre lo que vendrá sobran. El sendero de ajuste fiscal señala metas en materia de déficit primario del 2,5% para este año, del 1,9% para el próximo y del 0,9% para 2024. También una drástica reducción de la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional, partiendo del 1% este año para alcanzar una desafiante 0% en 2024. “Que la asistencia no sea sistemática para evitar presiones adicionales al tipo de cambio”, matizó Guzmán.

Un sendero de por sí estrecho que, con el viento en contra, se convirtió en camino de cornisa. Allí están para confirmarlo un comercio internacional dislocado, la interminable pandemia y las inminentes subas de las tasas de intereses de la FED y el Banco Central Europeo; además de la relación de fuerzas en el Congreso, la sequía que amenaza con reducir el ingreso de divisas y el aumento del precio mundial de la energía que impacta ya sobre el monto de los subsidios energéticos (Ver: “Los subsidios en el centro de la escena”). La pregunta es obvia: ¿Sin los sesgos expansivos de las políticas fiscal y monetaria, la recuperación se verá amenazada? El Gobierno dice que no. La razón: que no habrá recorte de la inversión pública en términos reales.

La apuesta es clara. Salir de la encerrona por el lado del comercio exterior. La locomotora que debería traccionar al mercado interno. La que critica con dureza el kirchnerismo por larga y dolorosa en términos sociales, además de riesgosa en lo político de cara a las próximas presidenciales. En ese contexto, el Gobierno deberá maximizar el uso de las divisas para impulsar a los sectores que exportan. Los que aportan dólares, el bien más escaso. Otros dos interrogantes: ¿Alcanzará con el superávit del comercio exterior y lo que quede de los desembolsos para reforzar las reservas? ¿Será suficiente para satisfacer la demanda de insumos y bienes importados que demanda el aparato productivo? El Gobierno dice que sí.

Por lo pronto, en teoría, un acuerdo avalado por el Congreso debería despejar la incertidumbre financiera -asociada a los vencimientos de la deuda-, aflojar las tensiones cambiarias y favorecer una progresiva desaceleración inflacionaria. Nada dice de una mejora del salario real. Tampoco de las posibilidades de las empresas ancladas en mercado interno. Una a favor. El gobierno consiguió eludir las clásicas condicionalidades del FMI: liberalización de controles, salto devaluatorio y reformas estructurales. No es poco. Nobleza obliga.

Cierto que no da para la épica. Lo hizo ayudado por el corset que le impone al FMI el contexto pandémico y la larga lista de irregularidades en que incurrió al otorgarle al macrismo el stand by de 2018. Según el Gobierno, tampoco habrá tarifazo. El tema de los subsidios energéticos, al decir de Guzmán, quedó afuera del radar de las revisiones. No lo parece. El FMI ya lo desmintió, o al menos puso en duda su afirmación. Lo hizo después de la conferencia en el microcine de Economía. El comunicado afirma que se acordó una “reducción progresiva (…) fundamental para mejorar la composición del gasto público”. Es lo que explica la mayor parte del déficit primario. La misma piedra con la que tropezaron los tres kirchnerismos sobre los que escribió en su momento Matías Kulfas.

El Gobierno asegura que el acuerdo no comprometerá los objetivos centrales de garantizar crecimiento, creación de empleo formal y mejorar la distribución del ingreso. Pinta como muy optimista. Puede en el mejor de los casos que no juegue en contra, pero recortará la recuperación. Nadie espera que lluevan inversiones. Las que se concreten muy probablemente apuntarán, al menos en una primera etapa, al comercio exterior. La agenda de reindustrialización y autoabastecimiento energético, diversificación exportadora y salto tecnológico que maneja Kulfas.

En síntesis, el entendimiento maroeconómico alcanzado -“una plataforma”, según la definió Guzmán- es apenas un primer paso en el camino hacia la resolución completa de la reestructuración de la deuda. Lo dicho. Alcanza solo a las políticas que deberá llevar adelante el Gobierno en los próximos dos años y medio. La segunda parte, por ahora, está pendiente. Según Guzmán, tomará unas semanas más. Hasta fines de febrero, dijo Miguel Pesce. Allí aparecerá la letra chica del acuerdo final. Un caja que puede deparar sorpresas.

En pocas palabras: el problema de la deuda volvió para quedarse. Los que empujaban el camino del default entienden que tarde o temprano habrá que renegociar una vez más con el FMI y los acreedores privados. Enfatizan, en definitiva, que el entendimiento es tomar un nuevo crédito para saldar el anterior y, de esta forma, se validó el firmado en 2018. Puntualizan que el esquema mantendría al país al borde del default durante los próximos dos años y medio. Cuando operan los vencimientos más importantes. Ahogo político y financiero. El alivio llegaría después.

Descartada la opción del default con el FMI y abortada la posibilidad de cuestionar la legalidad del stand by macrista, la Argentina deberá bailar sobre la cuerda floja de la geopolítica mundial durante la próxima década. Lo hará en un mundo ya no tan bipolar, pero tampoco tan multipolar. Juan Domingo Biden no existe. Nunca existió. Ninguna concesión aliviará la carga. Ergo, se mantendrá la incertidumbre sobre las posibilidades objetivas de cumplir lo acordado.

A cuatro años de la vuelta de Argentina al FMI es imposible evaluar la dimensión del daño futuro que generó Cambiemos. El presente se vive todos los días. Se mide en términos de las calamidades sociales y productivas que ocasionó. Tan patente como que el plan de Trump para salvar a Macri y su agenda neoliberal fracasó en lo inmediato. No en el largo. Al mando del FMI están Washington y sus aliados. Un condicionante imposible desestimar. Funciona, además, como una señal de advertencia hacia el resto de la región.

Sí, justo en el momento en que Estados Unidos pugna con Rusia en Ucrania y en el sudeste asiático con China. Moscú y Beijing, los destinos en los que aterrizará Alberto Fernández en los próximos días. El FMI como herramienta de intervención geopolítica. Bretton Woods y los tratados que reorganizaron el mundo post bélico. En definitiva, no solo de ajuste fiscal vive el FMI. Algo de eso dejó entrever el propio Guzmán a principios de enero. Fue cuando expuso ante los gobernadores la marcha de la negociación con el FMI. Dijo que esperaba que la negociación siguiera en el plano geopolítico.

1/29/2022

declaración

Declaración del equipo del FMI sobre Argentina

28 de enero de 2022

Washington, DC: Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, emitió hoy la siguiente declaración:

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI. Las principales áreas del acuerdo incluyen lo siguiente:

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas acordaron el sendero de consolidación fiscal que formará un ancla de política clave del programa. El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario. Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público.

“Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad.

“También hemos acordado que el apoyo financiero adicional de los socios Internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible.

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas continuaran su trabajo en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico. Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.”

Departamento de Comunicaciones del FMI

RELACIONES CON LOS MEDIOS

OFICIAL DE PRENSA: MARIA CANDIA

TELÉFONO:+1 202 623-7100CORREO ELECTRÓNICO: MEDIA@IMF.ORG

cárceles en latinoamérica: un espacio seguro para los delincuentes y criminales...

Las cárceles de la muerte en Ecuador

Carla Morena Álvarez Velasco

Los motines y las masacres en las cárceles de Ecuador han conmocionado al país. Personas privadas de su libertad viven hacinadas y sin alimentos suficientes, y los narcotraficantes controlan los negocios desde las prisiones, mientras el gobierno despliega una política punitiva sin poder garantizar el propio funcionamiento del sistema.

A lo largo de 2021, Ecuador vivió la peor crisis carcelaria de su historia. Durante los meses de febrero, julio, septiembre y noviembre, se produjeron cuatro matanzas en diferentes recintos carcelarios del país que terminaron con la vida de unos 250 presos, cometidas con una brutalidad nunca antes vista. En febrero murieron 47 personas en motines simultáneos en tres diferentes cárceles (ubicadas en las ciudades de Latacunga, Guayaquil y Cuenca). En julio, la violencia interna cobró la vida de unas 27 personas en la penitenciaría de Guayaquil, lugar donde también ocurrieron las matanzas de septiembre y noviembre, en las que murieron 112 y 62 personas privadas de la libertad respectivamente. Si el sistema carcelario del Ecuador fuera una ciudad, sería, después de Guayaquil, la segunda urbe más violenta del país.

Ecuador es un país de 17 millones de habitantes, que tiene una población penitenciaria de 39.000 personas. Su sistema carcelario está compuesto por 53 cárceles, que en conjunto cuentan con la capacidad para albergar a unas 30.000 personas, pero que sin embargo acogen a casi 10.000 personas más. Por otra parte, la tasa de encarcelamiento en Ecuador fue de 215 presos por cada 100.000 habitantes en 2017, la cual se ha triplicado desde 2009, momento en que llegó a ser de 85 presos por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas en la historia del país.

A primera vista, los grandes indicadores de la situación carcelaria ecuatoriana no ofrecen respuestas al porqué de la violencia vivida. Sin embargo, una mirada a las condiciones de vida en prisión proyecta más pistas. En efecto, existen cárceles en las que no hay agua potable, la atención médica es casi inexistente, la alimentación es escasa y de tan mala calidad que es grave fuente de enfermedades (se invierte menos de un dólar diario en cada una de las comidas de los presos), no existen psicólogos ni psiquiatras (hay 95 psicólogos y 5 psiquiatras para atender a los casi 40.000 presos), entre muchas otras carencias.

Además, el sistema carece de suficientes guías penitenciarios para controlar la actividad de los presos: hay unos 1.500 celadores para controlar y atender a 39.000 personas privadas de su libertad. De hecho, en algunos recintos carcelarios, cada guía debe hacerse cargo de la vigilancia de hasta 193 reos, aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomienda un guía por cada diez presos. Tanto por la falta de control, como por la precariedad existente, en las cárceles se ha instaurado un sistema de mafias que extorsionan a los presos y a sus familias a cambio de seguridad, comida, medicina o un lugar donde dormir. Ante esta situación, los presos deben llegar a pagar unos 240 dólares al mes para poder sobrevivir, lo que a gran escala es un negocio muy rentable.

En definitiva, en Ecuador el excesivo recurso al encarcelamiento en malas condiciones ha permitido el estallido de un polvorín (que causó más de 300 muertes en un solo año) y, por otra parte, plantea un severo cuestionamiento sobre la eficacia del sistema penitenciario como un mecanismo para prevenir el crimen y el delito, especialmente en vista del importante incremento de la violencia que vive el país.

Con estos antecedentes, la violencia de las cárceles ecuatorianas constituye el resultado de la aplicación de un modelo de gestión carcelario en el que convergen una sociedad y un sistema judicial que privilegian el encierro como castigo al cometimiento de delitos, lo que ha generado un sobreencarcelamiento, especialmente de gente joven y pobre. Por otro lado, esta situación evidencia a una clase gobernante que impulsa el encierro, pero que da la espalda a la prisión, al tiempo que es negligente con los recursos necesarios para su operación en condiciones dignas y humanas. En estas circunstancias, las cárceles ecuatorianas se asemejan más al modelo de «prisión depósito», cuya característica es que busca retribuir a los sentenciados el daño que han hecho a la sociedad, a través del aislamiento y la reclusión, para neutralizarlos frente a la posibilidad de que vuelvan a cometer otro crimen en el futuro. Esta forma de «prisión» evidencia la falta de organización, el desorden y el caos. Es decir, ha sido abandonada a su suerte.

¿Quién habita las cárceles de Ecuador?

Desde 2010 la cantidad de personas condenadas a prisión ha ido creciendo de manera progresiva, y en los últimos años, ha pasado de casi 26.000 en 2014 a los mencionados 39.000 en 2021. De esta población, el 93% son varones. La mayoría son personas jóvenes de entre 18 y 29 años (39,3%) y adultos de 30 y 39 años (31%) que se caracterizan por contar con bajos niveles de escolaridad (45% solo posee educación general básica). Los presos son, mayoritariamente, varones jóvenes, con poca educación y pobres. Respecto a la situación legal, 56,80% (22.000) de las personas privadas de libertad cuenta con una sentencia condenatoria, mientras que 43,08% (17.000) está encarcelada con una orden de prisión preventiva. Además, aproximadamente 50% (20.000) de los presos ha cumplido entre 40 y 80% de su sentencia. Esto significa que son elegibles para un programa de indultos que podría liberar las cárceles de la presión por el espacio. El tráfico de drogas da cuenta de 28,1% de los encarcelamientos. En torno a este delito, la mayoría de las reclusas son mujeres (54,8%). El tráfico de drogas está asociado, en numerosos casos, a la pobreza, lo que se entiende en un país donde solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal.

Por otra parte, Ecuador ha cumplido el papel de país de tránsito y exportación de cocaína hacia el mundo. En 2021, rompió todos sus récords en incautación, que llegó a 210 toneladas, lo que ha venido aparejado al incremento del encarcelamiento de traficantes. Contrariamente al ideal rehabilitador, el encierro de traficantes de drogas en condiciones de hacinamiento, falta de control y precariedad, reagrupa a los miembros de las bandas delictivas e incluso puede terminar fortaleciendo estas organizaciones, ya que al no contar con ningún tipo de control en el interior de las cárceles y al tener a la mano recursos económicos y tecnológicos, buscan imponer un orden dentro de los presidios y mantener operaciones fuera de ellos. Cuando el orden imperante entra en disputa, ya sea debido al control territorial para la venta local o para la exportación de drogas —o debido a la lucha por el liderazgo de uno de estos grupos, como ocurrió en Ecuador—, emerge la violencia dentro de las prisiones y en las calles.

Esto también ocurre en el resto de América Latina, donde los grupos criminales se relacionan con el mundo exterior desde las cárceles. Inversamente a lo que se podría esperar, el castigo en las cárceles hace que el criminal sea envidiado. Incluso los jefes de las bandas pueden llegar a convertirse en héroes populares para muchos jóvenes, como en Brasil, México, Venezuela, El Salvador y también en Ecuador, donde son vistos como modelos sociales por su poder y capacidad de controlar las cárceles.

Para los presos que han cometido delitos menores, muchos de los cuales están en prisión preventiva o ya han cumplido la mayor parte de su sentencia, la precariedad de sus condiciones de vida hace que sean fácilmente reclutados por parte del crimen organizado, ya que no tienen otra opción para sobrevivir. En estas condiciones, las cárceles ecuatorianas y latinoamericanas se han convertido en un lugar de castigo para las minorías marginadas y, al mismo tiempo, en un espacio seguro para los delincuentes y criminales.

Evolución de las políticas carcelarias

Como otros países en América Latina, Ecuador enfrenta graves e históricos problemas en su sistema penitenciario. Al inicio de los años 2000, la precariedad carcelaria llamó la atención del gobierno central, pero no hubo respuestas contundentes. Fue a partir de 2007 que los asuntos penitenciarios comenzaron a ocupar un lugar en la agenda de gobierno. Durante la presidencia de Rafael Correa, se tomaron algunas medidas como la creación de la Defensa Pública (2007) y el levantamiento de un censo penitenciario (2008) que dejó ver que casi la mitad de los reclusos no tenían sentencia. En 2008, se dispuso un indulto general para personas condenadas por trasladar pequeñas cantidades de drogas, lo que permitió que 2.221 personas salieran en libertad. En 2009, se realizó una reforma legal que permitió la adopción de medidas alternativas al encarcelamiento. Estas iniciativas, entre otras, explican las razones por las que, desde 2007, la población carcelaria descendió hasta llegar a su mínimo histórico en 2009, cuando sumó 11.517 personas privadas de su libertad.

A partir de 2010, el gobierno dio un giro en su política. Aprobó una reforma legal que favorecía el encarcelamiento (incluso para el hurto de bienes menores) y que flexibilizó los requisitos para dictar prisión preventiva. En 2013, se inició la reforma y construcción de infraestructuras carcelarias, con lo cual se pasó de 34 en 2004 a 53 prisiones desde el año 2015. En 2014 se emitió una nueva ley penal que buscaba garantizar derechos, pero de forma paradójica también aumentó el tiempo de condena de las personas (de 16 a 30 años), incrementó los tipos penales y disminuyó la posibilidad de utilizar alternativas a la prisión. Con este cambio, la población carcelaria comenzó a crecer nuevamente.

Este período marcó el inicio de una política masiva de encarcelamiento y de endurecimiento de penas, en concordancia con la tendencia latinoamericana en el período 2000-2016. No obstante, la particularidad del caso ecuatoriano es que no existió una distancia sustancial entre la capacidad oficial de las cárceles y la población carcelaria y, aunque son cuestionables los beneficios sociales de las políticas punitivas, estas estuvieron acompañadas de la construcción de infraestructuras y de la dotación de recursos económicos.

La ausencia de política carcelaria: 2017-2021

En 2017, Lenín Moreno asumió la presidencia del país, lo que implicó un nuevo viraje en la conducción de la política ecuatoriana. Esta vez, el gobierno concentró sus esfuerzos en reducir el gasto público y en adelgazar la «obesidad» estatal heredada del correísmo. Con la llegada del covid-19, se incrementaron los ajustes presupuestarios. De hecho, el gobierno hizo un significativo recorte económico para el sistema penitenciario, que pasó de contar con 163 millones de dólares en 2017 a disponer de solo de 90 millones en 2020. La falta de dinero impidió la contratación de nuevos guías penitenciarios y el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento tecnológico, vital para el control de ingresos en las cárceles. En este período, la ausencia de recursos crecía, mientras el sistema judicial seguía enviando a la cárcel a más y más gente.

En mayo de 2021, asumió la presidencia Guillermo Lasso, quién debió enfrentar tres de las cuatro masacres ocurridas durante los siete primeros meses de su mandato. Durante estos meses, el gobierno adoptó un discurso que responsabiliza directa a las bandas de narcotraficantes por la violencia carcelaria, desconociendo la falta de control, las condiciones inhumanas, así como la responsabilidad del Estado sobre esa situación. Para controlar la crisis, el gobierno anunció la adopción de un conjunto amplio de medidas. Ninguna de ellas apunta a cambiar las condiciones estructurales de las prisiones. De hecho, hasta el momento, no se ha puesto en marcha el anunciado plan de indultos, que podría permitir reducir el hacinamiento carcelario, tampoco se han asignado los recursos necesarios para rehabilitar las infraestructuras afectadas por los cruentos enfrentamientos ni se ha invertido en mejorar las condiciones de vida de los presos. Si bien para 2022 se prevén mayores recursos (se ha planificado una asignación de 124,4 millones de dólares), la mayor parte de este dinero (76%) estará destinado al pago de salarios en el Sistema Nacional de Atención a personas privadas de su libertad y todavía no se recuperan los niveles presupuestarios de 2019.

En síntesis, en pocos años Ecuador pasó de tener una política carcelaria, con claroscuros pero activa, a tener una política por omisión. En efecto, durante el correísmo la política criminal fue controvertida: excesivamente punitiva, pero acompañada de modernas infraestructuras carcelarias, tecnológicamente bien equipadas. Durante los gobiernos de Moreno y Lasso no es posible identificar una política criminal explícita. Lo que se puede ver es la coexistencia de una inercia que mantiene las mismas características represivas del modelo penal anterior, junto con una falta de atención política y económica a los asuntos carcelarios.

Actualmente, en Ecuador hay una brecha entre el excesivo uso del encarcelamiento y los escasos recursos económicos para hacer frente a un adecuado mantenimiento de este modelo carcelario. Esta estrategia de gestión de lo criminal no ha dado los resultados esperados. Es decir, se esperaría que las condiciones inhumanas de la cárcel, si bien no logran rehabilitar a los presos, al menos disuadan a un segmento de la población de cometer delitos y crímenes. Sin embargo, la precariedad no ha convencido a los ex-presidiarios de evitar la reincidencia ni ha disuadido a otros de cometer delitos. Las malas condiciones de la prisión y la existencia de penas muy largas tienden a cortar los vínculos de los presos con el exterior, a aislarlos socialmente y a hacer muy difícil la reinserción social y a facilitar la reincidencia. La existencia de estas condiciones no ha evitado el aumento ni de la violencia ni de la criminalidad, que en Ecuador se encuentran en pleno repunte.

Hoy por hoy, el sistema penitenciario ecuatoriano no se ha pacificado, más bien ha ocurrido lo contrario, porque nada ha cambiado: hacinamiento, insalubridad, corrupción, violencia, precariedad, siguen siendo categorías que lo describen adecuadamente, y mientras las condiciones estructurales de la cárcel y del sistema de justicia se mantengan, la posibilidad de nuevos estallidos y masacres, seguirá latente.

¿es peor el default?

¿El acuerdo 22 con el FMI, es una opción?

Señala la Doctora en Economía Noemí Brenta, tal vez la especialista que más ha estudiado la historia de los veintiún acuerdos del país con el FMI “Dada la mala experiencia histórica de la Argentina bajo programas del FMI y que el organismo solo cambió superficialmente, continúa con sus prácticas e ideología habituales, y constituye un instrumento de la política hemisférica de Estados Unidos, como muestran los acuerdos con Ecuador o Pakistán, por mencionar algunos, sería deseable para escapar de un futuro miserable reducir fuertemente esta deuda y salir cuanto antes de la tutela del FMI, a fin de recuperar el control de la economía nacional y la capacidad de seguir un rumbo de desarrollo e inclusión.”

No cabe duda que las consecuencias de los acuerdos con el Fondo fueron siempre ruinosas para el país en general y los sectores vulnerables en particular.

De hecho, los gobiernos popular - democráticos siempre rechazaron la tutela del FMI y su injerencia en la política socioeconómica doméstica. Así es que la Argentina con Juan Perón permaneció fuera del FMI. Fue la revolución “fusiladora” la que trajo al FMI el 19 de abril de 1956. Néstor Kirchner por su parte nos liberó de su tutela el 15 de diciembre de 2005 y el gobierno neoliberal que presidió Mauricio Macri volvió a imponer al FMI como gendarme económico y social el 8 de Mayo del año 2018.

Sin duda alguna, la peor herencia del macrismo es haber restituido la tutela del FMI sobre la economía local, nuevamente gendarme de los planes socio económicos de los gobiernos populares en el país. Ese fue el objetivo central por el cual, violando estatutos internos, adjudicaron un préstamo que sabían impagable. Que ganara o no Macri las elecciones era aleatorio, si gababa tanto mejor, pero el objetivo central era reinstalar la tutela sobre el proceso local, más aún cuando con el kirchnerismo bautismal existieron 12 años exitosos en materia de crecimiento y distribución sin tutelas del fondo monetario. Un peligro para la hegemonía norteamericana en su “patio trasero”, motivo por el cual reinstalaron con la complicidad del macriato el instrumento central de la política hemisférica: el FMI.

Recientemente Cristina Kirchner desde Honduras se refirió muy críticamente a los organismos multilaterales como el FMI, señalando “las políticas de ajuste causan mucho daño”... cuando el ajuste impulsado por los organismos multilaterales suprime al Estado aparece el narco, que termina construyendo las escuelas y pagando hasta las fiestas de 15 que el Estado no puede”.

Pareciera estar muy claro que pactar con el FMI no tiene antecedentes beneficiosos para el país. El que lo señaló sin tapujos fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau: “Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios.

Nos empujan al default, no somos el partido del default, pero tampoco somos un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo, no nos vamos a jugar en una timba la democracia.

¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue, esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”.

Siendo lo dicho y la experiencia histórica concluyente, se agrega en este caso un dato más para complicar el panorama de un eventual acuerdo: Nunca en la historia se formalizó un acuerdo con el FMI con las consecuencias que siempre devinieron, en medio de una situación social tan deteriorada como la actual.

Al 42% de pobreza por ingresos y los 52 puntos de inflación anual, le corresponde un desempleo que roza los dos dígitos y un nivel de informalidad laboral del 32% hay que agregar salario mínimo vital y móvil, jubilaciones y pensiones mínimas orillando los $33 mil que es el valor de la línea de indigencia para un hogar tipo metropolitano.

Por otra parte, el promedio de los salarios del sector privado según SIPA octubre del año 2021 (último dato) es de $104.566 y la remuneración mediana sectorial privada asciende hoy a $79.294, cuando una línea de pobreza para un hogar tipo metropolitano está fijada en $76 mil, según datos oficiales.

Adicionalmente en 10 años más que se duplicó la cantidad de trabajadores pobres, en 2011 un 12,7% de las personas con trabajo, eran pobres, y en 2021 ese porcentaje llegó al 28,2%. Otro fenómeno que comenzó en los años 90 y vuelve con fuerza el del “trabajador pobre”.

Finalmente, si acordar con el FMI siempre fue ruinoso para el país y sin su tutela con Juan Perón, Néstor y Cristina Kirchner, el país creció y distribuyó más equitativamente ese crecimiento, un acuerdo y sus consecuencias en medio de esta sociedad devastada por las dos pandemias de Macri y el covid sería muy irresponsable, imposible de administrar en democracia y bajo el Estado de Derecho.

*Director de Consultora Equis.

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Es un acuerdo con metas, lo que implica el monitoreo del Fondo mientras se cumplen. Pero ese monitoreo hubiera existido de cualquier forma mientras se le debiera un peso. Y, por supuesto, nunca se trató de arreglar el acuerdo anterior, sino de uno nuevo en mejores condiciones. Así funciona el sistema. Quedó en discusión si el default generaba un costo menor que el programa de pagos que se acordó, un debate enredado porque nadie podía decir a ciencia cierta el costo de las represalias. El enfoque se centra ahora en el margen que dejarán las metas que se fijaron, las que, aunque no se habló de ajuste, serán las que garanticen o no la posibilidad de crecimiento con inclusión. Cualquier resultado hubiera significado un alto costo porque el crédito pergeñado por los expresidentes Mauricio Macri y Donald Trump buscaba ese daño.