garantizar el financiamiento del estado para los grandes desafíos que tiene por delante

Cambio en Ganancias. La balanza tributaria

OPINIÓN. La sociedad argentina se debe una discusión sana, seria e integral respecto del sistema tributario, que lo simplifique pero sobre todo que lo haga más progresivo.

Por Cdra. Maria Cecilia Garcia y Act. Alexis Toscano
(Miembros de la Fundación para el Desarrollo Urbano Sustentable, FUNDUS)

La antigua Grecia estaba compuesta por numerosas ciudades-estado (las polis griegas), estados esencialmente independientes y sus territorios circundantes. Los griegos creían que un ciudadano rico estaba éticamente obligado a contribuir con –retribuirle a– su ciudad porque la ciudad y sus trabajadores le permitían al hombre obtener esas riquezas. Era la idea de pertenencia. El honor asociado con retribuirle a su ciudad fue tan grande que hubo una competencia continua entre los ciudadanos más ricos de Atenas.

La situación en Argentina dista de ser la antigua Grecia de Pericles, Aristóteles o Platón y el pulso de quien debe tributar está marcado por el signo político. Tal es así que durante el último gobierno de la coalición Juntos por el Cambio se decidió no hacer lugar a promesas de campaña respecto de la eliminación sobre el impuesto a las ganancias de los trabajadores y las trabajadoras y se optó por favorecer otros sectores, casualmente los más concentrados o transnacionalizados de la economía. El camino elegido fue la eliminación de retenciones al agro; por ejemplo, el maíz y el trigo vieron reducidas sus alícuotas a cero partiendo de 20% y 23% respectivamente, mientras que para la soja la reducción fue de 35% a 30% (con el horizonte de nuevas reducciones con el paso del tiempo). Se favoreció grandes grupos concentrados (bancos extranjeros, empresas de energía multinacionales, empresas de peaje vinculadas a Socma, entre otras) no solo con la modificación del esquema de retenciones, sino que también con la reducción de la alícuota de ganancias a empresas en el marco de la reforma tributaria aprobada en 2017 en desmedro de los asalariados que tributaban ganancias que vieron duplicada su cantidad para el periodo 2016-2019.

El proyecto de ley aprobado por el Senado el día 8 de abril, indica un cambio diametral dentro de una discusión que no se va a saldar en el corto plazo: se busca favorecer a los trabajadores y las trabajadoras, para acompañarlos durante los problemas que genera la pandemia. En este caso el Estado eleva el piso a partir del que los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia comienzan a pagar el impuesto a las ganancias en $150.000 mensuales. La medida en si permite retrotraer la cantidad de sujetos pasivos alcanzados por el impuesto a valores de 2015, de este modo aproximadamente un 7% de los trabajadores y las trabajadoras registrados totales continuarán tributando. Naturalmente lleva un alivio a los bolsillos de alrededor 1.27 millones de personas y es, a la vez, un impulso al consumo que será acompañado por una mejora vinculada a esto (aunque posiblemente marginal) de la recaudación. Cabe mencionar que la ley será retroactiva a enero del corriente año.

Adicionalmente para aquellos contribuyentes cuyo salario se encuentre por encima del piso propuesto y hasta un techo de $173.000 se prevé un puente en términos de promover que la carga tributaria del presente gravamen no neutralice los beneficios derivados de esta medida.

También se establece un piso para las jubilaciones, las que recién pagarán el impuesto cuando superen los ocho haberes mínimos garantizados. Actualmente aproximadamente un 5,5% están pagando el impuesto y esa cantidad disminuirá a valores de 2,2%. Al igual que ocurre con los trabajadores y las trabajadoras asalariadas se logra dejar fuera del alcance del impuesto a la mitad de los jubilados.

Otras modificaciones son la exención del aguinaldo para el cálculo del impuesto dentro de este universo explicado y se elimina el tope de edad para las deducciones por hijo con discapacidad. Tampoco será considerado ganancia el reintegro por gastos de guardería y/o jardín materno infantil. Acercando la ley a una perspectiva de género se cambia el concepto de cónyuge por el de conviviente permitiendo nuevas deducciones en función de las configuraciones actuales de los vínculos familiares. Para los trabajadores y las trabajadoras de la salud estarán eximidas hasta septiembre las horas extras y las guardias.

Con este esquema, un universo estimado de 1.267.000 personas se verá beneficiado; estos trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar ganancias. Pensemos que la recaudación anual de la cuarta categoría es alrededor de 302.000 millones por año en 2020 (Dato del Centro Cepa), lo cual implica un 21% del total recaudado de ganancias (DGI y DGA), ó un 4,6% de los recursos tributarios anuales. El costo fiscal que tiene la medida aprobada por el congreso nacional se estima en casi 16% del total recaudado de ganancias, y no supera el 0,8% del total de los recursos tributarios del Estado nacional. Recordemos que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas recaudaría 5% más sobre el total de recursos tributarios del año anterior.

El universo de trabajadores y trabajadoras que dejaran de tributar, aproximadamente el 60% del total actual, explica tan solo el 15% de la recaudación total de la cuarta categoría. Quedando comprendida la proporción que recauda el 85% restante y que es menos de la mitad (alrededor del 40% que actualmente tributa). Se logra de esta manera eficiencia en la recaudación. Es inevitable no recordar el principio de Pareto, donde en cualquier población que contribuye a un efecto en común, es una proporción pequeña la que contribuye a la mayor parte del efecto.

Es una medida que entendemos necesaria para un sector de trabajadores y trabajadoras, que también fue afectado por la pandemia, pero que apenas es un pequeño paliativo en un país que contrajo su PBI real en 6 de los últimos 9 años, registrando además 4 años consecutivos de caída del mismo, cierre de PYMES, inestabilidad económica y que tiene el 42% de su población bajo la línea de pobreza.

La sociedad argentina se debe una discusión sana, seria e integral respecto del sistema tributario, que lo simplifique pero sobre todo que lo haga más progresivo. Necesitamos llevar tranquilidad y previsibilidad a todos los sectores económicos a la vez que garantizar el financiamiento del Estado para los grandes desafíos que tiene por delante.

Lejos de ser una idea aislada, se trata de una lógica que crece en divulgación y ejecución. En efecto, tanto la OCDE, como el FMI, indican que conviene mejorar la recaudación en los agentes más ricos, y el mismo Biden, en el corazón mismo del capitalismo, está avanzando en este sentido, mejorando la regulación para alcanzar a las grandes corporaciones que eluden con paraísos/guaridas fiscales alrededor del mundo. Acaba de decir Biden en el capitolio: “entonces, ¿Cómo pagamos las iniciativas de Mis trabajos y Mi plan familiar? (…) es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses comiencen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa”. Esto está pasando en el mundo. No se trata de otra cosa que profundizar una racionalidad económica que integre a todos los sectores y necesidades.

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