América Latina insurrecta:
Colombia nuevamente en la calle

Por Arturo Laguado Duca*

*Docente e investigador del Área Estado y Políticas Públicas de la FLACSO Argentina

Desde el 28 de abril pasado Colombia está en paro nacional contra la reforma tributaria que el presidente Duque enviara al Congreso de la República. Con el argumento de incrementar los recursos para combatir la pandemia, el gobierno de Colombia dispuso un incremento del IVA para productos de primera necesidad y servicios públicos, hasta ahora exentos. Incluía también una ampliación de la base tributaria con el cobro de impuesto a la renta a las clases medias y medio-bajas (en 2023 deberían comenzar a tributar aquellos que alcanzaran ingresos mensuales de aproximadamente 450 dólares).

Con estas reformas el gobierno esperaba recaudar unos 8 mil millones de dólares para las agotadas arcas estatales. Finalizada la bonanza petrolera hacia el 2014, el presidente Duque, quien asumió en agosto de 2018, fiel a su ideario neoliberal, implementó su estrategia Hood Robin: expropiar a los pobres para darle a los ricos. En esa lógica, ya en 2019 se había impulsado una reforma tributaria de la mano del ahora renunciado ministro Carraquilla que rebajó los impuestos a los grandes capitales por un monto cercano a los 4 mil millones de dólares anuales. Entre tanto, los gastos del Estado para combatir el Covid apenas alcanzaron el 2,8% del PIB -una de las cifras más bajas de la región- destinados, en su mayoría, a sostener a la banca privada[1]. Paralelamente, casi en secreto, Duque promueve el proyecto de ley 010 para privatizar el ya endeble sistema de salud pública colombiano.

Todo esto en un contexto social dramático. La pobreza medida por ingresos, según datos oficiales, alcanza al 42,5% de la población, la indigencia al 15,2%, el desempleo al 14,5% y la informalidad laboral supera el 51% del PEA. De los más de 50 millones de habitantes de Colombia, han sido vacunados sólo 5 millones[2].

Dado este contexto, esta última reforma de Duque/Carrasquilla fue rechazada desde el inicio por la mayoría del arco político -incluyendo a los partidos de derecha aliados al gobierno- y del movimiento social. La obstinación del presidente originó la masiva movilización social que aun sacude al país. El 2 de mayo Duque se vio obligado a retirar la reforma para consensuar un nuevo proyecto en el Congreso, dominado por la coalición de derecha que él lidera.

La permanencia de las protestas

Si la presentación de la reforma tributaria fue un grave error del presidente Duque, su desistimiento no alcanzó a enmendarlo. La continuidad de las movilizaciones una semana después de retirado el proyecto tiene múltiples causas, algunas de origen histórico, otras atribuibles a la conjunción de impericia y falta de sensibilidad social del presidente colombiano. Nos centraremos en las segundas.

–El contexto. Es de sentido común económico que incrementar impuestos a las clases medias y bajas en un contexto de recesión mundial donde, mal que bien, todos los Estados afectados implementaron medidas de apoyo a los sectores golpeados por la crisis, es una insensatez. La magnitud del error fue percibida, incluso, por amplios sectores políticos usualmente aliados con el gobierno que se resistieron a acompañar la iniciativa.

A la endeblez de la ayuda proporcionada por el Estado colombiano para manejar la crisis, se suma, además, una administración desordenada de las políticas de salud pública contra el Covid-19. Al tiempo que se restringen algunas actividades comerciales -generalmente de pequeños emprendimientos-, se fomentan eventos masivos de compras –p.e. el día sin IVA– y no se controla el hacinamiento en el transporte público, entre otras incoherencias. Asimismo, la tasa de vacunación es notablemente baja; la solución propuesta por el gobierno es permitir la adquisición privada de vacunas por holding farmacéuticos, estrategia que aún no ha producido resultados visibles.

–La represión policial. Es una triste tradición de las elites políticas colombianas el responder a las demandas populares con represión. Eso, sin duda, explica la continuidad de la violencia política durante toda su historia republicana, exacerbada desde 1948 con el asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán que originó una guerra civil que produjo alrededor de 300 mil muertos y un movimiento guerrillero que aún no ha terminado de desmovilizarse totalmente.

La contracara de la violencia de las elites ha sido la inmensa resiliencia del pueblo colombiano ante las masacres. El 14 de septiembre de 1977, cuando se produjo el primer paro cívico nacional, la represión desatada el día de la protesta originó que éste se extendiera al día siguiente. Algo similar ocurrió con las masivas movilizaciones del 21 de noviembre de 2019 contra la reforma laboral, de las cuales recordamos a Dilan Cruz, el joven estudiante asesinado[3].

Sin embargo, si la represión es un denominador común de la historia política colombiana, no se había visto anteriormente una respuesta tan violenta y generalizada -excepto quizás a mitad del S.XX- en contextos urbanos. El 5 de mayo, las cifras oficiales aceptaban más de 24 muertos[4] y las extraoficiales hablaban de centenares de desaparecidos y más de 37 asesinatos confirmados, todos ellos ejecutados por las fuerzas policiales[5]. Presumiblemente, la cifra actual sea mayor.

En la época de las redes sociales esta masacre no pudo ser ocultada -proliferaron los videos en las redes sociales mostrando a la ciudad de Cali con imágenes que recordaban a la Beirut de los años 80- e incluso la ONU manifestó su preocupación por la desproporcionada represión en Colombia[6]. Las imágenes de las fuerzas de elite de la policía (ESMAD) -a menudo acompañada de civiles armados- atacando a los jóvenes universitarios no debilitó el movimiento, sino que produjo una indignación generalizada que lo potenció, incluso en zonas de tradición oficialista como Medellín.

–El manejo político de la coyuntura. La actitud del gobierno ante las demandas del Comité de Paro fue zigzagueante. Respecto a la reforma, el presidente Duque aseguró, inicialmente, que no la retiraría. Al tercer día, y ante el incremento de la movilización, se mostró dispuesto a sustituir algunos puntos hasta que el día cinco, se vio forzado a desechar el proyecto al tiempo que pedía la renuncia del ministro de Hacienda, pero afirmando que ‘consensuaría’ en el Congreso una nueva reforma. Dada la profunda desconfianza que existe en la población ante los congresistas -sospechados de corrupción- la propuesta fue vista como una trampa por los dirigentes sociales[7].

Igual de limitada fue la invitación al diálogo. Inicialmente restringida a los partidos tradicionales, posteriormente amplió la convocatoria a la ‘Coalición de la Esperanza’ liderada por Fajardo y a la ‘Alianza Verde’ de la actual alcaldesa de Bogotá, junto a otros dirigentes del establecimiento; todos ellos con una posición distante cuando no crítica del paro y afectos a repetir el discurso de los medios de comunicación hegemónicos sobre el vandalismo y la infiltración de intereses políticos espurios. En cambio, brilló por su ausencia el llamado al principal líder de la oposición, Gustavo Petro, quien obtuviera el 42% de los votos en las pasadas elecciones. Las organizaciones que conforman el Comité de Paro fueron invitadas cuando el movimiento llevaba 10 días con el trágico saldo de vidas humanas que implicó[8].

Hasta ahora no hay ninguna referencia por parte del gobierno a los abusos de la fuerza pública (ESMAD) ni disposición manifiesta a desmilitarizar el país.

Un río profundo

La fuerza del paro nacional iniciado en el 28 de abril no se debe únicamente al torpe manejo que hizo el presidente Duque de la coyuntura. La continuidad institucional de Colombia -el país nunca sufrió un golpe de Estado clásico como sucediera en casi toda América Latina- ha sido empañada por una fuerte desigualdad en constante incremento -es el segundo país más desigual de la región después de Brasil[9]-, la fragmentación de sus sistemas de salud y educación y el asesinato sistemático de militantes sociales[10]. En este marco, en agosto de 2018 ganó las elecciones Iván Duque, aupado por el líder de ultraderecha Álvaro Uribe Vélez.

-La legitimidad de Duque. Si bien el ‘dedazo’ del carismático dirigente de la derecha, Álvaro Uribe Vélez, le permitió a Iván Duque llegar al gobierno, esta fue también su gran debilidad.

Es sabido desde Max Weber que el carisma no se transfiere. Cuando la inexperiencia y el desconocimiento del presidente electo quedaron de manifiesto -llegó al gobierno sin haber ocupado un puesto público ni carrera política que lo avalara-, Duque fue percibido como una marioneta del uribismo. De esta forma, el ocaso político de Uribe -acusado por los “falsos positivos”[11] y complicidad con los grupos paramilitares- fue también el del presidente Duque[12]. Sólo un año después de ser elegido, su favorabilidad era menor al 30%.

La imagen del presidente quedó aún más debilitada cuando la Fiscalía colombiana se vio obligada a investigar las denuncias de fraude contra Gustavo Petro en las elecciones de 2018. El triunfo de Duque quedó en entredicho ante la aparición de multitud de actas enmendadas[13] e intercepciones telefónicas donde un líder paramilitar ordenaba apoyar al candidato de Uribe Vélez[14].

Dadas estas circunstancias sólo faltaba que el nuevo presidente ignorara totalmente las demandas acumuladas en la población para que estallara la tormenta perfecta. Y eso es lo que sucedió.

–La acumulación de demandas. El paro nacional que comenzó el 28 de abril no es el primero que enfrenta Iván Duque, aunque sí el más potente. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2019 el pueblo colombiano ya se había manifestado masivamente contra las reformas laboral, pensional y educativas que entonces propusiera el gobierno. Si bien, originalmente, ese paro fue convocado por las centrales obreras, rápidamente se agregaron demandas como el respeto a los acuerdos de paz alcanzados con las FARC durante el gobierno anterior y el cese del asesinato de militantes populares. Dijimos, entonces, que era el paro más masivo desde septiembre de 1977[15]. Ante el incumplimiento de los acuerdos las movilizaciones continuaron durante diciembre de ese año y los meses de enero y febrero de 2020, hasta que la pandemia puso en pausa a la protesta popular.

Ya entonces se podían percibían algunas características que lo diferenciaban de las movilizaciones anteriores: acatamiento masivo de los trabajadores organizados, la aparición de nuevas formas de protesta más creativas -cacerolazos, ‘bailatones’, ‘besatones’ e, incluso, ‘velatones[16]’ para recordar a los asesinados en el paro- y, sobre todo, la solidaridad generalizada de la mayoría de las clases medias, en la que se destaca una participación de la juventud, bastante novedosa. La movilización de 2019 fue amplia también en los bastiones políticos uribistas -Medellín, Pereira y algunas ciudades de la Costa Atlántica, principalmente- visibilizando el inicio del ocaso político del expresidente Uribe Vélez.

Todos estos elementos reaparecieron con más fuerza en el paro de abril, potenciados por el incremento de la pobreza y la acumulación de rabia tras año y medio de terror al Covid y de olvido estatal. Sólo la inexperiencia política -o quizás el desprecio al sentir popular- del presidente Duque y el fanatismo del expresidente Uribe Vélez, podrían imaginar que la pax romana que impuso la pandemia, implicaba una disposición del movimiento popular a olvidar las demandas que tan masivamente había expresado en noviembre de 2019. Sin que Duque y Uribe Vélez se dieran cuenta, el país había cambiado para siempre.

Perspectivas

Tarde o temprano la movilización se detendrá. Es de desear que el presidente Duque no siga cometiendo torpezas que signifiquen un quiebre institucional en el país. Dos de ellas son especialmente preocupantes:

-Que el incremento de la movilización y su incapacidad para negociar obligue a Duque a renunciar. No es imposible que los mismos agentes del poder fáctico lo presionen para que abandone la presidencia si no encuentra una salida a la crisis. Dado que la vicepresidente de Colombia, Martha Lucía Ramírez -un cuadro político del sector más duro del uribismo- ha sido acusada de lazos con sectores del narcotráfico y el paramilitarismo, su llegada a la presidencia de la República sólo incrementaría el desgobierno y la represión.

-Que se decrete el estado de conmoción interior, lo que facultaría al presidente a gobernar con poderes supremos, permitiéndole posponer las elecciones de 2022 donde todos los pronósticos le son contrarios.

El escenario parece haber sellado el declive político del otrora poderoso uribismo. Incluso, actualmente, no se ve un reemplazo político en las filas de la derecha mientras que la posición dubitativa del centro, encarnado en Sergio Fajardo y su partido Coalición de la Esperanza, parece haber perdido mucho margen electoral de cara al 2022. Sin duda, Colombia Humana liderada por Gustavo Petro, se perfila como la principal alternativa política en el futuro inmediato. Si antes del paro la intención de voto ponía a Petro como el gran favorito para las próximas elecciones presidenciales, su apoyo al paro, sus denuncias de la represión y su reiterado llamado a la prudencia, lo fortalecen aun más. Es posible que, por primera vez, Colombia se sume a la ola progresista latinoamericana, aunque, de llegar al gobierno, Petro no la tendrá fácil: deberá enfrentar una profunda crisis social al tiempo que enfrenta a una derecha empoderada y, lo que es peor, armada.

Por otro lado, el paro ha roto, al menos temporalmente, el monopolio informativo de la prensa del establecimiento. Las movilizaciones traspasaron el bloqueo y posterior estigmatización de los medios tradicionales y la amplia repercusión de las escenas de represión difundidas por las redes sociales seguramente tuvieron mucho que ver con el generoso apoyo de las clases medias. También con el lugar que estas denuncias ocuparon en la agenda mundial, con la vergonzosa excepción de la OEA.

Entre tanto el ejército continúa reprimiendo en las calles colombianas, con especial ensañamiento en la ciudad de Cali y, ahora, contra la Minga Indígena, representantes del combativo movimiento de los pueblos autóctonos. Suspendido en este punto todo análisis, sólo queda pedir cordura al gobierno colombiano junto a un rápido cese de la represión.

[1] https://www.elespectador.com/opinion/el-autogol-del-siglo/

[2] https://www.celag.org/balance-politico-del-paro-nacional-en-colombia/

[3] http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/09/11/inestabilidad-politica-y-vientos-de-cambio-en-america-latina-por-arturo-laguado-duca/

[4] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/07/fiscalia-y-defensoria-del-pueblo-aseguran-que-son-26-los-muertos-en-el-marco-del-paro-nacional/

[5] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210506-colombia-razones-paro-nacional-protestas-gobierno-ivan-duque

[6] https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/07/onu-hace-un-llamado-para-que-se-garanticen-los-derechos-humanos-durante-las-manifestaciones-del-paro-nacional/

[7] https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210506-colombia-razones-paro-nacional-protestas-gobierno-ivan-duque

[8] https://www.elespectador.com/noticias/politica/paro-nacional-gobierno-dice-que-ya-envio-la-invitacion-formal-de-conversacion-al-comite-del-paro/

[9] https://www.las2orillas.co/bienvenido-2021-al-pais-de-la-desigualdad/ Asimismo, es el país con mayor desigualdad regional en América Latina. https://forbes.co/2020/10/30/economia-y-finanzas/colombia-es-el-pais-mas-desigual-de-toda-america-latina/

[10] “Al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la exguerrilla de las FARC han sido asesinados desde 2016, según un informe de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). El presidente del organismo, Eduardo Cifuentes, pidió de manera urgente a la Defensoría del Pueblo evaluar el reporte y entregar recomendaciones al Gobierno colombiano para que cesen las alarmantes cifras de crímenes hacia esos grupos”. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210420-colombia-asesinatos-lideres-sociales-exfarc-jep

[11] “Un “falso positivo” ocurre cuando un/a civil es asesinado por las fuerzas militares de un Estado, en este caso el colombiano, y pasa a ser presentado como una muerte “legítima” en combate. También conocido como ejecuciones extrajudiciales, este crimen representa una violación flagrante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” ¡Bajo la presidencia de Uribe Vélez hubo 6.402 falsos positivos! https://www.opendemocracy.net/es/6402-falsos-positivos-colombia-quien-dio-orden/

[12] Acorralado, Uribe Vélez no dejó de complicar al gobierno de Duque, tuiteando furiosos mensajes contra los manifestantes que fueron interpretados como una orden de tirar a matar y popularizando el concepto de ‘revolución molecular disipada”, acuñado por neonazis chilenos, para referirse a las manifestaciones populares.

[13] “A punta de borrones y tachones en los formularios E-14 de la Registraduría, en las pasadas elecciones hubo fraude en unas 4.000 de las 60.174 mesas de votación y se desataron dudas sobre la transparencia de los próximos comicios presidenciales”

[14] https://www.clarin.com/mundo/colombia-ordenan-investigacion-ivan-duque-posible-fraude-electoral_0_Mc2FZ-pk.html

[15] América Latina insumisa: Colombia y las resistencias al ajuste.

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/2019/11/29/colombia-y-las-resistencias-al-ajuste/

[16] Refiere a jornadas masivas de bailes, besos y velas desarrolladas, principalmente, por los jóvenes.