austeridad fiscal

El talón de Aquiles del plan oficial

Escribe Gabriel Bencivengo

En marzo, el salario mínimo, vital y móvil era en términos reales un 17 por ciento inferior al de fines de 2019. La pérdida trepa al 36 por ciento desde diciembre de 2015. La actualización del 35 por ciento en siete tramos deja muchísimo que desear. Si el objetivo es reactivar el mercado interno, su recomposición urge. Sin señales para la base de la pirámide, el salario volverá este año a perder contra la inflación.

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) creció entre 2003 y 2011 hasta duplicar el valor que registraba en 2001. Fue una fuerte señala hacia la base de la pirámide que empujó todas las escalas. Eran los años dorados del kirchnerismo. La salida por el lado de la demanda. De allí en más, según la lectura que comparten Martín Guzmán y Matías Kulfas, entre otros, los límites estructurales del modelo estancaron el crecimiento. Crecieron los subsidios y el déficit fiscal. La inflación comenzó a erosionar el salario real y la capacidad de compra del SMVM cerró el ciclo 2001-2015 con una reducción de casi un 8 por ciento.

Con Cambiemos, el deterioro se intensificó. Lo explica un detallado informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) [1]. Los aumentos nominales se ubicaron por debajo del nivel general de precios. En cuatro años, el salario mínimo perdió un 25 por ciento. Una enormidad. Aunque el actual gobierno dispuso subas por decreto en enero y febrero del año pasado, recién se volvió a ajustar en octubre. Fue por un monto muy acotado y finalizó 2020 con una caída adicional del 10 por ciento. La aceleración de la inflación de este año hizo el resto. Conclusión: el poder adquisitivo del SMVM está hoy un 37,5 por ciento por debajo del nivel que registraba antes del gobierno de Cambiemos.

Lo acordado la semana pasada entre el gobierno, las centrales sindicales y las cámaras empresariales dista mucho de subsanar el retraso. La suba del 35 por ciento en siete cómodos tramos, que lo elevará recién en febrero próximo a 29 mil 160 pesos, está a años luz de la definición de la Ley de Contrato de Trabajo. No está de más recordarlo. El SMVM debería reflejar “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Si se tratara solo de recuperar lo perdido desde fines de 2015, el SMVM debería haber quedado en unos 35 mil pesos mensuales. El número, sin embargo, es engañoso. ¿La razón? El Consejo del salario no respeta lo que su norma de creación estipula: actualizar la canasta de consumo para fijar su nivel ¿A cuánto debería ascender? Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP), debería ser de casi 50 mil pesos de bolsillo. Con los aportes personales a la seguridad implicaría un salario bruto de 60 mil pesos. Los números surgen de combinar la encuesta de gasto de los hogares de los años ‘96/‘97 y la correspondiente al período 2004/2005, la última realizada [2].

Los datos volcados hasta aquí, aunque fatigan, son imprescindibles. Explican una de las causas por las que no hace pie la recuperación imaginada por el gobierno para la postpandemia. Por el momento, el rebote estadístico luego de un pésimo 2020 juega a favor. Obvio que no alcanza. Además patea en contra la muy modesta ampliación de la inversión en obra pública. La inflación, mientras tanto, hace su trabajo. En especial el desbocado aumento de los precios de los alimentos. Un panorama extremadamente complejo. La segunda ola es un hecho. Nadie puede descartar que no haya una tercera y nuevas restricciones. Sucedió y sucede en el hemisferio norte.

Por el momento, el equilibrio al que debían converger el tipo de cambio, los salarios y la inflación parece alejarse. La leve recuperación del ingreso real imaginada por el equipo económico no será este año. Lo anticipan las paritarias alineadas con la pauta oficial del 29 por ciento y una expectativa inflacionaria que señala un piso del 40 por ciento. Al día de hoy, no hay evidencias de una marcada desaceleración. ¿Qué explica el escenario? En buena medida, la especulación. Se dijo en este espacio: nadie cree que pueda conseguir mañana lo que no pueda manotear hoy. Un drama más político que económico.

Hay otras razones. Una de ellas es la inercia inflacionaria: los precios están atados entre sí por una red de contratos que se actualizan en función de una inflación pasada se propaga al futuro. Un piso siempre difícil de perforar. Fue del orden del 20 por ciento en los últimos años. Ese piso, que encorsetó la pandemia el año pasado, se incorporó a las expectativas de este año y forma parte de las estimaciones que manejan la city, los formadores de precios y los agentes que pueden adaptar sus precios. Para evitar males mayores, el BCRA aminoró el ritmo de devaluación. Un aspirina.

Lo señala el informe del Ceso. Al piso inercial se agregan los precios internacionales, que impactan en lo más básico de la canasta de los hogares. También influye, aunque en mucho meno medida, la recomposición de algunos precios sectoriales retrasados en el contexto de la pandemia. En este escenario, el acompañamiento de las grandes empresas se diluye. Los programas oficiales tienen cada vez menos productos y las firmas responden con alzas y estrategias para evadir los controles de la Secretaría de Comercio. Lo hacen, incluso, las compañías que encontraron un buen negocio en los precios máximo y cuidados.

La incomodidad del gobierno es evidente. La discusión interna sobre qué hacer está en boca de todos. Y no solo por el tema precios. El acuerdo con el FMI, la política tarifaria, la licitación de la hidrovía y el nivel de las retenciones son algunos ejemplos. Un panorama preocupante frente a los escasos logros alcanzados mediante una diálogo amable con las cámaras empresarias en las múltiples mesas sectoriales ad-hoc. Para no pocos, la estrategia relega la alternativa de avanzar con más herramientas de control, incluso con sanciones. Puede que no sea la solución estructural que calme a la economía, pero ayudaría en la coyuntura.

Algo es seguro. El salario volverá a perder este año. Lo consensuado por funcionarios, empresarios y las centrales sindicales supone una tregua. Hasta el último trimestre, cuando se disparen las cláusulas gatillo. Se diría que la negociación de esta semana por el salario mínimo es una oportunidad perdida. No será el fin del mundo. Siempre se puede corregir. Sin embargo, el tiempo corre, y por ahora el gobierno sigue sin enviar una señal de alivio a la base de la pirámide.

Un par de datos más, Solo para tener una perspectiva. Según el IPPyP, “si el camino no explicitado por el gobierno es recuperar en los próximos cuatro años la pérdida del 36,4 por ciento que registra el SMVM desde el 2015, la recuperación en términos reales debería darse a un ritmo del 9 por ciento anual”. Estamos lejos de eso. Lo dicho: la negociación debería haber fijado el salario mínimo en unos 35 mil pesos. No menos de 60 mil mensuales si el cálculo se hace con base en las canastas de consumos del IPPyP.

En lo inmediato, y aunque los precios se desaceleren – algo que debería confirmarse en el segundo semestre -, “la austeridad fiscal que ejercita el gobierno amenaza con agravar los costos sociales en favor de un muy limitado aporte a la dinámica inflacionaria”, subraya el Ceso. Sí, el malhumor social acecha. Promotores abundan y la historia demuestra que la intemperie económica puede deshilachar las mejores intenciones. Combinar las urgencias de la economía y el calendario electoral no es nada sencillo. Más complejo aún en un contexto de pandemia y cuando la disparada de los precios socava un pilar fundamental del plan oficial: revertir la premeditada caída del salario real que impulsó Cambiemos; además de curar los estragos sociales y productivos generados por el gobierno de Macri.

Notas

[1] La inflación jaquea al programa oficial.

[2] Mercado de Trabajo, Ingresos, Pobreza e Indigencia.