EL ACUERDO DE PRECIOS ¿HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA?
Por Arturo Laguado Duca
Con un ojo puesto en el precio del dólar y el otro en la inflación, el gobierno comenzó una ronda de consultas con diferentes actores económicos para controlar precios.
Al momento, el ministro Guzmán puede felicitarse por haber controlado la corrida contra el peso, logrando que la brecha entre el dólar blue y el oficial sea inferior al 65%[1], después de haber superado el 100% hace poco tiempo. No puede, sin embargo, hacer lo mismo respecto a la inflación.
El IPC de enero registró un crecimiento de 4%, continuando una tendencia ya visible en diciembre pasado. E, igual que entonces, un componente principal de la inflación fue el rubro que más golpea a los sectores de bajos ingresos: Alimentos y Bebidas con un 4.8% mensual[2].
La autonomización del movimiento del dólar respecto al IPC no sólo cuestionó la demasiado rápida asociación entre devaluación e inflación -lugar común de la vulgata económica- sino que obligó a poner el foco en otras variables que actúan en la formación de precios. Explícitamente, en la presión ejercida por el incremento del precio internacional de las commodities en el mercado interno de alimentos; implícitamente, en la indexación de salarios.
La Mesa de Enlace
En este marco inflacionario se produjo la reunión del presidente Alberto Fernández con los representantes de la Mesa de Enlace, quienes, preocupados por los dichos de Fernández sobre un eventual incremento de las retenciones y de intervención del mercado (cupos de exportación), le pidieron una audiencia.
Los resultados de esa reunión no son conocidos públicamente y sus versiones difieren. Para los ruralistas se pactó el compromiso del gobierno de no subir retenciones. Para el ministro de agricultura, no existe voluntad en el Poder Ejecutivo de apelar a esas medidas siempre y cuando se desacoplen los precios internos de los del mercado internacional[3].
Cualquiera haya sido la conclusión de la reunión, además de la manifiesta voluntad de no confrontación de Alberto Fernández, hay varios factores objetivos que tornan sensata la intención de buscar medidas alternativas a las retenciones, para diferenciar los precios del mercado nacional del internacional.
A primera vista, el alza de los derechos de exportación sería un ayuda a las necesitadas arcas públicas. Pero, en la práctica, las retenciones sólo podrían ser incrementadas en un 3% sin una improbable ley del Congreso que las modifique. Por otra parte, empoderados durante el macrismo y con la gran mayoría de los medios y el Poder Judicial de su lado, un conflicto político con “el campo” sería costoso políticamente -más después de la marcha atrás en el caso Vicentín- y, las consecuencias de un lockout patronal ante la necesidad de divisas frescas, podrían ser mayores que los beneficios recaudatorios. Por último, en un plano discursivo, no es conveniente mezclar argumentos diferentes (precios de alimentos en el mercado interno y necesidades fiscales), en un conflicto que, desde el vamos, se plantea como fuertemente disputado.
En esta lógica, el gobierno apuesta a medidas alternativas como es el acuerdo con los productores de carne o el logrado con los aceiteros; a saber, la creación de fideicomisos privados constituidos con aportes de los grandes exportadores para subsidiar la producción envasada en menos de 5 litros y contener así los precios minoristas. Este acuerdo debería garantizar el 75% del mercado interno y será monitoreado por la Secretaria de Comercio[4]. El ministro Kulfas anticipó un acuerdo similar con el maíz -de alto impacto en los precios de carnes, harinas y panificados-, pensando en la meta de que los salarios le ganen a la inflación[5].
De funcionar este pacto, el gobierno habría logrado un hecho no sólo económico, sino también político: desacoplar precios internacionales de los del mercado interno recurriendo a su estrategia de no confrontación directa con los poderes fácticos.
El acuerdo, en todo caso, tiene más probabilidades de funcionar si el Estado no se limita a confiar en la buena voluntad de las partes. Poner en práctica los mecanismos de regulación disponibles en caso de incumplimiento es una garantía adicional. La represión efectiva del contrabando de cereales -incrementada desde 2020- es una medida complementaria[6]. El avance en el control de puertos, ejemplificado en el reciente debate sobre la licitación del Canal de Punta Indio y el proyecto de dragado del Canal del Magdalena, es otra.
El acuerdo de precios y salarios
Siempre con el objetivo de estabilizar la economía después del descalabro macrista, el gobierno se reunió con sindicatos y grandes empresarios con la mira puesta en contener la escalada alcista y llegar a acuerdos que hagan realidad su promesa de incrementar salarios ‘un poco por encima de la inflación’.
Fracasadas las medidas implementadas a principios de 2020 para contener la inflación -precios máximos, precios cuidados, Ley de Góndolas-, inflexibles a los logros macroeconómicos como la contención del dólar o la renegociación de la deuda, sea por el diseño de estrategias erróneas en un contexto de ASPO -control ciudadano y de los intendentes- o por falta de vocación confrontativa, los formadores de precios continuaron la escalada. En ese marco, el gobierno recurrió a su instrumento favorito: la concertación, en este caso con sindicatos y empresarios.
En ninguna de ambas reuniones se produjeron resultados notorios. Con los empresarios, igual que con la Mesa de Enlace, fue un encuentro para limar asperezas donde el compromiso se redujo a revisar la cadena de valor para llegar a acuerdos sectoriales de precios[7].
Con los sindicatos la reunión fue más productiva. Sin techo para las paritarias, el gobierno pidió a los gremialistas que acompañaran la supervisión detallada de la cadena de valor, a cambio de garantizar que las paritarias le ganarían a la inflación. El acuerdo del 29% que cerró el poderoso gremio de bancarios que, junto con camioneros suele ser una referencia para el techo de las paritarias, fue una contraprestación que recibió el gobierno de parte el movimiento sindical.
La estrategia continúa con reuniones sectoriales -comenzando por los alimentos- para evaluar los componentes en la formación de precios finales. Así y todo, una semana después de reunirse con los empresarios, a la Secretaría de Comercio Interior no le tembló el pulso para aplicar la Ley de Abastecimiento y sancionar a grandes empresas alimenticias imputadas de desabastecer las góndolas.
Un camino riesgoso
Alberto Fernández continúa apostando al diálogo para superar la profunda crisis del país. Si obtiene resultados positivos en la lucha contra la inflación, habrá demostrado la viabilidad de su estrategia y su centralidad dentro del Frente de Todos no podrá ser discutida por propios ni extraños.
Para ello no es suficiente la voluntad dialoguista del Presidente. El diálogo debe estar acompañado por la amenaza creíble de aplicar medidas reguladoras del mercado en caso de que los pactos se incumplan.
El modelo del fideicomiso con los productores agrodindustriales -y, eventualmente, de maíz- debe ser cuidadosamente evaluado en su cumplimiento. La represión enérgica al contrabando y la decisión de dragar el Canal del Magdalena -aunque insuficiente- para garantizar la soberanía exportadora, van también en esa dirección.
Algo similar debe ocurrir con los industriales. Los acuerdos de precios deben ser verificados y basados en datos objetivos de los costos de producción, al tiempo que se garantiza el aprovisionamiento de los puntos de venta. La decisión de la Secretaría de Comercio Interior de aplicar la Resolución 100/20 de Precios Máximos ante la escasez de varios productos en las góndolas, sancionando a grandes formadores de precios en los alimentos como Mastellone, Fargo, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Paladini, etc., es un mensaje alentador.
Aunque en esta ocasión se trata de un tema coyuntural como la inflación -no por eso menos importante- es sabido en la literatura académica que la forma más virtuosa de desarrollo tardío se da en combinación entre acuerdo y disciplinamiento. Caso contrario, estaríamos otra vez ante el Estado bobo que protege a la empresa privada sin que la sociedad reciba sus beneficios.
Esta estrategia -diálogo más disciplinamiento- no deja de tener sus riesgos. Es conocido que muchos de los líderes económicos nacionales prefieren perder en el corto plazo para entronizar gobiernos más afines a sus posiciones ideológicas de libre mercado. Por el lado del Poder Ejecutivo, existe el riesgo -nada menor- de acomodarse en un diálogo confortable que evite la confrontación cuando los acuerdos se incumplan.
A lo anterior se suma que, en la Argentina, toda decisión administrativa puede ser recurrida ante el Poder Judicial por más inverosímiles que sean los argumentos de la querella. Siempre es posible encontrar un juez amigo que recurra al tristemente célebre ‘derecho creativo’. En otras palabras, los acuerdos sectoriales sobre precios no deberían hacer olvidar otros temas que hacen al funcionamiento democrático: brevemente, la llamada reforma de la Justicia.
La estrategia es, sin duda, arriesgada. Pero todo proceso de cambio implica una dosis de riesgo y es deber del dirigente, tomarlo. Su éxito sería un buen antecedente para el Consejo Económico Social que se institucionalizará en estos días.
[5] https://www.ambito.com/politica/campo/kulfas-anticipo-que-habra-un-fideicomiso-el-maiz-similar-al-del-aceite-y-el-girasol-n5168654
[6] https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-prefectura-incauto-mas-toneladas-de-granos-de-soja-ilegal
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