los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis , contra 3.200 millones para el resto del mundo

 ¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

Els Torreele
​Henry Lishi Li
Mariana Mazzucato

A pesar de los avances científicos en la lucha contra el covid-19, todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir la promesa de una «vacuna para las personas» universal y de libre disponibilidad. Tal como están las cosas, los intereses de las grandes farmacéuticas están triunfando sobre el principio de justicia sanitaria.

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el covid‑19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia (aunque ligeramente menor) de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances. En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia de covid‑19. Pero en realidad, no hemos empezado a lograr lo que realmente se necesita: una «vacuna de la gente», que se distribuya en forma equitativa y gratuita para todas las personas que la necesiten. 

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo. Las principales vacunas candidatas se basan en general en preparar al sistema inmunitario para detectar la proteína spike, una técnica que es posible gracias a años de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Más recientemente, BioNTech recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán, y Moderna recibió un millón de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y más de 1.000 millones de dólares de dos organismos estadounidenses: la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. La vacuna de AstraZeneca‑Oxford recibió más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en «salud para todos», es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada. Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas en el contexto de una pandemia. Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública. 

El primer paso hacia una vacuna al servicio de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. La publicación de datos preliminares incompletos a través de anuncios de prensa corporativos está dirigida a los mercados financieros, no a la comunidad sanitaria, y es una práctica que sienta un mal precedente. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas. Conforme surgen más detalles sobre defectos en el diseño y la implementación del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca‑Oxford, aumentan también los pedidos de un modelo de ciencia abierta y de que los protocolos y resultados se compartan en forma inmediata.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo de obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes, por ejemplo si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad. Tampoco está clara la duración de la protección; si la vacuna es igualmente eficaz en jóvenes y ancianos, o en personas con comorbilidades; y qué diferencias hay entre las principales candidatas (lo cual es esencial para el diseño de estrategias de vacunación eficaces). Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) es un gran avance, este pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar a varias vacunas. Por ejemplo, los países de altos ingresos ya compraron cerca de 80% de las dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna que estén disponibles el primer año. 

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países. Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca‑Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados. 

Más allá de los intereses nacionales acecha el problema de los aún más estrechos intereses privados, producto de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores se benefician de la subida vertiginosa de sus acciones y las crecientes ganancias de capital y liquidan las acciones sobrevaloradas de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para las personas pasa a segundo plano.

La crisis del covid‑19 es una ocasión ideal para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Pfizer se aferra al modelo de maximizar el valor para los accionistas, pero AstraZeneca al menos se comprometió a no lucrar con su vacuna «durante la pandemia». Aun así, el proceso (a pesar de toda la inversión pública que hay detrás de estas innovaciones) seguirá siendo opaco, y hay motivos para dudar de que AstraZeneca realmente esté dispuesta a anteponer la salud pública a las ganancias y ofrecer su vacuna al costo.

Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y Salud para Todos. Aunque el business as usual alcance por esta vez para superar la crisis, hay una manera mejor de hacer las cosas. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos de salud globales y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Fuente: Project Syndicate