POR HORACIO ROVELLI
La Argentina no es un país pobre: es un país injusto, donde se acumulan bolsones de pobreza con sectores enriquecidos que incluso figuran en la revista Forbes [1] entre los más ricos del mundo. La Ciudad de Buenos Aires presenta un ingreso per cápita similar al de los países europeos, pero todo el norte argentino tiene ingresos promedio similares a las naciones africanas subsaharianas. La Universidad Católica Argentina reconoce que más de la mitad de nuestros chicos son pobres. Es más, el padre de esa familia puede trabajar y percibe salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica total que define la pobreza. Hasta a eso nos han llevado, se trabaja y se sigue siendo pobre
Por ende, el primer deber de un gobierno, antes que nada, es partir de la injusticia distributiva y tomar medidas tributarias (que incluyen la persecución de la evasión y de la fuga de capitales, como la modificación del Impuesto a los Bienes Personales y Ganancias a nivel nacional y revaluar las propiedades para el cobro del impuesto a la tierra en las provincias), medidas acompañadas de subsidio a la energía, al transporte y a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, para restablecer cierta e imprescindible equidad.
No puede haber “contrato social” si no se tiene para comer. Lo dice textualmente en ese trabajo su autor, Jean Jacques Rousseau: “Ninguna democracia existe cuando un ser humano es lo suficientemente pobre como para venderse o suficientemente rico para comprar a otro hombre”.
Desde el punto de vista de la economía es imprescindible fortalecer el mercado interno, porque aún con la actual gestión, el consumo nacional representa más del 70% del destino de lo que se produce. Por ende, si la población tiene capacidad para adquirir, eso hará que los empresarios puedan vender y tengan incentivo para invertir y producir (y por ende menos para fugar), reproduciendo el capital.
Por lo tanto no solo por una cuestión social y moral, sino también económica, se debe mejorar la distribución del ingreso, aumentando los salarios y reduciendo la renta y los intereses.
Dicha mejora en la distribución del ingreso y en impulsar la producción debe hacerse con el empresariado que está en el país, que es el que mayoritariamente se aprovecha de la desigualdad y fuga capitales. Basta como ejemplo que, por el masivo apagón del domingo Día del Padre, el secretario del área dijo que el culpable fue la empresa Transener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión) que pertenece al grupo Pampa Energía que, supuestamente, lidera Marcelo Mindlin, quien fue presentado como comprador de IECSA al grupo Macri.
En nuestro país el problema no son los pobres. El problema social más urgente e importante son los ricos.
Explicándonos el por qué de la injusta distribución de la riqueza, nos encontramos con asimetrías no solo entre regiones, sino también y fundamentalmente en la producción, donde prevalece el concepto de renta como plus que se obtiene principalmente no por mayor eficiencia, eficacia y productividad, sino por contar con los derechos de propiedad y mercado cautivo, como es el caso de la explotación agrícola-ganadera y minera y otros sectores especializados en la captura y apropiación de beneficios monopólicos como los productores de bienes o servicios, sean industriales, servicios privados o prestadores de servicios públicos o de obra pública. Ellos explotan su posición dominante en el mercado, se benefician de mercados cautivos o bien basan su actividad en transferencias permanentes de recursos públicos.
En el tema de la producción primaria vinculada a la extracción y/o explotación de la tierra, el Estado está completamente ausente. El mercado internacional no sólo determina las reglas que para los granos significan vender bajo sus condiciones, que incluyen la compra de las patentes por las semillas y la comercialización por grandes acopiadores mundiales, sumadas a la especialización de cultivos transgénicos y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y, en el caso de la energía y combustible, la fijación del precio interno y externo en connivencia con el Estado; sino que también ese Estado se retiró del mercado financiero, dejando a los pequeños y medianos productores sin crédito accesible y —como único recurso— el mercado de capital privado: bancos y cooperativas de 25 dueños.
Todo lo señalado en un marco de fuerte transnacionalización de la economía, donde las empresas extranjeras a su vez son apéndices menores en la estrategia de dominación dirigida por sus casas matrices, reduciéndose, en el caso de la industria, a tareas de armaduría y que repiten, en el mejor de los hechos, el nivel tecnológico, pero no son pocas las veces que el mismo no es de última generación.
A su vez se da una relación inversamente proporcional entre el valor agregado generado localmente y el nivel de complejidad tecnológica: usualmente se da una relación negativa entre los encadenamientos productivos que genera la fabricación de un bien y sus proveedores y el contenido tecnológico incorporado en el producto. Paralelamente, las ramas que producen (ensamblan) los bienes tecnológicamente más sofisticados suelen ser las menos integradas localmente; por el contrario, es en la producción de bienes de bajo contenido tecnológico donde se suelen verificar mayores encadenamientos productivos y por ende, donde más empleo se genera [2].
Los pequeños y medianos emprendimientos de la ciudad [3] y del campo operan en una situación adversa, dependen la más de las veces de insumos o del mercado que generan las grandes empresas, bajo las condiciones que ellas imponen y con tasas de interés que son confiscatorias de su capital. Por eso el dueño de un mediano establecimiento textil afirma: “Cuando compro la tela tengo que pagar a 15 días, pero hasta que puedo colocar ese producto en el mercado necesito unos 120 días para el proceso de teñido y confección y después me pagan con cheques a 90 días. Con tasas de interés tan altas, el costo del capital hundido es enorme”.
Según el INDEC, en agricultura, ganadería, caza y silvicultura se desempeñan de manera formal 335.000 personas. En intermediación financiera, 227.000. Pero en la industria son 1.218.000, casi dos veces y media más que aquellas actividades sumadas. Solo —se logró con el gobierno de Cambiemos— el comercio mayorista, minorista y las reparaciones superan a la industria en generación de empleo, con 1.244.000 trabajadores, pero perciben en promedio una remuneración marcadamente menor. La construcción aporta menos de 400.000 empleos registrados.
En síntesis, el capitalismo argentino tiende a configurarse en un modelo de negocios subordinado al capital financiero interno y externo, más especializado en viabilizar operaciones especulativas que en apoyar la ampliación de capacidad productiva; jugando alternativamente con el valor del dólar y la tasa de interés; propiciando la fuga de capitales, con empresarios y CEOs que están “cebados” en esa cultura rentística. Por eso la tarea que tiene por delante el Estado no es solamente el disciplinamiento y control, sino impulsar un cambio de cultura para que produzcan y trabajen, con lo que lo primero que debe hacerse es romper el carry trade y posibilitar que se obtenga más beneficio en producir que en especular.
Los acuerdos internacionales con Brasil y los países de la región, con la República Popular China y otros, deben hacerse bajo esa consigna, para que se obtengan beneficios produciendo eficaz y eficientemente. Toda la diatriba de la UIA en su momento con los acuerdos con China pasa por querer seguir manteniendo su “coto” de caza, para su beneficio exclusivo y fuga, no para que se crezca y se reproduzca el capital.
La propuesta
Las características salientes de la macroeconomía nacional son el faltante de divisas, un mercado de trabajo precarizado, la poca relevancia que se le da al desarrollo tecnológico y la desigualdad social y regional. Por ende, es necesaria una intervención estatal planificada, sostenida y dinámica que promueva y asegure un reparto equitativo de la renta nacional y la conformación de un sistema industrial integrado aunque no sea autosuficiente, que procure la generación de ventajas competitivas dinámicas con eje en una mayor productividad local y que logre financiarse interna y externamente. El Estado debe apuntalarla y protegerla.
La industria tiene un rol central por ser no solo la que está en mejores condiciones de generar empleo directo e indirecto, sino porque es la que puede abonarle la mejor remuneración a esa mayor cantidad de trabajadores. Y pese a la desindustrialización permanente que significa un mundo dividido donde el este asiático hace mayoritariamente de armaduría y ensamble y los otrora países centrales se reservan aquellas actividades de alto nivel tecnológico [4], contamos con una base industrial y productiva nada despreciable.
Por un lado, parte de la demanda industrial (maquinaria agrícola, agroquímicos) la genera “el campo”, que es por definición nuestra puerta de acceso al mundo; también, y mientras no se cumpla (y no se debe cumplir) con los compromisos asumidos por el gobierno de Cambiemos con la Unión Europea, se industrializan algunos sectores relacionados a Brasil (autopartes y otros), y ciertos rubros vinculados con la construcción, algunas industrias de elaboración de bienes durables y todo lo que tiene que ver con la energía y Vaca Muerta, que conforman una masa crítica y punto de encuentro significativo. A lo que se le debe sumar otros actores y sectores productivos, más ligados al mercado interno (o regional), más articulados productivamente vía encadenamientos, más asociados a otro tipo de generación de puestos de trabajo (en cantidad y calidad), etc.
Finalmente y en la medida de nuestras limitadas posibilidades, se debe propender a diversificar la actividad propiciando la construcción de viviendas y otras obras públicas que requieren mano de obra, cemento, arena, hormigón, hierro redondo, etc., que tenemos y podemos producir más sin necesidad de importar. Igualmente, con políticas de ciencia, tecnología e innovación que se empleen en la producción, pero también para la salud, la educación y para mejorar la calidad de vida de la población.
Por lo tanto, esencialmente y sin ánimo de limitar las ciclópeas tareas a realizar, se debe plantear:
Contar con un plan estratégico general como fueron en su momento los planes quinquenales, el plan del CONADE o el Plan Trienal, al que se le debe subordinar el plan industrial.
Coordinar todas las políticas públicas y fijar metas físicas de cumplimiento. Esto es, el Estado mediante desgravaciones impositivas, protección aduanera, créditos blandos, etc., da determinado apoyo, como es la meta de producción, creación de puestos de trabajo, innovación tecnológica, etc., que es la contrapartida. Para el caso de inversiones extranjeras, cuánto ingresa y cuándo y cuánto se remite en utilidades al exterior.
Identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la producción en general y de la industria Argentina en particular, y el impulso y la concatenación con las economías regionales. En ese sentido, sirve el ejemplo de la Red Nacional para la Innovación Industrial de los Estados Unidos, que consiste en la creación de núcleos regionales que sean catalizadores para el desarrollo y la adopción de tecnología de punta con el fin de producir manufacturas que puedan competir a nivel global. Nosotros podríamos hacerlo asesorados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el INTI, el INTA, etc.
Régimen de compras públicas priorizando a las pequeñas y medianas empresas que por definición son locales. Por ejemplo, si empresas como YPF logran ir desarrollando una red de proveedores de base nacional, en el mediano plazo estaremos teniendo un tejido productivo más denso.
Creación de un Banco estatal de Desarrollo para financiar a las pymes a largo plazo.
[1] Forbes es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, fundada en 1917 pública las 2.000 personas más ricas del mundo. Tiene una edición Argentina con las 50 familias más ricas (Los Rocca, Bulgheroni; Pérez Companc; Eurnekian; Werthein; los Rey-Rodríguez de Pluspetrol; Roemmers; Sigman-Gold; Marcos Galperín; Madanes Quintanillas; familia Brito: familia Eskenazi; familia Urquía; Jorge Ezequiel Carballo; Eduardo Constantini; familia Supervielle; Alfredo Coto; Felipe y Marcela Noble Herrera; Héctor Magnetto, etc.), todos ellos con más de mil millones de dólares de patrimonio
[2] Obviamente deben ser apuntalados por el Estado industrias como la textil, la de calzado o la de electrodomésticos.
[3] Existían en el año 2015 alrededor de 509.000 empresas registradas en Argentina en sectores industriales, de comercio y de servicios. La mayor parte de esas firmas corresponden al segmento de microempresas (70% del total). Siguen en importancia el segmento de Pymes, con 141 mil empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 9 mil compañías registradas (2%).
[4] Obviamente, los países más avanzados del este asiático, China, Corea del Sur y la India compiten de igual a igual en cuanto al conocimiento y la administración de la tecnología con Alemania o los Estados Unidos.
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