Horacio Rovelli analiza en profundidad los proyectos de Reforma previsional, tributaria y laboral que el gobierno envió al Congreso de la Nación. Rovelli dota al artículo del necesario y comparativo marco histórico para la mayor comprensión de la senda regresiva que vive nuevamente el país.
Por Horacio Rovelli*
(para La Tecl@ Eñe)
La pregunta obligada para quienes vivimos en la Argentina es porqué teniendo como se tiene, trabajadores con capacidad de producir, con dedicación, con disciplina, con voluntad, con comprensión y responsabilidad de lo que se hace, y lo que es mejor, con posibilidades ciertas de incorporar más y mayores conocimientos, se combinan periodos de bonanza con depresiones, paros y cierres de fuentes de trabajo, endeudamiento sobredimensionado, pobreza y exclusión social, cuando se produce alimentos para más de 430 millones de personas y sin embargo, se es incapaz de alimentar a la decima parte de esa suma que es la población que se tiene en la primera parte del Siglo XXI, donde observamos colas de gente pidiendo comida, sin techo, sin educación y sin salud.
Como puede ser una Nación soberana y democrática cuando notamos tan injusta distribución de la riqueza, de una minoría que tiene activos externos que superan el Producto Bruto Interno anual y muchos de ellos aparecen en revistas de ricos y famosos del mundo, y amplios sectores por debajo de la línea de pobreza.
Y la única y válida respuesta es que su clase dominante es débil y se subordina al capital extranjero. No es capaz de forjar una sociedad para todos, y sólo se beneficia a sí misma y, en menor medida, a los que como correa de transmisión colaboran en el sistema injusto, perverso y egoísta que han creado. La prueba está que este año 2017 la Argentina recibió el 20% del total de préstamos del mercado mundial y sólo participa del 0,4% de las exportaciones del planeta.
Paralelamente nuestra población no es consciente en dónde reside su fuerza, que es su capacidad de trabajo, capacidad que paradójicamente la burguesía local subestima porque sólo le interesa el encadenamiento en algunos enclaves y hace de su mercado el mundo.
Un poco de historia:
Se había derrocado al peronismo, el principal impulsor del trabajo y la producción local, que lo hizo sustituyendo importaciones a como dé lugar, cerrando la economía nacional, elaborando los productos “Flor de Ceibo”, pero también se hicieron los primeros automóviles (Justicialista y el rastrojero diesel), se creó Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, se reemplazó la energía termoeléctrica por la hidráulica, para ello se construyeron diques con sus respectivas centrales hidroeléctricas como el Escaba en Tucumán, el Nihuil en Mendoza, Los Quiroga en Santiago del Estero y seis diques con usinas en Córdoba, seis en Catamarca, cuatro en Río Negro y tres en Mendoza, usinas térmicas en Mar del Plata, Mendoza, Río Negro y Tucumán. Se construyó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires que en su momento fue el más largo del mundo. Todo eso con construcción de hospitales equipados totalmente y con personal suficiente e idóneo, con leyes de Jubilaciones, de vacaciones pagas, indemnización por despido, prevención de accidentes de trabajo, jornada laboral de 8 horas, de aguinaldo, el Estatuto del Peón, creación de Tribunales de Trabajo, ley de Asociaciones Profesionales, y Convenios Colectivos de Trabajo. Se había derrocado al peronismo pero no habían podido debilitar la consciencia de la población que tenía un pensamiento y un proyecto nacional y popular.
El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 para derrocar a Illia se genera con el pretexto de impedir las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero estaba patrocinado por la embajada y las empresas extranjeras, y tenía como ariete popular a la burocracia sindical que, de saco y corbata, fue a la asunción como presidente de facto del General retirado Juan Carlos Onganía, recibiendo a cambio la administración de las obras sociales.
Al gobierno del Dr. Arturo H. Illia lo derrocaron por sus méritos y no por sus limitaciones, que las tenía de hecho ante la proscripción del peronismo, pero que trató de forjar un país independiente y apuntalar la producción y el trabajo nacional.
Es increíble la historia de nuestro país, un hombrecito gris, de menos que mediana inteligencia, y de una formación “cursillista” y sesgada, asume la Presidencia de la República, con el mérito de haber ganado la confrontación de aparatos dentro del Ejército entre “azules” y “colorados” y haberse formado en West Point, donde en términos castrenses había defendido la teoría norteamericana de “Seguridad Nacional” en un patético discurso: “El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular habrá dejado de tener vigencia si se produce al amparo de ideologías exóticas… En emergencias de esta índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución no podrán, ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertirían en instrumentos de una autoridad no legítima".
La consigna no bien asumieron los militares fue: “El gobierno no tiene plazo sino objetivos”, con lo que pensaban en un gobierno tipo “franquista” por más de 20 años; con ese fin cerró el congreso, clausuró la prensa de izquierda y peronista, intervino las universidades, quemó libros, desmanteló bibliotecas y las librerías de publicaciones meramente progresistas, disuelve los partidos y prohíbe toda actividad política. La resistencia no se hizo esperar y el 12 de septiembre de 1966 en Córdoba en una protesta estudiantil, muere el estudiante y obrero de IKA- Renault, Santiago Pampillón.
Las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron destinadas a “eficientizar” el funcionamiento del Estado y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. Además, una serie de medidas favorecieron a los sectores más concentrados como la disminución de la protección aduanera, las transferencias de tierras públicas a manos privadas, el aumento de las tarifas de electricidad y la privatización de emisoras radiales y televisivas. Ejecuta un plan de racionalización en los ferrocarriles y en los puertos, y cierra 14 –catorce- ingenios en Tucumán, lo que provocó 55.000 trabajadores desocupados, y con ello 200.000 tucumanos se ven obligados a abandonar la provincia, dado que al hambre se le suma la represión sistemática, como fue el fusilamiento de la mujer de un obrero del Ingenio Santa Lucía, Hilda Guerrero de Molina, madre de 4 hijos, en enero 1967.
El 21 de agosto de 1966, el primer ministro de Economía de la dictadura, Jorge Salimei, anunció el cierre de ingenios que eran “foco de intranquilidad social”. Por el decreto-ley 16.926 se intervienen los ingenios Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, Nueva Baviera, La Trinidad y Santa Lucía, luego se suman Santa Ana, San José, San Antonio, San Ramón, Los Ralos, Mercedes, y Amalia. Según el decreto, era momento de “sanear la economía distorsionada de la actividad azucarera”. Previamente, el 17 de agosto, trece aviones habían aterrizado en el aeropuerto Benjamín Matienzo con más de 400 efectivos de la Policía Federal para ocupar los ingenios que se cerrarían y como clara señal de cuál era el plan del gobierno.
Sin embargo, van a poder aplicar un plan de ajuste que tuvo su impronta y su tiempo. Se va Salimei y lo reemplaza Adalbert Krieger Vasena, quién ejecuta la reducción del gasto público, combinado con suba de las tarifas de los servicios públicos, contracción monetaria, toma de préstamos externos, apertura económica y liberalización financiera. Pero hace una “Devaluación compensada”, con lo que el tipo de cambio aumentó un 40 por ciento, pero aplicando a la vez retenciones a la exportación de productos primarios del 30 por ciento ($ 3,50 el dólar industrial y $ 2,50 el dólar primario), permitiendo que el Estado pudiera captar una parte de renta extraordinaria generada por dicha devaluación. Al frenar la inflación por desenganchar en parte la suba del dólar con respecto a los precios internos, no se generó la brusca y tradicional redistribución de ingresos en contra de los sectores asalariados (aunque sí abortó el proceso de recuperación que venían teniendo con el gobierno de Illia) y el plan de ajuste no fue recesivo por las obras públicas financiada en parte con las retenciones y con deuda externa.
El plan beneficio a las grandes empresas y sobre todo a las extranjeras, de manera tal que mientras para 1956, unas 75 de las 100 grandes empresas censadas por la revista “Panorama de la Industria Argentina” eran argentinas, para 1967 la participación había descendido a solo 50 empresas, y en 1970, el predominio de las empresas extranjeras ya era decisiva, onda que siguió cuando observamos que en la encuesta del ENGE-INDEC del año 2015, de las 500 primeras empresas 315 eran de capital extranjero.
Los conflictos sociales fueron incrementándose de manera tal que en el año 1969 se producen una serie de incidentes estudiantiles y obreros. En Rosario, Corrientes y Resistencia por el cierre del comedor escolar mueren Juan José Cabral y Adolfo Bello. En Córdoba la agitación sindical es por las quitas zonales y la supresión del sábado inglés, lo que genera la movilización de conductores de ómnibus y de trabajadores mecánicos de IKA-Renault y el llamado a una huelga general, seguida de agitación estudiantil. Los dirigentes sindicales cordobeses, con el apoyo de la CGTA (Confederación General del Trabajo Argentino, liderada por Raimundo Ongaro) organizan el 29 de mayo una marcha sobre Córdoba. Al sumarse los estudiantes y buena parte de la población, se genera un motín que desborda a la Policía. Interviene el Ejército, que debe enfrentar barricadas y francotiradores. Hay catorce muertos (el primero es el obrero, militante de la UCR, Máximo Mena) según las cifras oficiales, numerosos heridos y detenidos, entre ellos los dirigentes sindicales Agustín Tosco y Elpidio Torres, condenados luego por un tribunal militar a ocho y cuatro años de cárcel respectivamente.
Las luchas obreras, la aparición de organizaciones armadas, y los serios problemas económicos reflejados en la inflación y en la caída del PIB, exigían a los sectores dominantes un plan estratégico para derrotar a los sectores de avanzada.
Esa situación la cuenta bien el sociólogo norteamericano James Petras, que viene por primera vez a la Argentina en ese año 1969 y se sorprende de ver el nivel industrial de nuestro país, capaz de hacer locomotoras, máquinas de calcular, productos electrónicos y electro domésticos de todo tipo, y lo entrevista al Presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina). “Yo le preguntaba al Presidente de la UIA. Elbio Coelho, porqué no se lanzaban a la industrialización como en Brasil. -Porque los sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó - Pero, ¿por qué no lo intentan? -Porque podemos perder”.
La dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina”, comprende en sus cuadros más lúcidos, dirigidos por el Gral. Alejandro Agustín Lanusse, que debe sofocar el clima de violencia social y recurre a la partidocracia liberal y a la figura del ya anciano Juan Perón. El GAN (Gran Acuerdo Nacional) proponía una entente entre las principales fuerzas políticas a fin de restablecer las reglas del juego electoral y del régimen político democrático, y hacía una amplia convocatoria a toda la ciudadanía para que participara activamente en este proceso. El GAN significó por un lado la salida menos humillante para la Revolución Argentina y organizar la retirada de los militares del poder político, pero por el otro y fundamentalmente, daba paso a la normalidad constitucional pero con el objetivo de mantener el control militar sobre el próximo gobierno electo, que no era otra cosa que el control de los grandes beneficiados de este país, con cada vez mayor participación del capital extranjero.
Volvemos al presente
La historia siempre nos enseña y si no aprendemos de ella, estamos condenados a repetirla. Cuando uno ve el paquete de reformas previsional, laboral y tributaria del macrismo se da cuenta que vienen por el resto. Lo que es peor es la forma en que lo presentan, dicen que todos debemos ceder algo, ellos que son los que se benefician y son causantes de las severas y terminales inconsistencias macroeconómicas
Reforma Previsional:
Desengancha el ajuste de los haberes previsionales (y también las asignaciones familiares, la AUH y las pensiones no contributivas) del salario, para atarlo al IPC (índice de precios al consumidor) determinado por el INDEC, cada tres meses (a otorgarse en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) más un plus del 5% de la variación porcentual real del PIB que se abonará en junio de cada año.
Según la estimación que hace el FMI, el cambio de coeficientes de la ley de Movilidad de 2009 para actualizar la jubilación por la inflación oficial, le representará al Estado un ahorro, para el primer año de aplicación que es el 2018, de $118.668 millones.
El proyecto antes de ser enviado al Congreso de la Nación fue acordado con la mayoría de los gobernadores de las provincias (Menos Santa Cruz y San Luis que no firmaron el acuerdo); recordemos que la jubilación mínima desde agosto de 2017 es de $ 7.246.-, y en consenso con los gobernadores se crea una PBU (Prestación Básica Universal) que es del 82% del salario mínimo, cuando el SMVyM de julio 2017 es de $ 8.860.- por ende el 82% es $ 7.265,20 (lo que hace un incremento de menos de $ 20.-) y desde el 1 de enero de 2018 de $ 9.500.- (cuyo 82% es $ 7.790-)
Para peor, en una redacción confusa en el Proyecto, imponen la edad para jubilarse para todos los que trabajan en el sector privado (sean hombres o mujeres) a los 70 años, esto es, después de contar con las condiciones mínimas exigidas para jubilarse, 30 años de aporte y 65 años de edad los hombres y 60 años las mujeres, el trabajador puede no aportar más al sistema previsional y sólo abonar las contribuciones al régimen de riesgos del trabajo y la obra social, y continuar trabajando. Recién cuando cumple 70 años el empleador “… podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por el plazo máximo de un año” (Art. 7 del Proyecto modificatorio del Art. 252 de la LCT Nº 20.744).
Del nuevo régimen jubilatorio se eximen los trabajadores públicos, aún aquellos que se rigen por la LCT, dado que lo que quieren es que dejen de serlo, entonces no le extienden la edad para jubilarse.
El objetivo es claro; en el corriente año 2017 las proyecciones del gobierno de Macri son de:
Ingreso previsional: $ 630.284 millones – Gastos previsional: $ 992.859 millones. Déficit Previsional: $ 362.575 (3,76% del PIB) de cambiar el coeficiente de actualización el déficit previsional pasaría a ser del 2,75% del PIB para el año que viene.
Además desfinancian el sistema previsional, ya el fallo de la CSJN a favor de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis declarando inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) había hecho su parte, que hizo a su vez que el resto de las sub jurisdicciones reclamaran y acuerden una devolución en cuotas para lo que desisten de los juicios iniciados, con lo que se priva al sistema previsional de esos ingresos.
A esa política se le suma la eliminación del artículo 104 del Impuesto a las Ganancias que detraía el 20% de la recaudación de dicho impuesto (en este año la AFIP estima recaudar $ 545.446 millones, el 20% es $ 109.089,2 millones) y en compensación al vencer este año la ley del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, cuya recaudación estimada para el 2017 por la AFIP es de $ 166.784 millones, de los cuales iba el 70% a la Nación, que lo cedería al sistema previsional (estaríamos hablando de unos $ 116.748,8 millones, con lo que teóricamente estaría compensado), pero en la reforma impositiva que remitieron al Congreso de la Nación el gobierno propone que se tome el pago de dicho impuesto a cuenta del Impuesto a las Ganancias, con lo que con sólo el correr del tiempo la disminución de los ingresos del gravamen va a ser notoria.
Finalmente impulsan una reducción generalizada de aportes patronales en base a lo determinado por el artículo 162 del título IV del proyecto de reforma tributaria, que propone partir directamente de un tope de $12.000.- desde la sanción de la ley, y ajustable por la inflación (variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nacional del Indec) desde el 1 de enero de 2019, que lo combinan con la propuesta de “Blanqueo laboral” por el cual si se declara a un trabajador no registrado, dentro del plazo de 180 días de vigencia de la ley, se condonan todas las deudas por aportes, contribuciones, infracciones, multas y recargos e, incluso, se produce la extinción de la acción penal. Si se toma el plazo de 360 días paga sólo el 30% de la multa. A los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria, pero con el haber mínimo.
Es obvio que con el pretexto de reducir el trabajo informal, las empresas se benefician aportando menos contribuciones en el futuro y además se le abre la puerta para la evasión y elusión en el pago, dado que hasta $ 12.000.- no se ven obligados a aportar al sistema previsional.
La Reforma Laboral
Después del borrador que el gobierno le entregó a la CGT a principios del mes de noviembre, al consensuado y luego remitido como proyecto de ley al Congreso de la Nación, parece un juego de chicos, pero no es así. El anterior era aberrante, pero Jorge Triaca aprendió de su padre, cuando los sindicatos “tallaban” en las relaciones del trabajo, amagan primero, para negociar después. La reforma busca fortalecer el poder patronal, abaratar indemnizaciones, generar nuevas modalidades laborales con menos protección que el trabajo en relación de dependencia, y cambiar la correlación de fuerzas y la distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores.
Se suman los cuestionados temas de:
a) La creación de “bancos de horas” para eliminar las horas extras pasa a depender de cada convenio;
b) También pasa a discutirse por convenio la creación del “Fondo de cese laboral” para financiar a los empleadores las indemnizaciones por despido, por lo que en general continúan rigiendo obligaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.
c) En el cálculo de las indemnizaciones se propone tomar el mejor haber habitual de un empleado que es despedido sin causa no sólo el salario y el promedio de las horas extras corrientes, sino también el proporcional mensual del aguinaldo y el premio anual, “en cuanto sea una práctica habitual de la empresa”;
d) Se desiste del artículo propuesto en el “borrador” de igualdad entre el empresario y el trabajador, eliminando la propuesta de "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora que constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato", pero se acepta como válida la renuncia a derechos adquiridos por los trabajadores, cuando la LCT estima que la renuncia es inválida porque el trabajador no puede tener plena voluntad para renunciar y lo hace condicionado para, por ejemplo, mantener el empleo.
e) También se modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (de Ius Variandi) en el sentido que actualmente si el empleador modifica la forma y la modalidad de trabajo selladas en el contrato es causa de despido injustificada, con la reforma enviada al Congreso de la Nación ahora el trabajador deberá presentar su caso ante la justicia laboral y hasta que ésta resuelva deberá cumplir con las nuevas tareas asignadas
f) Se mantiene del “borrador” de principios de noviembre sobre la terciarización de los trabajos de limpieza, seguridad, mantenimiento general, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía e informática "que se efectúen en el establecimiento de explotación", con lo que se rompe la solidaridad ante el trabajador, de la empresa beneficiada por el servicio, ante la empresa que lo presta.
g) Y también se mantiene de dicho “borrador” la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales y también de las prepagas, para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras.
En síntesis, como era de preverse se le confiere “parte del poder” de las negociaciones a los sindicatos, a sus federaciones y confederaciones, pero basta recordar el acuerdo de “competitividad” en la provincia de Tierra del Fuego entre los fabricantes de terminales electrónicas y la Unión Obrera Metalúrgica que, entre otros puntos, congela los salarios hasta junio de 2020, a cambio de poner freno a despidos y suspensiones en esa industria, para poder proyectar lo que puede llegar a ocurrir sin la verdadera participación de los trabajadores.
La crisis la genera el modelo de endeudamiento y altas tasas de interés, lo que hace que sistemáticamente se retrase el tipo de cambio, con lo que al aumentar la oferta presente de divisas, el salario convertido en dólares aparece como mayor que el de los trabajadores de Brasil o de México, pero es una irrealidad estimulada, por ejemplo, que la tasa de corte de las LEBAC (Letras de BCRA), del martes 14 de noviembre de 2017, para el plazo de 35 días fue del 28,75% ( a mayores plazos fue del 29,6%) y en los mercados a futuro del país la divisa se cotiza a fines de noviembre 2018 a $ 20,12 (que es coherente con el tipo de cambio promedio de $ 19,30 del proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional), lo que implica una depreciación de nuestra moneda para un año del 13,5%, quiere decir que los capitales especulativos que son los únicos que ingresan al país, ganarán en dólares una tasa del 15,25% anual (más de 12 veces la que ganarían en los países del OCDE), y este año 2017 ganaron, tomando noviembre contra noviembre de 2016, un 12% en dólares (La tasa de las LEBAC fueron a un año del 23,5% y la depreciación cambiaria del 11,5%). Esto sin contar lo que ganaron en el año 2016 cuando las LEBAC llegaron a pagar tasas del 38% anual.
Todos los países que crecen productivamente (por ejemplo las naciones del este asiático) combinan tasas de interés baja con tipo de cambio competitivo (alto), es obvio que para producir van a ir a esos países que ya de por sí tienen hace años una flexibilización laboral acorde al modelo. Por más que flexibilicen y quiten derechos a los trabajadores del país, por más que detraigan plata del sistema previsional, está roto el equilibrio macro económico, que se refleja en un creciente déficit fiscal, acrecentado por el pago de los servicios de la deuda externa (para este año 2017 el déficit fiscal de la Nación supera el equivalente a los U$S 32.000 millones y para el año 2018 ellos mismos estiman que supera los U$s 35.000 millones) y en un creciente déficit comercial (El kilogramo de carne en gancho de exportación se cotiza a U$s 3,81 y el kilo de asado en el país se paga entre 7 y 8 dólares, ni carne se va a poder exportar, y contrario sensu se va a seguir importando todo en desmedro de nuestras fuentes de trabajo y producción).
Reforma tributaria
El proyecto propone en un Art. sin número, gravar la renta financiera de:
“Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuota partes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional sin cláusula de ajuste: cinco por ciento (5%). El Poder Ejecutivo Nacional podrá incrementar la alícuota dispuesta en el párrafo precedente, no pudiendo exceder de la prevista en el inciso siguiente, siempre que medien informes técnicos fundados, basados en variables económicas, que así lo justifiquen. b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuota partes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas digitales, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: quince por ciento (15%)”.
Los trascendidos periodísticos plantean un mínimo no imponible del equivalente de renta financiera (un activo financiero que genera ganancias al año de más de $ 65.700.-) por lo que recién a partir de esa suma se grava si es en pesos con un 5% y si es en divisas un 15%, el mismo gobierno estima que la recaudación esperada sería de sólo el 0,4% del PIB, pero dado que no se tiene definido quienes serían los agentes de retención (los bancos se quejan del mayor gasto administrativo), su instrumentación recién sería para el año 2019.
Finalmente, el proyecto de marras y las medidas paralelas al respecto se propone:
a) Rebaja gradual del impuesto a las ganancias del 35% al 25% en cinco años; si la empresa reinvierte utilidades, se pagará a partir de 2019 una alícuota cada vez menor; si en cambio no reinvierte y abona dividendos, se aplicará un gravamen adicional sobre estos últimos para completar el 35%;
b) Se devolvería automáticamente el IVA abonado en la compra de equipos destinados a la producción si en el término de seis meses no pudo recuperarse con las ventas normales;
c) El impuesto a los débitos y créditos bancarios sería computable hasta en un 100% contra el impuesto a las ganancias;
d) Se puso en marcha un acuerdo con las provincias para la reducción de alícuotas en ingresos brutos y de sellos, principales ingresos tributarios de las sub jurisdicciones nacionales, ante lo ridículo del cobro del impuesto inmobiliario en general (menos del 1% del PIB) y del inmobiliario rural (menos del 0,5% del PIB);
e) Incrementa los impuestos a las bebidas con azúcar y la baja del precio al etanol de la caña de azúcar y del maíz. Para las gaseosas y bebidas sin alcohol, cuyas alícuotas irán de 4 (sin azúcar) y 8% (con azúcar) a 0 y 17% respectivamente.
En síntesis
El gobierno, avalado por el voto del 41% de los que sufragaron el domingo 22 de octubre de 2017, avanza en la misma senda regresiva y reaccionaria que los hicieron en su momento la dictadura de Onganía y sucesores, de Videla y sucesores, del menemismo y de De la Rua, pero con un nivel de elaboración y consistencia mucho menor. Con contradicciones y debilidades flagrantes, pero con el apoyo de los grandes operadores económicos y de los medios, ante una población que va de la mayor indignación hacia la indiferencia, que se tornará violenta ante la desocupación, caída del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones, y con ello del menor nivel de actividad, donde se retroalimentan dos círculos regresivos, el de la tasa de interés y revalorización cambiaria y el del menor nivel de actividad ante el menor consumo.
Esta historia ya la vivimos, terminó en el plan Conintes de Frondizi, en la represión del onganiato y de los demás dictadores, en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay una minoría que se enriquece y pretende que los que la pasan mal crean que la única solución es que ellos vivan bien. Conforman una sociedad que como afirma el Profesor Joseph Stiglitz va en contra de la meritocracia que dicen defender: “El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean. Por ello, deducimos que “el mérito” no tiene ningún valor”.
Está en nosotros revertir ese camino de derrota y convertir la misma en una gran y definitiva victoria, hacer un país para todos, que podamos vivir dignamente con trabajo y con derechos y no que la pobreza de muchos sea la riqueza de unos pocos.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2017
*Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía. Miembro de EPPA (Economía Política para la Argentina)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario