Por Ernesto Mattos / Economista (UBA). Docente e investigador FCEUBA-CCC-CESO.
Según el informe Construar de julio 2017 1 que analiza los llamados a licitación para la obra pública -inversión pública-, que es el primer pasó en la cadena de contratación de la obra pública, que continua luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra. Lo cual no quiere decir efectivamente que sea el dato de obra pública ejecutado, simplemente, es el primer paso de un largo proceso que se puede concretar o no.
Esto es tan similar como el recorrido que el gobierno sigue anunciando cuando dice que la economía: Comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, todavía para mucha gente no arrancó 2 . Si bien esta el semáforo de Cabrera, Construar dice que durante el mes de julio/2017 las obras licitadas alcanzaron un total de $ 17.525 millones, marca que se encuentra por debajo del mes pasado y es incluso inferior al promedio mensual del último año. Parece que el semáforo esta en rojo. Pero hay una luz amarrilla en el informe, cuando dice: No obstante ello, comparando enero-julio del año 2017 ($ 162.203 millones) con el mismo periodo del año 2016 ($ 79.938 millones) se refleja un aumento del 103% continuando así con el fuerte impulso que está teniendo la obra pública en todo el país.
El impulso va a depender de la concreción y ejecución de la obra, cosa que puede modificarse para fines de 2017. Aunque parecen alentadores los números. Mejor utilicemos datos que si se efectivizan en el momento y tiene un impacto territorial y que provienen de los recursos generados por el comercio exterior y que se denominan Fondo Federal Solidario.
El Fondo Federal Solidario (FFS), creado el 26 de marzo de 2009, surge por dos hechos: el primero, la crisis financiera internacional; y el segundo, la no aplicación de la Resolución 125. El objetivo del Estado Nación fue que ante la creciente de crisis en las zonas centrales, el FFS sea una herramienta de política económica federal de carácter contracíclica; el voto no positivo de Julio Cleto Cobos llevó a las autoridades a diseñar un instrumento que permita redistribuir los grandes márgenes de rentabilidad de la soja y sus derivados hacia las distintas provincias y municipios como obra pública “complementaria”.
El carácter de esta obra pública complementaria es financiera obras de mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales. Se prohíbe expresamente derivar a otra finalidad (gastos corrientes). El mecanismo es simple, el 30% de los fondos recaudados en concepto de derechos de exportación de soja y derivados. Va directo del Tesoro Nacional a las Provincias. Obligando a las provincias a establecer un régimen equivalente distribuyendo el 30% de los percibidos, directo a los municipios.
Un ministerio interesado es ser parte de la unidad ejecutora es el de Agroindustria, que explico que si solo se aplicara el 1% de este Fondo Sojero a destinos productivos, estaríamos financiando casi el equivalente al total del programa de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agroindustria 3 .
Sin embargo, la idea de bajar los derechos de exportación otro 5% y luego mes a mes complicaría el impacto productivo en las provincias y municipios que aspira Buryaile. En la actualidad a pesar de la derogación de derechos de exportación y la reducción del 5% a la soja y derivados, comenzamos a observar que son otras variables las que influyen en las decisiones de exportar, como el precio internacional y el tipo de cambio.
Según el Observatorio de Agro y Desarrollo del Centro Cultural de la Cooperación entre enero a julio de 2017 el FFS cayó un 13% en comparación al mismo periodo de 2016. Si tomamos el mes de julio de 2017, con reducción de los derechos de exportación y un tipo de cambio más depreciado, y lo comparamos con julio de 2015 la región Pampeana tuvo una reducción de ingresos por $128 millones; el NEA menos $42 millones; el NOA no recibió $50 millones; al igual que Nuevo Cuyo con $32 millones; y Patagonia tampoco pudo contar con $28 millones ¿Es lógico esto, teniendo las modificaciones realizadas?
La caída del 13% significo que las regiones no recibieron por comercio exterior unos $1.843 millones. Siguiendo el informe, la región Pampeana (provincias y municipios) en comparación a enero y julio de 2016, recibieron menos recursos, esa pérdida significo unos $825 millones; NOA $330 millones; NEA $293 millones; Nuevo Cuyo $207 millones; y Patagonia $186 millones. Esta merma de recursos impacto directamente en las actividades provincias y municipales. Si estos datos los comparamos con 2015 hay una mejora pero en el medio hubo una devaluación y quita de derechos de exportación, la curva de expansión parece estar en el periodo 2016 y cae en 2017.
Veremos si los exportadores están dispuestos a acelerar el ritmo de liquidación o sin están esperando a octubre o que les llegue el crecimiento que anuncia el gobierno y que no llega a todos, recientemente tuvieron una mini-devaluación pero parece que no fue suficiente incentivo.
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