También se dará a conocer un aumento programado para principios del año próximo de otro 40%.
El Gobierno anunciará hoy las nuevas tarifas de gas, que regirán a partir de mañana y tendrán un aumento del 40% en abril, del 30% en diciembre y de otro 40% a partir de abril del año próximo.
Pese al anuncio, el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, parece lejos de reunir todas las voluntades que necesita para que la suba en los precios del gas quede plenamente operativa. Eso se debe a que las compañías distribuidoras y transportadoras -un grupo liderado por Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi, TGN y TGS- aún no están dispuestas a renunciar a la posibilidad de hacer juicios contra el Estado por la demora en la recomposición de sus ingresos, una condición excluyente que les puso el Gobierno para cerrar del todo la negociación por las tarifas.
La discusión está abierta desde hace un mes, pero llegó a un punto de máxima tensión esta semana. Anteayer por la tarde, a las 16, el interventor del Enargas (el ente regulador del servicio), David Tezanos, reunió a los gerentes generales y otros representantes de las compañías de transporte y distribución para retomar el tema, según publicó hoy La Nación.
Tezanos les dio una versión abreviada de un documento similar al que les había repartido semanas atrás, que hacía foco en un punto: les pide a las empresas desistir de cualquier instancia judicial existente o futura por el no cumplimiento de los contratos en el pasado, condición excluyente para que se aprueben los nuevos cuadros tarifarios. Para eso, les da un plazo máximo de 30 días, según fuentes privadas al tanto de las discusiones.
El reclamo de desistimiento está en la denominada acta de implementación de la revisión integral del acuerdo para renegociar los contratos de concesión de las empresas. Busca cerrar un problema del pasado reciente.
Durante el kirchnerismo, casi todas las licenciatarias firmaron actas acuerdo con la Uniren (la unidad que había creado aquel gobierno para que liderara la renegociación de contratos) y el Ministerio de Economía. Allí se establecía que la revisión tarifaria integral debía culminar en febrero de 2009, lo que no ocurrió.
La demora en la recomposición de sus ingresos abrió una enorme puerta para que plantearan juicios contra el Estado, algo que ya hicieron algunas empresas, como British Gas, ex accionista de Metrogas, y un socio actual de la distribuidora Camuzzi. Con el pedido de renuncia a los juicios, el Gobierno busca moderar ese punto.
Trámite exprés
Los funcionarios les dieron dos consignas claras a los ejecutivos de las compañías gasíferas: cada uno de los asistentes debía exponer el pedido oficial a su directorio y conseguir su firma para avanzar en el trámite de la revisión tarifaria integral, que debería culminar hoy mismo.
La copia, además, debía ser remitida al Enargas antes de las 14.30 de ayer. Según fuentes al tanto de las discusiones, el factor tiempo era un elemento crucial en el anuncio del nuevo cuadro tarifario, debido a que el visto bueno de las empresas debía llegar con la antelación necesaria para que la medida pudiera ser incluida en el Boletín Oficial.
Sucede que hoy es el último día hábil antes del 1° de abril, cuando deben regir los aumentos.
Las empresas no le hicieron caso a la premura oficial y nadie envió sus confirmaciones cuando el reloj llegó a la hora señalada, según afirmaron fuentes del sector.
Pese a eso, el Gobierno decidió seguir adelante con el plan original. Aunque al mediodía no estaba claro si Aranguren daría hoy una conferencia de prensa para explicar los aumentos, como había trascendido en la semana, esa confirmación llegó por correo electrónico a las 17.50.
De manera que Energía, el Enargas y las empresas seguirán discutiendo con los aumentos ya vigentes. El Gobierno insistirá en que las empresas deben desistir de cualquier instancia judicial pasada o futura por el no cumplimiento de los contratos en el pasado por parte del Estado.
En la práctica, los ejecutivos de las empresas gasíferas sabían desde hacía tiempo que debían renunciar a juicios para conseguir la recomposición de sus ingresos. Pero aún no aceptaron porque la propuesta oficial les despierta cierta incertidumbre. Entre otras cosas, consideran que no está garantizado que los aumentos que vienen alcancen para desarrollar el plan de inversiones obligatorio que les exige el Estado.
También les preocupa que no esté definido de qué manera las empresas pagarán una vieja deuda que contrajeron en el último año con los productores de gas porque no les alcanzaban los ingresos para cubrir todos los costos operativos del servicio. Ante esa situación, decidieron dejar de pagar por el gas que vendían a sus clientes, dado que una ley impide la interrupción del servicio. Según los concesionarios, si no aparece una solución apropiada a ese punto podrían ir a la quiebra.
Dos aumentos en dos meses
El 31 de enero pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció el primera aumento de las tarifas de electricidad en el año, que comenzó a regir al día siguiente. Mañana ocurrirá lo mismo con el servicio de gas, que subirá 40% desde el sábado, 30% en diciembre y otro 40% en abril del año próximo.
A los ajustes de la luz y el gas se sumará el del agua, que aumentará un 23%, según fue anunciado por AySA. Y el Gobierno aún debe definir si incrementará las tarifas de trenes y colectivos. En todos los casos, el objetivo es el mismo: reducir los subsidios del Estado.
La disputa por las tarifas
Nuevo aumento
El Gobierno dividió la suba del gas en tres tramos: 40% en abril, 30% en diciembre y 40% en abril del año próximo.
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El ministro Aranguren dará hoy precisiones sobre la suba en las tarifa de gas, de la misma manera que lo hizo con la luz.
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