Entender el concepto de pobreza energética, es clave para esta etapa de liberalización de tarifas y dolarización encubierta de los montos que pagan los consumidores impulsada por el neoliberalismo.
Al respecto esta nueva conceptualización sobre pobreza energética, se ha desarrollado de manera notable en países de la eurozona impactados por la crisis acelerada a partir del año 2008 .
España es un caso emblemático, por lo que proponemos leer el resumen ejecutivo del reciente informe Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética - nuevos enfoques de análisis. España 2006-2016 , informe que sirvió de base a la campaña contra la pobreza energética que ahora mismo lleva adelante la agrupación política Unidos-Podemos, única oposición real a nivel nacional al neoliberalismo coalicionado, tras la nueva audiencia de investidura y la crisis de PSOE.
El nivel de reconocimiento de la pobreza energética como problemática de entidad propia ha aumentado, especialmente entre administraciones de nivel autonómico y municipal.
Se ha detectado que existe ya un amplio reconocimiento social e institucional de la pobreza
energética como problemática de entidad propia, que se sigue vinculando directamente con los
efectos de la crisis en la sociedad española. Especialmente reseñables son los avances en el
ámbito autonómico y local, que contrastan con la escasez de iniciativas de la administración
central.
Se han propuesto nuevos conceptos que amplían y complementan el marco teórico de la pobreza energética.
La pobreza energética se entiende ahora como la consecuencia de una condición más extensa y difusa denominada vulnerabilidad energética, definida como la probabilidad de un hogar a experimentar una situación en la que dicho hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía (Bouzarovski and Petrova, 2015). Este nuevo enfoque explica la pobreza energética como una condición temporal causada por condiciones estructurales y coyunturales que van más allá de la triada de factores tradicionalmente considerados (ingresos del hogar, precios de la energía y eficiencia energética de la vivienda).
Este informe también propone un análisis novedoso en términos de desigualdad energética que permite comparar entre hogares con diferente poder adquisitivo.
Ha aumentado el número y complejidad de metodologías disponibles para estimar la extensión y evolución de la pobreza energética.
Se han incorporado nuevos indicadores de pobreza energética basados en el enfoque de ingresos y gastos a partir de desarrollos metodológicos ocurridos en los últimos años. En concreto, se ha llevado a cabo una aplicación del indicador oficial del Reino Unido, denominado Low Income-High Costs o LIHC, y se han realizado tres estimaciones de indicadores de un indicador basado en el concepto de ingreso mínimo aceptable (Minimum Income Standard o MIS), que aun no está definido cuantitativamente para el caso Los indicadores empleados señalan que una parte significativa de los hogares españoles experimentan condiciones asociadas a la pobreza energética.
La pobreza energética sigue siendo una realidad que afecta a una proporción significativa de hogares que residen en España. En concreto, se ha encontrado que en 2014:
El 11% de los hogares españoles (equivalente a 5,1 millones de personas) se declaraba incapaz
• de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos.
El 8% de los hogares españoles (equivalente a 4,2 millones de personas) declaraba tener
•retrasos en el pago de las facturas de la vivienda incluyendo las de energía doméstica.
El 15% de los hogares españoles (equivalente a 6,2 millones de personas) destinaban más del
•10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para la vivienda.
El 10% de los hogares españoles (equivalente a 4,9 millones de personas) se encontraba en
• dificultades según la aplicación al caso español del indicador oficial de pobreza energética del Reino Unido. Esto significa que su ingresos, una vez descontados los gastos en vivienda y energía doméstica, estaban por debajo de la línea de pobreza monetaria (60% de los ingresos medianos por persona equivalente), y que simultáneamente su gasto en energía doméstica estaba por encima de la mediana de gasto en energía por persona equivalente para toda España.
El 21% de los hogares españoles (equivalente a 12,1 millones de personas) se encontraba en
• dificultades según la aplicación al caso español del indicador basado en el enfoque del ingreso mínimo aceptable (Minimum Income Standard).
De acuerdo con esta metodología, los ingresos de estos hogares, una vez descontados sus gastos de energía y vivienda, estaban por debajo de la Renta Mínima de Inserción más elevada de España (País Vasco) una vez descontados el gasto en vivienda y energía de un hogar nacional.
Debe tenerse en cuenta que los tres últimos indicadores utilizan datos de gasto real en energía doméstica, los únicos disponibles en estadísticas oficiales en nuestro país. Esto supone una diferencia importante con las estadísticas del Reino Unido, donde se utilizan estimaciones del gasto necesario para que cada hogar encuestado alcance un nivel de confort térmico predeterminado.
Existen divergencias en la evolución de los indicadores de pobreza energética desde el inicio de la crisis.
Los indicadores basados en percepciones y declaraciones del hogar mantienen su tendencia al alza de forma sostenida hasta 2014 a pesar de las mejoras en factores macroeconómicos clave en 2013 y 2014.
En contraste, prácticamente todos los indicadores basados en gastos e ingresos registran un descenso moderado en 2013 y 2014. Esta tendencia a la baja se explica por una reducción en el gasto en energía que podría indicar dificultades crecientes entre hogares vulnerables para pagar una cantidad de energía doméstica adecuada a sus necesidades.
Se sigue confirmando la existencia de disparidades territoriales importantes en los indicadores de pobreza energética empleados.
La desagregación territorial de resultados revela que las condiciones climáticas no son determinantes para explicar las diferencias regionales en la incidencia de la pobreza energética.
Las cuatro regiones con mayor grado de afección son, tanto en 2007 como en 2014, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Por su parte, las tres Comunidades Autónomas con menor grado de afección son País Vasco, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid.
Además, se ha encontrado una mayor proporción de hogares afectados en zonas rurales o semiurbanas.
Hay diferencias importantes en la incidencia de la pobreza energética por características socioeconómicas de los hogares y de vivienda. Se detecta una mayor incidencia de la pobreza energética en hogares en los que la persona principal tiene bajo nivel educativo, está en paro o depende de otras prestaciones, tiene un contrato temporal, está soltera, viuda o divorciada, o proviene de un país de fuera de la UE, así como en el caso de familias monoparentales. Lo mismo ocurre en hogares con personas con mala salud y enfermos crónicos, así como en hogares que alquilan la vivienda y que usan combustibles sólidos o líquidos para calefacción.
Se presenta por primera vez evidencia de desigualdad energética entre hogares españoles con diferente poder adquisitivo.
Se comprueba la existencia de un gradiente de desigualdad energética según el cual la probabilidad de sufrir algún tipo de privación asociada al consumo doméstico de energía aumenta a medida que disminuyen los ingresos. Sin embargo, la correspondencia entre pobreza energética y monetaria dista de ser perfecta: el análisis comparativo por decilas de renta muestra que existen hogares en pobreza energética cuyos ingresos están más allá de la línea de pobreza monetaria y viceversa.
Se mantienen las cifras de mortalidad prematura posiblemente asociada a la pobreza energética calculadas en informes anteriores.
Cálculos de la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) actualizados al periodo 1996-2014 indican que en España se produce un 20,3% más de muertes en invierno (de diciembre a marzo) que en el resto del año. Este porcentaje equivale a 24.000 muertes anuales, de las cuales 7.100 (el 30%, según metodología de la Organización Mundial de la Salud) podrían estar asociadas a la pobreza energética. En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996-2014, y se estima que la contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en España.
Numerosas consultas llevadas a cabo por la Asociación de Ciencias Ambientales entre 2014 y 2016 han permitido identificar oportunidades de intervención en aspectos concretos.
Las consultas realizadas, que incluyen un ciclo de 11 talleres llevados a cabo entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 con presencia de 146 profesionales y expertos, señalan la necesidad de actuar sobre aspectos como facturas de la energía, bono social, cortes de suministro, medidas de microeficiencia, rehabilitación energética de edificios, fuentes de información y líneas de investigación.
Se propone una actuación coordinada en entre diferentes actores y niveles de la administración por medio de una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética.
La elaboración y puesta en práctica de una estrategia estatal que involucre los tres niveles de la administración, empresas suministradoras, ONGs y movimientos ciudadanos se considera un paso fundamental para hacer frente a las causas de la pobreza energética.
En este proceso, la Asociación de Ciencias Ambientales reclama: la reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables; actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos y fondos de ayuda; la reforma de las políticas de financiación de eficiencia energética con el fin de beneficiar prioritariamente a hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda; el mejor aprovechamiento de oportunidades en el campo de la microeficiencia; fomentar programas de formación orientados a los colectivos vulnerables en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética, acceso al bono social o ayudas a la rehabilitación, y mejorar la transferencia y uso de información relevante para una mejor toma de decisiones, incluyendo la recogida de estadísticas oficiales.
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