Distintas lecturas dentro de la Rosada: algunos minimizaron la protesta, otros remarcaron que el fallo que frenó el tarifazo también invalidó las tarifas sociales que alcanzan a un 32% de los hogares.
No lo tenemos en agenda y consideramos que es un cacerolazo K, totalmente politizado y opositor”, arriesgó un vocero de la Casa Rosada pocos minutos antes de que una persistente lluvia de invierno comenzara a mojar las calles de la capital. La llegada del agua y la caída de un crepúsculo muy frío parecieron confirmar las principales esperanzas del gobierno de Mauricio Macri para afrontar el primer cacerolazo nacional contra su gestión y, especialmente, contra el impacto del tarifazo cuya aplicación cosechó una tormenta de fallos judiciales en contra que deberá dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En las horas previas a la protesta de esta noche, el pronóstico político de los funcionarios de Cambiemos coincidía con el climático: una medida acotada, con poco público y claramente antimacrista. Sin embargo las imágenes de la cobertura televisiva que comenzó a inundar las pantallas cosechó otras apreciaciones desde algunas oficinas de la Casa Rosada. “Los que están reclamando están en todo su derecho de protestar y manifestarse”, cintureó otro vocero para evaluar un cacerolazo que a pesar de la lluvia, el frío y la previa del partido de Boca Juniors versus Independiente del Valle (segundo capítulo de la semi final de la Copa Libertadores) tuvo concentraciones en 50 puntos de la Ciudad de Buenos Aires, además de protestas simultáneas en Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Bariloche y una marcha a la Quinta Presidencial de Olivos.
La interpretación oficial posterior a la protesta sólo cambió en el tono. Cuando la segunda vuelta de la final de la Libertadores arrancó en las pantallas, los voceros presidenciales remarcaron el derecho a protestar, pero insistieron en el carácter “político de la protesta, son los que no quieren reconocer que la energía vale y que pasaron doce años consumiendo gratis”, remarcó una fuente con oficina en el primer piso de la Casa de Gobierno.
EXPEDIENTE X. El primer cacerolazo que enfrentó Macri a siete meses de asumir cosechó lecturas diferentes dentro de su Gabinete, pero la principal preocupación está centrada en la razón del malestar: un tarifazo para los consumos de luz, agua y gas que el Gobierno analiza cómo afrontar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la validez o no de los aumentos. Hace dos días los cortesanos le pidieron informes al Gobierno. La respuesta deberá ser entregada en un plazo de diez días. En este impasse invernal las tarifas continuarán sin ser reajustadas, pero el compás de espera también postergará un desenlace necesario para el Gobierno, que busca formas para afrontar una tormenta de críticas contra los aumentos que continuarán engrosando la pendiente declinante de la imagen presidencial, de los niveles de aceptación de la gestión de Cambiemos y de algunos integrantes del Gabinete como el titular de la cartera de Energía Juan José Aranguren. Su apellido también fue uno de los hashtags de la convocatoria viral del cacerolazo.
“Lo que tenemos claro es que el cuadro tarifario que definimos no estará vigente, por lo tanto las empresas distribuidoras deberán comunicar las formas que tienen los usuarios para enfrentar esta situación”, explicó otro funcionario nacional para confirmar que “por ahora, el Gobierno no tiene en carpeta un plan de comunicación para explicar” las dificultades del reajuste fallido.
La explicación que sí está en proceso, es la respuesta que reclamó la corte. Para ese caso, el pronóstico es reservado, aunque los expertos en la matriz energética nacional que habitan en la Rosada se consuelan con una explicación institucional: “Será la primera vez en 12 años que la Corte define las facultades del Gobierno y la Justicia sobre el tema tarifario, en medio de una cantidad de casos que surgieron en distintos puntos del país y que fueron nacionalizados por la Cámara Federal de La Plata, una atribución bastante discutible”, detalló un secretario de Estado, para delinear la expectativa que tiene el gobierno: que el máximo tribunal valide una parte del reajuste, pero que cuestione la decisión de la cámara platense por darle alcance nacional al freno del tarifazo.
EL LADO "B" DEL FALLO. “Es un tránsito obligatorio a la normalidad luego de haber vivido gratis trece años”, repitió un escudero oficialista, luego de advertir otro elemento del freno al tarifazo: “Ojo que el fallo suspendió los aumentos pero también detuvo la tarifa social y en el caso del gas, el 32% de los 13,3 millones de hogares que consumen están alcanzados por la tarifa social y por la garrafa social”, informaron desde la cartera Energética, basados en parte del informe que elaboran para enviar al máximo tribunal donde el 11% de los hogares esta alcanzado por la tarifa social y el 21% por la garrafa, en referencia a los 2,8 millones de hogares incluidos en el Plan Garrafa Social, la mitad de los 5,2 millones de usuarios que no tienen gas de red y deben usar garrafa.
La advertencia revela que en el próximo paso del Gobierno consistirá en meter el dedo en la llaga del fallo. “Los que sí tienen acceso a la red de gas son 8,1 millones de hogares, de los cuales 1,5 millones tienen tarifa social. Esta tarifa significa que ellos no pagan nada por el gas: sólo pagan el costo de transporte, distribución y los impuestos”, explica un documento oficial que será parte de las argumentaciones que pondrá en juego la Casa Rosada hasta que la Corte defina cómo sigue una “minicrisis” que ya le deparó el primer cacerolazo a la gestión de Cambiemos.
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