El Gobierno repudió el asalto al diario, pero la Policía de Patricia Bullrich, con la excusa de que no tenía orden judicial para actuar, fue espectadora de los delitos flagrantes de una patota armada.
En medio del shock de angustia y desesperación, de los gritos y el llanto que mezclaba bronca e impotencia, los periodistas del diario Tiempo Argentino, que vienen desandando con enorme esfuerzo y no poco sufrimiento el camino del vaciamiento del medio perpetrado por su fundador, Sergio Szpolski, no podían creer lo que vivían en la madrugada de este lunes. Parecía mentira, pero era dramáticamente real: dentro del edificio de Amenábar 23, en el barrio porteño de Palermo, una patota armada con cuchillos y facas –descripta como “un grupo de tareas” por miembros de la cooperativa que recuperó el periódico- destrozaba todo; afuera, un número similar de efectivos de la Policía Federal eran pasivos observadores de delitos que se cometían en sus narices.
La excusa: no tenían orden judicial para intervenir. Horas después, pasadas las siete de la mañana, el desenlace sería igual de grotesco: los delincuentes abandonaban el lugar caminando entre los policías. Y el líder de la barra, el empresario Mariano Martínez Rojas, que había encabezado el operativo de toma y destrucción de las instalaciones, era retirado en un patrullero, pero no detenido, sino protegido. Antes de abandonar el lugar, se dio el gusto de amenazar a los periodistas con “cortales las piernas”.
Se sacó las ganas delante del subcomisario Carlos Gastón Aparicio, segundo jefe de la Comisaría 31. Horas después, el Gobierno nacional, a través de la Subsecretaría de Comunicación Pública, expresaba su “enérgico repudio” al ataque. Pasadas las 14, cuando se cerraba esta nota, la ministra de Seguridad y jefa de las fuerzas federales, Patricia Bullrich, habitualmente muy activa y creativa en las redes sociales para destacar los logros de su gestión a través de profusa producción multimedia y lenguaje coloquial, nada había dicho sobre el episodio. Y mismo silencio guardaba el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad -jefe de la Metropolitana-, Martín Ocampo.
GRUPO DE TAREAS. En varios diálogos que mantuvo Letra P, periodistas de Tiempo Argentino coincidieron en describir a los agresores como integrantes “más de un grupo de tareas que de una patota”. “Eran patovicas, barrabravas o servicios de inteligencia”, dijo uno de ellos a este portal.
El grupo, que estaba armado con cuchillos y facas y cubría sus rostros con capuchas, irrumpió pasada la medianoche por las instalaciones de radio América, que funciona en el mismo edificio y es otro de los medios vaciados por Szpolski, y ganó rápidamente la redacción del diario, de donde “sacaron casi volando” a los tres integrantes de la cooperativa que estaban en ese momento, entre ellos, una mujer del área de limpieza y un joven discapacitado.
La presencia policial aumentó con el correr de las horas hasta alcanzar una veintena de efectivos comandada por Aparicio. Llegó a haber ocho, nueve patrulleros en la cuadra. Frente al reclamo de los periodistas del diario de que la Policía interviniera y sacara a la patota, el subcomisario se excusó: aseguró que tenía orden de la Justicia de permanecer en la calle. La disposición había sido emitida, informó el policía, por la titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la ciudad de Buenos Aires, Verónica Andrade, que pasado el mediodía, según trascendió, había imputado a Martínez Rojas y a diez de sus cómplices por los delitos de usurpación y daños. Aparicio dijo que lo único que le habían ordenado hacer era identificar a los agresores una vez que salieran del edificio. Lo hicieron 16 de ellos, pero los periodistas estiman que otros cuatro o cinco habían escapado por los techos.
La patota tuvo todo el tiempo que necesitaba para destrozar las instalaciones del diario. Con la Policía como espectadora, hizo un desastre: tapió las puertas y las ventanas, rompió mampostería, volteó parte de una pared, atacó equipos informáticos y los archivos de las computadoras, arrancó el cableado de energía eléctrica y de internet y arruinó documentación de la cooperativa. Dejó, además, una señal cargada de simbolismo: un cuadro de Rodolfo Walsh roto en el piso.
La salida fue negociada, a pesar de la flagrancia de los delitos que se cometían. Una comisión formada por tres integrantes de la cooperativa, la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, y el diputado bonaerense Lauro Grande (La Cámpora) entró junto a la Policía. Ante la inacción de los uniformados y la desesperación por la impunidad con la que los agresores rompían todo, otros periodistas habían entrado antes. Algunos de ellos resultaron heridos.
Antes, los matones se habían dado el lujo de desafiar a la Policía. “Lo arreglamos adentro o afuera”, habían invitado. Pero la salida, cuando empezaba a clarear la madrugada de terror, marcó el punto más alto del disparate: los delincuentes se fueron caminando y Martínez Rojas, que dirigió el golpe comando, en patrullero, protegido por el Estado nacional.
DENUNCIAS. Juan Mariano Martínez Rojas es un personaje opaco. Correntino de 37 años, dueño del Grupo M de Luxe, habría debutado en el negocio de los medios de comunicación de haberse hecho cargo de Tiempo Argentino cuando Szpolski supuestamente se lo vendió junto a radio América. Su especialidad son los eventos y el entretenimiento.
Según publicó el portal Perfil.com, presentaba, al momento de la presunta operación, una alarmante calificación de riesgo crediticio. Según registros del Banco Central, su puntuación en Santander Río era de nivel 3. Además, poseía una deuda de 143 mil pesos. “Son movimientos de cuentas bancarias, si entrás el 30 de enero vas a ver que no hay ninguna deuda. No se preocupen, tengo una muy buena línea de créditos”, le dijo al sitio de la editorial de Jorge Fontevecchia.
La crónica agrega que, en 2013, Martínez Rojas, su esposa y su hermano fueron denunciados por el delito de estafas reiteradas y asociación ilícita por un monto que, según medios de Corrientes, supera los 10 millones de pesos en la compra de autos de alta gama, la comercialización de obras de arte y operaciones inmobiliarias.
La denuncia había sido efectuada por el abogado penalista Ernesto “Tito” González, conocido públicamente por su participación en distintas causas mediáticas. En julio de 2015, el letrado fue asesinado a balazos en un bar por un cliente que luego se suicidó, consignó Perfil.com.
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