A Nova Campanha da Legalidade, formada por mais de oito mil juristas de todos os estados brasileiros passa, a partir de hoje, a enviar ao mundo o manifesto que denuncia o golpe em curso no Brasil. O Manifesto está em português traduzido para o inglês, italiano, francês, alemão e espanhol. Por favor, nos ajude, marque, envie por e-mail e compartilhe este post, fazendo chegar aos amigos estrangeiros.
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Câmara dos deputados está votando pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, mesmo sem crime previsto, numa clara tentativa de golpe articulado pelo vice presidente e presidente da câmara
Los compañeros del Foar en cooperación con Brasil me hicieron llegar esto. Piden viralizacion para dar a conocer el golpe.
LA NUEVA CAMPAÑA DE LA LEGALIDAD: MANIFIESTO DE JURISTAS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO DE DERECHO
A la Excelentísima Señora Presidenta de la República,
a los Excelentísimos Señores Senadores de la República,
a los Excelentísimos Señores Diputados Federales,
a los Excelentísimos Señores Ministros del Supremo Tribunal Federal,
al Pueblo Brasileño.
La nueva campaña de la Legalidad: Manifiesto de Juristas en Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Nosotros, los abajo firmantes, juristas, abogados, profesores de derecho de todo el país venimos por medio de esta nota:
Brasil vive, en el momento actual, grave crisis en su reciente democracia. Durante los años de dictadura, muchos ciudadanos sufrieron y se sacrificaron, para que estemos hoy en pleno ejercicio de nuestros derechos. La corrupción no es un hecho nuevo, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo en el Brasil, y debe ser fuertemente combatida. Mas, con el fin de eliminar la corrupción, no podemos, bajo pena de retroceder al nivel de las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos brasileños, acontecidas durante la dictadura militar implantada por el golpe de 1964, permitir: la relativización de la presunción de inocencia; expedientes arbitrarios como conducción coercitiva de investigados o pedidos de prisión preventiva, sin el debido respaldo legal; utilización de la prisión temporaria, igualmente cuando ausentes los presupuestos previstos en la legislación, con el fin de obtener delaciones premiadas; interceptaciones telefónicas ilegales que violan las prerrogativas de los abogados y hasta mismo de la Presidencia de la República.
Además no podemos permitir el comprometimiento de los principios democráticos que regulan el proceso, con las operaciones mediáticas y divulgaciones no autorizadas y selectivas de documentos protegidos por secreto de justicia (“vazamentos”), que visan destruir reputaciones e interferir en el debate político, además de tensionar la opinión pública para apoyar tales operaciones. No podemos aceptar la relativización del principio democrático por medio de un procedimiento de impeachment sin fundamento jurídico. La Constitución exige el cometimiento, por el Presidente, de crimen de responsabilidad, que sea previamente definido en ley ordinaria. No se trata, por lo tanto, de pura y simple decisión política ligada a satisfacción o insatisfacción con la gestión. El voto popular escoge el Presidente para un mandato de cuatro años, al final del cual será evaluado. Aún que se afirme ser el impeachment una decisión política, eso no aparta su juridicidad, o sea, su carácter de decisión jurídica obediente a la Constitución.
La aprobación de leyes o la edición de decretos también son decisiones políticas, mas ni por eso pueden contrariar la Constitución. Afirmar que el juicio es político no puede significar que la constitución pueda ser descumplida. Es requisito de constitucionalidad para el impeachment la prueba de la existencia de crimen de responsabilidad. Mismo por un análisis demasiado legalista del proceso, la conclusión de la inexistencia de crimen de responsabilidad se impone. La democracia permite la divergencia sobre la corrección de las decisiones políticas, más la decisión última sobre los errores y los aciertos, en un régimen democrático, reposa en el voto popular. Mismo a los parlamentares electos por el pueblo no les es dado por la constitución el poder de excluir el jefe del Ejecutivo, también electo por el sufragio, basados en la discrepancia Política, mas apenas en la hipótesis estricta y excepcional del crimen de responsabilidad. En ese sentido, queremos afirmar que la lucha para preservar la estabilidad y el respeto a las instituciones políticas pasa por el respeto al mandato popular adquirido por medio del voto en elecciones regulares
LA NUEVA CAMPAÑA DE LA LEGALIDAD: MANIFIESTO DE JURISTAS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO DE DERECHO
A la Excelentísima Señora Presidenta de la República,
a los Excelentísimos Señores Senadores de la República,
a los Excelentísimos Señores Diputados Federales,
a los Excelentísimos Señores Ministros del Supremo Tribunal Federal,
al Pueblo Brasileño.
La nueva campaña de la Legalidad: Manifiesto de Juristas en Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Nosotros, los abajo firmantes, juristas, abogados, profesores de derecho de todo el país venimos por medio de esta nota:
- Afirmar el Estado Democrático y Constitucional de Derecho, que debe estar sometido a las leyes y realizarse a través de ellas, no admitiendo violaciones de garantías fundamentales establecidas ni la instalación de un estado de excepción por medio de un proceso de impeachment sin fundamento jurídico;
- Defender la imparcialidad de la justicia, que debe operar según los dictámenes de la Constitución y del ordenamiento jurídico, no admitiendo su partidarisacion, su funcionamiento selectivo y persecuciones políticas de cualquier naturaleza;
- Sustentar la represión a la corrupción, que debe realizarse de forma ética, republicana y transparente, por los medios pertinentes, sin que para esto haya cualquier restricción o flexibilización de derechos o mismo la utilización irresponsable de medios de comunicación para la sustentación artificial y no idónea de procedimientos judiciales. La eliminación de la corrupción no puede corromper los derechos;
- Decir que lucharemos para preservar la estabilidad y el respeto a las instituciones políticas lo que, especialmente en un momento de crisis, viene a ser la posición más prudente, en el sentido de hacer respetar la voluntad del Pueblo, manifestada a través de los medios definidos por la Constitución, por medio de elecciones directas regulares y periódicas.
Brasil vive, en el momento actual, grave crisis en su reciente democracia. Durante los años de dictadura, muchos ciudadanos sufrieron y se sacrificaron, para que estemos hoy en pleno ejercicio de nuestros derechos. La corrupción no es un hecho nuevo, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo en el Brasil, y debe ser fuertemente combatida. Mas, con el fin de eliminar la corrupción, no podemos, bajo pena de retroceder al nivel de las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos brasileños, acontecidas durante la dictadura militar implantada por el golpe de 1964, permitir: la relativización de la presunción de inocencia; expedientes arbitrarios como conducción coercitiva de investigados o pedidos de prisión preventiva, sin el debido respaldo legal; utilización de la prisión temporaria, igualmente cuando ausentes los presupuestos previstos en la legislación, con el fin de obtener delaciones premiadas; interceptaciones telefónicas ilegales que violan las prerrogativas de los abogados y hasta mismo de la Presidencia de la República.
Además no podemos permitir el comprometimiento de los principios democráticos que regulan el proceso, con las operaciones mediáticas y divulgaciones no autorizadas y selectivas de documentos protegidos por secreto de justicia (“vazamentos”), que visan destruir reputaciones e interferir en el debate político, además de tensionar la opinión pública para apoyar tales operaciones. No podemos aceptar la relativización del principio democrático por medio de un procedimiento de impeachment sin fundamento jurídico. La Constitución exige el cometimiento, por el Presidente, de crimen de responsabilidad, que sea previamente definido en ley ordinaria. No se trata, por lo tanto, de pura y simple decisión política ligada a satisfacción o insatisfacción con la gestión. El voto popular escoge el Presidente para un mandato de cuatro años, al final del cual será evaluado. Aún que se afirme ser el impeachment una decisión política, eso no aparta su juridicidad, o sea, su carácter de decisión jurídica obediente a la Constitución.
La aprobación de leyes o la edición de decretos también son decisiones políticas, mas ni por eso pueden contrariar la Constitución. Afirmar que el juicio es político no puede significar que la constitución pueda ser descumplida. Es requisito de constitucionalidad para el impeachment la prueba de la existencia de crimen de responsabilidad. Mismo por un análisis demasiado legalista del proceso, la conclusión de la inexistencia de crimen de responsabilidad se impone. La democracia permite la divergencia sobre la corrección de las decisiones políticas, más la decisión última sobre los errores y los aciertos, en un régimen democrático, reposa en el voto popular. Mismo a los parlamentares electos por el pueblo no les es dado por la constitución el poder de excluir el jefe del Ejecutivo, también electo por el sufragio, basados en la discrepancia Política, mas apenas en la hipótesis estricta y excepcional del crimen de responsabilidad. En ese sentido, queremos afirmar que la lucha para preservar la estabilidad y el respeto a las instituciones políticas pasa por el respeto al mandato popular adquirido por medio del voto en elecciones regulares
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