Los resultados de las últimas elecciones presidenciales produjeron no sólo un hecho sorprendente sino inédito porque por primera vez en la historia moderna del país los sectores dominantes accedieron al control del Estado mediante un partido propio y el voto ejercido democráticamente. De esta manera quedó atrás la necesidad de estos sectores de tener que recurrir al “fraude patriótico” como en la década de 1930 o a los golpes de Estado llevados a cabo por el partido militar desde el derrocamiento del peronismo en 1955.
Se trata de un resultado coherente con las nuevas formas de condicionar la política estatal que
surgieron en la década de 1980 durante la postdictadura en el marco del nuevo patrón de
acumulación basado en la valorización financiera del capital. Los condicionamientos iniciales
estuvieron vinculados a la salida de recursos debido a los pagos derivados del endeudamiento
externo y la fuga de capitales al exterior. Luego, por los denominados “golpes de mercado” que
provocaron las crisis hiperinflacionarias de 1989/1990 encaminadas a que los sectores dominantes
(extranjeros y locales) pudieran apropiarse de las empresas públicas para garantizarles a los
acreedores el pago de la deuda externa pública y privada, y a sus nuevos propietarios locales y
extranjeros la posibilidad cierta de obtener ganancias extraordinarias a partir de la prestación de los
servicios públicos.
Estos primeros pasos se perfeccionaron con la prolongada y profunda crisis que se desplegó entre
1998 y 2001 y con los juicios que pusieron en marcha las firmas transnacionales ante el CIADI,
organismo dependiente del Banco Mundial, que fueron posibles por la adhesión a los Tratados
Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TBI) durante la década de 1990.
El hostigamiento y condicionamiento de los gobiernos constitucionales culminó con la arbitraria
aplicación de la cláusula pari passu en el juicio entablado por los “fondos buitre” ante el juzgado de
Nueva York del Juez Griesa que luego fue ratificada por la Corte Suprema de ese país. Es decir que
el propio poder judicial norteamericano, supuestamente “técnico y neutral”, convalidó una extorsión
a un país soberano clausurando de esa manera la posibilidad de sortear la restricción externa que
por diversos motivos irrumpió durante los últimos años.
Es poco discutible que la sociedad introdujo un giro copernicano en el tipo de régimen y la forma de
Estado al transitar de un gobierno nacional y popular a otro de carácter neoliberal. Mientras que el
primero puso énfasis en el crecimiento económico y la redistribución del ingreso a favor de los
asalariados, la política de la gestión actual sustenta sus acciones sobre dos ejes principales. Uno de
ellos consiste en modificar la estructura estatal que se fue conformando durante el ciclo de los
gobiernos kirchneristas, adecuándola a las necesidades de una transferencia de la regulación al
“mercado” que no es otra cosa que dejarla en manos de los sectores oligopólicos. El otro, consiste
en poner en marcha una política de “ajuste económico” que implica un salto significativo en el ritmo
inflacionario que está generando una reducción del nivel de actividad económica y una reversión de
la participación de los asalariados en el ingreso.
Si bien a esta altura de los acontecimientos son conocidas las medidas que integran el “ajuste
económico” hay integrantes de los propios sectores populares que, a partir del discurso del nuevo gobierno, tienen expectativas acerca de que las medidas serán por un lado aplicadas gradualmente
y por otro que los costos sociales serán equitativamente distribuidos entre el capital y el trabajo. Es
decir que por el carácter inédito de la situación se produzcan modificaciones en la receta económica
ortodoxa que aplaquen significativamente el efecto del ajuste económico y social sobre los diversos
sectores sociales.
En este contexto resulta vital analizar el impacto de las políticas actuales no solamente sobre la
relación entre el capital y el trabajo sino también entre las distintas fracciones del capital. En otras
palabras, resulta insoslayable indagar la manera en que está conformado el bloque de poder que
ejerce la conducción del proceso político, económico y social que reemplazó al gobierno nacional y
popular. Esta problemática es la que se aborda en la primera parte de este trabajo mediante el
análisis de la formación de grado y postgrado de los funcionarios del actual gobierno y
posteriormente a través de su vinculación con las diferentes fracciones del capital diferenciando los
distintos tipos de intelectuales orgánicos de los sectores dominantes que confluyen en el gabinete
gubernamental.
A reglón seguido, en la segunda parte de este documento se realiza una aproximación general a las
características de la política económica y de las iniciativas para desguazar el Estado que se fue
conformando durante el anterior gobierno nacional y popular. En ese marco, se encara
posteriormente un análisis más profundo de las primeras medidas adoptadas por la nueva
administración de gobierno y sus efectos en términos del comportamiento económico. Así, en esta
segunda parte se evaluará la trayectoria de variables e indicadores clave como la devaluación, la
disminución de las retenciones a las exportaciones, las modificaciones arancelarias, así como sus
efectos sobre la inflación, el salario real, el empleo estatal, la pobreza y la indigencia, entre otros.
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