contexto sociolaboral, la mirada patronal

Ola de reestructuraciones provoca la reacción de los gremios

Julián A. de Diego Director Posgrado en RR. HH. Escuela de Negocios de la U.C.A.

El sinceramiento de la economía generó una importante ola de reestructuraciones en un horizonte de recesión, donde la economía en general se retrae como parte de la estrategia contra la inflación. Nadie duda de la importancia del mercado interno, que representa no menos de tres cuartas partes de nuestro PBI y que en los últimos años fue motor de la actividad productiva. A la vez, parece que gradualmente las exportaciones podrán aportar una cuota importante para una futura reactivación.

En cualquier caso, todos reconocen que enfrentaremos un plazo impredecible de enfriamiento de la economía interna, lo que implica una reducción en todos los planos.

Las causas alegadas por las empresas son de lo más diversas:

1. Retención de planteles por la presión política de la última década, fundamentalmente promovida desde el Ministerio de Trabajo que procuraba suplir los despidos por diversos medios, incluyendo los subsidios como el REPRO;

2. Retención de excedentes de personal por la presión sindical, que adoptaban medidas por una sanción disciplinaria o por un despido, aún en los casos que existiera justa causa;

3. Deterioro significativo de la productividad basado en el crecimiento de dotaciones excesivas o en grupos ineficientes, que dejaron dentro de los planteles trabajadores de muy baja calificación y productividad sin posibilidad de renovación;

4. El aumento desmesurado del ausentismo, lo que obligó a cubrir las carencias con grupos de reemplazo fijos o eventuales;

5. El empleo de las medidas de fuerza abusivas o la huelga salvaje, al amparo de cierta tolerancia oficial, lo que impidió realizar ajustes necesarios y hasta imprescindibles;

6. El crecimiento del desorden social, con movimientos que propician bloqueos, cortes de rutas puentes y accesos, y acciones públicas de repudio que luego se traslada a la indisciplina y la protesta en el seno de las empresas;

7. El aporte disvalioso de las nuevas generaciones, que en parte reclaman un marco aspiracional de libertad, flexibilidad y ‘decontracté’ que a menudo resulta incompatible con la disciplina requerida por una actividad productiva, acompañado de una caída significativa de la calidad educativa y de la preparación en artes oficios o profesiones;

8. Aumento del costo laboral combinado con la caída vertiginosa de la productividad, aumento que estuvo ligado a la negociación salarial por inflación en una carrera sistemática por superarla, en detrimento de la competitividad local, regional e internacional de las empresas;

y 9. Causas de origen internacional o global como la crisis del petróleo que impone cambios, reestructuraciones, y un fuerte descenso del número de trabajadores por la inviabilidad.

Las empresas han optado por el recurso del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) reglado en la Ley 24.013/91 (arts. 98 a 105, C.S. Menem, Enrique Rodríguez), que permite ingresar a un proceso de negociación para reestructurar la empresa a través de suspensiones sin compensación, suspensiones subsidiadas (art. 223 bis, LCT, ref. C.S. Menem, A. Caro Figueroa), y desvinculaciones con pago retaceado (art. 247, LCT), con indemnizaciones completas (art. 245, LCT) y con retiros voluntarios (art. 241, LCT) con indemnizaciones y paquetes reforzados.

El PPC tiene una serie de parámetros que tornan al recurso como obligatorio, cuando se supera el 15% de la dotación en las empresas de hasta 400 trabajadores, cuando supera el 10% en empresas de 400 a 1000, y del 5% en empresas con más de 1000 trabajadores. En caso de que tales pautas no se den, el PPC es voluntario, y se aplica el Decreto 328/88 (Raúl Alfonsín, Ideler Tonelli) que impone a la empresa el deber de denunciar la crisis al Ministerio de Trabajo que fija audiencias y cita al sindicato de los trabajadores afectados.

El Poder Ejecutivo puede declarar la llamada ‘emergencia ocupacional’ (art. 106 y ss. Ley 24.013), que no brinda demasiadas atribuciones, pero que permite atender la crisis con mayor proximidad.

Los líderes de las tres CGTs, Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo están solici tando que se declare la ‘emergencia ocupacional’ y se reimplante la duplicación de la indemnización por despido, que cuando se aplicó dio muy pocos resultados, dado que solo beneficia a un grupo limitado de beneficiarios, los que trabajan en empresas líderes, ya que las PYMES que hoy representan casi el 80% del empleo privado de nuestro país -registrado y no registrado- a menudo no cumplen con estos mecanismos por imposibilidad financiera o material.

En síntesis, estamos frente a un ajuste generalizado del empleo, compatible con el futuro inmediato que presenta el mercado y la economía en retracción, necesaria para que las empresas puedan sobrevivir al transe, supervivencia que será de mediano plazo.