Una investigación denuncia graves irregularidades durante las trágicas jornadas de abril de 2013. Los roles asumidos por el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, el Juez Guillermo Atencio y la Bonaerense. Cuerpos enterrados con identidades falsas y certificados que describen muertes "por causa natural".
Soledad Escobar es co-autora (junto a Gabriel Prósperi) del libro "Lo que el agua no encubrió", sobre las inundaciones ocurridas en La Plata en abril del año pasado. La publicación da cuenta de una investigación que describe irregularidades muy graves en torno a lo actuado por la Justicia, el poder ejecutivo provincial y la policía Bonaerense al momento de determinar el número de víctimas. En principio, se dijo que hubo 51 muertos; este año, una causa llevada adelante por el juez Luis Arias dictaminó que fueron 89.
"Lo que el libro cuenta es cómo se pergeñó el ocultamiento de las víctimas fatales, desde la certificación de defunciones falsas, donde se ponía que una persona había fallecido por causas naturales y en realidad había muerto de forma violenta, ya sea ahogada o electrocutada. Después empezamos a desandar ese camino de ocultamiento y nos encontramos con un mecanismo que fue diseñado por un grupo muy cercano al poder (...) Armaron un plan muy claro", describe la autora en charla con AGENCIA PACO URONDO, a horas de presentar el libro en el Senado de la provincia de Buenos Aires junto al vicegobernador Gabriel Mariotto.
APU: ¿En qué consiste el libro?
Soledad Escobar: Trata sobre lo que nos tocó vivir a los platenses el 2 y el 3 de abril, esa terrible inundación. Lo escribí con Gabriel Prósperi. La primera parte cuenta lo que le ocurrió esa noche a Gabriel mechado con testimonios de las personas que sufrieron el hecho. La segunda, es una investigación que llevé adelante como amicus curiae en el marco de una causa en el juzgado del Juez Luis Arias.
APU: ¿En qué consistió esa investigación? Hubo una controversia muy fuerte en torno a la cantidad de víctimas.
SE: La investigación va más allá de la cantidad de víctimas, que el juez finalmente determinó -en una sentencia récord- que fueron 89. Hay además 16 casos dudosos. Lo que la investigación cuenta es cómo se pergeñó el ocultamiento de las víctimas fatales, desde la certificación de defunciones falsas, donde se ponía que una persona había fallecido por causas naturales y en realidad había muerto de forma violenta, ya sea ahogada o electrocutada. Después empezamos a desandar ese camino de ocultamiento y nos encontramos con un mecanismo que fue diseñado por un grupo muy cercano al poder, que incluye al Ejecutivo provincial, a funcionarios judiciales y a la policía bonaerense. Armaron un plan muy claro. Lo que cuento en la presentación del libro es algo que no está en el texto porque lo descubrimos después, cuando la Gendarmería nacional hizo una pericia en una morgue de la Bonaerense. Los hallazgos son muy preocupantes.
APU: ¿En qué sentido? ¿Qué se encontró?
SE: Inscripciones de defunciones dobles. El 9 de abril, el juez Arias se presenta en la morgue policial, ubicada en el cementerio local y le impidieron el acceso. El 10 de abril, por orden del Ministro Ricardo Casal (en aquel momento, de Seguridad; ahora desempeña el de Justicia), que no era parte de la causa penal, se solicita una pericia a la que concurren el juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, el que era Subsecretario de Política Criminal y mano derecha de Casal, César Albarracín y el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. Estuvieron dentro de la morgue por el período de dos horas. Después se descubrió por pericias en las computadoras de la morgue que mientras en una computadora se labraba el acta de inspección ocular en la otra se creaban un archivo que llamaron “ARCHIVO FANTASMA.xls”. Mirá el nivel de impunidad. En ese archivo hay un listado de fallecidos que pasaron por la morgue policial con anterioridad y se usaron algunas de esas identidades para las inscripciones dobles.
APU: ¿Cómo se pudo hacer eso?
SE: El mecanismo es el siguiente: la morgue policial, es decir, la policía, le pide a los fiscales que emitan un oficio al registro de las personas para que las defunciones sean inscriptas utilizando lo que se llama “formulario 25”, que se usa cuando la persona fallecida no tiene documento y no se le puede tomar impresiones dactilares. Requiere de dos testigos que den fe que se está inscribiendo la defunción de la persona correcta. Los dos testigos siempre fueron dos empleados de la morgue policial (policías). Entonces, tomaban el acta de defunción de un caso ocurrido en 2008, por ejemplo, y la replicaban. Pero esta vez enterraban bajo ese nombre otro cuerpo. Por eso tenemos dos lápidas con los mismos nombres y con dos cuerpos diferentes, uno el real, el otro que no sabemos a quién pertenece. Eso se pudo hacer a través de las licencias de inhumación que son las que permiten ingresar un cuerpo al cementerio. Utilizaron esas licencias como cheques en blanco para enterrar personas con falsa identidad.
APU: Usted vincula estas prácticas con otras propias de la dictadura militar. ¿Por qué?
SE: Es la misma práctica que utilizó la policía en la morgue policial durante la dictadura. Son los mismos métodos pero con un cambio. Antes, a un cuerpo que tenía una identidad lo enterraban como N.N. Ahora, en democracia, utilizaron la misma burocracia para enterrar a un cuerpo con una identidad falsa. Investigando lo que pasó en la inundación encontramos un mecanismo perverso que está muy aceitado, que seguramente viene de esos momentos terribles. No es que inventaron el procedimiento ese día.
APU: ¿Su investigación es parte de una judicial?
SE: Uno de los casos que investigamos es parte de la causa que lleva adelante Arias. Estamos estudiando otros casos sobre los que no puedo decir nada porque son parte del proceso judicial. Desistí como amicus curiae en la causa y me presenté como parte actora.
APU: Vuelvo a las víctimas de la inundación: ¿usted cree que hay más muertos, incluso de los señalados por el juez Arias?
SE: Seguramente. En la morgue puede pasar cualquier cosa. Hay cadáveres sin rótulos, esto es, un cuerpo que no se puede asociar a nada. No se sabe cuándo ingresó a la morgue, ni cuándo murió ni nada. Si uno lee la investigación, te das cuenta que los muertos fueron muchos más que 89.
APU: ¿Qué repercusión política ha tenido la investigación?
SE: Ninguna. Espero que haya alguna repercusión. Es hora de que intervenga la Justicia federal. Hay muchos posibles delitos que se pudieron efectuar en estas maniobras. No es inocente escribir una defunción dos veces y enterrar a una persona con identidad falsa. No una vez, sino muchas. Hay lugares donde la democracia no llegó. ¿Por qué esa práctica no se puede utilizar para enterrar a un desaparecido en democracia? Por eso es muy grave lo que contamos en la investigación.
APU: ¿Fue amenazada?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario