Luego
de haber transcurrido un duro y exigente 2012 podía preverse un
comienzo de año con menores dificultades para el gobierno nacional, pero
el cuadro de situación se ha complejizado.
En los comienzos de este año el control
cambiario fue generando un malestar creciente en los sectores medios que
históricamente han deificado el billete verde, el sector agrario
acompañó amenazando con no liquidar la cosecha, con el propósito último
de acorralar al fisco y desfinanciar al estado nacional. Mientras tanto,
los sectores exportadores, persiguiendo mayor rentabilidad, comenzaron a
presionar sobre el mercado único de cambios por la vía del alza
especulativa del mercado ilegal, estrategia que fue planificada e
impulsada por el comando mediáticos-empresario. Todos estos factores
lograron así configurar un clima de desconfianza e incertidumbre que
intenta socavar la credibilidad del gobierno en materia económica.
El llamado “cepo al dólar” fue una
medida propiciada para frenar la fuga de divisas, que en 2011, supero
los 20.000 millones de dólares. Se logró así detener la sangría, y en
2012 la fuga fue de sólo 3.000 millones.
Si bien el estricto control cambiario
establecido ha sido exitoso en el objetivo de la defensa de las reservas
nacionales, ha generado también efectos no deseados.
Un creciente malestar en las clases
medias metropolitanas se originó en la imposibilidad de obtener dólares
a precio oficial para atesoramiento y en las trabas para el uso en
turismo. Ese fastidio, en muchos casos, no ha reconocido correlación con
las posiciones y las conductas fiscales de quienes se sienten
damnificados.
Por otro lado, la actividad del sector
inmobiliario ha venido sufriendo una marcada desaceleración. La mayor
retracción se generó en el mercado de inmuebles usados, que opera casi
totalmente dolarizado, y en donde la retracción de la demanda acompaño
la tendencia alcista del dólar ilegal. En cambio, en los inmuebles
nuevos o en construcción, cuya comercialización se ha pesificado
parcialmente la retracción ha sido menor. En general, no se han parado
las obras ya iniciadas, pero ha bajado la presentación de planos para
nuevos emprendimientos.
El tema inflacionario, comprendido como
puja distributiva, ha sido otro ámbito de controversia. Sectores
oligopólicos han logrado ajuste de ganancias vía aumentos de precios
convalidados por la demanda. A partir de los acuerdos de congelamiento
se logró desacelerar inflación y su amesetamiento. Para junio de este
año, la secretaria de comercio interior programa la concertación de un
congelamiento de precios sobre alrededor de 500 productos pero ahora con
valores establecidos.
En el sector agrario han surgido hacia
comienzos del año algunas manifestaciones desestabilizadoras y
cuasi-sediciosas, planteando el acaparamiento y la no liquidación de
cosecha. Una propuesta extorsiva que procuraba construir una crisis en
el sector externo operando sobre la entrada de divisas y manipulando el
mercado ilegal al alza, y de esta manera imponer una devaluación.
La intentona no logró prosperar. El
sector agrario no es homogéneo y por lo tanto no es compacto, lo cual
genera en las conducciones de las entidades patronales grandes
dificultades a la hora de plantearse una estrategia política y
sostenerla en el tiempo. Los intereses son dispares como es dispar el
tamaño de los actores en este sector. En un mercado global, con demanda
sostenida y precios favorables, los pequeños y medianos productores no
obtienen ventaja retrasando la liquidación de sus cosechas.
Se desactivó
así rápidamente el intento desestabilizador.
En las dos últimas semanas, desde la
conducción del gobierno nacional se arbitraron medidas en el campo
económico que permitieron recuperar la iniciativa y la fijación de la
agenda política. La sola formulación de una firme declaración política
de la
Presidenta Cristina Kirchner en cuanto a la imposibilidad absoluta
de que se produzca una devaluación ni antes ni después de las
elecciones legislativas comenzó a desarticular los planes del partido
devaluacionista.
Las palabras de la Presidenta dieron
seguridad a los asalariados de que este gobierno no tomaría medida
alguna que afectara el poder adquisitivo de sus ingresos. Y quizás
terminó de convencer a quienes soñaban con los golpes de mercado de
otras épocas de que no era este el momento político, ni esta era la
Presidenta para intentarlo con razonables expectativas de éxito...
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