Es cada vez más evidente que el financiamiento externo para las empresas argentinas estará fuera de alcance por un buen tiempo. A las empresas locales les resulta muy complicado convencer a los inversores externos de que hundir dólares frescos es un buen negocio. Para las que deciden seguir apostando al crecimiento, la lógica es reinvertir utilidades. En muchos casos se busca apalancar las inversiones con algún esquema de financiamiento oficial blando o recurriendo al mercado de capitales mediante instrumentos en pesos.
Como venimos sosteniendo hace tiempo, esta es la gran apuesta del gobierno nacional. Generar los mecanismos para que el ahorro doméstico termine financiando la inversión productiva. Desde octubre del año pasado se vienen tomando medidas que buscan restringir la fuga de capitales y dotar al mercado local de más recursos. No sólo a través de la imposibilidad de ahorrar en dólares, sino también con medidas lanzadas a fines del año pasado como la obligación para las compañías de seguro de repatriar inversiones en el exterior.
El proyecto de reforma para regular el mercado de capitales, del que tanto se habló esta semana, es un paso más en este sentido y no debería generar sorpresa. Lo que se pretende es generar alternativas frente al esquivo dólar o al plazo fijo para canalizar ahorros a inversión. Lo veníamos planteando hace tiempo.
La crítica subyacente es que en estos últimos años no se ha logrado despertar la vocación de los argentinos por ahorrar en moneda doméstica sin recurrir a la restricción de las vías de escape más tradicionales.
El proyecto modificaría por primera vez en más de cuarenta años la ley de oferta pública, permitiría el libre intercambio de información entre los organismos reguladores y daría un mayor poder de supervisión a la CNV. Según las palabras del propio Alejandro Vanoli (Presidente de la CNV) “Esto permitirá coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos, manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otras cuestiones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo”.
El proyecto también contemplaría varios cambios que facilitarán un mayor acceso de los inversores a los instrumentos financieros, incluso para montos relativamente pequeños de ahorro. Esto último es una de las principales barreras que aleja a las familias del mercado del mercado de capitales.
También se abre el juego para que universidades, colegios profesionales y consultoras participen de un negocio que hasta ahora estaba reservado exclusivamente para las calificadoras de riesgo.
Es claro que el proceso inversor de los próximos años se deberá sostener mediante el reciclado de ahorro doméstico. Pero en ausencia de fondos frescos del exterior, la necesidad de recursos domésticos va a ser muy importante. Sectores como transporte y energía van a ser grandes demandantes de financiamiento.
Si no se manejan con cuidado, mega-proyectos como el de YPF puede transformarse en una aspiradora de recursos y terminar complicando el acceso a otras empresas. Las inversiones de YPF en 2013 alcanzarían $22.000 M (casi 1 punto del PBI), el doble que el proyectado para este año.
Sólo a los efectos de la comparación, el total adjudicado en el Programa de Financiamiento del Bicentenario desde su inicio asciende a $5.022 millones, de los cuáles se han desembolsado $3.510 millones, alrededor del 70% del total adjudicado.
Dentro de las fuentes potenciales de liquidez el gobierno puso en la mira a las aseguradoras. La nueva normativa busca dirigir alrededor de $ 7.000 M a proyectos de naturaleza productiva para mediados del año próximo (alrededor de 10% de la cartera administrada). Es lógico.
Esta iniciativa se suma a la disposición que le obliga a los bancos a destinar el 5% de sus depósitos privados a crédito productivo. El objetivo planteado en ese momento fue direccionar alrededor de $ 15.000 M a este tipo de financiación.
En los últimos doce meses el stock de préstamos aumento 38%, a razón de $ 7.000 millones por mes. El 39% del incremento estuvo explicado por crédito a las empresas (adelantos + documentos), 15% por créditos con garantía real (hipotecarios y prendarios) y 36% financiamiento a las familias (personales + tarjetas). Sin embargo, desde julio pasado la gravitación de los créditos a empresas saltó a más de 50%, como reflejo del nuevo sesgo que está introduciendo el gobierno vía regulación.
Los tiempos que corren son de mayor intervención y creciente regulación con un objetivo claro. Mucho del crecimiento de los próximos años dependerá de la capacidad que muestre el gobierno para articular e implementar estos mecanismos de financiación.
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