La Ley de Salud Mental, que promulgó Cristina Fernández hace 12 años, comienza a concentrar las partidas presupuestarias para que sea viable. Los avances que se logren durante los próximos dos años pueden ser decisivos para evitar un cambio de paradigma si triunfa la oposición en el 2023.
El presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud Carla Vizzotti tiene por delante dos años claves para el futuro de la Ley de Salud Mental.
POR JAVIER GATTI
Ante todo aclaramos que la lógica manicomial, la solución institucional y política de considerar a las personas con padecimientos mentales como parias segregables para preservar la salud social y de sus entornos familiares, como “gente rota de algo que no tiene remedio ni sutura” y por lo tanto sujetos sin derechos, no se derrota solamente construyendo leyes y demoliendo manicomios. Pues es -desde hace siglos- una posición ideológica acendrada en las prácticas institucionales públicas y privadas, un fenomenal negocio para la industria farmacéutica y el mercado que la realiza, para la red de captaciones conformada por hospitales, centros de día y colonias de retiro con fines más restrictivos que terapéuticos, sujetas a ningún control serio ni sensato, ni legislación garantista nacional o internacional en materia de derechos humanos.
A más de dos siglos de “la primera revolución psiquiátrica” adjudicable a Phillipe Pinel, aquél que eliminó el encadenamiento a las paredes de los “alienados” vigentes desde la antigua Grecia y diseñó un tratamiento humanizado asociado a la clínica médica, nos encontramos ante la posibilidad de impulsar una transformación profunda que ya tiene antecedentes normativos internacionales y nacionales para orientar políticas públicas.
En la Ley Nacional de Salud Mental vigente (en adelante LNSM) están las claves, la previsión de las herramientas conceptuales y burocráticas, pero recién 12 años después de su promulgación por parte de Cristina Fernández de Kirchner y a 9 años de su reglamentación, se dispone del presupuesto suficiente para comenzar a hacer realidad un cambio indispensable para por decir que somos un país que promueve el bienestar pleno de todos sus habitantes, que respeta en la letra y en los hechos los derechos humanos.
Ante todo aclaramos que la lógica manicomial, la solución institucional y política de considerar a las personas con padecimientos mentales como parias segregables para preservar la salud social y de sus entornos familiares, como “gente rota de algo que no tiene remedio ni sutura” y por lo tanto sujetos sin derechos, no se derrota solamente construyendo leyes y demoliendo manicomios. Pues es -desde hace siglos- una posición ideológica acendrada en las prácticas institucionales públicas y privadas, un fenomenal negocio para la industria farmacéutica y el mercado que la realiza, para la red de captaciones conformada por hospitales, centros de día y colonias de retiro con fines más restrictivos que terapéuticos, sujetas a ningún control serio ni sensato, ni legislación garantista nacional o internacional en materia de derechos humanos.
A más de dos siglos de “la primera revolución psiquiátrica” adjudicable a Phillipe Pinel, aquél que eliminó el encadenamiento a las paredes de los “alienados” vigentes desde la antigua Grecia y diseñó un tratamiento humanizado asociado a la clínica médica, nos encontramos ante la posibilidad de impulsar una transformación profunda que ya tiene antecedentes normativos internacionales y nacionales para orientar políticas públicas.
En la Ley Nacional de Salud Mental vigente (en adelante LNSM) están las claves, la previsión de las herramientas conceptuales y burocráticas, pero recién 12 años después de su promulgación por parte de Cristina Fernández de Kirchner y a 9 años de su reglamentación, se dispone del presupuesto suficiente para comenzar a hacer realidad un cambio indispensable para por decir que somos un país que promueve el bienestar pleno de todos sus habitantes, que respeta en la letra y en los hechos los derechos humanos.
No hay salud sino es total, no hay ley sin presupuesto
La salud no es física o mental, salvo para la clínica médica que valora resultados y personas como los frigoríficos a las reses (seccionándolos en partes), no se puede estar sano orgánicamente pero padecer trastornos o enfermedades mentales. Estar saludables es un proceso transicional permanente de la salud a la enfermedad e incluye sin divisiones medievales al cuerpo y la mente como un todo funcionalmente indivisible.
Pero abandonemos el pasaje conceptual para ser más concretos y analizar la asignación presupuestaria sin la cual una ley -por buena que sea y la 26.657 lo es- es prácticamente letra viva y muerta a la vez. Como dijimos, la LNSM es parte del mejor plexo normativo de las últimas décadas en materia de derechos garantidos, inclusión e igualación de oportunidades. Forma parte del “estado de bienestar” promovido y ejecutado por el kichnerismo y que fuese desmontado casi en su totalidad por la endemia macrista, que de todas maneras tenía sus prioridades: la Ley de Medios ante todo, las restricciones a la entrada y salida de capitales especulativos, el blanqueo de fortunas malhabidas y convertir al país en un protectorado norteamericano sujetándolo con el préstamo ilegal, el más grande de la historia del FMI.
¿Se olvidaron de mutilar o directamente desarticular por decreto la LNSM? Será que Lemus, Rubinstein (el mismo que dio cátedras mediáticas sobre epidemiología y salud durante la pandemia) y el inefable Andy Blake se distrajeron lo suficiente como para asegurar una resiliencia no operativa, que la dejase disponible para gobiernos mejores o peores? Éste escriba, con absoluto honestidad ideológica, arroja una contrafáctica que espera no corroborar: la derogación de la LNSM está en el programa de la vuelta recargada de Macri pero también en las opciones Larreta o Milei, no va a sobrevivir el segundo tiempo de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).
Hoy Cristina es vicepresidenta del presidente que eligió para enfrentar electoralmente al macrismo y es precisamente Alberto, el que empieza a cumplir con una deuda casi histórica que el mejor peronismo tiene con la democracia y la sociedad, pero también consigo mismo.
Veamos qué establece la Ley en su Capítulo IX, artículo 32:
En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Al momento de su promulgación, el presupuesto para SM no estaba detallado ni fue informado tal como lo prevé la mismísima ley y fuera requerido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero si consideramos el plazo de tres años previsto, desde el momento de su reglamentación (28 de mayo de 2013), tenemos que la meta del 10% del presupuesto total en salud debió cumplirse en 2016; pero pasaron dos cosas al menos: la planificación presupuestaria del mismo gobierno que impulsó la LNSM apenas lo aumentó en un 0,44% en dos años y luego ganó Macri, que en 2016 incrementó esa asignación un 0,1% pero la subejecutó notablemente. Veamos sintéticamente esa evolución el siguiente gráfico:
La salud no es física o mental, salvo para la clínica médica que valora resultados y personas como los frigoríficos a las reses (seccionándolos en partes), no se puede estar sano orgánicamente pero padecer trastornos o enfermedades mentales. Estar saludables es un proceso transicional permanente de la salud a la enfermedad e incluye sin divisiones medievales al cuerpo y la mente como un todo funcionalmente indivisible.
Pero abandonemos el pasaje conceptual para ser más concretos y analizar la asignación presupuestaria sin la cual una ley -por buena que sea y la 26.657 lo es- es prácticamente letra viva y muerta a la vez. Como dijimos, la LNSM es parte del mejor plexo normativo de las últimas décadas en materia de derechos garantidos, inclusión e igualación de oportunidades. Forma parte del “estado de bienestar” promovido y ejecutado por el kichnerismo y que fuese desmontado casi en su totalidad por la endemia macrista, que de todas maneras tenía sus prioridades: la Ley de Medios ante todo, las restricciones a la entrada y salida de capitales especulativos, el blanqueo de fortunas malhabidas y convertir al país en un protectorado norteamericano sujetándolo con el préstamo ilegal, el más grande de la historia del FMI.
¿Se olvidaron de mutilar o directamente desarticular por decreto la LNSM? Será que Lemus, Rubinstein (el mismo que dio cátedras mediáticas sobre epidemiología y salud durante la pandemia) y el inefable Andy Blake se distrajeron lo suficiente como para asegurar una resiliencia no operativa, que la dejase disponible para gobiernos mejores o peores? Éste escriba, con absoluto honestidad ideológica, arroja una contrafáctica que espera no corroborar: la derogación de la LNSM está en el programa de la vuelta recargada de Macri pero también en las opciones Larreta o Milei, no va a sobrevivir el segundo tiempo de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).
Hoy Cristina es vicepresidenta del presidente que eligió para enfrentar electoralmente al macrismo y es precisamente Alberto, el que empieza a cumplir con una deuda casi histórica que el mejor peronismo tiene con la democracia y la sociedad, pero también consigo mismo.
Veamos qué establece la Ley en su Capítulo IX, artículo 32:
En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Al momento de su promulgación, el presupuesto para SM no estaba detallado ni fue informado tal como lo prevé la mismísima ley y fuera requerido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero si consideramos el plazo de tres años previsto, desde el momento de su reglamentación (28 de mayo de 2013), tenemos que la meta del 10% del presupuesto total en salud debió cumplirse en 2016; pero pasaron dos cosas al menos: la planificación presupuestaria del mismo gobierno que impulsó la LNSM apenas lo aumentó en un 0,44% en dos años y luego ganó Macri, que en 2016 incrementó esa asignación un 0,1% pero la subejecutó notablemente. Veamos sintéticamente esa evolución el siguiente gráfico:
Si nos concentramos en las cifras del último año, no en la ejecución sino en el presupuesto original, tendríamos que para cumplir con lo dispuesto por el artículo 32 de la ley deberíamos más que duplicar el 1,47% sino triplicarlo, para no repetir la experiencia histórica 2013/2015 y considerando que hay chances concretas de que una gestión enemiga de la LNSM retorne al gobierno en 2023.
Pero los anuncios son importantes y auspiciosos y pueden sintetizarse del siguiente modo:
- La inversión prevista redondea unos $4.000 millones y duplica el presupuesto actual.
- Se financia la construcción de viviendas de medio camino para concretar la anhelada desinstitucionalización de los y las personas con padecimientos mentales.
- Se dispone el financiamiento de Unidades de Cuidados de la Urgencia y guardias interdisciplinarias (porque así lo establece el artículo 5 de la LNSM) de atención en SM en Hospitales Generales.
- Se disponen acciones de acompañamiento y asistencia a las infancias y grupos críticos por su afectación y para la reinserción laboral y acompañamiento en situaciones de violencias, en las estructuras del sistema educativo.
- Se duplican los efectores de Atención Primaria de la Salud que reciben botiquines REMEDIAR de salud mental.
- Se establece un programa de formación federal de recursos humanos, indispensables para la aplicación en línea con la perspectiva ideológica de la ley y un Programa para el abordaje integral del suicidio.
- Se amplía la red asistencial por telemedicina.
Ley de Salud Mental: la mirada de una experta
Alicia Stolkiner es una de las profesionales en psicología más reconocidas y preclaras del país y asesora “a demanda” al presidente de la nación en éstos temas. Consultada por AIRE aclara que “no sé de dónde sacan que soy asesora de presidencia, yo no cobro un peso, cuando me convocan tengo que suspender pacientes y otros trabajos, a Carla Vizzotti durante la ASPO porque fui convocada para hablar sobre ésta temática y al presidente lo cruzo únicamente en reuniones de expertos, aclaren eso”.
La reconocida psicóloga Alicia Stolkiner destacó la importancia que se asignen partidas presupuestarias para la Ley de Salud Mental.
Dicho esto expresa que “me resulta promisorio que dentro de las resoluciones esté la asignación presupuestaria, sin eso son nada más que palabras y ya estamos hartos de eso. Así nació y murió la Ley de Atención Primaria de la Salud Mental de finales del siglo pasado, que sólo existió en el parlamento porque el ex presidente De la Rúa le vetó el presupuesto”. Pero puntualiza que “ese aumento del 107% del que se habla es sobre el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, hay una parte importante en la asignación de recursos que no depende de él sino de otros ministerios, particularmente Vivienda e Infraestructura, no hay detalle de cómo impacta en las partidas de esos ministerios, sólo el tipo de asignación que se va a hacer, en porcentajes de viviendas a construir para personas con padecimientos en salud mental; y además está el tema de las provincias, de la disparidad conque cada una y con autonomía debe hacer cumplir la ley nacional. La provincia de Buenos Aires está muy adelantada en el tema construcción de viviendas y es un proceso realmente complejo”.
Consultada sobre los riesgos de no encarar seriamente éste tema y las amenazas (porque cerrar el BCRA, dolarizar la economía, bajar salarios reales porque son costos, liquidar indemnizaciones por despidos, reprimir la protesta social y otras) proferidas por la peor oposición desde el retorno de la democracia, Alicia contesta que: “Tomando la definición de Jacques Donzelot, me temo que retrocedamos a la filantropía como un servicio público y privado que no genera derechos, incluso los suprime y que es el modo de ocuparse de lo social del liberalismo y sobre todo del neoliberalismo, porque liberales eran los de antes”.
El macrismo ya le regaló a las ONGs el control de aparatos claves para la gestión como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y hasta el SEDRONAR, entre 2016 y 2019. Stolkiner opina que “el onegeísmo donde debería estar el Estado es el modo de gestionar el neoliberalismo en reemplazo de las antiguas organizaciones de beneficencia. Yo creo que cualquier predicción de futuro excede mi capacidad, estamos al borde de una precipitación catastrófica a nivel mundial, más allá del tema salud y la pandemia. Cito una publicación del Washington Post con una previsión para América Latina; dice que si se torna ingobernable en términos políticos para los EEUU, si no se puede evitar la entrada de Rusia y China como inversores de gran escala, lo que se van a impulsar son conflictos bélicos y operaciones en territorio vinculadas con la guerra al narcotráfico, es aterrador”.
El Frente de Todos, encabezado por el presidente de la Nación, comienza a ponerse a la altura de una ley de la democracia y del mejor peronismo, que siempre será el que enfrente con inteligencia, coraje y capacidad de gestión a los poderes concentrados. Teníamos la ley, ahora más presupuesto, pero habrá que construir poder para pasar de la defensa heroica a la concreción de lo dispuesto en el artículo 1 de la LNSM: “Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional”.
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