De cómo una pequeña agencia de noticias casi familiar, se convirtió durante la dictadura, en el instrumento de penetración periodística de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Por Rosalía Arroyo*
El Palacio Barolo es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires, ubicado sobre la Avenida de Mayo, el edificio cuenta con 22 pisos y 2 subsuelos. La división general del Palacio sigue la estructura de la reconocida obra la Divina Comedia por lo que en toda la construcción hay referencias a esta obra escrita por el italiano Dante Alighieri. Por esa razón, el edificio está dividido en tres partes: Infierno, Purgatorio y Cielo. El Infierno se compone de los dos subsuelos y el denominado Pasaje Barolo (el hall de entrada).
Durante la última dictadura militar, en el primer piso y el subsuelo del Barolo -en el Infierno- funcionó una agencia de noticias que pertenecía a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que se dedicó a construir, a partir de fake news y operaciones mediáticas, una imagen distorsionada del terrorismo de estado. Oficinas vidriadas, aparatos de alta tecnología, hombres de vigilancia que controlaban todo lo que pasaba ahí y directores que pertenecían al organismo de inteligencia formaban parte del gran despliegue que en esos años realizó la agencia. Se llamaba Saporiti.
Había nacido como una pequeña empresa familiar y una vez cooptada por la SIDE, llegó a tener sucursales en Estados Unidos, Puerto Rico y Costa Rica, para "defender" la imagen argentina --o de la dictadura argentina-- en el exterior.
Una temporada en el infierno
“Trabajar en Saporiti era insoportable”, cuenta a Plaza el periodista Carlos Rodríguez, quien formó parte de la agencia desde junio de 1979 hasta marzo de 1980. “Al principio trabajábamos como si fuera una agencia normal, había algunos jefes de turno que ya conocíamos. Pero también había gente muy violenta”.
Carlos recuerda que a la redacción la llamaban “la vidriera irrespetuosa del Barolo”: “Trabajábamos en una pecera, detrás de una vidriera, expuestos a la mirada de los que pasaban por allí, era muy incómodo trabajar así porque era una forma de controlar lo que hacíamos”.
Discusiones y suspensiones se vivían a diario en la agencia. Las peleas estaban relacionadas con la cobertura de algunas noticias que a los periodistas les solía incomodar. “Me mandaban a cubrir conferencias de prensa, por ejemplo, en la Casa de Gobierno y cuando yo decía que no quería ir comenzaban las discusiones y después la suspensión por indisciplina”, cuenta.
La censura y la persecución formaban parte de la política represiva que llevó adelante la dictadura militar en Argentina. Carlos un día volvió de la agencia y se encontró con que no podía entrar a su casa, la cerradura estaba trabada. Tuvo que saltar un paredón para poder entrar y ahí se encontró con un gran desorden, le habían revisado todas sus cosas. Se asustó mucho y en ese momento entendió que no iba a poder seguir trabajando en Saporiti, que tenía que encontrar la forma de irse porque no sabía lo que le podía llegar a pasar.
Si bien Saporiti estaba intervenida por la SIDE desde hacía un tiempo, la agencia pegó el salto cualitativo desde que se mudó a la planta baja del Barolo.
La agencia contó con "periodistas" que se infiltraban en embajadas y espiaban a centenares de organizaciones políticas, sociales, sindicales con el fin de buscar datos que le fueran útiles para reprimir, torturar y desaparecer. “Es importante destacar este doble rol que tenía la agencia, por un lado, el trabajo de espionaje y, por otro, un pequeñísimo medio de comunicación que va a tratar de tener alguna influencia con alguna noticia, dice Pablo Llonto, periodista y abogado querellante por la Causa Contraofensiva Montonera.
El rol de la SIDE
La Central Nacional de Inteligencia (CIN) jugó un papel importante, allí se planificaba en términos políticos las prioridades comunicacionales. Es la que formuló la doctrina nacional de inteligencia en aquellos años y tuvo un enlace funcional- técnico con los organismos de inteligencia. Estaba conformada por la SIDE que dependía directamente del poder ejecutivo y ocupaba el lugar más alto dentro de la CIN.
Para incidir en el comportamiento y la opinión pública de la sociedad, la SIDE implementó acciones psicológicas secretas dirigidas al público a fin de provocar actitudes y conductas favorables con los objetivos que tenía la dictadura militar. Estas operaciones contaron con el apoyo imprescindible de los medios gráficos (diarios, revistas, etc.); la radio y la TV; como agencias de noticiosas o informativas.
En su libro “La acción psicológica”, la comunicadora Julia Risler explica que “la estrategia psicosocial formó parte, junto a las acciones militares, políticas y económicas, de una “estrategia nacional contrasubversiva” orientada a combatir al “enemigo subversivo”. Esto implicó la producción y revisión de información, el control sobre los medios de comunicación a través de censura y prohibiciones y la regulación del comportamiento de la ciudadanía buscando la adhesión al régimen utilizando sondeos y encuestas”.
El plan de acción psicológica funcionó hasta que los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes rompieron el silencio y comenzaron a denunciar el plan represivo de la dictadura. Muchos grupos de exiliados pidieron ayuda a organismos internacionales y gobiernos extranjeros para investigar y recopilar información a partir de todas las denuncias que se estaban realizando en ese momento. A partir de los reclamos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajó a la Argentina en 1979 y durante varios días recorrieron cuarteles y centros clandestinos de detención, hicieron entrevistas, buscaron información lo que permitió documentar la tortura y la desaparición forzada de personas.
Una fábrica de fake news para la dictadura
Las Fuerzas Armadas desarrollaron operaciones mediáticas para desinformar y desprestigiar las denuncias por violación a los derechos humanos que se estaban haciendo durante la visita de la Comisión. En esa línea, llevaron adelante campañas de prensa difundiendo noticias que promovían la lucha contra la subversión instalando la idea de que los militantes populares eran peligrosos y su accionar atentaba contra el orden institucional.
La agencia Saporiti difundió a través de un cable de noticia la muerte Noemí Molfino, quien había denunciado en varias oportunidades la desaparición de sus hijos. Si bien los hechos demuestran que Molfino fue secuestrada en Perú y asesinada en España, el caso se presentó en los medios como un suicidio.
El cable también decía: “Noemí Ester Llaneti de Molfino conocida también como una de las madres de Plaza de Mayo junto con los argentinos Julia Santos de Aceval, María Inés Raversa y Julio César Ramírez fueron expulsados por el gobierno de la República del gobierno de Perú en el mes de junio por haber entrado a ese país con documentación falsificada y por estar considerado como delincuentes subversivos de peligrosidad para la seguridad nacional”.
En aquel momento, los militares tenían como objetivo poner el foco de atención contra los militantes que volvían al país como parte de la contraofensiva montonera y llevar los conocimientos militares en la represión de otros países de la región. En ese sentido, la SIDE se ocupó de tener delegaciones de la agencia Saporiti en Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos. Según cuenta a Plaza una fuente que trabajó en la Agencia Federal de Inteligencia, "en 1979, a partir de las denuncias que se hacían en el exterior y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la estrategia de la agencia Saporiti dio un vuelco: "como la supuesta lucha contra la subversión ya estaba controlada y, en cambio, era necesario mirar hacia afuera para modificar la imagen que la dictadura argentina tenía en otros países". Acaso alertados por la revolución nicaraguense que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza, abrieron sucursales en Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos.
En 1980 la agencia se conformó como sociedad anónima fijando su sede central en el Pasaje Barolo. Cuatro años después, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el diputado Leopoldo Moreau ratificó la decisión del gobierno nacional de terminar con la agencia debido a que la empresa era altamente deficitaria y además, estaba vinculada a la SIDE.
El cierre de Saporiti significó por un lado el fin del periodo más sangriento de la historia argentina y por el otro el inicio de una nueva etapa, lejos de aquel infierno, que permite pensar a la comunicación como un derecho humano fundamental promoviendo el desarrollo de una sociedad democrática sin censura y con más libertad de pensamiento.
*Nota publicada originalmente en la Revista Plaza.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario