María Inés Fagetti y Félix Pacayut
La controversia sobre la posibilidad de proteger los humedales mediante una ley de presupuestos mínimos para su uso racional y sostenible –que a pesar de los numerosos proyectos presentados en ambas cámaras legislativas no se logró su sanción– tuvo en Corrientes un alto grado de exposición pública, principalmente por los cuestionamientos por parte de sectores interesados que representan entidades como la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación Forestal Argentina, la Sociedad Rural, entre otras, y también por el poder político provincial (ECO-Juntos por el Cambio) que hizo suya la postura de las corporaciones, planteando el falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el ambiente y la actividad productiva.
Para entender el porqué de la acérrima oposición de esos sectores, es preciso conocer las características de los Esteros del Iberá, el humedal más importante del país y el segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Iberá –“agua que brilla”– es la palabra del idioma guaraní con la que los aborígenes designaron a las enormes lagunas comprendidas en un extenso paisaje palustre. Los Esteros del Iberá constituyen un importante reservorio de agua dulce de ubicación estratégica a nivel global. Se localizan en el centro-norte de la provincia de Corrientes, extendiéndose sobre 1.300.000 hectáreas que constituyen una Reserva Natural, y dentro de ella se encuentran el Parque Provincial (550.000 hectáreas) y, más recientemente, el Parque Nacional (195.094 hectáreas). Este macropaisaje combina bosques, pajonales, turberas, bañados y lagunas, con una alta biodiversidad de flora y fauna que lo identifican como uno de los más singulares de la región y de interés internacional –fue reconocido como Sitio Ramsar.
No obstante la protección legal que tiene, el macro sistema Iberá es la ecorregión más amenazada de la provincia. Al ser utilizado por las plantaciones hace varias décadas como fuente ilimitada de agua para riego, y también como depositario del drenaje posterior con proporciones considerables de agroquímicos, los Esteros ven el frágil equilibrio de su biodiversidad en un riesgo cada vez mayor. La falta de consideración de estos riesgos y la inexistente articulación de planes de mitigación y restauración ecológica de los campos es una clara muestra de la desconsideración por el agotamiento de los recursos naturales por parte de los principales actores del modelo extractivo, y también por la ausencia del Estado provincial que no ha desarrollado un ordenamiento territorial ambiental como instrumento para hacer efectiva la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible.
La actividad forestal ha permitido el avance de especies exóticas, y por ende el aumento de la masa forestal ocasiona una merma en el balance hídrico de la región, lo que está afectando a los Esteros, ya que los bosques implantados absorben grandes volúmenes de agua, produciendo en el mediano plazo un proceso de desertización. Otros impactos negativos son la pérdida de biodiversidad, la transformación del paisaje, la degradación de la cobertura natural herbácea, la eliminación de los bosques nativos, cambios en el ciclo hidrológico, modificación de los regímenes de precipitaciones, y la apropiación de bienes comunes por parte de privados, entre otros.
Los Esteros del Iberá se han convertido en un nicho para grandes grupos de inversión forestal, con el consecuente daño ambiental y humano que esto produce. No son pocas las comunidades que se han desplazado y los ambientes que comienzan a ser perjudicados por los agrotóxicos utilizados. Los grandes grupos transnacionales que hegemonizan la producción forestal tienen, por otra parte, capacidad de condicionar los términos de contratación del personal, e incluso la presencia de los agentes del casi nulo control estatal. La generación de empleo ha sido limitada y las condiciones de trabajo y los salarios del trabador forestal son deplorables.
La producción arrocera responde también al modelo extractivista. Las grandes plantaciones de arroz comparten dos características fundamentales: utilizan el paquete tecnológico transgénico y la producción –sin valor agregado– se destina en gran parte a la exportación. La producción no sólo ha tendido a concentrarse en grandes empresas, sino que esta concentración está alterando fuertemente las condiciones de vida de la población por efecto de la contaminación y la concentración de tierras que expulsa pobladores.
El tamaño de las explotaciones produce un claro proceso de concentración con una sostenida extra-regionalización del capital, cuando no extranjerización directa. Con empresas de gran tamaño que buscan la capitalización de la actividad y el aumento de las rentabilidades, se consolida un modelo productivo que tiene, en sus cimientos, a las ventajas comparativas naturales de la región como razón esencial: la gran disponibilidad de tierras baratas, suelos bajos e inundables, y mucha agua superficial.
El avance de los monocultivos traduce un fenómeno común de acaparamiento de las tierras. En la Reserva del Iberá el 7% de los propietarios posee el 75% de la tierra. Directamente o indirectamente, el sector forestal y el sector arrocero participan de la pérdida de tierras comunitarias. La compra de tierras, el uso de fumigaciones, la contaminación del agua y el deterioro de los suelos tienen como consecuencia la desaparición de los parajes rurales que –mediante violencia visible e invisible– expulsan a la población local. Los grupos humanos –isleños– que habitan los Esteros son considerados parte del acervo cultural, ya que representan a los verdaderos herederos de las etnias ancestrales
Así, el modelo extractivista viene depredando el extenso humedal de los Esteros del Iberá, con sus principales características: gran tamaño de las unidades productivas; concentración de la producción y el ingreso de capitales trasnacionales; avance de la frontera agrícola que genera el desplazamiento masivo de poblaciones; alto consumo de recursos no reproducibles como el agua, la tierra fértil y la biodiversidad; generación de mucho valor de cambio y grandes rentabilidades para los agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad; aplicación de paquetes tecnológicos de punta para intensificar la producción, que no consideran el incremento de la velocidad de agotamiento del recurso natural como pasivo relevante. A todo lo señalado deben agregarse los estragos que están produciendo los incendios en Corrientes, donde aproximadamente el 3,8% de la superficie de la provincia sufrió quemas durante el mes de enero de 2022. Del total, el 58% de las coberturas afectadas por las quemas son áreas de humedales como esteros, bañados, malezales y vegetación de valles aluviales, según un reciente informe del INTA. Además, 95% de los incendios son provocados intencionalmente.
La devastación no se detiene, a pesar de las normas constitucionales que declaran “patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en la extensión territorial que por ley se determine, previo relevamiento y fundada en estudios técnicos. Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural” (artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Corrientes).
Puede advertirse entonces el motivo de la oposición a los proyectos de ley y el fuerte lobby de los sectores ya mencionados que utilizan argumentos falaces, tales como que los proyectos que se debatían en la Cámara de Diputados de la Nación buscan restringir las actividades productivas, afectando a Corrientes que debería aportar a destinos de conservación el 50% de su superficie, lo que es absolutamente amañado. De lo que se trata es de equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales, fomentando y apoyando las mejores prácticas y los desarrollos innovadores que promuevan el desarrollo sostenible.
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María Inés Fagetti es diputada provincial (MC) y senadora provincial (MC) por el Partido Justicialista. Félix Pacayut es diputado provincial (MC) por el Partido Justicialista, exsecretario de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y apoderado del Partido Justicialista Distrito Corrientes.
La controversia sobre la posibilidad de proteger los humedales mediante una ley de presupuestos mínimos para su uso racional y sostenible –que a pesar de los numerosos proyectos presentados en ambas cámaras legislativas no se logró su sanción– tuvo en Corrientes un alto grado de exposición pública, principalmente por los cuestionamientos por parte de sectores interesados que representan entidades como la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Asociación Forestal Argentina, la Sociedad Rural, entre otras, y también por el poder político provincial (ECO-Juntos por el Cambio) que hizo suya la postura de las corporaciones, planteando el falso dilema entre la aprobación de una ley que proteja el ambiente y la actividad productiva.
Para entender el porqué de la acérrima oposición de esos sectores, es preciso conocer las características de los Esteros del Iberá, el humedal más importante del país y el segundo de Sudamérica por su extensión y sus particularidades biogeográficas. Iberá –“agua que brilla”– es la palabra del idioma guaraní con la que los aborígenes designaron a las enormes lagunas comprendidas en un extenso paisaje palustre. Los Esteros del Iberá constituyen un importante reservorio de agua dulce de ubicación estratégica a nivel global. Se localizan en el centro-norte de la provincia de Corrientes, extendiéndose sobre 1.300.000 hectáreas que constituyen una Reserva Natural, y dentro de ella se encuentran el Parque Provincial (550.000 hectáreas) y, más recientemente, el Parque Nacional (195.094 hectáreas). Este macropaisaje combina bosques, pajonales, turberas, bañados y lagunas, con una alta biodiversidad de flora y fauna que lo identifican como uno de los más singulares de la región y de interés internacional –fue reconocido como Sitio Ramsar.
No obstante la protección legal que tiene, el macro sistema Iberá es la ecorregión más amenazada de la provincia. Al ser utilizado por las plantaciones hace varias décadas como fuente ilimitada de agua para riego, y también como depositario del drenaje posterior con proporciones considerables de agroquímicos, los Esteros ven el frágil equilibrio de su biodiversidad en un riesgo cada vez mayor. La falta de consideración de estos riesgos y la inexistente articulación de planes de mitigación y restauración ecológica de los campos es una clara muestra de la desconsideración por el agotamiento de los recursos naturales por parte de los principales actores del modelo extractivo, y también por la ausencia del Estado provincial que no ha desarrollado un ordenamiento territorial ambiental como instrumento para hacer efectiva la integración de las variables ambientales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible.
La actividad forestal ha permitido el avance de especies exóticas, y por ende el aumento de la masa forestal ocasiona una merma en el balance hídrico de la región, lo que está afectando a los Esteros, ya que los bosques implantados absorben grandes volúmenes de agua, produciendo en el mediano plazo un proceso de desertización. Otros impactos negativos son la pérdida de biodiversidad, la transformación del paisaje, la degradación de la cobertura natural herbácea, la eliminación de los bosques nativos, cambios en el ciclo hidrológico, modificación de los regímenes de precipitaciones, y la apropiación de bienes comunes por parte de privados, entre otros.
Los Esteros del Iberá se han convertido en un nicho para grandes grupos de inversión forestal, con el consecuente daño ambiental y humano que esto produce. No son pocas las comunidades que se han desplazado y los ambientes que comienzan a ser perjudicados por los agrotóxicos utilizados. Los grandes grupos transnacionales que hegemonizan la producción forestal tienen, por otra parte, capacidad de condicionar los términos de contratación del personal, e incluso la presencia de los agentes del casi nulo control estatal. La generación de empleo ha sido limitada y las condiciones de trabajo y los salarios del trabador forestal son deplorables.
La producción arrocera responde también al modelo extractivista. Las grandes plantaciones de arroz comparten dos características fundamentales: utilizan el paquete tecnológico transgénico y la producción –sin valor agregado– se destina en gran parte a la exportación. La producción no sólo ha tendido a concentrarse en grandes empresas, sino que esta concentración está alterando fuertemente las condiciones de vida de la población por efecto de la contaminación y la concentración de tierras que expulsa pobladores.
El tamaño de las explotaciones produce un claro proceso de concentración con una sostenida extra-regionalización del capital, cuando no extranjerización directa. Con empresas de gran tamaño que buscan la capitalización de la actividad y el aumento de las rentabilidades, se consolida un modelo productivo que tiene, en sus cimientos, a las ventajas comparativas naturales de la región como razón esencial: la gran disponibilidad de tierras baratas, suelos bajos e inundables, y mucha agua superficial.
El avance de los monocultivos traduce un fenómeno común de acaparamiento de las tierras. En la Reserva del Iberá el 7% de los propietarios posee el 75% de la tierra. Directamente o indirectamente, el sector forestal y el sector arrocero participan de la pérdida de tierras comunitarias. La compra de tierras, el uso de fumigaciones, la contaminación del agua y el deterioro de los suelos tienen como consecuencia la desaparición de los parajes rurales que –mediante violencia visible e invisible– expulsan a la población local. Los grupos humanos –isleños– que habitan los Esteros son considerados parte del acervo cultural, ya que representan a los verdaderos herederos de las etnias ancestrales
Así, el modelo extractivista viene depredando el extenso humedal de los Esteros del Iberá, con sus principales características: gran tamaño de las unidades productivas; concentración de la producción y el ingreso de capitales trasnacionales; avance de la frontera agrícola que genera el desplazamiento masivo de poblaciones; alto consumo de recursos no reproducibles como el agua, la tierra fértil y la biodiversidad; generación de mucho valor de cambio y grandes rentabilidades para los agentes económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad; aplicación de paquetes tecnológicos de punta para intensificar la producción, que no consideran el incremento de la velocidad de agotamiento del recurso natural como pasivo relevante. A todo lo señalado deben agregarse los estragos que están produciendo los incendios en Corrientes, donde aproximadamente el 3,8% de la superficie de la provincia sufrió quemas durante el mes de enero de 2022. Del total, el 58% de las coberturas afectadas por las quemas son áreas de humedales como esteros, bañados, malezales y vegetación de valles aluviales, según un reciente informe del INTA. Además, 95% de los incendios son provocados intencionalmente.
La devastación no se detiene, a pesar de las normas constitucionales que declaran “patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa: el ecosistema Iberá, sus esteros y su diversidad biológica, y como reservorio de agua dulce, en la extensión territorial que por ley se determine, previo relevamiento y fundada en estudios técnicos. Debe preservarse el derecho de los pobladores originarios, respetando sus formas de organización comunitaria e identidad cultural” (artículo 66 de la Constitución de la Provincia de Corrientes).
Puede advertirse entonces el motivo de la oposición a los proyectos de ley y el fuerte lobby de los sectores ya mencionados que utilizan argumentos falaces, tales como que los proyectos que se debatían en la Cámara de Diputados de la Nación buscan restringir las actividades productivas, afectando a Corrientes que debería aportar a destinos de conservación el 50% de su superficie, lo que es absolutamente amañado. De lo que se trata es de equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales, fomentando y apoyando las mejores prácticas y los desarrollos innovadores que promuevan el desarrollo sostenible.
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María Inés Fagetti es diputada provincial (MC) y senadora provincial (MC) por el Partido Justicialista. Félix Pacayut es diputado provincial (MC) por el Partido Justicialista, exsecretario de Ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y apoderado del Partido Justicialista Distrito Corrientes.
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