la reactivación depende del consumo privado, que explica el 70% del pbi

 Jugar al empate es volver a perder

Diego Genoud
@otro_periodista

Un incremento de 5% en la tarifa final de luz, gas, medicina prepaga, telefonía celular y abono de cable e internet generaría que el peso de ese conjunto de servicios pase del 16,2% del salario promedio actual a 17%.

Hace poco más de una semana, Emmanuel Álvarez Agis difundió entre sus distinguidos clientes un informe que no tuvo la repercusión acostumbrada. Tal vez haya sido porque apunta a la variable maldita que el mundo empresario prefiere ignorar mientras tenga saldo negativo. El Radar Económico de la consultora PxQ se titula “El Techo de la Recuperación 2021” y pone en el centro la necesidad de rescatar a los salarios del pozo profundo en que vienen cayendo desde hace tres años. El tema es incómodo para el peronismo de la escasez y, sin embargo, puede ser tanto la puerta para salir del estancamiento como la forma de compensar a votantes que empiezan a expresar su malestar porque la plata no alcanza para lo más básico. El precio de la carne, el pan y los alimentos en general afectan como nadie al universo electoral que acompañó siempre al extinto Frente para la Victoria y no digiere una situación en la que la inflación se impone sin remedio sobre ingresos comprimidos al máximo.

Ex viceministro de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, Álvarez Agis señala que la economía tuvo en 2020 la caída más grande desde 2002 (10% abajo) y afirma que, aunque el cuarto trimestre del año que se fue marcó un rebote del 4,5% con respecto al derrape del inicio de la pandemia, el “efecto arrastre” no alcanza y el desafío de los Fernández en 2021 será acelerar la recuperación. La reactivación, dice, depende del consumo privado, que explica el 70% del PBI, y fue el principal factor en los últimos tres años de crecimiento que registró Argentina: 2013, 2015 y 2017. Desde finales del segundo año de Mauricio Macri en la presidencia, el salario real -crucial para motorizar el consumo- acumula una caída del 18,3%, un factor recesivo que se combinó con el fuerte aumento del desempleo y la pobreza que provocaron la pandemia y la cuarentena. Con Cambiemos en el gobierno, el consumo empezó a caer en el segundo trimestre de 2018 y nunca se recuperó.

En un cuadro donde el COVID-19 se confirma como un condicionante sin fecha de vencimiento, el análisis de Álvarez Agis considera poco probable que la generación de empleo pueda potenciar el consumo privado y dice que el aumento de la obra pública previsto en el Presupuesto 2021 estará acotado por el ajuste fiscal que vendrá atado a un acuerdo con el FMI. Por eso, la llave para la recuperación sólo puede venir de una mejora en los ingresos que se sienta en los bolsillos. “Para que el poder adquisitivo de los trabajadores mejore y eso traccione el consumo de las familias no solo resulta necesario que los ingresos evolucionen por encima de la inflación, sino que además el peso de los servicios como agua, luz, medicina, internet y telefonía celular, no aumente en una proporción tal que reduzca el ingreso disponible de las familias”, dice. Alinear esas variables, como dijo Cristina Fernández en La Plata, puede significar varias cosas a la vez, desde un impulso decisivo para los que viven de un ingreso en pesos hasta un empate con gusto a derrota.

La reactivación, dice Álvarez Agis, depende del consumo privado, que explica el 70% del PBI, y fue el principal factor en los últimos tres años de crecimiento que registró Argentina: 2013, 2015 y 2017

Según la consultora, en el período 2015-2019, las tarifas de gas y luz y las prepagas fueron los gastos que mayor peso relativo ganaron con respecto al salario promedio. Después del tarifazo violento de Macri y la fenomenal transferencia de ingresos a favor de grandes ganadores entre los que figuraban los concesionarios de gas, luz y las empresas de medicina prepaga, el congelamiento aflojó la presión pero no revirtió la ecuación y los salarios jamás se recuperaron. Hoy en relación a las tarifas están en niveles similares a los de 2017.

En un contexto de notable desigualdad informativa, donde la agenda de los empresarios que reclaman aumentos para el sector privado y ajuste en el Estado se impone como prioridad nacional, la CGT vuelve a confesarse ausente de la discusión que más le compete y nadie le puede pedir peras al olmo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Por eso, las voces que presionan por rescatar a los salarios del pozo no se oyen o se diluyen en la coyuntura. No debería haber nada más importante, sin embargo, para el encendido de la economía que el Presidente había prometido en la prepandemia.

En el último período, el universo más golpeado es el de adherentes naturales al peronismo. La Encuesta Permanente de Hogares confirma que los eslabones más precarizados del mercado laboral fueron los más afectados por la contracción del empleo. Además, todavía en el tercer trimestre de 2020 la cantidad de ocupados fue un 11% inferior a los niveles previos a la pandemia.

Con dificultades de todo tipo, diferencias internas y sin un rumbo claro para salir de la crisis, el gobierno de los Fernández está parado encima de una olla a presión donde nada sobra para el año electoral. Los primeros movimientos de 2021 sugieren que el oficialismo es más proclive a pisar las tarifas y aumentar la salida de dólares por la vía de subsidios energéticos -que benefician a toda la población sin distinción de clases- antes que a elevar los salarios de manera significativa. De la sintonía fina que logren las distintas alas que conviven en el área de Energía, dependerá el peso de los servicios en un poder adquisitivo devastado. Para Álvarez Agis, un incremento de 5% en la tarifa final de luz, gas, medicina prepaga, telefonía celular y abono de cable e internet generaría que el peso de ese conjunto de servicios pase del 16,2% del salario promedio actual a 17%, mientras que un incremento de 30% absorbería el 21,06% del salario. “Para que el ingreso disponible de las familias se incremente, los salarios no solo deben superar la inflación de alimentos y bebidas (30% del gasto promedio) sino también al efecto combinado del descongelamiento de los servicios regulados o semi-regulados”, dice.

Según el estudio de PxQ, el aumento necesario en las tarifas para no incrementar los subsidios que perciben las empresas sería del 30%, lo que iría en línea con una inflación general de 40% y una caída del salario real de 5%. Traducido: con aumentos de tarifas al 30% e inflación al 40%, los sueldos nominales tienen que subir 45% para que el salario real arañe un empate. En cambio, para que el poder adquisitivo mejore un 5% la ecuación debería cerrar en aumentos de tarifas del 30%, inflación al 40% y suba de salarios del 50%.

Según la consultora PxQ, para que los subsidios no crezcan y el poder adquisitivo mejore un 5%, el aumentos de tarifa debería del 30%, inflación del 40% y la suba de salarios del 50%.

La cuenta vale sobre todo para el hoy selecto grupo de trabajadores registrados del sector privado, en especial los que forman parte de sindicatos con capacidad y decisión para tensar la discusión salarial. Los asalariados informales, la economía popular y los cuentapropistas viven otra realidad y dependen más del Salario Mínimo Vital y Móvil; una variable que durante el primer kirchnerismo fue punta de lanza de la recuperación y en 2020 aumentó apenas un 28%, 8 puntos abajo de la inflación después de varios años de derrumbe: recién en marzo llegará a 21.600 pesos.

La falta de dólares que provocaría el repunte del consumo por la vía del incremento de importaciones no sería compensada en forma total por la escalada de la soja y también funcionaría como techo para la recuperación. Por eso, Álvarez Agis sostiene que el fortalecimiento de los sueldos solo es posible si el Gobierno consigue USD 5.000 millones de nueva deuda para sostener las reservas del Banco Central.

Si la ecuación que sugiere el ex viceministro de Kicillof no se cumple, las consecuencias serán varias. En primer lugar, es probable que el crecimiento económico ronde el 4%, una cifra similar a la del último trimestre del año pasado, con una reactivación que no se acelera y es apenas el rebote después de la parálisis. Desde algunas oficinas del gobierno ya deslizan que quiere fijar un techo a las paritarias en torno al 30%, con lo cual los sueldos -y las jubilaciones- van a volver a perder y el malhumor social se extenderá. Salvo que Martín Guzmán, Paula Español y el nuevo viceministro de Economía Fernando Morra logren una baja repentina de la inflación, que experimenta un alza indudable en los últimos meses y camina hacia el descongelamiento de precios más o menos profundo.

Aliada de Alberto Fernández, el nuevo golpe al salario real tiene altísimas chances de conseguir los avales de la misma jefatura de la CGT que miró para otro lado cuando el poder adquisitivo se venía a pique en medio de los barcos y las tormentas amarillas. Encender la economía como prometió el Alberto candidato y alinear variables como reclamó Cristina en La Plata hace más de un mes son variantes de la fórmula original que la CFK candidata alumbró en La Rural hace casi dos años, cuando convocó a sellar un nuevo contrato social para el que nunca se ofrecieron precisiones. Pero en el inicio de 2021, las señales del gobierno afligen a sus propios votantes y parecen indicar que el famoso Pacto Social puede cerrar a la baja en el año electoral. Con un empate después de tres años de derrotas.

En el inicio de 2021, las señales del gobierno afligen a sus propios votantes y parecen indicar que el famoso Pacto Social puede cerrar a la baja en el año electoral.

Lo muestra la última encuesta de Analogías, con fecha del 21 y 22 de enero, donde el 72,9% de los consultados opina que el gobierno está impulsando “poco o nada” la suba de salarios, el 70% cree que debe controlar “con más firmeza” el precio de los alimentos y el 49,5% dice que la política económica es de “ajuste de la economía”, mientras que solo el 19,4% opina que es de “impulso al consumo”. Para el mundo de los sindicalizados, existe la posibilidad de reabrir paritarias si los precios superan los aumentos de salarios, una instancia que también puede complicar al oficialismo si se da en la antesala de las elecciones. Para el resto de los que viven de un ingreso en pesos la situación es mucho más complicada.

La carrera global por la vacuna y la demora en la llegada de la Sputnik V vuelven todavía más urgente la resolución de este problema para un Fernández que gustaba hasta hace no tanto evocar el ejemplo de Néstor Kirchner para anunciar una nueva resurrección. Las diferencias son innumerables en general y en particular. Según un trabajo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, después de la brutal devaluación que sobrevino al fin de la Convertibilidad, el salario real aumentó un 34% entre 2003 y 2007.

Sin un mando unificado en la política y con una oposición desafiante, hoy el oficialismo tiene dificultades para frenar la escalada de los precios y para fijar condiciones a gigantes como la megafusionada Telecom-Cablevisión, que decide aumentos de forma unilateral en contra del DNU 690. Por eso, si el Estado no interviene con fuerza para recuperar el salario real y no hay un cambio sustantivo en los próximos meses, la Argentina asistirá a la comprobación de que fue Macri el que logró para sus representados imponer un giro irreversible en relación a ingresos que cayeron en picada y no se recuperan. Como espejo refractario del egresado del cardenal Newman, que se ensañó con gran parte de la clase media que lo había votado, la alianza panperonista descargaría así una cuota grande del sacrificio en una porción nada desdeñable de su propia base electoral, que recibe paliativos y asistencia pero no logra salir del pozo en el que cayó. Una política que esconde el riesgo de reeditar lo que ya provocaron de manera involuntaria tanto Macri como Cristina, cuando parte de sus votantes se convirtieron en desertores.