colombia: la transición a la política de una agrupación revolucionaria

La guerra de 50 años de las FARC

Los puentes que llevan a la paz en Colombia se han roto. El ataque contra una academia de cadetes en Bogotá ha abierto la puerta al pasado uribista, que, encarnado en el Gobierno de Duque, parece abrirse camino de nuevo en la política colombiana. El país latinoamericano ve cómo las décadas de violencia y lucha armada vuelven a intuirse en el horizonte.

La violencia en Colombia tiene raíces profundas. El conflicto que involucró a grupos guerrilleros, bandas paramilitares y las Fuerzas Armadas duró más de 50 años y se cobró 8,8 millones de víctimas. Sin embargo, la violencia no nace con la creación de la guerrilla de las FARC en los años 50; su origen se remonta décadas atrás.

Colombia entró en el siglo XX ya enfrascada en la guerra de los Mil Días, una confrontación entre grupos conservadores y liberales que dejó 100.000 muertos sobre una población de tres millones. Fue un augurio de la primera mitad de siglo que llegaba: los conflictos sociales aumentaron, especialmente a raíz de la desigual distribución de la tierra. En 1948 estallaron cinco décadas de tensión cuando el candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Gaitán había recabado el apoyo de las clases populares colombianas con un discurso de redistribución y justicia social y se perfilaba como una opción sólida a la presidencia. El magnicidio tuvo como consecuencia una respuesta desordenada y abrumadora conocida como La Violencia.

Este episodio representó un punto de inflexión en la Historia colombiana. La espiral de La Violencia dejó más de 200.000 muertos entre 1948 y 1964. Las organizaciones de carácter popular —sindicatos, agrupaciones campesinas, grupos comunistas— y algunos grupos liberales empezaron a tomar un carácter de autodefensa contra las fuerzas estatales de un Gobierno conservador decidido a eliminar cualquier tipo de oposición gaitanista. Después de una década, las guerrillas liberales se desmovilizaron bajo los Gobiernos del Frente Nacional (1958-1974), un pacto de alternancia de poder entre liberales y conservadores. Entretanto, las autodefensas campesinas, cada vez con un carácter comunista más marcado, se fueron afianzando.

De autodefensas campesinas a las FARC

Para el Gobierno, los grupos de autodefensas eran simples bandoleros. Sin embargo, su cariz político era indiscutible. Los insurrectos crearon pequeños enclaves en varios puntos del territorio colombiano que empezaron a funcionar como repúblicas independientes al margen del control del Estado. El Gobierno, bajo la dirección del conservador Guillermo León Valencia, decidió acabar con esos enclaves. Organizó en 1964 un potente dispositivo militar y lo condujo contra la autodenominada Marquetalia, uno de esos enclaves situado en el departamento del Tolima, al sureste del país. Marquetalia cayó, pero la insurgencia no desapareció. Al contrario: tras este ataque, que fue duramente criticado por la izquierda internacional por el uso desproporcionado de la fuerza, los grupos de autodefensas respondieron con la primera conferencia guerrillera, que tuvo lugar en septiembre de 1964 en Riochiquito. Allí nació el Bloque Sur, la primera iniciativa para coordinar los diferentes grupos insurgentes, que hasta entonces trabajaban de manera independiente.

Pero no fue hasta 1966 cuando las FARC se constituyeron como tales. En una segunda conferencia guerrillera se reunieron 350 combatientes, ya curtidos tras dos años de combate. De ese encuentro no solo surgió el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; también se apuntalaron las bases de la organización y unas líneas políticas para la guerrilla basadas en el marxismo-leninismo. Esto se consolidó en los años siguientes con la adopción en 1969 de la estructura militar y política que definiría a las FARC durante toda su existencia. Esta estructura, altamente jerarquizada, empezaba en las escuadras, las unidades militares mínimas, formadas por una docena de personas. Varias escuadras pasaban a conformar guerrillas, compañías y columnas, en agrupaciones cada vez mayores: un frente tenía alrededor de dos centenares de personas, y cinco o más frentes configuraban un bloque, la unidad militar máxima, de aproximadamente mil guerrilleros. Los frentes y los bloques tenían un comandante y operaban en distintas regiones del país según las decisiones del Estado mayor central.

El Estado mayor era el principal órgano de dirección de las FARC. Contaba con una treintena de guerrilleros elegidos en las Conferencias Nacionales Guerrilleras, el punto de encuentro de las bases de la organización, que se realizaban cada varios años —han llegado a pasar más de diez años entre conferencias— y donde se debatían las líneas generales que orientaban la guerrilla. Con el paso de los años, se agregó un nuevo órgano: el Secretariado, formado por siete miembros más dos suplentes del Estado mayor y encargado de dirigir el día a día de la organización. Del Secretariado surgía el comandante en jefe de las FARC, el máximo dirigente de la guerrilla, quien durante más de 40 años fue Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda o Tirofijo.

También se observó la necesidad de formar ideológicamente a los combatientes. Hubo varias iniciativas de formación, pero la más amplia fue cuando en 1978 se decidió crear un responsable de educación en cada frente que trabajara para formar “cuadros y combatientes bajo los principios del marxismo-leninismo”. Se contemplaba dar programas de alfabetización y cultura general, además de cursos de filosofía, economía y terminología política para los combatientes, muchos de los cuales llegaban a las FARC de entornos rurales sin acceso a la educación. Más adelante también se creó una Facultad de Medicina y se formó a guerrilleros para desenvolverse como enfermeros y médicos, con el fin de atender no solo a los integrantes del grupo armado, sino también a la población rural de los territorios bajo su control.

La guerrilla se expande

La primera década de las FARC fue discreta y con pocas acciones bélicas; eso permitió a la guerrilla llevar a cabo su plan de expansión y crecimiento sostenido. En 1970 se calcula que integraban la guerrilla alrededor de 780 combatientes, más del doble que en su fundación, y el número no dejó de ir en aumento. El objetivo de las FARC a largo plazo era tomar el poder y subvertir así el orden social, pero el desequilibrio de fuerzas a favor del Estado hizo que inicialmente se dedicaran a aumentar su base social, su fuerza militar y su territorio de influencia. Como los enclaves independientes de sus orígenes, los territorios bajo la influencia de las FARC quedaban aislados del Gobierno colombiano —aunque muchos ya estaban aislados desde un principio— y la guerrilla se constituía como la autoridad de la zona, donde impartía justicia, prestaba servicios y recaudaba dinero a través de “impuestos” o extorsiones. Ello estrechaba la relación entre las FARC y la sociedad civil de estos territorios periféricos y tradicionalmente abandonados por el Estado; muchos empatizaban con la lucha de la guerrilla y la veían como garante del orden social y de una cierta estabilidad. Así también era más fácil para los insurgentes contar con recursos económicos y con nuevos reclutas. Estos, mayoritariamente gente joven de origen campesino, engrosaban las filas de la guerrilla año tras año atraídos por la causa de las FARC, empujados por la falta de oportunidades en sus territorios o coaccionados por la misma guerrilla.

La década de los 80 fue para las FARC su época de visibilización. Adoptaron una estrategia ofensiva espoleada por el auge de sus fuerzas: en 1982 tenían 27 frentes repartidos por todo el territorio nacional y en 1986 la cifra aumentó hasta los 31. El conflicto armado dio un salto cualitativo y por primera vez la lucha por el poder era un objetivo tangible; también se creó el partido Unión Patriótica (UP) con el propósito de encauzar las aspiraciones políticas de la guerrilla, pero desmarcado de la lucha armada de esta. Las tensiones no dejaron de aumentar: la década de los 80 fue la que vio nacer las bandas paramilitares, inicialmente grupos de autodefensa privados de terratenientes que pronto viraron en organizaciones contrainsurgentes de extrema derecha y que actuaban en connivencia con las Fuerzas Armadas. A manos de estos grupos, los miembros de la UP sufrieron un exterminio sin precedentes. Dos candidatos presidenciales fueron asesinados, además de ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y miles de militantes. Los crímenes se dieron con complicidades en el ejército y en los carteles de narcotráfico, y llegaron a las 4.153 muertes y desapariciones hasta 2002. Esta masacre entorpeció cualquier intento de diálogo de paz y alimentó la desconfianza de las FARC en las garantías de seguridad que les podía ofrecer el Estado.

Estalla la guerra

La masacre contra la UP es solo una parte de la escalada de violencia que sufrió el conflicto armado a partir de la década de los 90. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) afirma que entre 1996 y 2005 “la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización”. El desplazamiento forzado aumentó exponencialmente y Colombia se convirtió en el segundo país del mundo con mayor éxodo de personas. Las FARC llevaron a cabo una campaña sin cuartel de secuestros y extorsiones que inicialmente se enfocó a las élites políticas y económicas del país, pero que terminó afectando a los civiles de manera indiscriminada. También fue la década de las masacres, perpetradas por todos los bandos contra la población civil que quedaba atrapada entre las líneas de fuego. Algunos episodios han quedado grabados a fuego en la memoria de los colombianos, como la masacre de Bojayá, cuando la guerrilla lanzó un explosivo dentro de una iglesia donde se refugiaban los habitantes de la localidad y provocó la muerte de un centenar de personas. Ese suceso se dio en medio de un enfrentamiento contra los paramilitares, constituidos en 1997 como las Autodefensas Unidas de Colombia. Vinculadas sin reparos a los grupos de narcotraficantes y a los terratenientes regionales, su presencia era tolerada por el Estado y se convirtieron en esa década en una fuerza que también ocupó y dominó territorios con unas dinámicas de violencia especialmente cruentas.

La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002 echó gasolina al fuego. Uribe es conocido por su mano dura contra la guerrilla y por negarse a reconocer la naturaleza de conflicto armado interno, además de por haber sido investigado por su vinculación con las bandas paramilitares. Su política, apoyada ampliamente por EE. UU. —que proporcionó tecnología y financiación para el Ejército colombiano—, recrudeció las lógicas de violencia del país. La guerrilla sufrió algunos de sus peores golpes y quedó debilitada. Sin embargo, las consecuencias sobre la población civil fueron inmensas. Uno de los peores escándalos de la época fue el de los “falsos positivos”: miles de civiles fueron asesinados por la fuerza pública para hacerlos pasar como guerrilleros y mostrar mejores resultados al Gobierno y a EE.UU. El conflicto registró en esos años algunas de las cifras más altas de víctimas de todo tipo de violencia.

El desplazamiento forzado llegó a su pico en 2002, cuando afectó a más de 618.000 personas. Entre 2002 y 2014 se calcula que alrededor de tres millones de colombianos fueron víctimas de este fenómeno. Según el CNMH, las guerrillas —entre las cuales también se cuentan grupos como el Ejército de Liberación Nacional o el Ejército Popular de Liberación— fueron responsables directas del 41% de los casos. Las desapariciones forzadas también alcanzaron su máximo en 2002 con más de 5.000 víctimas. El CNMH deja constancia de 60.630 casos en el marco del conflicto armado entre 1970 y 2015. Los paramilitares fueron identificados como el causante principal con el 46% de los casos; las guerrillas, un 20%. Además, 15.076 personas —más de un 90% de ellas mujeres— fueron víctimas de violencia sexual entre 1958 y 2017 en el marco del conflicto, con una responsabilidad en medida similar de guerrilleros y paramilitares. Más de la mitad de los ataques se dieron entre 1997 y 2005; nuevamente, 2002 fue el año que más violencia sexual registró: 1.400 casos.

Narcotráfico: el dinero para la guerra

El narcotráfico ha sido un combustible para el conflicto armado y es uno de los factores principales que ha afectado a su duración y crudeza, especialmente por su capacidad de financiar la guerra interna. Las regiones más apartadas, el escenario principal del conflicto, empezaron a acoger cultivos de coca por su aislamiento y pobreza. En sus inicios, las FARC rechazaron relacionarse de ninguna manera con los cultivos ilícitos, pero a partir de 1989 adoptaron lo que llamaron gramaje, un cobro que funcionaba como un impuesto a los cultivos de coca, laboratorios de procesamiento o cualquier tipo de comercio que se desarrollara dentro de sus territorios. El negocio de la coca era una realidad muy establecida en las zonas bajo su control y la guerrilla no podía dejar pasar el lucrativo comercio sin su supervisión e intervención. El gramaje es la única participación en el narcotráfico que se admitió de manera pública durante mucho tiempo. Sin embargo, la relación entre las FARC y el narcotráfico fue en aumento, especialmente a partir de los 2000, cuando algunos frentes entraron a participar directamente en la producción y exportación de cocaína.

Según las cifras recogidas por Jerónimo Ríos, el narcotráfico llegó a suponer entre el 40% y el 50% de los ingresos de las FARC en sus últimos años de existencia. Normalmente la fuente de financiación de la guerrilla estuvo en el secuestro y la extorsión, además del robo de ganado. El Ministerio de Hacienda colombiano calculaba en 2003 que los secuestros proporcionaban a las FARC 37,32 millones de dólares y el robo de ganado, 22,19 millones. Las proporciones se fueron desequilibrando con los años a favor de los ingresos del narcotráfico, especialmente cuando en 2012, al inicio de los diálogos de paz que llevaron a la desmovilización de las FARC, renunciaron a la práctica del secuestro.

Con el acuerdo de paz se ha demostrado que eliminar a la guerrilla no quiere decir eliminar el narcotráfico. De hecho, desde el inicio de las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno colombiano, las hectáreas de coca sembradas no han dejado de aumentar y en el primer año tras el acuerdo la superficie de siembra ha aumentado un 17% respecto a 2016. Tampoco ha desaparecido la violencia: las regiones abandonadas por las FARC están siendo testigos de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo que sí se ha logrado por ahora es la transición a la política de la agrupación revolucionaria bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que conserva las siglas FARC y que se ha presentado por primera vez a unos comicios en marzo de 2018, para las legislativas. Pero, a pesar del desarme de la guerrilla más longeva de América Latina, logrado cuando el presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el acuerdo en noviembre de 2016, la paz del país aún está en entredicho.