ley cambiemos- monsanto : todos los productores quedarán alcanzados, sin distinciones para cultivos de economías regionales

Fuerte crítica kirchnerista a nueva ley de semillas

La diputada del Frente para la Victoria - Vallejos aprovechó las disidencias que tuvo el oficialismo en el dictamen sobre la nueva ley de semillas y aplicó fuertes críticas a la iniciativa. En un informe al que tuvo acceso Ámbito Financiero, la legisladora dejó en claro que "uno de los grandes damnificados será el Estado y los contribuyentes argentinos, pues el proyecto de Cambiemos permite deducir del impuesto a las Ganancias el equivalente a 1,5 veces 'los importes abonados en concepto de adquisición de semillas fiscalizada'". En esa línea, advirtió: "En la práctica, el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales, por $13.000 millones anuales, en un escenario de mínima".

"Resulta harto factible que el sobrecosto por las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo cual, en definitiva, la medida terminará afectando a los consumidores. Prácticamente todos los productores quedarán alcanzados por la nueva ley, sin distinciones para los cultivos de las economías regionales. El proyecto les quita potestades a los productores locales para comprar, cosechar y volver a sembrar determinadas variedades vegetales", apuntó Vallejos en el documento.

Por otra parte, la diputada del FpV explicó que "el proyecto que promueve el oficialismo implicaría una transferencia de recursos desde los productores argentinos a las multinacionales de u$s3.000 millones en el lapso de cinco años", cifra que "se desprende de un informe de la Federación Agraria Argentina (FAA), que estima en u$s600 millones anuales el costo que deberán afrontar los productores por el pago de patentes".

Según el informe, "el 20% de las empresas del complejo productor de poroto de soja comercializan el 80% de la producción" y que, "por lo tanto, cualquier política de control o recaudación diferenciada podría implementarse segmentando al mercado, poniendo el acento en los grandes actores en lugar de afectar al 80% de los pequeños empresarios, que sólo tienen a su cargo la producción y comercialización del 20% restante". Además, en el documento se resaltó que "las asociaciones de defensa del consumidor, por otra parte, se han transformado en verdaderos convidados de piedra y han estado ausentes de este debate tan importante para la sociedad en su conjunto".

Vallejos también direccionó la mira hacia el Instituto Nacional de Semillas (INASE), organismo que controla la calidad de las semillas certificando su origen. La diputada manifestó que el dictamen empujado por el oficialismo "introduce la posibilidad de firmar convenios con las Bolsas de Cereales y los estudios de abogados para requisar a los productores del país ingresando a sus predios, depósitos, transportes y fijar parámetros de presencia tecnológica", y que "en el caso de que encuentren semillas que ellos consideren con el parámetro suficiente, se obligará al productor a pagar por la patente tecnológica lo que estimen conveniente". En este sentido, la legisladora indicó que "de esa manera, el INASE terminaría transformándose en un organismo policial de las empresas multinacionales".