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El ¿fracaso? “Cambiemos”

Era y es inevitable el fracaso del modelo de “Cambiemos”. Siempre lo fue. Pero todo fracaso (o “fracaso”), tiene sus ganadores.

Por Javier Martínez (*)

Era y es inevitable el fracaso del modelo de “Cambiemos”. Siempre lo fue.

Deshazte del ochenta por ciento de tu cuerpo y el veinte por ciento no desechado (el “sector privilegiado” de tu cuerpo), habrá de tomar mayor volumen, mayor actividad, inicialmente, pero luego comenzará a deteriorarse en sus funcionalidades paulatinamente hasta, finalmente, necrosar.

Así se hizo con la parte de la riqueza que genera el consumo (ese ochenta por ciento) como uno de sus agregados económicos. Y así sucede (está ocurriendo) con el resto de los agregados: el gasto público y, principalmente (aunque luego del consumo), con la inversión privada. En un período de tiempo de apenas dos años y medios: algo inédito en la historia económica argentina.

Un “derrame” neoliberal fue el dogma y, la praxis, deteriorar los ingresos populares abaratando el costo del factor trabajo: despidos en el sector público como señal de “luz verde” a los privados; apertura importadora para producir el doble efecto de 1) deprimir los precios internos mientras, como forma de supervivencia, y 2) empujar a la formación del “ejército de reserva de desempleados” a la industria nacional pequeña y mediana (la “no competitiva”, la “ineficiente”) que debió reducir costos para mantener algún margen de utilidad o empatar a aquellos (como sabemos, “el costo laboral es un costo más”); paritarias con “techos” irrisorios en comparación con el nivel de precios y un Ministerio de Trabajo pro-patronal; disminución real (poder de compra) de jubilaciones y pensiones (estas últimas, sin distinción de urgencias); reducción del gasto en I+D (investigación y desarrollo; o ciencia y tecnología); y decenas de etcéteras. Pero la dolarización de servicios (ej.: tarifas de los servicios públicos energéticos paulatinamente confluyendo a niveles incluso superiores a los internacionales –más de U$D 7/millón BTU, cuando el precio internacional está algo por encima de los U$D 4/millón BTU-), y la desregulación del comercio exterior (no solo en términos importadores, sino en términos de reserva de cuotas de commodities para su consumo interno –eliminación de retenciones y cuotas de exportación-) no solo neutralizaron la baja (buscada) del “costo argentino”, sino que lo incrementaron (con su correlato en el costo de vida para los propios argentinxs, por supuesto).

La errada idea del ajuste automático de precios y volúmenes de bienes y servicios de la economía por parte de los mercados (solo aplicable a una situación de excepción: la de mercados perfectamente competitivos, o sea, sin mayores diferencias de talla entre oferentes y entre demandantes y con similares posibilidades de acceso a información y financiamiento de igual calidad y cantidad), mas intereses económicos sectoriales (cuando no, posiblemente, personales) representados en la segunda Alianza del siglo XXI, abrió las compuertas a 1) la entrada y salida irrestrictas de capitales, en un contexto de altas tasas de interés así mantenidas (y en franco ascenso) para contener la formación de capitales externos (la llamada “fuga de capitales”, también con números inéditos en la historia del país); y 2) todas las prebendas todas al agro: desde la reducción y eliminación de retenciones a la exportación, hasta pasar, en un año, de 30 días de plazo para liquidar los dólares de exportación en el MULC (mercado único y libre de cambio), a 90 días, 180, 365, 1825 días (cinco años), 3650 días (10 años) y, finalmente, sin plazo alguno.

Mientras la variable más explicativa de la acumulación de riqueza en la Argentina, el consumo, se detraía (o, mejor dicho, “era detraída”), tanto la importación como el aprovechamiento de las altas tasas en pesos de la bicicleta financiera doméstica (el “pedaleo” de cambiar de dólares a pesos para comprar LEBAC’s y cobrar sus siderales tasas en pesos u obtener ganancias de capital por diferencias de cambio ante depreciaciones del peso frente al dólar, para luego volver al “pedaleo” con tasas ya más altas ofrecidas como contención de la devaluación) actuaron como desincentivos a la inversión productiva, contribuyendo al ya mencionado derrumbe (paulatino pero constante y veloz) de la industria nacional y a un cada vez mayor saldo negativo de las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). Este cuadro, más una cuenta turismo también negativa y la eliminación de toda restricción a la salida de capitales, debían financiarse de alguna forma. Pero, ¿Cómo?

MENOS TERRIBLE LA PREGUNTA QUE LA RESPUESTA: TOMA DE DEUDA EXTERNA.

Pero, negativos el saldo comercial y la cuenta turismo, eliminadas las restricciones a la formación de capitales externos (“fuga de capitales”), y sin oferta de dólares de un sector agroexportador sin plazos para liquidar las divisas de sus ventas al exterior, la demanda de dólares hizo evidente la escasez de corto y mediano plazos de su oferta. Y las herramientas de política monetaria del BCRA se hicieron cada vez menos eficaces al quedar al descubierto un problema de insolvencia, no del país, sino del modelo económico: no generar dólares “genuinos” (léase, por “genuinos”, “no prestados” ni “de bicicleta” o especulativos -de entrada y salida rápida del sistema financiero-). El ritmo de endeudamiento y, posteriormente, devaluatorio se aceleró (y continuará haciéndolo, este último, por lo menos), y el consecuente traslado a precios (una constante durante el gobierno de “Cambiemos”) derivará, inexorablemente, en el corte de las cadenas de pago de las ramas de actividad de la economía toda. El acto político por excelencia que evidenció esta realidad fue recurrir el FMI.

El FMI (Fondo Monetario Internacional), es un organismo multilateral de crédito nacido con el fin de la segunda guerra mundial a partir de los acuerdos de Bretton Woods (1944/1945), cuyo órgano decisorio, su directorio, está conformado por representantes de las principales bancas mundiales. Fue creado con la supuesta finalidad de alentar el desarrollo de los países atrasados en dicha materia, mediante inyecciones de recursos reembolsables: préstamos. Pero, en realidad, es la banca internacional disfrazada de institucionalidad multiestadual. Por ende, los préstamos se otorgan con gravosos condicionamientos para asegurarse el repago por parte del Estado deudor de turno. Condicionamientos gravosos porque cualquier país que acude al FMI en realidad tiene “defaulteada” su deuda a corto o mediano plazo, pero es la propia banca la que “estira” que ese Estado declare la cesación de pagos ya que, mientras esto no ocurre, jugosos intereses económicos y geopolíticos pueden obtenerse. Cuando se recurre al FMI el final del camino es el mismo, porque el precio de los bonos de deuda pasada cae por el piso en todas las plazas financieras del mundo, y porque lo mismo ocurre con los activos de riesgo y demás valores de las grandes corporaciones nacionales, respecto de las cuales se percibe que no podrán acceder al financiamiento necesario para invertir en generación de valor (o que aquel al que accedan será a un costo sideral –altísimas tasas-). Aplica a ellas un riesgo similar al que aplica el, alguna vez olvidado, “riesgo país”, para el Estado nacional. Y sus activos terminan cotizando a precio de “ganga”, generándose las condiciones “ideales” para una extranjerización del factor capital nacional. Los llamados “cuadernos de la corrupción K” no ayudaron respecto del proceso posterior de “caza de brujas”, por definición hecho por fuera de las prácticas de un estado de derecho, que alcanzó a empresarios encumbrados de la “burguesía nacional” (y, por ende, a sus inversiones en Estados nacionales que pueden llegar a accionar en contra de las firmas por incumplimiento del deber de origen lícito de los recursos empleados por la parte privada).

LO QUE DEBE APRENDERSE DE LAS EXPERIMENTACIONES NEOLIBERALES DE LOS PAÍSES EMERGENTES ES QUE, FINALMENTE, EL DETERIORO DE LOS INGRESOS DE LOS SECTORES POPULARES TERMINA REDUNDANDO EN EL DETERIORO DEL FACTOR CAPITAL NACIONAL.

La aplicación de teoría neoliberal, y más aún en la versión “Cambiemos” (con intereses encontrados dentro del propio gobierno, que provoca que las medidas tomadas por una cartera sean neutralizadas, en sus efectos, por las tomadas por otra) termina, no solo empobreciendo a los sectores medios y bajos pretendiendo transferir recursos en favor de los altos, sino que (y más aceleradamente que en experiencias domésticas anteriores) “empobrece” incluso a estos, vía extranjerización del capital.

Y si esto ha de deber aprenderse, mayor deber es el de preguntarse, a estas alturas, si se trata de impericia o de premeditación. Si se trata de un fracaso o de un “fracaso”.

¿A quiénes beneficia, localmente y en el extranjero, la extranjerización del capital nacional vía descapitalización de mercado (en las plazas financieras local e internacionales) de sus activos de riesgo, dejándolos a precios “liquidación por cierre”? ¿A quiénes beneficia, localmente y en el extranjero, la emisión de bonos de deuda en cuyos prospectos, al renunciarse a la inmunidad soberana sobre activos del Estado, se omite exceptuar (de dicha renuncia) a los bienes comprendidos en el art. 236 del nuevo Código Civil y Comercial, o sea, los recursos naturales de todo tipo del suelo nacional (su mención se omite en las excepciones a la renuncia mencionada)? Se dirá que nuestra Constitución Nacional consagra a dichos bienes como propiedad de las provincias, pero ¿qué tesitura adoptarán al respecto los tribunales extranjeros respecto de los cuales la jurisdicción sobre la deuda colocada fue prorrogada? ¿Para quienes, finalmente, resultará beneficioso una mano de obra barata en costos y condiciones? ¿Para quienes resultará beneficioso un Estado sin moneda? ¿O acaso con moneda no acuñada por estos “pagos”?

Preguntarse estas y otras muchas preguntas es un deber. Cualesquiera sean las respuestas, algo es seguro: todo fracaso (o “fracaso”), tiene sus ganadores.

(*) Contador Público (FCE-UBA). Frente Social Peronista (FSP) Capital Federal y ATE Verde y Blanca Capital Federal.