Boletín de Coyuntura Socio Laboral
Como máxima expresión de un mundo que comenzaba una carrera hacia la individualización, Margaret Thatcher dijo “la sociedad no existe”. En contradicción con este famoso enunciado, en noviembre del 2017 se produjeron movilizaciones masivas en la Argentina en contra de un conjunto de reformas en materia previsional y tributaria.
Más allá de su articulado explícito, estas iniciativas implican un ataque tanto al financiamiento, como a los criterios de movilidad que habían permitido el incremento real de jubilaciones y pensiones, a partir de la administración estatal del sistema de seguridad social. La consecuencia directa de la nueva normativa será el retroceso en el poder de compra de los jubilados y de las asignaciones (familiares y universal por hijo) como consecuencia de la dinámica inflacionaria que, durante los primeros meses del 2018, ha cobrado un nuevo impulso y que ya se proyecta—por las consultoras del mercado—en un nivel anual superior al 20%.
Más allá del apoyo a estas reformas por parte de los medios de comunicación concentrados, la novedad reside en que el gobierno tuvo que confrontar con una sociedad que ha incorporado ciertos límites respecto al avasallamiento de sus derechos. Por el mismo camino transitó una reforma laboral pobremente justificada, que no soluciona ninguno de los problemas del mundo del trabajo. La reforma se sustenta en una sola idea: los inconvenientes que atraviesa la economía del país se resolverían en gran parte si pudiésemos reducir los derechos de los trabajadores. Ellos y ellas saben que flexibilizar quiere decir desregular y que esto es igual a desproteger.
Nada nuevo y nada bueno puede esperarse de estas iniciativas del Ejecutivo. Las preocupaciones respecto a los ingresos y su poder adquisitivo se manifiestan con claridad en la opinión pública (Monitor Sociolaboral de Opinión Pública #6), donde se observa un crecimiento de la preocupación por la pérdida del salario real en los últimos meses, que puede profundizarse como el producto combinado de la inflación y el “cepo” del 15% en las paritarias 2018. Cualquier especialista en temas sociales puede concluir que estas decisiones políticas de ajuste sólo podrán tener una consecuencia: el aumento del conflicto social. Tal vez haya que buscar en ese estado de ánimo de la sociedad las razones de la fuerte movilización del 21 de febrero pasado.
La pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de despidos colectivos en el sector privado (por inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria) y en el “siempre ineficiente” sector público (salvo para sustituirlo con trabajadores “propios”). Es en este clima económico y social que se produce la afluencia de heterogéneas y bien diversas representaciones colectivas (sindicales y sociales) a la movilización. Dicho de otro modo, se trata de una manifestación social y no de la reaparición de uno o varios dirigentes de tal o cual sector político.
Para finalizar, ratificamos una tendencia que venimos señalando desde finales del 2016. Los datos evidencian un claro deterioro en la estructura ocupacional de la Argentina: retrocede el empleo privado asalariado registrado (formal) y avanzan la precariedad (monotributo en sus diversas formas, personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la informalidad. Producto de estas “nuevas” formas de contratación, la desocupación se mantiene “estable” y se anuncia un crecimiento del empleo que enmascara cambios cualitativos relevantes.
Aun reconociendo todo lo hecho hasta 2015, a la economía argentina le faltaba mucho para que los más postergados pudieran vivir dignamente. Sin embargo, no deberíamos olvidar que retomar el camino que propone el neoliberalismo es alejarse de ese objetivo. Porque al final de esa senda no hay más empleo (ni digno, ni precario) para todos y todas, y mucho menos “pobreza cero”, por más datos circunstanciales que hoy pueda mostrar el gobierno.
Dr. Carlos A. Tomada
Director
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