El pueblo mapuche, originario de Chile y Argentina, lleva años reclamando un mayor reconocimiento legal en ambos países, pero sus esfuerzos han sido en vano. La desaparición de Santiago Maldonado, natural de la provincia de Buenos Aires, ha vuelto a poner sobre la mesa un conflicto que lleva siglos impidiendo la convivencia en ambos países. Analizar las diversas vías de actuación es indispensable para comprender una lucha por la igualdad y la multiculturalidad más anciana que los propios Estados latinoamericanos.
La reciente desaparición de Santiago Maldonado, artesano de 28 años, ha conmocionado a la sociedad argentina. El caso revive el terror de la dictadura de Videla, que dejó a miles de argentinos desaparecidos y a un montón de madres reunidas en una céntrica plaza de Buenos Aires con pañuelos atados a la cabeza a imagen de los pañales perdidos como consecuencia de la represión. El Gobierno de Mauricio Macri queda así en el punto de mira; un escándalo policial de este calibre podría incluso forzarle a convocar elecciones, como le ocurrió a Eduardo Duhalde la pasada década tras el asesinato de dos manifestantes a manos de la policía. La politización del caso ha llegado de la mano de la anterior residente de la Casa Rosada y candidata a senadora, Cristina Kirchner, quien ha arremetido contra el actual Gobierno conservador acusándolo de haber fomentado la represión.
Para ampliar: “Mauricio Macri, presidente de una Argentina dividida”, David Hernández en El Orden Mundial, 2017
El caso de Maldonado no solo ha servido para situar en el foco de atención el problema de las desapariciones forzadas en el país, sino para poner de manifiesto una de las cuestiones étnicas más antiguas del país: las reivindicaciones de la comunidad mapuche. Los mapuches —llamados araucanos por los colonizadores españoles— son un pueblo prehispánico perteneciente a Chile y Argentina, aunque es en el primer país donde se encuentran en mayor número —aproximadamente el 10% de la población chilena—.
En Argentina, aunque su número es menor, no se resignan a abandonar su identidad. Es por ello por lo que recientemente un grupo de mapuches se ha instalado en un territorio de 900.000 hectáreas —una superficie similar a la de Puerto Rico o Chipre—, perteneciente al grupo textil Benetton, para reclamar lo que consideran un expolio de sus tierras milenarias. A pesar de ser considerados como foráneos por algunos sectores argentinos, ya que su supuesto origen es la región de la Araucanía chilena, lo cierto es que su tradición no entiende de lindes: “Nosotros no reconocemos fronteras. Nuestro pueblo abarca de mar a mar”. Conocer su historia es imprescindible para entender las reivindicaciones de un pueblo separado por una división impuesta por los huincas, los forasteros.
El pueblo originario
La presencia mapuche en el continente latinoamericano tiene orígenes inciertos, pero hay estudios que demuestran la existencia de este pueblo hace 13.000 años. La llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI propició la formación de lazos entre diferentes pueblos mapuches, que, al compartir una lengua y cultura común, favoreció el crecimiento de una identidad mapuche diferenciada.
La organización del pueblo mapuche se materializó progresivamente en un levantamiento contra la ocupación extranjera y dio lugar a la guerra de Arauco, que duró más de 300 años (1536-1882), aunque con diferentes grados de intensidad. Tras el sitio de diversas ciudades coloniales, los mapuches se enfrentaron primero a los españoles y más tarde a los chilenos por la defensa de sus tierras, en la región de la Araucanía. La llamada Pacificación de la Araucanía —acción bélica por parte del ejército chileno en 1882— dará lugar a un progresivo proceso de aculturación y sometimiento del pueblo precolombino bajo la premisa de un movimiento civilizador y la asimilación en la sociedad mayoritaria chilena. Su sometimiento no solo será cultural, sino territorial, ya que sus tierras ancestrales, tan celosamente protegidas de los españoles, serán finalmente tomadas por la república chilena.
Al otro lado de los Andes, en Argentina, la presencia mapuche es cuestión de debate continuo en la sociedad. Muchos los tachan de exterminadores por sus supuestas campañas contra los tehuelches, pueblo precolombino de Argentina, mientras que otros defienden su legitimidad histórica como pueblo originario del país. Debates etnológicos aparte, la represión contra los nativos no fue exclusiva del Estado chileno: tras la Campaña del Desierto —incursiones militares argentinas entre 1878 y 1885 en tierras nativas con el objetivo de conquistar territorio—, los mapuches, junto con otros pueblos de la región, sufrieron una pérdida masiva de tierras, lo que condenó a muchos al desamparo y la miseria, en un proceso que cada vez más voces tachan de genocida.
Ambas campañas expansivas, chilena y argentina, minaron en gran medida la población mapuche y asestaron un duro golpe a sus formas de vida. La resistencia militar contra los huincas, fracasada tras la expansión territorial de los Estados chileno y argentino, pasó del campo de batalla al político y social: comenzaba el asociacionismo indígena. La primera asociación representativa de todos los pueblos mapuches se formó en 1910 en la Araucanía con el nombre de Sociedad Caupolicán, que hace referencia a un líder mapuche del siglo XVI.
Esta movilización política culminará en 1924, cuando el profesor Francisco Malivilu fue elegido diputado, lo que marca el inicio de la presencia mapuche en la sociedad chilena. A pesar de la unión social, los sucesivos Gobiernos de ambas repúblicas trataron de dividir las comunidades a lo largo del siglo XX, bien con el confinamiento en espacios reducidos, bien con la proclamación de sus tierras como áreas protegidas —caso del Parque Nacional Lanín, en Argentina—, lo que los convertía en meros ocupantes de sus tierras ancestrales, tratadas como área de disfrute para la población nacional.
El proceso de privatización de tierras mapuches continuará a lo largo del siglo XX, con diferente aplicación en Chile y Argentina. En el primero, la dictadura militar de Pinochet promulgó el decreto ley 2568, que, en línea con la política neoliberal del Gobierno, impuso los territorios del pueblo a los mandatos de la economía privatizándolos y usurpándolos a sus ancestrales dueños. En la segunda, la toma de tierras mapuches fue llevada a cabo por una compañía de origen extranjero, posteriormente argentina y finalmente vendida al grupo textil Benetton: The Argentinian Southern Land Company Ltd.
Esta empresa, creada en 1889 para administrar los campos de terratenientes ingleses que habían financiado la Campaña del Desierto, fue comprada en 1975 por un grupo de grandes inversores argentinos, que en 1982 traducen el nombre como Compañía de Tierras del Sud Argentino S. A. como consecuencia del enfrentamiento argentino-británico por las Islas Malvinas. En 1991 el grupo Benetton se apropia de las acciones de la firma y toma posesión de 900.000 hectáreas, lo que provoca la ira de sus habitantes, los mapuches, y los lleva a movilizarse por la recuperación de su territorio.
Para ampliar: “La historia del imperio Benetton, el dueño de la Patagonia”, Claudia Ferri en La Izquierda Diario, 2017
Las tierras retomadas: mapuches en el siglo XXI
A pesar de la privatización de sus tierras y de su explotación intensiva por parte del gigante textil, los mapuches no se amedrentan en su empeño ancestral y revindican sus derechos con el objetivo de volver a sus tierras. La historia de Rosa Nahuelquir y su marido, Atilio Curiñaco, es el fiel reflejo de esta lucha, a priori suicida, entre David y Goliat: la lucha de una pequeña familia contra un coloso económico.
Esta familia, originaria de Chubut, al sur del país, se asentó en tierras del empresario italiano en 2002, lo que dio comienzo a una disputa que dura hasta hoy y a la que, progresivamente, se han unido otros grupos mapuches, que ofrecen resistencia tanto al magnate de la firma como al propio Gobierno argentino. Uno de ellos es el grupo mapuche desalojado violentamente por la Gendarmería Nacional Argentina en Cushamen (Chubut), con el cual se encontraba Maldonado el día de su desaparición.
Las consignas principales de la comunidad son claras: la recuperación de sus tierras ancestrales y el respeto de sus tradiciones. Con el objetivo de recuperar lo tomado injustamente, en 2013 se formó la Resistencia Ancestral Mapuche, con Facundo Jones Huala como lonko —‘líder tribal’—. Esta agrupación, defensora de la violencia como medio para obtener sus fines étnicos, actúa a los dos lados de la cordillera y, a pesar de no representar al pueblo mapuche en su totalidad, ha cobrado gran importancia tras la desaparición de Maldonado.
Jones Huala, cabeza de la comunidad mapuche asentada en Cushamen y detenido tras ser acusado de promover la violencia, es una de las voces más comprometidas con la búsqueda de Santiago Maldonado e incluso acusa al Estado argentino de “desaparición forzada”. Esto se debe en parte a que Maldonado desapareció en su territorio tras una incursión de la Gendarmería Nacional. Los huincas tienen prohibido el acceso a este territorio mapuche, para preservar su “territorio y cosmovisión”, pero Maldonado, concienciado con la causa ancestral indígena, fue aceptado, con los riesgos que ello conllevaba debido al continuo asedio de las fuerzas de seguridad, presionadas por el grupo Benetton.
Pese al marco legal que ampara al grupo Benetton —las tierras fueron adquiridas de acuerdo con la ley argentina—, la legitimidad de sus acciones es puesta en duda por diferentes grupos mapuches, que, mediante la ocupación, tratan de retomar los lugares que pertenecen a su etnia. La recuperación del territorio es, por tanto, la principal preocupación de la comunidad, aunque las formas de llevar a cabo su cometido son variadas y la ocupación no constituye su único medio de acción.
La vía legal, centrada en la defensa de la capacidad de autodeterminación como medio para conseguir el reconocimiento mapuche, es otro de los modos de acción más extendidos. Este derecho se vuelve más relevante tras la adhesión de Chile y Argentina en 2007 a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en cuyo artículo 4 reconoce activamente el derecho a la “autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales”, lo que aplica enteramente al pueblo mapuche. Tras la adopción de la declaración, diversas comunidades mapuches se agruparon para presentar un frente común y dieron lugar a la I Cumbre por la Autodeterminación, que adoptó la hoja de ruta por un autogobierno mapuche con “una jurisdicción que abarca desde el Bío Bío —región del centro de Chile— al sur”. Las dos cumbres siguientes se centraron en avanzar en el reconocimiento legal, más allá del derecho territorial, en aspectos claves como la necesidad de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y una Comisión de Esclarecimiento Histórico Mapuche.
El Estado chileno, por su parte, lleva años estudiando los diferentes escenarios para un mayor reconocimiento de sus pueblos originarios, mapuche incluido. Un informe de la Comisión Asesora Presidencial defiende la necesidad de llevar a cabo cambios constitucionales para conseguir el fin del conflicto. La presidenta, Michelle Bachelet, se disculpó en nombre del país por la represión estatal contra el pueblo mapuche, pero, pese a sus buenas intenciones, el viento se ha llevado sus palabras y ha traído consigo una mayor oleada de represión que, como un vendaval al amparo de una Ley Antiterrorista promulgada durante la dictadura de Pinochet, ha frenado la adopción de verdaderos progresos para los mapuches.
Un proyecto inclusivo de futuro
La adopción de la declaración en 2007 constituyó un verdadero punto de inflexión en la lucha mapuche. A partir de sus 46 artículos se establecieron unos derechos básicos propios de pueblos indígenas como el mapuche. Artículos como el 3 —libre determinación—, el 10 —prohibición del desplazamiento forzoso— o el 14 —derecho a controlar instituciones educativas— han sido vitales para alcanzar la legitimidad internacional de su causa.
La fórmula más extendida como respuesta a este reto multicultural pasa en un primer lugar por el reconocimiento de la plurinacionalidad del país. Como afirma Alejandro Navarro, candidato presidencial por el Partido País, “la única solución para resolver el conflicto mapuche es que Chile se convierta en un Estado plurinacional”. Este reconocimiento de los pueblos anteriores preconstitucionales sería el primer paso para una pacificación del conflicto. Pero los dirigentes políticos no son los únicos defensores de esta solución: líderes mapuches, historiadores e incluso la Iglesia católica abogan por la misma respuesta.
Al otro lado de los Andes, la conclusión se repite en el eco creciente de voces que, tras la celebración del bicentenario del país en 2016, abogan por la plurinacionalidad y la pluriculturalidad. Aunque la desaparición de Santiago Maldonado ha sido utilizada por los políticos del país como causa contra el Gobierno de Macri, lo cierto es que no hay una respuesta firme para el conflicto existente detrás. Políticos de diversas ideologías obvian una batalla centenaria sin la cual no sería necesaria la represión policial y sin la cual Maldonado no habría desaparecido.
Para ampliar: El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile, I. Aninat Sahli, V. Figueroa Huemcho y R. González Toro, 2017
El conflicto mapuche a ambos lados de la cordillera que los vio nacer se enquista cada vez más en unas sociedades temerosas de reconocer su propia riqueza cultural, incapaces de dar una respuesta política sólida a los reclamos de parte de su población. Sin ella, no solo se ve amenazado el pueblo mapuche, sino toda la sociedad argentina y chilena, que perdería una parte importante de su legado histórico. Sin ella, Santiago Maldonado será uno de los muchos mártires de una lucha por la igualdad que actualmente no parece tener fin. Ngewekilpe illamtun zungu. ‘No más discriminación’.
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