la cia y las torturas

La “guerra contra el terrorismo” denunciadas por el Senado de EE UU.

Anthony D. Romero · Patrick Cockburn · · · ·

14/12/14

Perdonar a Bush y a quienes torturaron Antes de que el presidente George W. Bush dejase el cargo, un grupo de conservadorespresionaron a la Casa Blanca para que indultase a los funcionarios que habían planeado y autorizado el programa de tortura de Estados Unidos. Mi organización, la Unión Americana de Libertades Civiles, consideró que la propuesta era repugnante. Junto con otros ocho grupos de derechos humanos, le enviamos una carta al Sr. Bush argumentando que la concesión de tales indultos socavaría el estado de derecho y evitaría que los estadounidenses conocieran lo que se había hecho en su nombre. Pero con la publicación del informe del Comité de Inteligencia del Senado, he llegado a pensar que el presidente Obama debería indultarlos después de todo: porque puede ser la única manera de establecer, de una vez por todas, que la tortura es ilegal . No está en discusión que funcionarios de los más altos niveles del gobierno autorizaron y ordenaron las torturas. Bush emitió una orden secreta que autorizó a la CIA a construir prisiones secretas en el extranjero. La CIA solicitó autorización para torturar a los prisioneros en esos "lugares negros". El Consejo de Seguridad Nacional aprobó la solicitud. Y el Departamento de Justicia redactó notas que proporcionaron al brutal programa un barniz de legalidad. Mi organización y otras han pasado 13 años defendiendo que los responsables debían rendir cuentas por estos crímenes. Hemos pedido la designación de un fiscal especial o la creación de una comisión de verdad y reconciliación, o ambos. Pero esos llamamientos no han sido atendidos. Y ahora, muchos de los responsables de las torturas no pueden ser procesados porque los delitos han prescrito. Conste en su haber, el Sr. Obama rechazó la tortura inmediatamente después de asumir el cargo, y su Departamento de Justicia retiró los memorandos que habían proporcionado la base para el programa de torturas. En un discurso el año pasado en la Universidad de la Defensa Nacional, Obama dijo que "pusimos en peligro nuestros valores básicos: al hacer uso de la tortura para interrogar a nuestros enemigos y deteniendo a personas de una manera que va en contra de la legalidad". Pero ni él ni el Departamento de Justicia han mostrado el menor interés a la hora de hacer responsable a nadie por ello. Cuando el departamento hizo una investigación, no pareció entrevistar a ninguno de los prisioneros que fueron torturados. Y abusó reiteradamente del privilegio de clasificación de "secreto de Estado" para desmontar los casos presentados por los presos, incluyendo los estadounidenses que fueron torturados como "combatientes enemigos". ¿Cuál es la diferencia entre esto - esencialmente la concesión de indultos tácitos para las torturas - y el indulto formal a quienes autorizaron las torturas? En ambos casos, los que torturaron escapan a la rendición de cuentas. Pero con los indultos tácitos, el presidente deja abierta la posibilidad muy real de que los funcionarios resuciten las políticas de tortura en el futuro. De hecho, muchos ex agentes de la CIA y otros funcionarios del gobierno siguen insistiendo en que el ahogamiento simulado y otras formas de tortura eran legales. Si nuestros militares capturaran a un alto dirigente del Estado Islámico que se cree que posee información valiosa, algunos miembros del Congreso sin ninguna duda exigirían que nuestros interrogadores utilizasen precisamente los métodos bárbaros e ilegales que la administración Obama ha denunciado. La administración Obama todavía podría tomar medidas para hacer rendir cuentas a los funcionarios que autorizaron la tortura. Algunos de los plazos de prescripción se han agotado, pero otros no. Y la publicación del informe del Senado ofrece un modelo para las investigaciones penales, incluso si eso no es lo que el comité de inteligencia se propuso. Pero seamos sinceros: Obama no está dispuesta a presentar cargos ante los tribunales - no importa cuán grande sea la indignación, en EE UU o en el extranjero, sobre la información revelada - a causa de las consecuencias políticas. Por consiguiente, debería aceptar las consecuencias de esta decisión. Debería reconocer que funcionarios del más alto rango del país autorizaron conductas que violaron leyes fundamentales, y han puesto en peligro nuestra posición en el mundo, así como nuestra seguridad. Si la elección es entre un perdón tácito y uno formal, es mejor uno formal. Un perdón explícito establecería un listón, en el sentido de advertir a aquellos que consideren utilizar la tortura en el futuro que pueden ser procesados. Obama podría perdonar a George J. Tenet por autorizar la tortura en las prisiones secretas de la CIA en el extranjero, a Donald H. Rumsfeld por autorizar el uso de la tortura en la prisión de la Bahía de Guantánamo, David S. Addington, John C. Yoo y Jay S. Bybee por la elaboración de la cobertura legal de la tortura, y a George W. Bush y Dick Cheney por supervisarlo todo. Aunque la idea de un indulto preventivo puede parecer una novedad, hay un precedente. Los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson indultaron a los soldados confederados como un paso hacia la unidad y la reconstrucción después de la Guerra Civil. Gerald R. Ford perdonó a Richard M. Nixon por los delitos del Watergate. Jimmy Carter perdonó  a los insumisos de la guerra de Vietnam. El espectáculo de un presidente otorgando indultos a los torturadores me revuelve el estómago. Pero quizás sea la única manera de asegurarse de que el gobierno estadounidense nunca vuelva a torturar. Los indultos evidenciarían que los crímenes se cometieron; que las personas que autorizaron las torturas y las llevaron a cabo eran realmente criminales; y que los futuros arquitectos y autores de torturas deben tener cuidado. Sería preferible llevarles ante los tribunales, pero el indulto puede ser la única manera viable y duradera de cerrar la caja de Pandora de la tortura de una vez por todas. Anthony D. Romero es el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles. New York Times, 9 de diciembre 2014