reforma procesal penal: apuntes sobre narcotràfico y sistema judicial

Este miércoles en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo se llevó a cabo el Seminario sobre Reforma Procesal Penal organizado por Justicia Legítima. Magistrados y juristas debatieron sobre la implementación de un sistema acusatorio y la puja interna por cambiar nuestro sistema de justicia.

Sin reforma procesal penal, no habrá Justicia efectiva

Justicia Legítima realizó este miércoles un seminario público en la ciudad de Mendoza para debatir sobre la reforma procesal penal. Más de 400 personas asistieron al evento titulado “Hacia una justicia rápida, transparente y garante de derechos”, rebasando la capacidad del auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo.

Abrieron el encuentro María Laura Garrigós de Rébori, presidente de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal y presidenta de Justicia Legítima; Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación y Omar Palermo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Les siguieron Dante Vega, Fiscal General ante la Cámara Federal de Mendoza, y Beinusz Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina. El cierre estuvo a cargo del vicepresidente de INECIP y especialista en el sistema acusatorio, Alberto Binder.

En su exposición inaugural el juez Palermo marcó la necesidad de implementar un sistema acusatorio para democratizar el sistema judicial, postura con la que coincidieron el resto de los disertantes. El juez dijo que una reforma procesal penal debe servir para redistribuir el poder al interior del poder judicial y fortalecer la función del Estado como protector de los sectores más vulnerables. Criticó el modelo criminal actual por acentuar la persecución sobre esos sectores y soslayar los crímenes de cuello blanco, destacando las iniciativas de la gestión de la Procuradora Gils Carbó para cambiar esas políticas.

Garrigós de Rébori, por su parte, señaló que el sistema mixto imperante se encuentra “agotado”, advirtiendo que el poder judicial todavía no llegó al grado de democratización alcanzado por el sistema político. La jueza responsabilizó a sectores tradicionales del poder judicial y a la Corte Suprema por frenar el avance del proyecto legislativo para reformar el sistema procesal penal siguiendo el modelo acusatorio hoy implementado en casi todo el continente. Para la presidenta de Justicia Legítima, hay un gran sector de la justicia que no quiere un sistema transparente como el que proporciona la oralidad y que además busca subordinar las funciones del Ministerio Público, práctica que les permite monopolizar los procesos judiciales.

La Procuradora General dijo que la justicia aún representa un poder corporativo, e hizo referencia a la resistencia que generó la reforma judicial -aún atrasada en su aplicación- criticando la concepción burocrática predominante, que sólo ayuda a mantener el statu quo. Manifestó que el sistema acusatorio ya se ha aplicado en la mayoría de los países de América Latina, y resaltó la necesidad de complementarlo con el diseño de una “política criminal adecuada”. Al respecto aseguró la aptitud de los fiscales para asumir la responsabilidad de las investigaciones, destacando la efectividad del trabajo especializado que se implementó a través de las Procuradurías. “Hay que cambiar el modo de pensar la justicia, y eso es el reclamo que venimos haciendo por una justicia legitima”, dijo.

Se refirió también al debate sobre el narcotráfico y sostuvo la necesidad de organizar estrategias en forma conjunta para combatir el crimen organizado de las bandas narco. La Procuradora observó que una de las problemáticas es el ensañamiento con la persecución a los consumidores menores, quebrándose en esa instancia el accionar judicial e impidiendo llegar a las grandes organizaciones.

Al respecto también intervino la jueza Garrigós criticando la actitud de la Corte Suprema al no solicitar la opinión del MPF sobre el tema, exhibiendo en ese gesto la desvalorización hacia la función de los fiscales.

En esa línea el fiscal Vega aseguró que el Ministerio Público Fiscal “está soslayado”, instando a “terminar con la imagen del fiscal como sujeto accesorio” cuando en verdad ejerce una función fundamental en la justicia, que es la representación del interés general de la sociedad. El fiscal habló también de la necesidad de evaluar una reforma procesal en lo civil que contemple un mejor reaseguro de los derechos de las partes, contemplado las asimetrías reinantes en la sociedad que inevitablemente se trasladan al proceso.

El jurista Beinusz Szmukler afirmó asimismo que los proyectos de reforma procesal penal se encuentran trabados por el “lobby judicial” en su interés por mantener el status corporativo y evitar la ampliación de derechos del pueblo.

El seminario finalizó con la exposición de Alberto Binder, uno de los principales impulsores del sistema acusatorio en el derecho argentino. A través del profundo estudio de la materia que asumió durante su profesión, Binder explicó al público el funcionamiento del sistema acusatorio desde diversos ángulos. Coincidió con las anteriores charlas en la importancia de un sistema judicial donde los jueces no se escondan en sus despachos, parangonando irónicamente que “como los vampiros, prefieren la oscuridad”.

Asimismo enfatizó la necesidad de acompañar la eventual reforma procesal de un cambio conceptual acerca del rol de la justicia en la sociedad, de su importancia en la resolución de conflictos de la gente, asumiendo la responsabilidad del impacto de sus acciones. En ese sentido, destacó que la transformación del sistema deberá atender el funcionamiento de cada uno de los engranajes de la maquinaria, a fin de no trasladar los vicios actuales al sistema procesal futuro.

Por último, Binder exhortó a los magistrados presentes en el encuentro a acompañar las discusiones teóricas con el trabajo diario. “A la estructura analizando y con el mazo dando”, cerró el jurista.