Una visión sobre el camino recorrido y por recorrer para la aplicación efectiva de la Ley de Medios, declarada constitucional por la Corte Suprema, es la que ofrece Julio Burdman:
La constitucionalidad de la ley de medios fue una victoria política para un gobierno que venía sufriendo, de parte de sus opositores, un fuerte cuestionamiento moral. Los jueces del máximo tribunal dijeron que la ley sancionada cuatro años atrás, lejos de restringirla, garantiza la libertad de expresión, que el Estado está facultado para regular el debate público, que el poder legislativo que la creó es soberano, y que la empresa tiene derecho a indemnización.
Le dieron, en más de un
sentido, la razón a un kirchnerismo que se embanderó detrás de esta ley
de indudable democraticidad, toda vez que atravesó por todos los
procesos deliberativos posibles, y contó con mayorías en todas las
instancias de votación.
El Grupo Clarín, cuya posición dominante no
registra equivalentes en ningún país democrático del mundo, pareciera
haber quedado sin argumentos. Los foros internacionales no representan
una opción: tiene más de 250 medios de comunicación audiovisual, sin
contar los diarios, las agencias y los electrónicos, y allí se
encontrará con evaluadores de países en los que la ley no permite la
propiedad de más de uno. Tampoco lo es el pedido de renuncia a Martín
Sabbatella ni la negación del AFSCA: la ley ahora vigente prevé que esté
compuesto por políticos. La discusión sobre la legitimidad de la ley ya
se cerró.
Pero Clarín sigue teniendo derecho, y siempre lo tendrá, a
defender sus intereses. Por eso, tras el fallo de la corte, comienza una
nueva batalla, la de la implementación de la ley, que tendrá lugar en
términos del negocio y las pérdidas potenciales.
¿Cómo va a aplicarse la ley en el caso de Clarín, el único grupo de
medios que la ha resistido? Se abren dos caminos por delante. En uno de
ellos, el multimedios y el gobierno llegan a un acuerdo que le permita
adecuarse al nuevo marco regulatorio y minimizar el impacto de la
desinversión. En el otro, ambos actores van a una nueva guerra judicial
que va a llevar bastantes más años que los que le restan al actual
gobierno. Lo óptimo, como en el famoso Dilema del Prisionero, sería la
negociación. Pero la desconfianza entre ambos y la tentación de una
victoria absoluta sobre el otro probablemente nos conduzcan al segundo
escenario.
El titular del AFSCA, en las días posteriores al fallo, insinuó cuál
es la ventana entreabierta para la negociación. El Grupo Clarín nunca
presentó su plan de adecuación, cuyo plazo vencía el 7 de diciembre de
2012, y eso habilita a la autoridad regulatoria a intervenir y diseñar
uno alternativo.
Pero, como se sabe, el socio minoritario de Cablevisión presentó, un día antes del deadline, una carta en la que declaraba su
voluntad de presentar un plan. Entonces, un AFSCA benevolente podría
considerar a esa nota como una primera entrega de un documento
incompleto pero ingresado dentro del plazo, y solicitar a la empresa que
adjunte las páginas faltantes.
Clarín, de esa forma, podría presentar
un plan en el que los accionistas dividan al grupo, creando nuevas
sociedades propietarias de las licencias que no sobrepasen los límites
más bien generosos que contempla la controvertida ley.
Debería crear al
menos diez sociedades para poder distribuir las 237 señales de
televisión por cable que posee en todo el país -el máximo, por la nueva
ley, es 24-, con lo que no habría que descartar que algunos de sus
actuales periodistas estrella terminen siendo propietarios o gerentes de
las nuevas sociedades. Sería una solución polémica, pero ajustada a la
ley.
En el otro camino, Clarín no presenta un plan, el AFSCA se hace
cargo del proceso, pero la empresa objeta cada uno de sus actos
administrativos. Por ejemplo, el AFSCA realiza la tasación de una
operadora de cable para llamar a licitación, y Clarín rechaza el valor
calculado y va a la justicia. O aduce que el cableado no forma parte del
patrimonio de esa operadora, sino de Fibertel, disuadiendo la entrada
de todo futuro operador ante el gasto que implicaría cablear todo desde
cero. Para no meternos en la costosa decisión de resolver la
incompatible propiedad simultánea de Cablevisión y Canal 13. Sería, en
definitiva, un camino intrincado y desgastante para todos.
Decíamos que el acuerdo es el mejor resultado posible porque ambos
saldrían relativamente bien parados. El gobierno se llevaría el premio
de haber ganado una larga pulseada. Y el AFSCA, que debió hacer muchas
concesiones a diferentes grupos empresarios -ante el temor de que estos
hicieran causa común con Clarín- ahora sale fortalecido frente el
conjunto del sistema de medios.
A su vez Clarín, aceptando la
adecuación, podría mitigar daños y dedicarse a pensar en cómo va a
transformarse en un multimedios del siglo XXI, con televisión digital y
contenidos por internet, en lugar de quedar empantanado por diez años
más en una guerra política por el monopolio comunicacional del siglo XX.
Nota Relacionada
Fintech Advisory Inc., propietaria del 40% de las acciones de Cablevisión S.A., presentó en diciembre un plan de adecuación a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el que proponía que su principal socio y accionista mayoritario acepte ajustarse a derecho.
1 comentario:
El camino de seguir dilatando también es una apuesta a que si hay un cambio político se terminen modificando los artículos más absurdos y polémicos.
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