La participación de los trabajadores en el ingreso es una de las preocupaciones prioritarias tanto para los gobiernos que se definen como “nacionales y populares” como para los que asumen una identidad neoliberal pero por motivos opuestos. Mientras que los primeros se proponen mejorarla, los otros pretenden disminuirla aumentando el excedente en manos del capital y obscurecer la visión de esa situación. De allí, que sea relevante indagar sus características en los años recientes y especialmente durante la trayectoria de la gestión de esa alianza nacional que dio lugar a la gestión actual del “Frente de Todos”.
En términos metodológicos, hasta principios del siglo XXI las estadísticas oficiales sobre las cuentas nacionales permitían estimar esta variable considerando la distribución funcional del ingreso entre los asalariados y el capital. Sin embargo, en el contexto de la modificación de las cuentas a nivel internacional se adoptaron criterios diferentes sustentados en “la apertura del excedente en ingreso mixto bruto (IMB) y excedente de explotación bruto (EEB) y se recomienda la estimación del insumo de mano de obra de acuerdo a diferentes criterios: puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes y horas trabajadas” (“Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra. Metodología” INDEC Nº 24 Julio de 2017).
En consecuencia, sobre esta nueva metodología se abordará a continuación el análisis distributivo considerando las siguientes variables cuyo contenido preciso puede consultarse en la mencionada publicación del INDEC: la remuneración al trabajo asalariado registrado y no registrado (RTA)1; el Ingreso mixto bruto (IMB) que comprende a los cuentapropistas de distinto tipo2; el excedente de explotación bruto (EEB) que en términos generales abarca el excedente apropiado por el capital; y el impuesto sobre la producción neto de subsidios (T-S) derivado de la política oficial.
Como parte de la metodología adoptada es relevante mencionar una modificación que se adopta en este trabajo para poder profundizar su análisis. El INDEC cuantifica las variables mencionadas precedentemente a los precios corrientes de cada año para el período 2016-2021, lo cual permite analizar la incidencia relativa de cada una de ellas en el respectivo período. Sin embargo, en este trabajo las mismas se consideran a precios constantes del año 2021 utilizando como deflactor el índice de precios implícitos del PBI. Este procedimiento, que no implica modificar la incidencia relativa de las distintas variables respecto a la obtenida a precios corrientes por el INDEC, permite tener una base empírica homogénea en términos de los precios que posibilita dos aproximaciones complementarias para analizar la distribución del ingreso.
Esta metodología, tiene como propósito fundamental profundizar el análisis de la evolución de los ingresos de los sectores populares al determinar las pérdidas y eventualmente los aumentos de ese diferencial a lo largo del período y especialmente durante el actual gobierno del Frente de Todos
Una primera aproximación a la distribución del ingreso entre 2016 y 2021
Teniendo en cuenta la primera metodología, en el Gráfico 1 se puede constatar que durante el período analizado se registran modificaciones significativas en los diferentes componentes del valor agregado total que consideran las cifras oficiales.
Entre los años extremos, los cambios más relevantes consisten en un incremento muy significativo en la participación relativa de los empresarios (EEB) entre 2016 y 2021 que alcanza a 7 puntos del valor agregado total, mientras que la de los asalariados registrados y no registrados desciende en casi 9 puntos también sobre el valor agregado. En términos de los trabajadores en su conjunto, esa acentuada reducción es mitigada por el incremento de la participación de los cuentapropistas (IBM) que mejoraron su participación relativa en prácticamente dos puntos, mientras que la incidencia de los impuestos menos los subsidios (T-S) permanece prácticamente constante entre los años extremos más allá de las fluctuaciones a lo largo del período (su reducción durante el ajuste de 2018-2019 y su aumento durante la pandemia).
El papel de la actual distribución del ingreso como desencadenante de la crisis del gobierno del Frente de Todos
El gobierno del Frente de Todos es el resultado de una variante peculiar de “alianza nacional” donde participan al menos dos expresiones políticas que se pueden
considerar como estrictamente “nacionales” en tanto dentro de sus representados se encuentran los grupos económicos locales y una tercera fuerza que expresa al conjunto de sectores sociales que conforman la propuesta “nacional y popular”. Debido al protagonismo decisivo que asume electoralmente el kirchnerismo (la principal fuerza nacional y popular) dentro de esta alianza, el Frente de Todos como gobierno se expresa públicamente como si fueran todas ellas “nacionales y populares”.
Esta diferenciación merece tenerse en cuenta porque tiene sus fundamentos en la teoría política pero también en las experiencias históricas ya que cuando gobernaron “coaliciones nacionales”, como fue el caso de la administración presidencial de Raúl Alfonsín y el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, la conducción del proceso la detentaron, mediante diversos “intelectuales orgánicos”, de las fracciones del capital que los sustentaban. Por el contrario, durante los gobiernos “nacionales y populares”, como durante los primeros gobiernos de Perón y el kirchnerismo, esa conducción estuvo en manos de los trabajadores. Muy a grosso modo se puede decir que si bien ambas concepciones coinciden en la necesidad del crecimiento económico, las “nacionales” la sustentan en el papel que cumple el capital mientras que las “nacionales y populares” en el poder adquisitivo de los trabajadores para poder plasmar ese crecimiento.
La contradicción en el origen mismo dentro de este frente político constituye la base de los enconados debates internos en la coalición de gobierno, reconociendo como fundamento de la misma la problemática de la participación de los asalariados en el ingreso. Estas disputas fueron especialmente profundas desde mediados del 2021 y se redoblaron a principios del 2022 con el acuerdo con el FMI por ese mismo motivo, es decir la pérdida en participación del ingreso por parte de los trabajadores. En todos los casos cuestionando que la política económica y social tenga como objetivo central revertir la pérdida en la participación del ingreso por parte de los trabajadores.
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